Acaba de presentarse públicamente la Red de Entidades Sociales del Ámbito Penitenciario (Esen), integrada en la Red Estatal de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (Rosep). No es la primera vez durante los últimos 35 años que se han llevado a cabo iniciativas de este tipo en Euskadi y en el conjunto del Estado. Durante muchos años funcionó la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas y, más recientemente, el Foro Vasco sobre Políticas Sociales y Ejecución Penal, además de diversas plataformas a favor del derecho a la salud en prisiones o en contra de la construcción de macrocárceles. Evidentemente, tanto la composición de estas redes como su forma de interpretar la situación de las personas presas y de concebir «lo penitenciario» era diversa, pero lo que sí tuvieron y tienen en común, entre otras cuestiones, es que la asociación Salhaketa ha participado activamente en las mismas y con una vocación de buscar mínimos comunes que unificaran y unifiquen esfuerzos, buscando consensos para hacer prevalecer lo que nos une más que lo que nos diferencia.
Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
En este nuevo programa charlamos con los compañeros desplazados a Gasteiz al III encuentro del libro y debate antiatoritario donde se trataran temas como el nuevo código penal y hubo una charla-debate que sobre la lucha anticarcelaria desde la COPEL a los FIES. Además, en esta edición: situación en Palestina y represión en Marruecos; presentación del libro «Masacre en el pabellón séptimo»; resistencia en Can Víes y situación de José Antúnez Becerra.
Vernes, 13, a las 20:30 – Concentración en la plaza Princesa
Sábado, 21, a las 14:00 – Almuerzo pro-Presxs en el CSA Cueva de los Ratones (r Romil)
Este texto es el anexo de un interesante artículo de José Luis Ramírez Ortiz (magistrado de la audiencia provincial de Barcelona y miembro de la asociación no gubernamental del Grupo de Estudios de Política Criminal) titulado «Seis aspectos críticos de la Reforma Penal«, publicado en sinpermiso.net. La conclusión es que las estadísticas demuestran que el aumento de las penas de prisión no determina una reducción de los hechos delictivos. No se pretende, por tanto, proteger a la ciudadanía, sino instrumentalizar simbólicamente el destino de personas que han cometido un hecho delictivo.
El proyecto de nuevo Código Penal contempla la reclusión manicomial revisable cada cinco años para los enfermos mentales que hayan cometido un delito menor. Si todos los penalistas que han comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso han manifestado su repugnancia sobre la introducción de la cadena perpetua revisable, personas tan poco sospechosas de izquierdismo como la jefa de la Fiscalía de Sevilla, María José Segarra Crespo; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Francisco Javier Álvarez García y el magistrado de la Audiencia de Barcelona José Ramírez Ortiz consideran regresivo un encierro que puede ser de por vida para los trastornados psíquicos.
Por décimo año consecutivo desde la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presentamos nuestro informe sobre la situación de la tortura en el Estado español. Y lo hacemos manteniendo los criterios de los informes anteriores, para facilitar la mejor comprensión de la evolución de esta problemática, que definimos, siguiendo el artículo 1° de la Convención de la ONU contra las Tortura y otras penas y/o tratos inhumanos o degradantes, como sigue:
«Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento»
En este informe se recogen 252 situaciones en las que se produjeron agresiones y/o malos tratos que afectaron a 527 personas que, a nuestro entender, entrarían dentro de esta definición:
Mas de 20.000 presos comenzaron el viernes una huelga de hambre en más de 114 centros de detención y prisiones de Egipto para protestar contra los malos tratos y las condiciones de vida infrahumanas dentro de las prisiones egipcias. Ha habido informes de malos tratos y torturas realizadas de forma generalizada y sistemática en instalaciones penitenciarias egipcias. El gobierno interino de Egipto, respaldado por el Ejército, aunque niega la existencia de presos políticos en sus cárceles, ha arrestado a miles de manifestantes, activistas y periodistas tras el derrocamiento del presidente elegido democráticamente Mohamad Mursi, el 3 de julio de 2013. Asimismo, cientos de personas han perdido la vida, como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos egipcios contra las protestas convocadas por los Hermanos Musulmanes.
Aún punzan las heridas en los cuerpos y las almas de más de 30 chicas transportadas a garrotazos y gritos cuarteleros desde la U-31, cárcel de mujeres madres, hacia otros destinos para dejar un sector de esa prisión de mínima seguridad a los genocidas que estaban presos en Marcos Paz, el pasado viernes. En la 31 ya se hicieron movimientos que anuncian lo que vendrá, desarmaron talleres y sacaron de ellos todas las maquinas para bienestar de quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Se trata de talleres de costura, muñequería y marroquinería donde trabajaban las chicas y, según fuertes versiones, van a levantar allí un centro médico para los genocidas. Las mujeres y sus hijos, de hasta 4 años, verán agravadas las condiciones de detención. Así lo aseguró María Pueblo en el desgarrado relato que prosigue.
Que la cárcel es un negocio y que con los presos se lucran es algo sabido y por eso recogemos la información aparecida en Menorca.info en la que cuenta que el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado los 28 y cuatro meses de cárcel impuestos en total a dos funcionarios de Instituciones Penitenciarias por urdir actividades ilegales en el centro penitenciario de Palma entre 2002 y 2008, entre ellas el envío de una caja con un corazón de cerdo en estado de putrefacción al director de la prisión, la entrada de aparatos prohibidos en la cárcel y la venta de bebidas alcohólicas.
En concreto, el Alto Tribunal confirma la condena de 16 años de prisión que la Audiencia Provincial de Balears impuso a Antonio C. O., quien, valiéndose de su condición en la cárcel, se erigió en el líder de un grupo de funcionarios del centro quienes, guiados por el ánimo de lucro de enriquecerse ilícitamente y ejercer un poder de control y dominio sobre los internos y el resto de funcionarios, comenzó a desplegar las anteriores actividades irregulares.