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Los funcionarios de la prisión de la bahía de Guantánamo están alimentando a la fuerza a un detenido sirio para desalentar a otros reclusos a que se unan a la huelga de hambre, según ha contado este martes un testigo en un juicio federal.

 El prisionero, Abu Wael Dhiab, de 43 años, ha estado retenido en la prisión de Cuba sin cargos durante 12 años. En 2009 fue absuelto pero su proceso se ha estancado ya que Estados Unidos no encuentra un país que quiera acogerle.

El prisionero se declaró en huelga de hambre y los abogados han informado de que le han estado alimentando por la fuerza en su celda, sujetándolo y dándole alimentos a través de un tubo nasal hasta dos veces al día, algo que denuncia como «ilegal y abusivo».

La prisión está utilizando la alimentación como una «estrategia punitiva» para desalentar futuras huelga de hambre en otros reclusos, ha dicho el profesor de medicina en la Universidad de Minnesota, Steven Miles. Como experto en alimentación por sonda, ha testificado en la audiencia en una corte de Washington, en Estados Unidos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha emitido una nueva condena al Estado español por no investigar denuncias de torturas. Se trata de los casos de Beatriz Etxebarria, detenida en marzo de 2011 por la Guardia Civil en Bilbo, y de Oihan Ataun, arrestado en noviembre de 2008 por la Policía española en Zizur Nagusia.

La máxima instancia europea en materia de derechos humanos, en sendas sentencias, ordena indemnizar con un total de 29.000 euros a Etxebarria, de los cuales 25.000 son por daños morales y 4.000 en concepto de tasas y derivados por el procedimiento tanto estatal como europeo, y con 24.000 euros al joven navarro, de ellos 20.000 por daños morales y los otros 4.000 por costas.

El TEDH ha estimado la demanda interpuesta por la defensa de Etxebarria y Ataun, que invocó al tercer artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos y acudió a Estrasburgo ante la ausencia de una investigación efectiva por pare de las autoridades españolas de las torturas y malos tratos denunciados durante el periodo de incomunicación. El caso de Etxebarria fue especialmente sonado por su denuncia de violación con un palo.

Los jueces señalan que en ambos casos «las investigaciones efectivas que se imponían por la situación de vulnerabilidad de los demandantes en detención incomunicada no tuvieron lugar» y recuerdan al Estado español la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, como la mejora del examen médico-legal y mantener una vigilancia apropiada «para evitar abusos y proteger la integridad física de los detenidos».