Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

El pasado 10 de septiembre de 2015 recibimos el siguiente mensaje:

Un ciudadano marroquí, que ha sufrido dos infartos cerebrales, permanece encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zapadores e incomunicado con el exterior sin que la dirección del centro facilite información sobre su estado. Sus familiares y las organizaciones sociales que les acompañan –Jo Sí Sanitat Universal y Red Acoge-Valencia Acoge– están profundamente preocupados por su salud y temen que su internamiento ponga en riesgo su vida. Ante esta situación solicitan su  inmediata puesta en libertad y que se le otorgue la residencia temporal  por cuestiones humanitarias para garantizar una asistencia sanitaria especializada y condiciones que garanticen su integridad física.

La historia de esta persona ejemplifica la situación de miles de inmigrantes que después de vivir y trabajar en España durante décadas se encuentran en el más absoluto desamparo como consecuencia de las políticas xenófobas que culpan de la crisis a quienes vinieron en busca de una vida digna.

Cárceles racistas

Hablamos con Eugenia, de CIEs No Valencia, sobre los recientes acontecimientos en la cárcel racista de Zapadores presentados por la prensa como «motín», «intento de fuga» cuando, como dice una vecina en una llamada en directo, no son más que manifestaciones de inquietud ante las infrahumanas condiciones de vida que reinan allí. Hablamos también de diversos aspectos de la campaña por el cierre de los CIEs. Después comentamos la convocatoria de las plataformas de afectados por la hepatitis C a concentrarse el 26 de septiembre en las puertas de las cárceles o ante las delegaciones del gobierno o juzgados de vigilancia penitenciaria, reivindicando los nuevos tratamientos para las personas presas enfermas de VHC.

Cárceles racistas Radio: Tokata Y Fuga VHC

portada y contraportada[Picar en imagen para descargar panfleto]

Sabemos por experiencia que los gobiernos y administraciones, especialmente la penitenciaria, no reconocerán en la práctica nuestros derechos a no ser que, de algún modo, les obliguemos. Para empezar, recordamos a las personas presas, a sus familiares y amistades, y a las asociaciones y grupos de apoyo, la urgencia de iniciar los trámites legales para exigir los mismos tratamientos que se están dando o reivindicando en la calle. Para lo cual, quizá sean útiles las siguientes indicaciones:

Diagnóstico y prescripción:

Si tienes hepatitis C, estás en la cárcel y quieres luchar por que se te trate con los medicamentos de última generación, lo primero que tienes que conseguir es que el tratamiento te sea prescrito por el médico especialista, sin lo cual no hay nada que hacer. El que te tiene que derivar al especialista es el médico de la cárcel. En algunas cárceles, sabemos que se está disponiendo (prestado por el sistema nacional de salud) del instrumental necesario para efectuar el “FibroScan” por el que se determina el grado de fibrosis hepática.

Según la “Estrategia terapeútica” publicada en abril del 2015 por el ministerio de sanidad, tienen prioridad para recibir los nuevos tratamientos, los pacientes, tanto monoinfectados como coinfectados con VIH, que sufran fibrosis hepática en grados de F2 a F4 (según biopsia hepática o FibroScan en los 6-12 meses previos al inicio del tratamiento); los pacientes en lista de espera para trasplante hepático; los trasplantados a los que se les haya reproducido (“recidiva”) la infección después del trasplante; los pacientes que no hayan respondido a triple terapia con inhibidores de la proteasa de primera generación; los trasplantados no hepáticos con hepatitis C, independientemente del estadio de fibrosis hepática; los pacientes con hepatitis C y manifestaciones extrahepáticas del VHC clínicamente relevantes (crioglobulinemia, alteraciones renales, porfiria cutánea y alteraciones hematológicas), independientemente del grado de fibrosis hepática. También está indicado el tratamiento, independientemente del grado de fibrosis, en personas con alto riesgo de transmisión en función de su situación social-profesional y en mujeres en edad fértil con intención de quedarse embarazadas.

Si estás dentro de estos criterios médicos, tienes derecho a exigir a tu médico que te solicite el tratamiento. Pídele una copia de la solicitud donde conste la fecha y el tratamiento solicitado. En el plazo de unos días deberían comunicarte la resolución de la solicitud. Si no estás conforme con el diagnóstico o el tratamiento prescrito por tu médico, tienes derecho a pedir una segunda opinión médica en el centro hospitalario que te corresponda.

La cárcel mata VHC

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Actividad en la calle VHC

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Según los últimos datos proporcionados en 2013 por la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el 21,3% de las personas presas en las cárceles del Estado español, unas 14.000 personas, tenían el virus de la hepatitis C (VHC) y una de cada tres estaba también infectada por el VIH. Ocho de ellas fallecieron ese año a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior, a pesar de que la población reclusa había disminuido. La secretaría general de prisiones admitía que, de la totalidad de personas afectadas, sólo se estaba tratando al 2,8%, es decir, a 209. El gasto en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre 2012 y 2013 y un 48% desde 2006. Y cómo podía ser de otra manera cuando la autoridad carcelera ha estado restringiendo esos gastos con artimañas como prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescribieran, ya no los fármacos de última generación, sino los tratamientos que en la calle estaban siendo rechazados por las asociaciones de afectados al ser menos eficaces que aquéllos, no dando otra opción a las personas presas que conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y mucho menos eficaces, o someterse a larguísimas listas de espera que les permitieran entrar en los “cupos” establecidos con criterios de ahorro presupuestario. Otro mecanismo encubierto de control y recorte de gastos: sin ninguna razón terapeútica, los tratamientos se centralizaron en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con muy pocas plazas disponibles. Y, encima, cuando las personas enfermas llegaban allí, después de años de espera, el problema podía seguir siendo el mismo, que las administraciones no se pusieran de acuerdo sobre cuál de ellas debía pagar el tratamiento, y al final, como siempre, los perjudicados los pacientes. Para más inri, una orden de las altas instancias de la administración carcelera, excluía del tratamiento a las personas coinfectadas de VHC y VIH, por tergiversación de los criterios al respecto de la Agencia española del Medicamento, según los cuales, en realidad, la coinfección lo hace más urgente. 

Actividad en la calle La cárcel mata VHC

Un policía nacional viola un domicilio, apuntando con la pistola a sus habitantes, entre ellos una mujer de 80 años. No contento con eso, pide refuerzos. Entre 8 y 10 policías nacionales vuelven a entrar en el domicilio sin orden judicial, agreden a la familia que allí vive, torturan a dos personas exigiéndoles un móvil con el que habían grabado parte de los hechos, efectúan un registro ilegal, echan de su casa a empujones a la señora de 80 años, agreden a un menor, detienen ilegalmente a tres hombres, torturan a uno de ellos en comisaría y les acusan finalmente de lesiones y atentado a la autoridad. Podéis escuchar con más detalle el relato de lo ocurrido en este video:

Coordinadora Antirrepresión de Murcia

Sociedad-cárcel

Miles de prisioneros dejarán de estar recluidos en aislamiento en California gracias a un histórico acuerdo jurídico anunciado la semana pasada, según explica Amy Goodman en Democracy Now!.

El acuerdo surgió de una demanda federal colectiva que alega que la reclusión en aislamiento por tiempo indefinido viola la prohibición establecida por la Constitución estadounidense contra el castigo cruel e inusual.

Esta resolución es el fruto de la lucha organizada de reclusos aislados durante décadas, algunos de ellos más de veinte años en la Prisión Estatal de Pelican Bay (California), en una movilización caracterizada por lo difícil que resulta alzar la voz en una situación así y autodenominada Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial (SHU) de Pelican Bay.

Huelgas de hambre y demanda colectiva

En julio de 2011 iniciaron una huelga de hambre en protesta contra las condiciones del régimen de aislamiento en la Unidad de Alojamiento Especial, el pabellón de reclusión en aislamiento de Pelican Bay. En ella participaron más de mil reclusos.

Su tabla reivindicativa constaba de cinco puntos y, después de tres semanas, las autoridades presentaron una propuesta, que los huelguistas consideraron de buena fe, para efectuar una revisión de las políticas de la SHU.

Meses después, tras comprobar que no se cumplía esa propuesta, volvieron a la huelga de hambre, en la que participaron más de 12.000 reclusos de toda California e incluso de otros estados.

Tras esta segunda huelga, el Centro para los Derechos Constitucionales, un estudio jurídico de interés público que se centra en derechos humanos, presentó una demanda en representación de todos los reclusos de las cárceles del sistema penitenciario de California acusados de integrar pandillas y, por tanto, enviados a la Unidad de Alojamiento Especial.

Mientras la demanda se abría camino por el sistema judicial, se inició una tercera huelga de hambre, en julio de 2013. Participaron más de 30.000 prisioneros.

Cárcel=Tortura Internacional

Valencia, 8 de septiembre de 2015.- La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para extranjeros (CIEs No) denuncia que, después los hechos acaecidos la noche del 6 al 7 de septiembre y, según comunicación del propio Cuerpo Nacional de la Policía, “todas las personas de origen argelino y marroquí han sido trasladadas y no se encuentran en el complejo policial”.

En la pasada noche del domingo, vecinos y vecinas alertaron a organizaciones defensoras de derechos humanos sobre tiroteos y gritos que se estaban produciendo en el CIE de Zapadores. En torno a una treintena de activistas, sobre las once de la noche, se personaron en las puertas del complejo policial donde pudieron presenciar los tiroteos, gritos de dolor y el forcejeo con personas que gritaban “rendición, rendición”, tal y como denunciaba el vecindario.

Hasta las dos de la mañana distintos tipos de disparos fueron efectuados, llegando a saltar balas de goma fuera del propio recinto policial. Antidisturbios apoyados por una unidad del cuerpo de bomberos bajaron a una decena de personas que se encontraban en el tejado. Testimonios aseguran que oyeron gritar a la policía que había heridos entre quienes se resistían pacíficamente a la acción policial desde el tejado. Asimismo, algunas personas de los edificios colindantes afirmaron “haber visto una ambulancia” dentro del complejo de Zapadores.

Durante el día de ayer ha sido imposible contactar con ninguna de las personas implicadas, ni con testigos de los hechos de la noche anterior. Del mismo modo se ha imposibilitado el contacto telefónico vía móvil con las personas en el CIE. Las represalias tras hechos sucedidos en la noche de ayer son una práctica común que “resulta intolerable”, tal como denuncia la Campaña. “De este modo, se impide nuevamente esclarecer los hechos y depurar las consiguientes responsabilidades. La única versión que existe es la policial, dado que el paradero de todas las personas de origen argelino y marroquí es desconocido”, denuncia Ana Fornés, portavoz de la Campaña.

Ante estos hechos, CIEs No manifiesta su especial preocupación por las personas especialmente vulnerables que se encontraban en el CIE. Entre otras se encuentran dos menores, un enfermo recientemente hospitalizado por derrame cerebral y solicitantes de asilo. La plataforma exige a la Delegación del Gobierno que paralice las deportaciones y asegure la integridad de todas las personas en paradero desconocido e insta a la Defensoría del Pueblo a que intervenga, tanto en el esclarecimiento de los hechos como en la protección de las personas que intervinieron o presenciar los hechos denunciados.

Campaña Por El Cierre De Los CIE

Cárceles racistas

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El gobierno de Mariano Rajoy está echando el resto en lo relativo a la materia legislativa penal desarrollada en un tiempo record de tan solo 4 años. Si a inicios de este verano entraba en vigor la reforma del Código Penal que introducía, entre otros, la cadena perpetua y endurecía los ficheros de seguimiento de delitos penales, ahora, esta misma semana, el gobierno aprobaba el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entre otros, contempla para los detenidos por delitos de terrorismo o pertenencia a banda armada y criminal el arresto preventivo de hasta diez días, elevándose así de cinco a diez días el plazo de arresto preventivo ordenado por el juez para estos supuestos excepcionales. La idea inicial era incluso ampliarlo a 13 días, los cinco de rigor más dos prórrogas de cinco y tres días, respectivamente, pero finalmente el Senado lo ha establecido en diez.

También se endurece el proceso de la incomunicación del detenido por estos delitos (que conlleva una situación de vulneración de derechos fundamentales, ya que  contempla la negación de designar abogado de confianza, entrevistarse reservadamente con el abogado de oficio y la incomunicación con familiares o persona que el arrestado desee) que, según el Artículo 509,

 “Durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros. No podrá extenderse más allá de cinco días para los casos comunes (en la actualidad eran tres) y para los casos en que la prisión se decretó por delitos de terrorismo y otros cometidos de forma organizada por dos o más personas, el juez podrá prorrogar otro plazo no superior a cinco días (en la actualidad eran 48 horas más)”.

Política criminal

Hablamos con diversas personas implicadas de la convocatoria por una coordinación de plataformas de afectados a concentrarse el próximo 26 de septiembre, ante las cárceles, juzgados de vigilancia penitenciaria, delegaciones del gobierno… reivindicando el mejor tratamiento posible para toda la gente afectada de hepatits C, incluidas las personas presas.

Radio: Tokata Y Fuga