La prisión como entorno de riesgo para la salud
El VIH, la hepatitis C (HCV) y la tuberculosis (TB) representan un problema importante de salud pública y una vulneración de derechos humanos con un impacto especialmente grave en prisión. Por ejemplo, la prevalencia global de VIH es 50 veces superior entre la población penitenciaria que en la población general y una de cada cuatro personas privadas de libertad en todo el mundo está viviendo con hepatitis C, mientras que en la sociedad europea (no reclusa) encontramos a una de cada 50. Asimismo, la tuberculosis es una de las principales causas de muerte en las prisiones de muchos países, con porcentajes 81 veces superiores en prisión que fuera de ella.
La prisión es un ambiente de alto riesgo para la transmisión de las enfermedades infecciosas por un gran número de razones. Éstas incluyen:
- el sobreencarcelamiento de grupos en situaciones de vulnerabilidad y exclusión que son los que con mayor probabilidad sufren una salud precaria;
- la criminalización de las personas que consumen drogas;
- los comportamientos de riesgo en prisión, como el consumo de drogas por vía parenteral mediante prácticas de riesgo;
- las condiciones penitenciarias por debajo de los estándares y la sobreocupación de las cárceles;
- la atención médica insuficiente e inadecuada;
- y la ausencia de servicios de reducción de daños.
La relevancia de los programas de reducción de daños
Existe un amplio consenso internacional respecto a que la forma más efectiva de prevenir la transmisión de VIH y hepatitis C en las cárceles es a través de los servicios de reducción de daños, como los programas de intercambio de jeringuillas o las terapias de substitución con opiáceos.

Por duodécimo año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español.

