
Una multitud de familiares de privados de la libertad, liberados y organizaciones sociales y humanitarias se agolparon, ayer, en las puertas del Congreso para clamar que no se apruebe la “Ley Sepultura” que debía debatirse en el Senado y ya cuenta con media sanción en Diputados. Se trata de la reforma a la Ley de Ejecución Penal 24660 que propone aumentar la prisión preventiva y eliminar el régimen de progresividad para la mayor parte de los condenados, ya que impide el acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida. Ayer se frenó del debate pero estarían dispuestos a realizarlo el próximo 30. Acompañando la lucha, desde numerosos penales del país hubo huelga de hambre y batucadas. Distintos servicios penitenciarios “buzonearon” (enviaron a celdas de castigos) a quienes protestaban, otros apalearon a discreción, algunos quitaron todos los efectos personales de los prisioneros y otros, todo eso junto. La movilización debe continuar evitando la aprobación de este engendro que multiplicaría la cantidad de prexs, las muertes y las torturas en los campos de concentración Siglo XXI de la Argentina.
Entre los presentes se hallaban miembros de la Procuración Penitenciaria de la Nación, como Ariel Cejas Meliare, numerosos militantes de la Red de Cooperativas y Organizaciones Sociales en Contexto de Encierro, Eva Aspreslla del Centro de Estudios Legales y Sociales, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Elvira Meza de familiares bonaerenses, Andrea Casamento de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Claudia Cesaroni del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), Carlos Casal de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y Luis Tagliapietra, abogado (recibido en el CUD) que trajo una misiva de los compañeros del Centro Universitario Devoto. Las intervenciones de familiares y organismos se extendieron a lo largo de toda la jornada a través de un megáfono. Roberto Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria, expresó que: “es la primera vez que espontáneamente este colectivo de familiares, organismos de derechos humanos y exdetenidos se convoca en función de una aberración jurídica que se está llevando a cabo en el Senado de la Nación. Todo este paquete de reformas es regresivo e inconstitucional, va contra los principios básicos de nuestro sistema jurídico como es la presunción de inocencia, el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Las reglas ahora cambian, la libertad mientras dura el proceso será la excepción y la prisión preventiva será regla. Esto produce que las personas que están detenidas cumplan toda la pena y no importará si estudia o trabaja, total va a ser todo lo mismo. Lo que va a provocar es un colapso en el sistema penitenciario junto a la ley de flagrancias. Vamos a ver la cárcel explotando de gente sin condena”.





UN NEGOCIO PARA LOS RICOS, UN SUPLICIO PARA LOS POBRES

