En todo el mundo hay niños que languidecen en la cárcel, a veces durante períodos prolongados. En muchos casos, como el de T.W., afrontan condiciones brutales e inhumanas.

La falta de mantenimiento de registros y la amplia variedad de instituciones implica que se desconozca el número de niños detenidos en estas condiciones. El Fondo para la Infancia de Naciones Unidas (UNICEF) estima que, en todo el mundo, hay más de un millón de niños entre rejas. Muchos están encarcelados en condiciones decrépitas, abusivas y humillantes, sin acceso a la educación ni otro tipo de actividades enriquecedoras, y sin contacto regular con el mundo exterior.

Muchos de estos menores –y adultos que fueron condenados por delitos que cometieron cuando eran niños— han recibido penas excesivas o desproporcionadas que violan el derecho internacional, el cual establece que el encarcelamiento de los niños debe estar “en conformidad con la ley y será utilizado solamente como una medida de último recurso y durante el período más breve posible”.

Otros están detenidos por actos que ni siquiera deberían ser considerados como delitos, como faltar a la escuela, escapar de casa, mantener relaciones sexuales consensuales, pedir un aborto o abortar. Algunos nunca han sido juzgados por sus presuntos delitos; otros han sido juzgados como adultos y, en los casos en que fueron declarados culpables, fueron enviados a cumplir su sentencia en prisiones para adultos. Los niños migrantes también son rutinariamente retenidos en centros de detención inmigratoria, contrario a las normas internacionales. Los niños con discapacidad y otros menores pueden ser institucionalizados como supuesta medida de protección.

Un estudio de la ONU, que se prevé esté finalizado para 2017, promete poner la detención de los menores en la mira internacional, y se espera que resulte en una supervisión más sistemática de las prácticas abusivas, un mayor cumplimiento de las normas internacionales y una drástica reducción en el número de niños privados de su libertad.

Sin embargo, no es necesario que los gobiernos esperen hasta la publicación de este informe; pueden y deben actuar ahora para establecer alternativas genuinas a la detención y garantizar que esos niños que deben permanecer detenidos lo estén en condiciones humanas y puedan beneficiarse de la educación, los servicios de salud, las oportunidades de recreo y el contacto con el mundo exterior.

La detención y el encarcelamiento como respuesta al delito

La mayoría de los países no mantienen registros precisos del número de menores encarcelados por violar la ley. Además, conseguir una estimación de la cantidad de niños entre rejas se complica por el hecho de que algunos gobiernos tienen a los menores en diferentes tipos de centros, incluyendo cárceles y prisiones para adultos así como centros de detención de menores.

Sabemos que Estados Unidos lidera el mundo industrializado en número y porcentaje de niños en centros de detención de menores, con más de 60.000 jóvenes recluidos en este tipo de instalaciones en 2011, según datos compilados por la Fundación Annie E. Casey, que trabaja en temas de justicia juvenil y otros temas de derechos de los niños. EE.UU. también envía un número extraordinario de menores a cárceles y prisiones de adultos –más de 95.000 en 2011, según cálculos de Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles— con escasas oportunidades significativas de conseguir una educación o rehabilitarse.

Independientemente de cuáles sean las cifras, hay varias razones por las cuales muchos niños en todo el mundo no deberían estar encarcelados.

En primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que encerrar a los menores por cargos juveniles o penales debe ser el último recurso. Pero a menudo es el primero, o incluso el único. Es posible que simplemente no existan otras alternativas en la ley o en la práctica.

En segundo lugar, con demasiada frecuencia los menores son acusados y detenidos por actos que ni siquiera deberían ser considerados penales. Por ejemplo, muchas veces se asume que los niños que viven en las calles son culpables de faltas y son detenidos bajo acusaciones imprecisas, y eso en los casos en los que ni siquiera se presentan cargos, tal como descubrió Human Rights Watch en Camboya y Uganda, entre otros países.

Muchos países encierran a niños por desobedecer a sus padres u otros “delitos de estatus”, actos que no serían considerados penales si los hubiese cometido un adulto. Un estudio de la Fundación de Política Pública de Texas reveló que en EE.UU. en 2010 había más de 6.000 menores detenidos por faltas tales como el absentismo escolar, escaparse de casa, mal comportamiento, el consumo de alcohol y violaciones del toque de queda.

Las niñas pueden afrontar restricciones específicas a su libertad de movimiento bajo la ley penal. En Arabia Saudita, por ejemplo, tanto las niñas como las mujeres adultas pueden ser detenidas, encarceladas y azotadas por delitos mal definidos como “el aislamiento” o “la confraternización” que, según un funcionario explicó a Human Rights Watch, consiste en que una niña o una mujer “se encuentra en un apartamento por su cuenta, o en un grupo con otras, o en un lugar donde no es natural que estuviese”.

Los niños en algunos países como Perú y en algunos estados de México y EE.UU. pueden enfrentar cargos penales por conducta sexual consensual; en el caso de EE.UU., especialmente si la pareja es del mismo sexo. Las leyes contra la prostitución en muchos países implican que los menores también pueden ser arrestados, encarcelados y detenidos si mantienen relaciones sexuales de supervivencia (consistentes en el intercambio de sexo por comida, refugio o dinero para comprar bienes básicos). Las niñas que buscan un aborto o abortan también enfrentan cargos penales, incluso cuando el embarazo es resultado de una violación, por ejemplo en Chile, El Salvador, Ecuador, Perú y Filipinas, entre otros países.

En tercer lugar, los niños pueden ser encarcelados por sentencias que son inaceptables de acuerdo con el derecho internacional. Las leyes internacionales prohíben rotundamente las sentencias de muerte (así como las cadenas perpetuas sin posibilidad de revisión) para los delitos cometidos cuando el acusado tenía menos de 18 años.

Aun así, al menos 160 personas fueron condenadas a muerte en Irán por delitos que habrían cometido cuando tenían menos de 18 años, informó el Secretario General de la ONU en febrero de 2015. Desde 2010, varios delincuentes juveniles en Arabia Saudita, Egipto, Irán, Maldivas, Pakistán, Sri Lanka, Sudán y Yemen han sido condenados a muerte. En Nigeria, algunos sentenciados antes de 2010 siguen recluidos y condenados a muerte.

El derecho internacional requiere que los menores sean detenidos o encarcelados durante el período más breve posible, y que reciban sentencias proporcionales a las circunstancias y la gravedad de sus delitos, así como en función de sus circunstancias y necesidades individuales. Sus penas deben ser objeto de revisiones tempranas, regulares y significativas a efectos de la libertad condicional. Sin embargo, en 73 países los niños pueden recibir penas de condena perpetua, entre ellos EE.UU. y 49 de los 53 Estados de la Mancomunidad Británica de Naciones, según un estudio de 2015 de la Red Internacional de los Derechos de los Niños (CRIN, por sus siglas en inglés).

En cuarto lugar, los niños de grupos minoritarios son con frecuencia, desproporcionada, blanco de arrestos y detenciones. De hecho, las diferencias en el trato que reciben los niños de grupos minoritarios en comparación con los que representan a la mayoría, pueden aumentar en cada una de las fases del proceso, desde el arresto y la fijación de la fianza a las sentencias hasta las decisiones de libertad condicional, tal como han revelado las investigaciones de niños aborígenes en el sistema de justicia juvenil de Australia y las de niños de grupos minoritarios en EE.UU.

En quinto lugar, enjuiciar a los niños como adultos plantea problemas adicionales. No todos los países cuentan con un sistema de justicia de menores, a pesar de la exigencia del derecho internacional de tenerlo. Tal como halló Human Rights Watch en Zambia, por ejemplo, la ausencia de un sistema de justicia específico para menores puede significar que los niños deben esperar durante meses o incluso años para que sus casos concluyan.

Entre los Estados que tienen un sistema de justicia juvenil, algunos tratan a los menores de más edad como si fueran adultos. Esto puede hacerse de manera sistemática, fijando una edad mínima por debajo de los 18 años para la jurisdicción en los tribunales penales ordinarios, como es el caso en Cuba, Etiopía, Filipinas, Jamaica, Hong Kong, Ucrania, el estado australiano de Queensland, y el estado de Nueva York, entre otras jurisdicciones.

También puede hacerse de manera arbitraria, como cuando los jueces deciden tratar a los niños como adultos si muestran señales de pubertad, como se hace en Arabia Saudita y otros países de Oriente Medio. Además, en EE.UU., todos los estados y el sistema penal federal permiten que algunos menores sean juzgados en tribunales penales ordinarios, independientemente de la edad y la gravedad del delito del que han sido acusados.

En el momento de redactarse este informe, Brasil e India estaban considerando reducir, para algunos delitos, la mayoría de edad penal, la edad mínima para ser juzgado en un tribunal penal ordinario. Si estas propuestas son promulgadas en su forma actual, adolescentes de 16 años o más acusados de delitos graves serán procesados en tribunales para adultos.

La detención como una medida de control inmigratorio

Cuando Beatriz L. huyó a EE.UU. desde Honduras con su hijo de 11 años después de que pandillas amenazaran con reclutarlo por la fuerza, los dos acabaron encerrados durante 10 meses en un centro estadounidense de detención para familias inmigrantes. Beatriz contó a Human Rights Watch que su hijo empezó a pasarse todo el día durmiendo. Decía: “mamá, sólo quiero dormir para que cuando despierte podamos ser libres”.

Las normas internacionales establecen que la detención de cualquier solicitante de asilo, ya sea menor o adulto, debería evitarse en circunstancias normales. La detención obligatoria o indefinida de los niños viola la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la detención de los menores debería utilizarse solamente como un último recurso y durante el período más breve posible. El Comité de los Derechos del Niño ha urgido a los gobiernos a “cesar inmediata y completamente la detención de los niños en función de su estatus inmigratorio”. Además, la detención de los menores sólo por el estatus inmigratorio de sus padres viola la prohibición de la detención arbitraria.

Aun así, muchos países siguen deteniendo a los niños como un medio para hacer cumplir sus leyes inmigratorias.

Australia opera un marco de detención obligatoria para todos los solicitantes de asilo desde 1992. El 31 de octubre de 2015 Australia tenía a 112 niños en detención migratoria en centros en la parte continental. Otros 95 niños estaban en el centro de procesamiento regional de Nauru. Las evaluaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Comisión de Derechos Humanos de Australia y otras autoridades descubrieron graves deficiencias en el centro de detención de Nauru, incluyendo la escasez de agua, calzado y ropa, así como condiciones poco higiénicas y de hacinamiento que han resultado en brotes de piojos, gastroenteritis e infecciones bacterianas de la piel. En 2015 surgieron denuncias alarmantes de que niños y adultos habían sido atacados sexualmente en los últimos dos años por el personal del centro u otros detenidos.

En EE.UU., a mediados de 2014, el gobierno de Obama expandió drásticamente la capacidad de los centros familiares de detención migratoria, pasando de menos de 100 camas a más de 3.000, con el supuesto propósito de disuadir a los migrantes centroamericanos de cruzar hacia EE.UU. desde México. Desde entonces, el gobierno de Obama ya se ha retractado de la lógica de disuasión en las determinaciones de custodia para los casos individuales. Sin embargo, sigue argumentando en la corte federal que necesita el sistema de detención familiar para evitar una migración aún más masiva.

Las leyes de inmigración de Tailandia permiten la detención indefinida de todos los refugiados, incluyendo los miembros del grupo étnico Rohingya y de otros grupos de Birmania, los Uighurs de China, los pakistaníes y los somalíes. Los niños migrantes son encerrados en celdas mínima sin comida adecuada ni la oportunidad de poder hacer ejercicio o recibir una educación. Algunos niños dijeron a Human Rights Watch que los centros de detención migratoria pueden estar tan abarrotados que tienen que dormir de pie. Una madre contó que para 100 migrantes detenidos había tres inodoros, que su hija adolescente no quería usar porque no tenían puertas.

En otras partes del mundo, Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado la detención a gran escala de niños migrantes en Indonesia, Malasia y México.

La detención en nombre de la seguridad nacional

Los niños considerados como una amenaza de seguridad pueden ser recluidos bajo detención administrativa o militar, que son sistemas de justicia que cuentan con menos controles que los penales y juveniles.

Entre estos menores se encuentran los niños soldados capturados, los que se han entregado o los desmovilizados, a pesar de que las normas internacionales instan a los Estados a tratarlos principalmente como víctimas y a ofrecerles rehabilitación. En Afganistán, la República Democrática del Congo, Irak, Somalia y Siria, los niños han sido detenidos en gran número por su presunta asociación con grupos armados o extremistas. La Representante Especial del Secretario General de la ONU para los niños y los conflictos armados, Leila Zerrougi, expresó profunda preocupación por el hecho de que los menores fueran detenidos por su presunta vinculación con grupos armados en 17 de las 23 situaciones cubiertas en su informe de 2014.

Cada año Israel arresta, detiene y enjuicia en el sistema de justicia militar entre 500 y 700 niños palestinos sospechosos de haber cometido delitos penales en el territorio ocupado de Cisjordania, según la organización Defensa de los Niños Internacional, Sección Palestina. Israel es el único país que procesa automáticamente a menores en tribunales militares. En 2015, Human Rights Watch reveló que las fuerzas de seguridad israelíes recurrieron innecesariamente a la fuerza para arrestar o detener a niños palestinos, algunos de apenas 11 años, en Jerusalén Oriental y Cisjordania, y que asfixiaron, golpearon, amenazaron e interrogaron a niños en custodia sin la presencia de sus padres o abogados.

Otros países también enjuician a algunos niños en tribunales militares. En Egipto, por ejemplo, algunos de las decenas de menores arrestados en los últimos dos años por delitos políticos han sido llevados a juicio en tribunales militares.

La detención en nombre del tratamiento o cuidado

Los niños también son detenidos en nombre del “tratamiento” o la “rehabilitación” por la dependencia de las drogas o como una medida equivocada para abordar las discapacidades.

En Camboya, ocho centros de detención de drogas albergan a unas 1.000 personas. Según las últimas cifras que ha publicado el gobierno, al menos una de cada 10 es menor de 18 años. Los niños sufren los mismos abusos que los adultos cuando están detenidos, como el tratamiento cruel e inhumano e incluso la tortura.

Por ejemplo, Romchoang tenía menos de 18 años cuando fue recluido durante 18 meses en un centro de detención militar de drogas en la provincia de Koh Kong. Fue encerrado en una habitación, encadenado a una cama durante la primera semana y después fue obligado a hacer ejercicios físicos todas las mañanas. Los soldados, que le golpeaban si se quedaba dormido, le decían que sudar le ayudaría a recuperarse de su adicción.

Laos y Vietnam también operan centros de detención de drogas que albergan a grandes cantidades de niños; en Vietnam, tanto niños como adultos son sometidos a trabajos forzados, palizas y torturas. De hecho, la lógica detrás de estos centros de detención es encerrar y castigar a los pobres y marginados. En los centros de Camboya hay niños sin hogar que no consumen drogas pero que fueron arrestados y detenidos en operaciones para “limpiar las calles”. De manera similar, las autoridades de Laos utilizan el centro de detención de Somsanga, que en los últimos años ha recibido el respaldo directo de la Embajada estadounidense en Vientiane, como lugar donde encerrar a los niños de la calle y otros considerados socialmente indeseables.

En otros lugares del mundo, con frecuencia los niños de la calle son acorralados y detenidos de manera arbitraria, a menudo en virtud de leyes penales redactadas de manera poco precisa.

Muchos países recluyen a los niños con discapacidad, supuestamente para su cuidado, pero en realidad es por la falta de servicios comunitarios y apoyo para las familias. En Rusia, por ejemplo, muy a menudo los niños discapacitados son enviados a instituciones poco después de su nacimiento, donde pueden ser atados a las camas, recibir poca o ninguna atención o educación, ni ningún tipo de atención sanitaria ni alimentación adecuada. Human Rights Watch halló que se cometen prácticas abusivas similares en Croacia, Grecia e India, sólo por nombrar algunos ejemplos recientes.

Algunos niños también pueden acabar encerrados por discapacidades psicosociales percibidas o reales. Human Rights Watch documentó cómo encadenaban a niños de apenas 5 años –junto con adultos— en denominados campamentos de oración (o centros de curación espiritual) en Ghana, donde eran atados a árboles o postes de madera con grandes cadenas de metal, sin comida, agua ni refugio, y separados de sus familias.

El impacto de la detención y el encarcelamiento

La detención tiene consecuencias enormes para los niños, especialmente para su salud física y mental. La tortura y otros maltratos a manos de los guardias es un riesgo en todo tipo de detención, pero especialmente para los menores retenidos por motivos de seguridad nacional.

Los menores también pueden ser víctimas de ataques violentos y abusos de otros detenidos, a veces instigados o tolerados por el personal de seguridad. En Australia, por ejemplo, un demoledor informe del Comisionado para la Infancia del Territorio Norte publicado en septiembre de 2015 reveló que los niños detenidos eran sometidos al aislamiento en espacios muy reducidos, a veces hasta casi por tres semanas, y al uso de fuerza excesiva. En Florida, dos menores murieron en febrero y septiembre de 2015 después de que otros detenidos juveniles los golpearan, posiblemente a cambio de comida de contrabando de los guardias.

Los ataques sexuales son un riesgo específico tanto para los niños como para las niñas, especialmente cuando son encerrados junto con adultos.

Normalmente suele haber menos centros de detención para las niñas, que son detenidas con menos frecuencia que los niños. Muchas son recluidas lejos de sus familias y comunidades, o relegadas al sistema para adultos. Algunos centros de detención carecen del saneamiento adecuado y muchos no brindan a las niñas los materiales y la privacidad que necesitan para atender su menstruación. La falta de privacidad en las áreas de baño y aseo personal exacerba el riesgo de acoso y asalto sexual.

Las instalaciones donde los menores son recluidos a menudo son poco más que almacenes. Los servicios de educación no suelen estar disponibles para los menores detenidos por actos de delincuencia o por motivos de seguridad nacional o control migratorio. Los menores privados de su libertad en nombre de la protección o el cuidado, incluyendo los discapacitados, a menudo no reciben la educación y otros servicios que necesitan. Los niños encerrados por actos de delincuencia son ubicados en instalaciones que carecen del personal y la infraestructura necesaria para ofrecer clases de manejo de la ira, capacitación de habilidades para la vida diaria y otros tipos de servicios de rehabilitación.

Los niños solicitantes de asilo detenidos experimentan en particular tasas extremadamente altas de ansiedad, depresión y síntomas del síndrome de estrés postraumático, tal y como han revelado investigaciones en Australia, Gran Bretaña y EE.UU. La detención migratoria también puede llevar a los menores a abandonar sus solicitudes de asilo a pesar de necesitar protección internacional.

Alternativas a la detención

Para garantizar que la privación de libertad sea realmente utilizada como una medida de último recurso, los gobiernos deberían establecer y emplear auténticas alternativas a la detención.

En el sistema de justicia, éstas incluyen la exclusión de los niños del sistema judicial formal a través de procesos y programas alternativos, como la libertad condicional, la meditación, las sesiones de orientación, los servicios comunitarios y, en los casos necesarios, centros “semi-abiertos” para proporcionar supervisión y estructura a los menores, pero permitiéndoles asistir a la escuela de la comunidad y regresar a casa para pasar la noche.

Para las familias y los menores migrantes, las alternativas basadas en la comunidad –alojamiento en circunstancias que permitan a los solicitantes de asilo, refugiados y otros migrantes asistir de manera regular a la escuela, trabajar en la comunidad e interactuar de manera regular con los demás— son preferibles en casi cualquier aspecto a la detención migratoria, tal y como han demostrado las experiencias de programas de supervisión y gestión de casos en Australia, Canadá, Indonesia, Tailandia, el Reino Unido y EE.UU.

Según investigaciones, estos programas pueden ser más saludables y baratos y pueden resultar en tasas comparables de aparición en audiencias de asilo o inmigración. Los Estados también deberían tomar más medidas para facilitar la ubicación de niños no acompañados y separados de sus familias con parientes en el país de destino u otros.

Los menores que consumen drogas deberían recibir el tratamiento y cuidado adecuado. Los centros de detención obligatoria de drogas no pueden ser considerados una forma de “tratamiento” o una “alternativa al encarcelamiento”. En línea con los llamamientos del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y 12 agencias de Naciones Unidas, los Estados deberían cerrar inmediatamente todos los centros de detención de drogas.

Los niños con discapacidad deberían poder disfrutar de su derecho a vivir en la comunidad, con el apoyo adecuado para sí mismos y sus familias. Cuando sea necesario el tratamiento institucional, este debería seguir estrictos protocolos terapéuticos, incluyendo sólidas salvaguardias para el tratamiento involuntario. Los menores con discapacidad deberían recibir un adecuado apoyo legal y de otro tipo para que puedan tomar importantes decisiones vitales, incluyendo las relacionadas con el tratamiento médico, y deberían contar con oportunidades reales para cuestionar la institucionalización.

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En los últimos años se ha visto un progreso prometedor en el trato de los niños que en otras circunstancias habrían sido detenidos. El número de detenidos en centros de detención de menores en EE.UU. descendió consistente y drásticamente entre 1996 y 2011, el último año del que se dispone de datos completos. En California, una ley adoptada en 2014 concede la oportunidad de la libertad condicional a miles de jóvenes delincuentes que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito pero que fueron juzgados como adultos y condenados a una sentencia de adultos. Una ley de 2015 amplió la elegibilidad para la libertad condicional a aquellos que tenían 22 años o menos en el momento de cometer el delito.

Varios países han acordado en los últimos años erradicar o reducir notablemente la detención de niños migrantes. Finlandia, Malta y el Reino Unido se han comprometido recientemente a acabar con la práctica, mientras que las políticas en Francia e Israel limitan la detención de niños migrantes a “circunstancias excepcionales”. Panamá, Japón, Turquía y Taiwán han adoptado leyes que prohíben la detención de niños migrantes y el Tribunal Supremo de Sudáfrica dictaminó en una serie de fallos a principios de 2004 que los niños migrantes sólo pueden ser detenidos como medida de último recurso.

En febrero de 2015, un tribunal federal exigió que los agentes de inmigración de EE.UU. empezaran a evaluar inmediatamente a familias solicitantes de asilo para su liberación. En junio de 2015, después de una intensa incidencia por parte de Human Rights Watch y otras organizaciones, funcionarios gubernamentales estadounidenses se comprometieron a liberar a la mayoría de las familias detenidas en cuestión de semanas si conseguían presentar una solicitud de asilo aparentemente legítima. Ese mismo año, otra corte federal falló que los niños no pueden ser albergados durante largos períodos en instalaciones que parecen cárceles que no cuentan con licencia para cuidar de menores.

En 2010, en respuesta a información brindada por Human Rights Watch, UNICEF investigó el centro de detención de Choam Chao, en Camboya, que había financiado desde 2006. Tras hallar abusos en el centro, UNICEF pidió la liberación inmediata de todos los niños de los centros de detención de Camboya. En respuesta, el gobierno dejó de admitir a menores en el centro y poco después lo cerró.

Estos pasos demuestran que los gobiernos pueden hacer más para reducir su dependencia de la detención y el encarcelamiento. Encerrar a los niños es, con frecuencia, innecesario, abusivo e ineficaz. Es hora de que los Estados reconozcan estos hechos y acaben con estas prácticas ilegales.

Michael Garcia Bochenek

Senior Counsel, Children’s Rights Division

Human Right Watch