La Fiscalía pide una pena de 4.200 euros de multa y 14 meses de suspensión de empleo para un funcionario de prisiones acusado de denegar auxilio a un interno que en mayo de 2009 acabó suicidándose en una celda del servicio de enfermería de la cárcel Quatre Camins de La Roca del Vallès (Vallès Oriental).
En su escrito de calificación, el ministerio público acusa de un delito de denegación auxilio al funcionario de prisiones, por desoír de forma «consciente» los diversos requerimientos de los compañeros de celda del fallecido para que lo socorriera. El recluso estaba ingresado junto a otros dos internos en una celda de la enfermería del centro de Quatre Camins, donde permanecía en tratamiento psiquiátrico con un diagnóstico de ansiedad somatizada.
Hacia la 1,00 de la madrugada del 29 de mayo de 2009, el funcionario Emilio José P., que estaba encargado del servicio de guardia de la enfermería de Quatre Camins, recibió una llamada del interno Carlos H. a través del interfono en la que le comunicaba que no podía dormir y que se encontraba mal. El funcionario procesado, según mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación, respondió al recluso que «se tranquilizara y que no iba a mandarle un médico por ese motivo».
Tras esa primera llamada, el interno «empezó a efectuar movimientos extraños por la celda, entrando y saliendo del baño y tragándose objetos», lo que motivó que sus dos compañeros llamaran «repetidas veces» al funcionario a través del interfono de la celda para que acudiera a socorrer a Carlos H., sin obtener respuesta alguna. Casi tres horas después, el funcionario atendió la última llamada de los internos, en la que avisaban que Carlos H. se había prendido fuego, lo que motivó que el procesado avisara finalmente al médico de guardia y a varios funcionarios. La autopsia que se practicó al recluso concluyó que había muerto por una insuficiencia respiratoria aguda y asfixia mecánica por cuerpo extraño y que el cadáver presentaba varias quemaduras, así como un cubierto de plástico en el esófago y una cuchara sopera de plástico en el estómago.
Un juzgado de Granollers juzgará la semana próxima al funcionario de prisiones, al que el juez ha fijado una fianza de 160.000 euros para hacer frente al pago de una eventual indemnización, de la que la Generalitat podría ser declarada responsable civil subsidiaria. De hecho, la acusación particular ejercida por la familia del fallecido, representada por el abogado Benet Salellas, pide que se condene al funcionario de prisiones a una multa de 8.100 euros, 18 meses de suspensión de empleo y el pago de una indemnización de 120.000 euros a la madre del interno. La defensa del acusado, por su parte, reclama que su cliente sea absuelto, al entender que no es cierto que el funcionario desoyera las llamadas de aviso de los compañeros de celda del fallecido hasta las 3.45 horas, cuando según su versión Emilio José P. procedió a alertar a sus superiores del incidente.
Hay que divulgar esto para crear conciencia.
El trabajo de los funcionarios consiste en » custodiar » a los internos.
Y son los responsables de cualquier cosa que les pase.
No son sus jefes ni sus amos, son sus » cuidadores » de hecho en algunos paises ( ejemp. Panamá)no se les llama funcionarios ni carceleros se les llama » CUSTODIOS «.
Estan » al cargo de .. » y no » al mando de..».
! QUE SE SEPA !