Entre 2011 y 2012, la población reclusa en las cárceles europeas aumentó un 2,7% de media y por cada cien plazas se contaron 98 reclusos. Son algunos de los datos de los informes Space I y Space II, publicados por el Consejo de Europa a finales de abril, en los que se analiza la situación penitenciaria en los países europeos.
En el caso de España, la tendencia se suaviza. Los datos más actuales de los que dispone el organismo europeo muestran como, entre 2012 y 2013, el número de personas presas bajó levemente, de 70.488 a 68.618 presos. 147,3 presos por cada 100.000 habitantes, una cifra ligeramente inferior a la media pero superior a los índices de países del entorno, como Italia (111,6) o Francia (117), y distante de países del norte de Europa con un sistema judicial más dirigido a la restitución del daño, como Holanda (67,7) o Noruega (71).
“Todos los estudios muestran que España y Catalunya han tenido, desde finales de los 90, los índices más elevados de población presa”, explica Alejandro Forero Cuéllar, miembro del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, quien señala que la población penitenciaria estatal no paró de aumentar desde la Transición hasta 2011, cuando empezó a disminuir, en parte por la reforma penal de 2010. “La Administración central y la catalana vieron que la burbuja del sistema penitenciario no era sostenible y tomaron medidas para bajar la población en las cárceles”, continúa Forero. Cambiar penas por multas, adelantar la libertad condicional y, sobre todo, la sustitución de la pena de prisión por la expulsión para personas extranjeras condenadas son algunas de las medidas de esta “estrategia de la puerta de atrás”, más guiadas, subraya Forero, por criterios económicos que por el objetivo de “reinserción” que plantea como base el sistema penal español.
Coste del castigo
Según detalla el informe Space I, la media europea de gasto por recluso y día en 2011 fue de 131 euros. El sistema penitenciario costó en 2011 más de 16.000 millones de euros a los países del Consejo de Europa. En el caso español, el coste por preso y día está lejos de la media europea, 64,99 euros, pero el presupuesto total dedicado al sistema penitenciario alcanzó los 1.538,5 millones de euros en 2011, lo que se traduce en 3,3 veces más que la media europea.
“Cuando un país tiene una población reclusa importante se ve obligado a reducir su coste por preso”, señala Natalia Delgrande, investigadora del Instituto de Criminología y Derecho Penal de la Universidad de Lausanne y una de las responsables del informe Space I. Por su parte, Forero advierte que la necesidad de recortar costes ha llevado a reducir la distribución de medicamentos contra la hepatitis C, una de las enfermedades más habituales en las cárceles. Paz Francés, del colectivo Salhaketa y profesora de Derecho penal en la Universidad de Navarra, relata que en muchos de los centros penitenciarios se ha dejado de utilizar la calefacción o se han eliminado comidas.
Delgrande explica que, hasta ahora, a nivel europeo sólo Alemania ha privatizado completamente algunos de sus centros penitenciarios pero que existe el riesgo de que la “transferencia de competencias al sector privado se convierta en una especia de carrera ‘industrial’ con predominancia de las necesidades económicas sobre la integración social”. Muchos de los servicios de las prisiones españolas, como el de catering o lavandería, ya dependen del sector privado y ya se han dado los primeros pasos para que la vigilancia de los centros pase a manos de empresas de seguridad privada.
A pesar de la bajada en la población reclusa, el número de presos aún es elevado en relación a las cifras de criminalidad en el Estado español, una de las más bajas, con 46,1 delitos por cada mil habitantes frente a los 62,8 de media europea. Según explica Forero, “si hay tantos presos es por las pocas medidas alternativas que se aplican, frente a las que se aplican en los países nórdicos, y, por otra parte, por las condenas, que son muy largas en comparación con los países del entorno”. Forero señala, por una parte, la dureza del Código Penal vigente, y del anteproyecto que se está tramitando actualmente, pero también las sentencias judiciales, en las que generalmente se aplica la pena más alta en grado. Los datos del informe Space I lo confirman: más del 28,2% de las personas reclusas en España cumplen penas de cinco a diez años de prisión, mientras que, en términos europeos, la pena de cárcel más habitual (25%) es de 1 a 3 años. En España, el 47,8% de los presos cumplen una condena superior a los cinco años de cárcel, frente al 19,5% de Francia o al 11,9% de Alemania.
Prisión o justicia restaurativa
Entre las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa para disminuir la población penitenciaria destaca el empleo de medias alternativas a la prisión: libertad vigilada, trabajos para la comunidad, la localización permanente o las multas. En 2012, en España, 170,7 de cada 100.000 personas estaban cumpliendo medidas alternativas a la prisión. De ellas, el 15,6% había sustituido su condena de cárcel por la libertad vigilada, frente al 38,6% de media europea; y el 60,5% cumplían trabajo para la comunidad, frente al 24,6 de media europea. “En comparación con otros países europeos, España tiene un buen nivel de uso de alternativas a la prisión. Desafortunadamente, estas alternativas no se aplican como sustitutas a la detención preventiva”, afirma Delgrande. La investigadora apunta al trabajo comunitario como principal alternativa a la privación de libertad, pero advierte que ésta no debe reducirse a la producción o ser un simple ‘trabajo para estar ocupado’: “El principal objetivo debe seguir siendo que el que haya delinquido trabaje en torno al delito y en proyectos sociales relacionados”.
Paz Francés explica que estas medidas “pueden ser realmente una alternativa a la pena privativa de libertad, pero no una alternativa al modelo penal que tenemos”. Francés advierte que el empleo de este tipo de medidas puede resultar en un “ensanchamiento del sistema penal”. Frente a esto, señala los procesos de mediación que se emplean en algunos países del norte europeo, como Noruega, país que se ha situado como pionero en este modelo de justicia, o Francia y Finlandia, donde los procesos de mediación forman parte de distintos momentos del proceso penal.
“Cuando hablamos de justicia restaurativa hablamos de resolver el conflicto, abordarlo a través de la figura de la conciliación y mediación”, explica Francés, quien añade que, en España, los procesos de mediación están contemplados únicamente en la Ley del Menor, pero el uso de este recurso también se ha restringido en la práctica en este segmento de población debido a la “brutal criminalización de la que están siendo objeto los menores de edad en los últimos años”.
Cifras del Estado español y de Europa
47,8% de los presos cumplen penas de más de 5 años
El tiempo de condena más habitual entre los reclusos del Estado español es de cinco a diez años (28,2%). En términos europeos, la pena de privación de libertad más habitual (25%) es de uno a tres años de cárcel, al igual que en Francia (30,3%).
89,4 reclusos por cada 100 plazas en España
La media europea alcanza los 149,9 reclusos por cada 100 plazas, aunque el reparto es muy desigual, con 227,8 reclusos por cada 100 plazas en Azerbayán o los 173,7 de Albania y tan sólo 3 en San Marino o los 67,8 de Suiza.
204 reclusos murieron en prisión en 2011
En Europa, Ucrania fue, con 1.009 fallecidos, el país que contó con más muertes dentro de los centros penitenciarios. La media de mortalidad en las cárceles europeas fue de 7,7 por cada 100.000 habitantes. El 26,8% fue por suicidio.
64,99 euros por día y preso en el Estado español
El coste medio europeo por preso y día fue de 131 euros. Irlanda del Norte tuvo el mayor coste por preso, 879,36 euros, mientras que Ucrania tuvo el menor coste, 3,06 euros por preso y día. El coste más habitual en los países europeos fue de 49 euros.
CONSTRUIR CÁRCELES; UNA INDUSTRIA BOYANTE
Los recortes en el gasto público no parecen haber afectado a la construcción de nuevas cárceles. A lo largo de este año, está previsto que entren en funcionamiento, en el Estado español, varios centros penitenciarios, entre cárceles, centros de inserción social y unidades de madres. Este boom constructor se enmarca en el plan de creación de 46 nuevos centros penitenciarios, incluidas once cárceles, entre 2006 y 2012, que se marcó el actual Gobierno, como solución al enorme crecimiento de población penitenciaria.
A pesar de que el territorio español cuenta con casi 80 prisiones, actualmente se están construyendo o ultimando los centros penitenciarios de Murcia II, Las Palmas II, Norte I (o de Zaballa, en Álava), Norte II (en Navarra), Menorca y Lanzarote, además de los centros de inserción social (centro de tránsito hacia la vida en libertad) de Valladolid, Madrid II, Jerez de la Frontera, Ceuta, Pamplona (en Zubieta) y la Unidad de Madres de Madrid. Y se han inaugurado durante este año también el centro de inserción social de Albacete y el de Murcia; a lo que hay que sumar los movimientos de tierra que ya se están realizando para los futuros centros de Ceuta, Soria y Málaga II, en paralelo con las pertinentes gestiones para construir otro más en la Comunidad Valenciana –Levante II–, y Norte III, en Gipuzkoa, etc. Esta frenética construcción de equipamientos penitenciarios es el resultado del actual Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios 2005-2012.
Según explica César Manzano, de la asociación de apoyo a las personas presas Salhaketa, dicho plan “es del ‘91 pero se reeditó cuando el PSOE volvió al poder en 2004. Aprobaron en dos consejos de ministros dedicar 3.000 millones de euros para construir cárceles”. De este plan, la mayor parte se la llevan las macrocárceles. Este último modelo de prisión tipo conlleva una cuantiosa inversión en cerca de 30- 35 hectáreas de terrenos comprados, proyectados, licitados, construidos y equipados por un organismo que depende de Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que recibe el nombre de Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SEIP). Creada en 1992, la SEIP es una voluminosa empresa pública de la que apenas oímos hablar, que crece, a pesar de que el presupuesto para prisiones disminuye (el presupuesto para prisiones es de 1.183.734.300 euros en 2011, un 4,09%menos que el año anterior) lo que parece poner sobre la mesa una extraña cuestión: hay más plazas penitenciarias, pero menos recursos.
“Cuentas saneadas”
Dirigida desde 2008 por Ángel Martínez Sanjuán, exsecretario general del PSOE de La Rioja, la SEIP en su memoria anual de 2010 presume de tener “unas cuentas saneadas, y equilibradas”, amén de una gestión que se mira “en los principios de la transparencia, cercanía y eficacia”. Transparencia un tanto extraña, ya que la solicitud de entrevista a sus responsables de DIAGONAL fue rechazada por su departamento de comunicación alegando que “la política de la empresa es la de no ofrecer entrevistas”.
Pero la memoria de la SEIP habla por sí sola: la actividad carcelaria se ha vuelto un negocio rentable que no sólo genera beneficios aquí, sino que ha dado un salto al “establecer una estrecha relación con organismos y empresas españolas que participan en el desarrollo de los intereses nacionales fuera de nuestras fronteras”. Dicho en otras palabras, a través de múltiples convenios,la SEIP está participando en el diseño, construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de prisiones en Angola, Brasil, Qatar, Chile, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, México, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Uruguay y Agen.
En el Estado español, con la media de presos más elevada de la UE, la construcción de macrocárceles está en pleno apogeo y la extensión en hectáreas de las mismas también nos sitúa a la cabeza de los países de nuestro entorno. Unas nuevas macrocárceles ubicadas cada vez más lejosde los núcleos de población, quegeneran además desadaptación social y desvinculación familiar.
Si la media de las cárceles europeas es de 593 plazas, según explicó el sociólogo Pedro Cabrera en una charla durante unas jornadas organizadas por Instituciones Penitenciarias, aquí, la media es de 923 plazas por cárcel. Los nuevos centros tipo españoles (que añaden como ventaja una celda que tiene 13 metros cuadrados en vez de diez) cuentan con 1.008 celdas. Pero aunque la Ley General Penitenciaria recoge que tiene que haber sólo una persona por celda, la realidad es que normalmente son dos quienes la ocupan. Como la SEIP ya prevé esta sobreocupación, en las celdas hay literas, por lo que las cárceles pasan a tener más de 2.000 plazas.
“Lucha contra los pobres”
Sin embargo, frente al aumento de plazas carcelarias, la dotación de medios no ha crecido en la misma proporción, un hecho que manifiestan constantemente sindicatos de funcionarios de prisiones, presos y sus familiares, y las mismas entidades sociales que trabajan con los reclusos.Como no hay fondos suficientes para tantas personas privadas de libertad, “este tipo de recursos se externaliza y lo que debiera asumir Instituciones Penitenciarias” lo asumen en la medida de sus posibilidades casi 600 entidades sin ánimo de lucro y ONG que trabajan en prisión, resalta Cabrera.
Pese a los cambios en los tipos de cárceles, su clientela no ha variado mucho. El tipomedio del preso sigue siendo el mismo: 40% trabajadores no cualificados, 50% con estudios primarios, 8% analfabetos, extranjeros sin papeles cuyos proyectos migratorios han fracasado, etc. Y los delitos más comunes que terminan en prisión son los relacionados con el patrimonio y contra la salud pública, más visibles frente a los ‘de cuello blanco’. Según sostiene Manzano, “hay que romper con la idea, muy relativa, de que la cárcel, o el sistema penal, tienen que ver con la delincuencia. Es un sistema en el que han caído los peces que han sido atrapados. El 99% de los delitos, según numerosas investigaciones criminológicas, no son ni percibidos, ni perseguidos, ni penalizados, ni sus autores van a prisión. Como dicen los propios presos: ‘En prisión no estamos los delincuentes, sólo una parte ínfima de los delincuentes, que somos los delincuentes fracasados’”.
Según Cabrera: “La lucha contra la pobreza se ha convertido en la lucha contra los pobres” en una sociedad “que es incapaz de integrar el conflicto” y cuya tendencia es unacarrera desenfrenada en la obsesión por la seguridad, el fomento del miedo al otro como política, el populismo punitivo, el control social y la privatización del castigo”, que trae consigo un incremento tan elevado de los encarcelamientos. Para el profesor de Derecho Penal Julián Ríos, “la escandalosa y objetivable desproporción entre los recursos humanos y materiales empleados en la vigilancia y los dedicados a la reinserción social” hacen “difícilmente conciliable el objetivo educativo y socializador otorgado constitucionalmente a la pena”.
EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO
Según el primer estudio hecho en 2008 por la SEIP sobre el impacto socioeconómico de la apertura de un centro, una de las nuevas macrocárceles tipo -con 1.008 celdas y más de 35.000 hectáreas- genera no menos de 684 puestos de trabajo directos (501 funcionarios, 83 laborales y 100 guardias civiles) y 17,6 millones de euros en sueldos. Entre los 22 y 26 meses que dura su construcción una macroprisión tipo necesita de 853 personas para levantarla, entre trabajos directos e indirectos y el Estado paga a las concesionarias privadas que la construyen unamedia de 110,6millones de euros, un negocio equivalente a levantar una urbanización de semilujo para 400 familias, con la ventaja de que no hay que venderlos en plena recesión.
TODO PARA EL PRESO SIN EL PRESO
Según sostiene César Manzano, de la asociación Salhaketa, según los datos de los presupuestos generales del Estado, «una plaza carcelaria cuesta anualmente entre 30.000 y 36.000 euros, de los cuales la mitad se han ido o se están yendo en toda esta última década en la construcción de macrocárceles, es decir, a empresas privadas que se lucran con su construcción». De los otros 18.000, 12.000 euros se van en pagar a funcionarios y personas que viven de mantener encerradas a las personas presas, y los últimos 6.000 euros en pagar gastos corrientes y servicios -la luz, el teléfono, etc.-. «Para los presos no queda nada, lo justo. ¿Qué tiene que ver esto con la rehabilitación y la reinserción?», se pregunta Manzano.
«SIEMPRE SE JUSTIFICA LA NECESIDAD DE MÁS CÁRCELES»
(Entrevista a César Manzanos Bilbao)
La asociación Salhaketa, ‘denuncia’ en euskera, nació en 1982 para apoyar y reivindicar “la dignidad de todas las personas presas, y denunciar las condiciones de vida en las cárceles”. César Manzano, profesor de la UPV, especialista en sociología del delito es, quizá, una de sus voces más conocidas.
DIAGONAL.: ¿Por qué criticáis las macrocárceles?
CÉSAR MANZANO: El modelo de la macrocárcel es una importación de los modelos penitenciarios impulsados hace ya varias décadas por las empresas multinacionales, fundamentalmente con sede en EEUU. Básicamente porque es una forma de construcción barata, es un sistema modular de cárcel que es muy versátil, y porque es un modelo que tiene muchas ventajas en cuanto a lo que al propio negocio de las macrocárceles se refiere: el mantenimiento de estas infraestructuras es caro. Quien construye estas macroprisiones termina, muchas veces, gestionando cuestiones relacionadas con su mantenimiento, su reparación, abastecimiento, etc. Por ejemplo la macrocárcel de Zaballa, la que han construido en Nanclares de la Oca (Araba), ha costado 116 millones de euros pero se calcula que cuesta entre 30 y 40 millones mantenerla anualmente. Estos macrocentros representan un negocio importante para la industria penal.
Llamamos macrocárcel a aquella cuya capacidad supera las 400 o 500 personas presas, cuando no hay inmediatez o intermediación en las relaciones, cuando los funcionarios no tienen por qué tener relación personal, ya que todo se realiza con sistemas de vigilancia electrónica, no hay conocimiento ni contacto. El tamaño de estas prisiones hace, lógicamente, que se le dé aún mayor importancia si cabe –respecto de cárceles menores– a los criterios de vigilancia y contención sobre cualquier otro criterio de relación humana, por no mencionar ya criterios de reinserción o rehabilitación o cosas similares. Se deshumanizan las situaciones porque no hay relación cara a cara entre los funcionarios, las personas presas y sus familiares.
El que estas cárceles estén pensadas para reforzar la vigilancia y la contención tiene que ver con que, muchas veces, atentan contra derechos fundamentales. Tienen algunas instalaciones –que si una piscina terapéutica, que si un taller…– que son lo que las industrias mediáticas suelen reflejan al describir estas macrocárceles, olvidando que son espacios a los que, por cierto, los presos acceden de manera muy circunstancial, no son lugares de uso habitual. Lo que no enseñan es que, por ejemplo, en las celdas hay dos presos que duermen en literas, en un espacio muy reducido, cuando la Ley Penitenciaria dice que tiene que haber una unidad habitacional por preso.
D.: Has hablado de la industria del control del delito, ¿a qué te refieres?
C.M.: La industria de control del delito es la que se está encargando progresivamente de sustituir el Estado social por el Estado penal. Básicamente estamos asistiendo a una involución que viene de las políticas de ley y orden de EEUU, que se fundamenta en la idea de la tolerancia cero con la pobreza, con la disidencia, con la extranjería y tolerancia total con el delito, con el delito económico, con los delitos que atentan contra los intereses generales. Se generaliza el castigo penal a todo el cuerpo social, se trata de punir cualquier tipo de acción –real o potencial– en los sujetos que formamos parte de la sociedad. Claro, esta industria es un sistema global, no solo es la cárcel, o el sistema policial o el sistema de justicia criminal. Es la generalización de la concepción a todos los ámbitos, el vecindario, la familia, la escuela, etc. según la cual los conflictos tienen que ser castigados, tienen que ser penalizados. Esta industria opera de una manera muy sencilla: incremento de la inversión pública en gastos que tienen que ver con la penalización, con operarios judiciales (jueces, fiscales, abogados, etc.), policiales, y luego todo ese cuerpo que hay paralelo de psiquiatras, médicos, asistentes sociales, que trabajan en ámbitos más blandos del control y en medidas que se llaman “complementarias”.
La cárcel es el ejemplo más recurrente: en el Estado español tenemos un total –sumando las de Catalunya– de 75.000 personas presas, casi 30.000 funcionarios de prisiones que cobran por mantener a esas personas presas, más de diez mil vigilantes de los cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos toda una serie de empresas de abastecimiento, mantenimiento, reparación, etc. Así que de una persona presa vive muchísima gente. Y esto sólo en lo que se refiere a la industria carcelaria. La industria penal es mucho más amplia.
D.: ¿El Plan de Amortización de Centros Penitenciarios ha significado alguna mejora para los presos?
C.M.: Actualmente hay 58.000 plazas carcelarias reales para 75.000 presos, el número de plazas está muy por debajo del número de personas presas, pero seguirá igual por mucho que se construyan macrocárceles. La población carcelaria ha aumentado, en estos últimos años, a un ritmo de 4.000 a 5.000 personas en prisión al año. No sólo porque hayan entrado más personas y aumentado los sujetos criminalizados, sino porque se han alargado las condenas en muchos delitos, y se han reducido los beneficios penitenciarios. El sistema penitenciario está siempre colapsado y siempre se justifica la necesidad de la construcción de más prisiones. Este sistema carcelario, como todo negocio, crece en función de la oferta y la demanda: cuantas más plazas carcelarias haya, más personas habrá en prisión. No es al revés.
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