Diputados Se Interesan Por La Situación De Emilio Sánchez Del Peso y Los Motivos De Su Prolongada Huelga De Hambre

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La prolongada huelga de hambre de Emilio Sánchez del Peso, iniciada en el mes de agosto en la cárcel de A Lama en protesta por las reiteradas vulneraciones de derechos que padecen las personas presas en el penal, provocó la reacción de varias diputadas en el Parlamento Gallego y el Congreso español, que se interesaron por el estado de salud del interno y el fundamento de sus reclamaciones.

Carmen Acuña y Montse Prado (diputadas del Grupo Socialista y BNG respectivamente) realizaron varias llamadas al director de la cárcel para informarse sobre la situación y pudieron saber −a través de otros funcionarios pues el director no respondió a llamada− que E.S. estaba siendo atendido ya después de interrumpir la huelga de hambre debido al delicado estado de su salud.

Consuelo Martínez, diputada del Grupo AGE, solicitó a la dirección del centro poder visitar al interno pero la petición fue denegada. Posteriormente cursó solicitud a la Subsecretaria General de Relaciones Insititucionales y Coordinación Territorial, organismo que igualmente denegó la entrevista e indicó a la diputada que la visita deberia ser solicitada por el propio preso.

Por  su parte, Rosana Pérez Fernández (diputada en el Congreso por el BNG) registró el día 10 de octubre una pergunta para la cual solicita respuesta por escrito relativa la atención y el respecto a los derechos humanos de las personas que cumplen condena los centros penitenciarios del estado español. En el escrito dirigido a la Mesa del Congreso se hace referencia explícita a la situación de E.S. y a las denuncias de diversos colectivos que velan por la salvaguarda de los derechos de las personas presas. El texto de la pregunta presentada es el que sigue:

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

ROSANA PÉREZ FERNÁNDEZ, Diputada del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por ESCRITO relativa a la atención y el respeto a los derechos humanos de las personas que cumplen condena en los centros penitenciarios del Estado español.

Muchos los colectivos en todo el Estado español que vienen trabajando diariamente, y desde hace años, para dar a conocer la situación en la que viven las personas que se encuentran cumpliendo condena en los centros penitenciarios españoles.

Muchos de ellos han denunciado en numerosas ocasiones reiteradas vulneraciones del Reglamento Penitenciario y de los derechos humanos más fundamentales dentro de las prisiones y, en distintos casos, los propios presos han apoyado estas denuncias con diversas actuaciones de protesta.

En este caso se encuentra el preso del centro de A Lama-Pontevedra, Emilio Sánchez del Peso, que lleva desde el 14 de agosto en huelga de hambre en el módulo de aislamiento y cuyo estado de salud está cada día más deteriorado.

El Reglamento Penitenciario, en caso de huelgas de hambre de las personas ingresadas en los centros penitenciarios, establece que deben ser trasladados a la enfermería a partir de los 25 días y el médico del centro tiene que emitir un informe de seguimiento.

Las distintas noticias hechas públicas sobre el caso de Emilio Sánchez del Peso y las declaraciones de su abogado indican que, desde el inicio de su protesta, todavía no ha sido llevado a la enfermería ni al hospital a pesar de que el protocolo así lo establece.

En este tiempo, Emilio Sánchez del Peso ha estado apoyado con diferentes actos en diversos puntos del Estado y, recientemente, se ha entregado en los juzgados de Pontevedra una carta al juez de vigilancia penitenciaria responsable del centro de A Lama donde se denuncia la intolerable situación en la que se encuentra.

¿Es conocedor el Ministerio de Interior de los hechos expuestos más arriba? ¿Ha comprobado la veracidad de las informaciones públicas sobre este caso? De ser así, ¿ha iniciado algún tipo de actuación? ¿Cuál?

¿Qué razón esgrime para justificar que la persona mencionada no haya sido trasladada a la enfermería?

¿Se está respetando el protocolo establecido en el Reglamento Penitenciario en el centro de A Lama-Pontevedra en este caso concreto?

¿Tiene el Ministerio conocimiento de las denuncias realizadas por diversos colectivos sobre la vulneración de los derechos humanos en las cárceles españolas? ¿Ha iniciado alguna investigación por su parte derivada de esas denuncias o de oficio? De ser así, ¿cuáles han sido las conclusiones?

¿Considera el Ministerio que la atención y el trato recibido por las personas que cumplen condena en centros penitenciarios del Estado es el contemplado en la legislación vigente y, por tanto, escrupuloso con el respeto a los derechos que asisten a cualquier persona, incluidas las que se hallan en prisión?

10 de octubre de 2014

Rosana Pérez Fernández Diputada por A Coruña (BNG)

www.esculca.net

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