Desatención Y Trato Deshumanizado A Enfermos En La Cárcel De Bonxe (Lugo)

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En el juzgado número 1 de instrucción de Lugo se acumulan ya más de una docena de casos que salpican a funcionarios, médicos e incluso al director de la cárcel lucense de Bonxe. Algunos, referidos a presuntas desatenciones sanitarias que derivaron en la muerte de varios reclusos; otros, a supuestos favores ilícitos y beneficios para presos VIP; alguno más, a posibles malos tratos entre rejas.

El  caso abierto investiga la historia de Santos Lage, un enfermo que agoniza después de consumir 22 de los 53 años de su vida en celdas, y que asegura que la cárcel de Bonxe le ha “robado cuatro años” de libertad. El ex-preso enfermo de VIH, hepatitis crónica, atrofia muscular, desnutrición extrema y varias dolencias más, declaró en el juzgado y en la misma mañana fue examinado por un forense para determinar qué parte del deterioro físico de este extoxicómano se pudo deber a la mala atención de unos servicios médicos carcelarios que la juez vigila con lupa desde hace unos años.

“Este es un sistema deshumanizado”, lamenta el abogado, “¿no lo veían consumiéndose y muriendo cada día?”

En las últimas semanas de espera, Santos Lage ha estado hospitalizado varias veces, como él mismo dice, para “resistir”. Otras fuentes próximas al caso aseguran que la declaración  fue “muy satisfactoria”, y que durante cuatro horas Lage describió “muchos detalles” a la magistrada sobre su “calvario” en prisión.

El director de la cárcel de Bonxe, Modesto Gutiérrez, principal funcionario contra el que el exrecluso dirige su querella por prevaricación, no ha querido dar  su versión de los hechos porque se trata de un asunto “judicializado”.

“Los internos no pueden recurrir a una segunda opinión médica”, dice la juez. “Deben confiar a ciegas en los de prisión”

Santos Lage cuenta que jamás fue informado de que tenía derecho a pedir la acumulación de las condenas (por delitos semejantes, en este caso de robo con intimidación o con violencia para procurarse la dosis, pero ninguno de sangre), y que por lo tanto su pena debería haberse reducido sustancialmente. Según su abogado es responsabilidad de los servicios jurídicos de la prisión reunirse cada seis meses con el interno para revisar su situación, algo que, con Lage, según él, no se hizo.

En enero, después de varios ingresos hospitalarios de su cliente y a la vista del profundo deterioro de su salud,  pidió la libertad condicional “por razones humanitarias”. El juzgado de Vigilancia Penitenciaria se la denegó, dice, “basándose en el informe del médico” de prisión, que fue “aprobado por unanimidad por el director y la junta de tratamiento del centro penitenciario”. Allí se decía que Santos Lage “podía seguir delinquiendo”, recuerda el letrado, “cuando camina valiéndose de un bastón, y necesita tres cuartos de hora para recorrer 60 metros”. “Este es un sistema deshumanizado”, lamenta el representante legal, “¿no lo veían consumiéndose y muriendo cada día? Cuatro años, e incluso cuatro meses de más en la cárcel, para Santos, es toda una vida”.

Tras este intento fallido, Sinisterra optó por pedir la acumulación de condenas. Y lo hizo “a ciegas”, porque “a día de hoy, los servicios jurídicos del centro penitenciario no han facilitado el historial” con todas las sentencias de Lage. La respuesta no se demoró apenas: el 30 de marzo, el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo concedía la libertad al preso. Según él, después de haberlo “retenido” tanto tiempo, lo “echaron a la calle sin previo aviso”, sin dejarle telefonear a su abogado para que lo fuese a recoger y sin la medicación que necesita. Santos Lage toma “22 pastillas al día”, y durante una semana, hasta que gestionó la tarjeta de la sanidad pública gallega, solo tuvo aquellos fármacos que logró facilitarle la ONG que lo apoya, Aliad Ultreia. En los años que pasó entre rejas, al enfermo se le murieron el padre, la esposa y el hermano. Dice que nadie le avisó y que no pudo ir a los entierros. Cuando al fin, recuperada la libertad y sin familia viva, localizó a su abogado, le pidió dos cosas: ir a cenar pulpo e ir a ver las tumbas de sus parientes en A Coruña.

En la querella contra el director y los miembros de la junta de vigilancia penitenciaria de Bonxe, el ex recluso aporta documentación que supuestamente demuestra que en prisión no respetaron durante años la orden de un neumólogo del hospital público acerca de una medicina fundamental que debían suministrar al enfermo. El paciente relata, además, que su vida en la cárcel se tornó “invivible” cuando decidió recurrir al diario El Progreso de Lugo para denunciar sus problemas. Desde entonces, según recoge la querella, comenzaron las “represalias”. Recuerda que cuando tenía una crisis y buscaba ayuda en la enfermería de Bonxe el médico lo recibía diciéndole: “Vete con el periodista, a que te quite el dolor”, “te vas a comer toda la condena con patatas”.

La juez De Lara también quiere investigar los canales por los que supuestamente llega la droga a prisión. Según varios abogados consultados, a las familias y a los letrados se les revisa meticulosamente cuando van de visita y “parece imposible que entre nada por esta vía”. Pero varias de las muertes acaecidas en extrañas circunstancias dentro de Bonxe en los últimos años fueron achacadas a sobredosis.

En 2013, la juez llegó a imputar al jefe médico de Bonxe por la muerte de un preso. Le atribuía los delitos de omisión del deber de prestar socorro, homicidio por imprudencia grave y falsedad en documento público. En un auto durísimo con la cárcel, De Lara defendía que la asistencia médica a Emilio Pena, padre de familia de 33 años que cumplía una condena de otros tres por un delito de lesiones, había sido “nula”. Tenía “graves síntomas”, pero recibió “una total y negativa falta de atención”. El doctor Antonio Chorén le diagnosticó en el centro una enteritis, pero en realidad sufría pancreatitis aguda. El mismo día en que salió de permiso, sin poder apenas respirar ni caminar, su familia lo llevó a Urgencias y quedó ingresado. Ya no regresó a Bonxe porque murió a los tres días.

Según los testimonios que recogió la magistrada durante la investigación, el médico se negaba a explorar a Emilio Pena. “Ya estoy harto de verte aquí, no te quiero atender”, le gritó al enfermo -según contó luego otro preso- cuando le fue a rogar que autorizase su ingreso en un hospital. La última vez que, tal y como recoge el auto de la juez, entró a implorarle asistencia, el facultativo se limitó a lanzarle desde el otro lado de la sala unos sobres de suero oral para aplacar esa falsa enteritis que no remitía. El mismo jefe médico estuvo imputado por la muerte de otro recluso por infarto en un corto plazo de tiempo. Durante la investigación, la juez descubrió que Chorén, el único autorizado para usar el desfibrilador en prisión, se ausentaba de su puesto en horario laboral, y que al enfermo solo se le pudo intentar reanimar manualmente. Sin embargo, los casos tuvieron que ser archivados el año pasado por la muerte del médico imputado.

“La situación de privación de libertad es sin duda de las más terribles que puede sufrir una persona”, escribía Pilar de Lara en el auto con el que declaraba extinta la responsabilidad penal de Chorén. La atención sanitaria a los reclusos debe ser “no solo buena, sino extraordinaria” ya que “los internos están privados de la posibilidad de escoger uno u otro profesional, o de recurrir a una segunda opinión médica, debiendo confiar casi a ciegas en el criterio de los médicos que conforman el servicio de prisiones”. “Para acudir a urgencias deben pasar el filtro del servicio de guardia” del centro penitenciario. Y “tan siquiera son libres de poder tomar la medicación dispensada por los especialistas del servicio general de salud”.

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