Conclusiones Del Encuentro De Jueces De Vigilancia Penitenciaria, Fiscales E Instituciones Penitenciarias

CONCLUSIONES

LIMITACIONES REGIMENTALES

1. Las limitaciones regimentales del los párrafos primero y segundo del art. 75 RP no son regímenes de vida ad hoc, por lo que la temporalidad es una característica intrínseca a aquéllas; es por ello que transcurrido un plazo prudencial, de no poder alzarse, habrá de procederse conforme dispone el art. 75.3 RP.

2. La comunicación de la adopción de la limitación regimental, tanto la del párrafo primero, como la del párrafo segundo, del art. 75 RP por parte del Director del establecimiento penitenciario, ha de acompañarse de información bastante en cuanto a los hechos motivadores de la aquélla, amén de especificarse limitaciones concretas impuestas al interno.

3. Debe existir un efectivo control por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria tanto respecto a la adopción de la limitación regimental, como a su seguimiento y duración temporal.

NUEVA OFICINA JUDICIAL

1. La nueva estructura organizativa forma parte de un proyecto ambicioso e irreversible para
modernizar la Administración de Justicia de la que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
deben de formar parte, tomándose en consideración por el Ministerio, y velándose por el CGPJ
para que así sea, las características especiales y necesidades inherentes a su adecuado funcionamiento.

2. El Magistrado, responsable en la UPAD, y los Directores de los Servicios, responsables en los
mismos, no pueden trabajar como “compartimentos estanco” porque el expediente es único y el
mismo para todos.
3. La celeridad en la resolución que caracteriza a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria hace
precisa la colaboración, comunicación y consulta permanente entre todos los responsables e
implicados en la gestión de los procedimientos.

4. El expediente digital, correctamente implantado, debería haber sido el paso previo a la nueva organización, lo cual habría evitado gran parte de las deficiencias que el nuevo modelo organizativo tiene en la actualidad.

5. Deben de tenerse en cuenta en la implantación de la NOJ las peculiaridades de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria en aspectos tales como el registro de asuntos, su tramitación y la
ausencia de un marcos normativo procedimental.

6. La ausencia de Ley de Procedimiento en la jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria hace que sea preciso que cada titular pueda participar activamente, si es su voluntad, en la realización del Protocolo que fije la tramitación de los asuntos en su territorio, sin que esta circunstancia altere la homogeneidad pretendida por el MJU por la razón expuesta de ausencia de procedimiento y por la necesidad de alcanzar la máxima celeridad en la resolución de los expedientes, protocolo que ha de poder modificarse si las necesidades del Juzgado lo exigen. Se estima imprescindible que la aplicación informática determine la ubicación del expediente a fin de que su consulta permita a cada Unidad conocer los expedientes de los que se es responsable.

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

1. La sustitución de la pena de prisión (o el cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa) por TBC debería ser excepcional cuando el resultado de aquella operación dé lugar a un número de jornadas especialmente elevado.

2. En principio, no hay inconveniente en la ejecutividad inmediata del Plan de Ejecución elaborado por la Administración, sin perjuicio que la regla general debería ser la aprobación judicial previa a su ejecución.

3. Una vez declarado el incumplimiento por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, no cabe reiniciar el cumplimiento por parte de condenado.

4. A la hora de elaborar los Planes de Ejecución en los talleres laborales y formativos debe
definirse individualmente, según las características particulares de cada condenado, los objetivos a alcanzar, aspecto éste especialmente relevante para poder valorar si existe incumplimiento en caso de no alcanzarse el definido.

5. En caso de incumplimiento del TBC, tanto en los casos de ser pena sustitutiva, como forma de
cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de la multa, no
cabe deducción de testimonio por quebrantamiento.

6. En caso de incumplimiento del TBC en condenas ahora revisadas con motivo de la LO 5/2010, no por ello cabe entender que ha desaparecido el delito de quebrantamiento.

LAS MODIFICACIONES EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, A LA LUZ DE LA REFORMA OPERADA POR LA LEY ORGÁNICA 5/2010, DE 22 DE MAYO: ASPECTOS
PENITENCIARIOS PERIODO DE SEGURIDAD, ART 36.2 CP:

1. Derecho transitorio: Por aplicación del principio de ley penal más favorable, las condenas de más de cinco años por hechos anteriores a la entrada en vigor de la LO 5/2011, excluidas las
tipologías recogidas en la nueva redacción del precepto, se considera que no tienen periodo de seguridad, por falta de pronunciamiento expreso al respecto. En las condenas de más de cinco
años por hechos anteriores a la entrada en vigor de la LO 5/2011 en las tipologías específicas
recogidas en la nueva redacción, cabe exoneración del periodo de seguridad.

2. En la clasificación en tercer grado previa a la libertad condicional de enfermos terminales y
septuagenarios, no es exigible el periodo de seguridad.

LOCALIZACIÓN PERMANENTE

En el caso de la pena de localización permanente de cumplimiento en establecimiento penitenciario, se considera aplicable la normativa penitenciaria, Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento de desarrollo, en cuanto no se oponga a la naturaleza de la pena ni a sus condiciones de cumplimiento.

ABONO PRISIÓN PREVENTIVA

1. Art. 58.1 CP, situaciones posteriores a la entrada en vigor de la LO 5/2010: En el caso de
internos en los cuales concurra la doble condición de penado y de preventivo, procederá un
único abono del tiempo pasado en tal situación. Dicho periodo se imputará en su día a la causa
en la cual se acordó la medida cautelar si fuere condenado y sólo, si fuere absuelto, a otra
causa, para el caso de ser procedente conforme al art. 58.2 CP.

2. Art. 58.2 CP, abono por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la prisión preventiva a causa
distinta en la cual se generó: ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria sólo cabe el abono doble
del periodo de coincidencia de la condición de penado/preventivo en el caso de situaciones
anteriores a la entrada en vigor de la LO 15/2003. Tras la entrada en vigor de la LO 15/2003 sólo cabe un único abono.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

1. La DT 2ª LO 5/2010 olvida que el liberado condicional, a diferencia del condenado que tiene
suspendida la condena, está cumpliendo una pena privativa de libertad, con lo cual su condena, so pena de incurrir en una vulneración de principio de ley penal más favorable, debería ser objeto de revisión sin esperar a que el liberado incurra en causa de revocación.

2. La revocación de la libertad condicional y su no ejecución en estos casos, genera una notoria
disfunción en la medida en que se atribuye al Juez de Vigilancia una función de predicción de la futura actuación del sentenciador llamado a revisar la condena.

MEDIDAS DE SEGURIDAD: LIBERTAD VIGILADA
1. La configuración de la libertad vigilada subsiguiente a la pena de prisión dada por la LO 5/2010, contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional derivada de las SSTC 159/1985, de 27 de  noviembre, 23/1986, de 14 de febrero y 21/1987, de 19 de febrero, que establece que un único hecho no puede ser causa de una pena y una medida de seguridad, sin que quepa alegar que la primera trae causa en la culpabilidad y la segunda en la peligrosidad.

2. La concreción del contenido de la libertad vigilada subsiguiente a la pena de prisión vendrá muy condicionado por el éxito de tratamiento penitenciario.

3. Resulta llamativo que el Art. 61 LOGP y 112 RP establezcan la voluntariedad del Tratamiento penitenciario y por otro lado el contenido del mismo (participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares) pueda ser impuesto coactivamente en la libertad vigilada subsiguiente a la pena de prisión, so pena de incurrir en un delito del art. 468 CP.

4. Se considera Juez de Vigilancia Penitenciaria competente territorialmente para el seguimiento de la libertad vigilada subsiguiente a la pena de prisión al del lugar de residencia del individuo sujeto a la misma (mismo criterio que en el seguimiento de las medidas privativas de libertad).

Conclusiones Jueces Vigilancia 2011

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