Hablamos de la huelga de hambre de Carmen Badía Lachos, en su 41º día, y de la convocatoria de una jornada de acción solidaria con ella para el próximo 24 de abril. Leemos comunciados de algunos presos en lucha y recordamos la convocatoria de huelga de hambre colectiva para el 1 de mayo. Comentamos con varios compañeros de Marruecos el fin de la huelga de hambre de presxs palestinos en manos del Estado de Israel al lograr la mayor parte de sus reivindicaciones, las luchas sociales y su represión en el Rif y en el resto de Marruecos.
Categoría: <span>Sociedad-cárcel</span>
Como decíamos en una noticia reciente, el 29 de abril empieza en Bruselas el juicio contra doce personas, de tendencia libertaria y antiautoritaria, acusadas finalmente de “asociación de malhechores”, después de que la fiscalía intentara imputarlas por terrorismo. Se les acusa de multitud de acciones, muchas de ellas anticarcelarias y de haberse organizado durante unos cuantos años para realizarlas. Reproducimos a continuación este texto que nos ha llegado y que se puede descargar también en pdf, donde se explican los detalles del caso y sus antecedentes.
A finales de 2008, en medio de hostilidades difusas desencadenadas por la revuelta en Grecia tras el asesinato de Alexis por la policía, la fiscalía federal belga lanza una investigación focalizada contra anarquistas y antiautoritarios. En el 2010, basándose en una lista de acciones que la policía atribuye al “movimiento anarquista” y cuando la lucha contra la construcción de un nuevo centro de detención en Steenokkerzeel está en marcha, la juez de instrucción Isabelle Panou es asignada a la investigación, correspondiente ahora, a la lucha antiterrorista.
En mayo, y posteriormente en septiembre del 2013, se llevaron a cabo una decena de allanamientos dentro del marco de esta investigación, éstos se realizaron en diferentes domicilios, así como en la biblioteca anarquista “Acrata” localizada en Bruselas, ocasión en la que se deja ver por primera vez de qué tipo de investigación contra el terrorismo se trata. Dirigida por la sección antiterrorista de la policía judicial federal, respaldada tanto por la Seguridad del Estado, como por el Servicio General de inteligencia y Seguridad militar, y distintas secciones antiterroristas de otros países europeos. La investigación se cerró en el año 2014, remitiendo al día de hoy a 12 anarquistas y antiautoritarios ante la Sala del Consejo.
Después de una sesión para la legalización de métodos específicos de investigación utilizados en el marco de este caso (seguimientos, escuchas telefónicas, la colocación del micrófonos en un domicilio, allanamientos secretos, intentos de infiltración, colocación de dispositivos de videovigilancia frente a varios domicilios y en el interior de uno de ellos), en octubre del año 2015, el caso se remite a la Sala de la Corte. En la sesión de la Cámara prevista para el 10 de mayo del 2016 se determinará si va a haber juicio y, si es así, bajo qué cargos.
En esta investigación, la Fiscalía Federal ha intentado elaborar al menos 29 cargos individualizados. Nueve compañeros están acusados de pertenecer a una organización terrorista y de participación en actividades terroristas por períodos más o menos prolongados. Tres de ellos están además acusados de ser los “dirigentes”. Asimismo, otras tres personas, que fueron detenidas en medio de la multitud durante un ataque a la comisaría de Marolles, están acusadas por su parte, de pertenecer por un día a este grupo terrorista, así como de diversos cargos relacionados con este ataque. Esto es respecto a la acusación engeneral.
Luego, todo esto se complementa con otros cargos más específicos, tales como la participación en una manifestación espontánea afuera del centro de detención 127 bis en Steenokkerzeel (calificada por la fiscalía como “intento de incendio” y “delito terrorista”), la preparación y participación en un ataque contra la estación de policía en Marolles (calificadas por la fiscalía como “delito de terrorismo”), asalto y lesiones a los agentes de policía en varias ocasiones, la obstrucción de la vía pública, degradaciones diversas y variadas, robos menores, incendio de coches de funcionarios de las prisiones en el estacionamiento de la prisión de Ittre, incitación a cometer delitos de terrorismo… Cabe señalar que estas acusaciones específicas se dirigen concretamente hacia ciertos compañeros, es decir, que no todos están inculpados por el conjunto de las acusaciones.
En el fondo de esta investigación, que se ha prolongado por varios años, dejando al menos 32 cajas de papeleo, la Fiscalía Federal plantea la hipótesis de que un “grupo anarquista terrorista” estaría activo, específicamente en Bruselas, y que los acusados habrían “participado” o “favorecido” dichas actividades. Por ejemplo, se ha producido una lista de cerca de 150 ataques, un buen número de los cuales han sido incendiarios, contra las estructuras de dominación: estaciones de policía, los tribunales, los bancos, las empresas que se enriquecen con el encarcelamiento, las obras de construcción, vehículos diplomáticos, eurócratas y funcionarios de la OTAN, antenas de telefonía móvil… Todos estos ataques tuvieron lugar en Bruselas y sus alrededores, entre 2008 y 2013.
La invención de un grupo terrorista como el responsable de todos estos actos (aunque sólo sea por “haberlos hecho posibles”) permite manipular teatralmente las apariencias a favor de las acusaciones, de manera que una biblioteca se convierte en un lugar de reclutamiento, las charlas comunes se convierten en reuniones clandestinas, folletos y periódicos de crítica anarquista se convierten en manuales de guerrilla urbana, las manifestaciones y concentraciones se convierten en llamados al terrorismo, los lazos de afinidad entre las personas en lucha y la autoorganización que pueden generar, se transforman en “un grupo terrorista estructurado”.
La invención de un “grupo terrorista anarquista” es obviamente un intento bastante torpe del Estado para reducir la subversión antiautoritaria y revolucionaria a la acción de un solo “grupo estructurado”. Al tratar de poner tras las rejas a un puñado de anarquistas incómodos, el Estado busca disuadir a los refractarios de pasar a la acción directa contra lo que nos oprime y explota e imponer un silencio absoluto a los deseos, posibilidades y reflexiones críticas que se confrontan a este mundo autoritario. Lo que se propone juzgar, es todo un mosaico de luchas, revueltas, ideas, acciones directas, críticas, imaginarios revolucionarios, agitaciones que durante años han buscado enrentarse a la dominación.
Por lo tanto, este posible proceso, no concierne únicamente a los compañeros acusados, sino a todo individuo, a todo anarquista, a todo revolucionario, a todo rebelde en contra del orden establecido, a todo insumiso ante la autoridad que se niega a quedarse de brazos cruzados frente a la explotación y la opresión. Lo que se propone juzgar, es la búsqueda de la autonomía a través de la acción, la autoorganización en la lucha, la acción directa en toda su diversidad, la elección de defender y difundir las ideas anarquistas y revolucionarias, participar junto con otras revueltas en los combates autoorganizados y autónomos. Y, por último, sin duda alguna, un enfoque combativo del anarquismo que parte del individuo, de la afinidad, de la informalidad.
Sería algo extraño separar la represión que hoy golpea a algunos anarquistas y antiautoritarios del conjunto de la represión que busca domar (a menudo de forma preventiva) cualquier crítica al orden establecido y a la revuelta. A base de “amenazas terroristas”, crisis de los refugiados, lucha contra la delincuencia y guerras bien reales, la represión del Estado se acelera. En un momento en el que los cambios y las reestructuraciones modifican mas rápidamente la conflictividad social, neutralizar a los que molestan con su pensamiento y sus acciones, a fin de cuentas tiene por objeto neutralizar a los explotados y oprimidos: el endurecimiento de las condiciones de supervivencia, la militarización de fronteras, la imposición del control tecnológico masivo, la construcción de nuevos campos de detención…
Defenderse contra este golpe represivo que busca remitir a los compañeros ante un tribunal bajo los cargos de terrorismo, es defender la posibilidad y el espacio de la acción anarquista y antiautoritaria. Y, a través de la solidaridad con los compañeros acusados, hacer frente a la represión del Estado que busca paralizar toda acción subversiva.
“Si la lucha por la libertad es un crimen, la inocencia sería realmente lo peor de todo”
abril 2016
Información en francés:
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La Lime. Caisse de solidarité bruxelloise
Reunion cada primerr lunes de mes, a las 19:30, en Acrata
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Acrata, biblioteca anarquista
Rue de la Grande Ile 32 – Bruxelles
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Para el próximo 29 de abril han fijado las autoridades judiciales del Estado belga el inicio de un juicio contra doce personas acusadas de «asociación de malhechores». En todas partes cuecen habas, y semejante farsa sería la culminación del gran despliegue de medios que el Estado belga empleó,entre 2008 y 2014, para intentar atrapar en el típico montaje «antiterrorista» de estilo europeo a lxs anarquistas que, desde hacía años, estaban realizando un esfuerzo de agitación antiautoriataria, anticapitalista y anticarcelaria. A pesar de que durante seis años la policía belga ha puesto en juego toda su tecnología de vigilancia, infiltración, provocación, etc, el montaje ha tenido que ser rebajado, por lo endeble de las «puebas» obtenidas, a una acusación algo menos rimbombante, aunque doce compañerxs se arriesgan todavía a entrar en la cárcel por su causa. ¡Que no sean las artimañas represivas de la dictadura «democrática» del Capital las que nos hagan desistir de nuestros deseos de libertad! Más abajo, una nota que nos ha llegado explicando un poco el asunto y algunos enlaces donde puede ampliarse la información sobre él.
De 2008 a 2014, el Estado belga ha llevado a cabo una vasta investigación concentrada en las luchas multiformes –pero siempre sin concesiones– dirigidas contra los centros de encierro, las fronteras, las cárceles y contra este mundo basado en la autoridad y en la explotación.
En su punto de mira, se encontraban la biblioteca anarquista Acrata, publicaciones anarquistas y antiautoritarias (Hors Service, La Cavale y Tout doit partir), decenas de panfletos y carteles, una buena centena de acciones, ataques y sabotajes… en fin, la lucha contra el poder en sus distintas expresiones.
Inicialmente perseguidos por «participación en un grupo terrorista», finalmente, a lo largo de la semana del 29 de abril de 2019, serán juzgados 12 compañeros acusados del delito de «asociación de malhechores».
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Damos algo de información sobre la situación de Anahí Esperanza Salcedo, compañera anarquista, presa en la cárcel de Ezeiza, en Argentina, a quien el Estado niega la atención médica que necesita con urgencia. También sobre la huelga de hambre de Carmen Badía Lachos, en su 22º día, y sobre el apoyo que está trecibiendo de algunxs presxs en lucha. Entrevistamos a Paz Francés, que ha venido a Valencia a hablar sobre feminismo antipunitivista y a presentar un libro recién publicado, escrito por ella en colaboración con Diana Restrepo: «¿Se puede terminar con la prisión? Críticas y alternativas al sistema de justicia penal?». Leemos algunas cartas de presxs en lucha.
Emitimos gran parte de una reciente charla, organizada en Valencia por el Grup de Suport a Persones Preses, de una componente de Marea Turquesa, plataforma de autodefensa de familiares frente a los robos de niñxs por las administraciones estatales y la inhumanidad de lo que ellas llaman «protección de la infancia» y es, más bien, todo lo contrario. Leemos una entrevista a Toni Chavero sobre la experiencia de lxs presxs en lucha. Entrevistamos brevemente a unx de lxs repobladorxs de Fraguas sobre ese proyecto y la represión que ha sufrido.
Hablamos de muertes muy recientes en las cárceles del Estado español, cada dos días muere una persona presa, como mínimo. Emitimos una entrevista con Ignacio González Sánchez sobre la cárcel como gestión de la miseria, tema de una charla, organizada por el Grup de Suport a Persones Prese de Vlència, que ofreció en esa ciudad el sábado pasado.. Y otra con Libertad Francés sobre la campaña Salhatu 2018 de Salhaketa Nafarroa, que llama a denunciar la violencia institucional en todos los ámbitos. Hablamos también de enfermos graves en prisión y de las posibilidades legales de su excarcelación, frustrada por la política al respecto tanto de los gobiernos abiertamente fachas como de los que dicen ser «de izquierdas». Y de algunas cosas más que afectan a las personas presas del Estado español.
Hace poco ha estado en Valencia, dando una charla sobre la cárcel como gestión de la pobreza, Ignacio González Sánchez, que trabaja como profesor de criminología en la universidad de Girona. No es la primera vez que colabora en jornadas de reflexión organizadas por colectivos abolicionistas, antipunitivistas o anticarcelarios y, por ejemplo, en el mes de noviembre participó en las Jornades Obertes ¿Parlem de la presó? en Barcelona, y en Iruñea, en las III Jornadas antipunitivistas. El vídeo de su aportación a estas últimas es el que encabeza esta noticia. Como su propuesta de reflexión crítica sobre la cárcel nos parece lúcida, clara y útil para los mismos fines que nosotrxs perseguimos, imitamos a nuestras compañeras de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria y vamos a hacernos eco de una serie de artículos sobre la cárcel y el sistema punitivo publicados en The Social Science Post, una página web que pretende «acercar al conocimiento general» trabajos universitarios. Estos son de hace unos cuantos años, pero, para nosotrxs, todavía actuales. Nos importan bastante poco la originalidad o «las exclusivas» y mucho más que este buen material esté al alcance de lxs enemigxs del poder punitivo.
¿Cuándo fue la última vez que te paraste a pensar en «la cárcel»?
Sin cárcel que atemorizase a los delincuentes y evitase los robos y los asesinatos, la sociedad no podría mantenerse. No obstante, la cárcel como pena apenas cuenta con 300 años. ¿Cómo mantenían un cierto grado de orden las sociedades anteriores? ¿Evita la cárcel que haya robos y asesinatos hoy en día? ¿Por qué nos parece una respuesta tan natural y válida encerrar a alguien que incumple la ley? ¿Por qué los castigos corporales nos generan aversión y a nuestros antepasados no? ¿Eran menos humanos que nosotros? ¿Por qué no consideramos el encierro como un castigo corporal? ¿Es casualidad que la cárcel surgiese paralelamente a las grandes ciudades y a la pobreza? ¿Es la cárcel una institución capitalista?
Descubrir que la cárcel tiene un origen histórico, y que no ha estado ahí “desde siempre”, es en sí mismo un acto político. No hablo ni siquiera de dejar de entender la cárcel como una consecuencia automática de la aplicación del Derecho y verla como una institución política (Foucault, 1975) –algo, por lo demás, fundamental si se quiere entender mínimamente esta institución-, sino simplemente de desnaturalizar el que la respuesta a la delincuencia (¿a todas las formas de delincuencia?) sea encerrar a alguien.
¿Qué sentido tiene encerrar a alguien? O mejor, ¿qué sentidos tiene encerrar a alguien? La cárcel tiene que dar el suficiente miedo como para que quien se plantee delinquir termine por no hacerlo. Para ello ha de tener unas condiciones malas. No obstante, le pedimos constitucionalmente a la cárcel que rehabilite a los delincuentes. ¿Todos los delincuentes necesitan rehabilitarse, resocializarse? ¿Cómo queremos que la cárcel rehabilite si a la vez nos molesta que tengan un televisor –herramienta básica para mantenerse informado-? ¿Cómo podemos convivir con ideas tan contradictorias como reprocharle a la cárcel que sea poco exitosa rehabilitando y a la vez deseamos que muchos delincuentes “se pudran” en la cárcel? No a todos los delincuentes, porque hay de muchos tipos, pero entonces ¿por qué usamos para todos el mismo remedio, la cárcel? ¿Alguien se resocializa pudriéndose? ¿Es justo que le pida a una persona que se reinserte en una sociedad alejándolo de ésta y dejándolo en barbecho junto con otros delincuentes durante años? Ahondar en las contradicciones y en las demandas opuestas a las que tiene que hacer frente la cárcel es un primer paso para comprender sus dinámicas internas.
No obstante, se repite mucho que el problema es que las penas no son suficientemente duras y que delinquir sale gratis. Sin volver a la contradicción de pedirle a la cárcel que sea tan mala como para que nadie quiera ir allí, pero tan buena como para ofrecerle oportunidades a los presos que la propia sociedad no les ha dado, se puede acudir a los datos: España tiene ya uno de los Códigos penales más duros de Europa, y las penas son el doble de las previstas de media para el resto de los países europeos. Es decir, comparativamente, en España se castiga una barbaridad, a pesar de hacerlo de una forma tan civilizada como la cárcel. Estamos en el podio de los países que más castigan de la antigua UE-15. ¿Por qué no sabemos esto, si precisamente la finalidad de las leyes duras es que su conocimiento prevenga el delito? ¿Tiene que ver con un intento desesperado de frenar el incremento de la inseguridad? Podría ser, pero coincide que la delincuencia en España es particularmente baja, especialmente en lo relativo a delitos violentos (de los tres países europeos más seguros en materia criminal). No sólo es baja, sino que la tasa de delincuencia lleva estabilizada en ligero descenso desde 1989, mientras que el número de presos y de policía ha seguido aumentando. ¿Por qué, si no hay más delincuencia, se amplía el uso de sistema penal? Si no hay más delitos pero hay más presos, ¿a quiénes se está encerrando? ¿Por qué se sigue oyendo a políticos que piden el “cumplimiento íntegro de las penas” cuando éste ya se aprobó en 1995? ¿Saberlo no ayudaría a reducir la delincuencia? ¿La delincuencia depende de los cálculos que hagan los delincuentes con el Código penal en mano? Por cierto, ¿quiénes son “los delincuentes”? ¿Alguna vez has delinquido? ¿Te consideras un delincuente?
Lo fundamental, más que estos datos que más adelante se explicarán debida y matizadamente (ver González Sánchez, 2011), es el hecho de nuestra ignorancia al respecto. En verdad, ni siquiera sabemos que lo ignoramos, porque la cárcel y la penalidad nos dan respuestas a preguntas que no llegamos a plantearnos explícitamente, precisamente porque ya tenemos unas respuestas “válidas”, preconcebidas. Esta fuerza cultural que tiene la cárcel para proveer una guía de actuación simple y cuasi automática ante un fenómeno tan complejo como es el de la delincuencia, es tan importante como el hecho de que la mayoría de las personas penalizadas pertenecen a las clases bajas, por lo que algunos autores plantean que no es una respuesta cuasi automática a la delincuencia, sino a la pobreza y el conflicto social inherente a una sociedad desigualitaria. Su faceta material, represiva (de conductas, de cuerpos), y su faceta comunicativa productiva (de categorías sociales, de reducir las ansiedades) se entrelazan y refuerzan constantemente.
En la serie de textos que seguirán a este, me centraré en la “penalidad”, entendida como el conjunto de leyes, procedimientos, discursos, instituciones y prácticas asociadas al castigo como institución social (Garland, 1990). Cómo y cuánto castigamos, o nos castigan. El primer paso es descubrir que, en general, no pensamos sobre la cárcel y el sistema penal, sino que pensamos con él, a través de él. Si la cárcel sirve para reducir la delincuencia y la delincuencia está aumentando, habrá que aumentar los años de cárcel, se piensa lógica y evidentemente (o, mejor, se sabe sin pensar, debido precisamente a que es “evidente”). Raramente nos cuestionamos si la cárcel sirve para reducir la delincuencia, si las penas ya son suficientemente elevadas, o siquiera si la delincuencia está aumentando o no. O cómo mide la policía la delincuencia. Le encargamos al Estado la custodia de ciudadanos y ni siquiera sabemos cuáles son las condiciones del encarcelamiento, ni cuánta gente hay, ni si salen de allí y en qué condiciones. La cárcel promete una solución sencilla a un problema complejo, y tal vez con eso le sea suficiente. Aquí se promete plantear cuestiones sencillas a una institución aparentemente sencilla, pero muy compleja.
¿Cuándo ha sido la primera vez que te has parado a pensar en “la cárcel”?
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Bibliografía:
Foucault, Michel. [1975]. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo XXI, 1979.
Garland, David. [1990]. Castigo y sociedad moderna: un estudio de teoría social. México: Siglo XXI, 1999.
González Sánchez, Ignacio. (2011). “Aumento de presos y Código Penal: una explicación insuficiente”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 13: artículo 4.
Hablamos de la reciente jornada de reflexión celebrada en Valencia, sobre la caja de resistencia antirrepresiva donde se coordina gente de diferentes ciudades griegas; de la situación actual de lxs perseguidxs y presxs por los «sucesos de Altsasu»; de algunxs compañerxs presxs en lucha y de las ideas que están poniendo en práctica; y de la siguiente jornada de reflexión, que va a tener lugar este mismo sábado, sobre la cárcel como gestión de la pobreza, organizada por el Grup de Suport a Persones Preses de València.
Este es un artículo de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria publicado ayer en catalán en la página web de La Directa y en castellano en el blog de esa asociación, cuyo fin es la autodefensa de familiares y amistades de personas presas y la protección de éstas.
LA HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES PISOTEA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRESAS Y DE SUS FAMILIAS
Como sabe todo el mundo, ya que la práctica totalidad de los medios de comunicación llevan muchos meses aireando exhaustivamente sus argumentaciones, los funcionarios de la Secretaría General de Instituciones Penitencarias —excluidos, por tanto, los que están a las órdenes de la Generalitat— han realizado, en octubre y noviembre, seis jornadas de huelga general. Para los convocantes, un “éxito”, con alto porcentaje de participación. La culminación de una campaña propagandística y de movilizaciones, que ha ido in crescendo durante el último año y medio. O de su primera etapa, ya que piensan seguir por el mismo camino mientras no se atiendan sus demandas. Los portavoces de sus sindicatos —ACAIP, CSIF, CCOO, UGT y CIG— dicen que, desde que empezaron los recortes por la crisis, su vida es un “calvario”, que su situación laboral es precaria y su sueldo escaso, que sus plantillas están mermadas, envejecidas y poco formadas y, sobre todo, que han aumentado desmesuradamente las agresiones de la población encarcelada hacia ellos. Exigen, entre otras cosas, aumento de sueldo, incremento de las plantillas, reactivación del protocolo contra esas supuestas agresiones aprobado por el anterior gobierno, y que se les considere “agentes de la autoridad”. “Estamos pidiendo al Gobierno que nos ampare, que nos proteja”, dicen. “Como faltan funcionarios, el servicio público penitenciario se deteriora, se controla peor a los internos y hay más agresiones”. Se presentan como víctimas de la violencia de las personas presas. “Tu abandono me puede matar”, rezan algunas de sus pancartas.
Para nosotras, una mentira no se convierte en verdad por mucho que se repita. Y desde nuestra perspectiva se ve un panorama de las cárceles españolas totalmente distinto: a muchos de nuestros familiares presos se les ha torturado y maltratado; existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a quienes lo sufren; se traslada arbitrariamente a las personas presas, desarraigándolas de su entorno social y familiar; la comunicación con la calle está muy restringida, igual que el acceso a la cultura y a la educación; se censuran las publicaciones y no existe libertad de expresión ni de asociación; la explotación laboral es enorme; las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres; la situación médico-sanitaria es catastrófica, ya que la administración incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar la igualdad de prestaciones médicas y farmaceúticas entre la población encarcelada y el resto de ciudadanos; muchos enfermos graves quedan abandonados, sin diagnóstico ni tratamiento alguno, pero no se aplica la legislación que permitiría excarcelarles más que cuando ya es seguro que van a morir pronto; el tráfico de drogas ilegales está consentido y, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin control médico adecuado; hay muchas personas presas con enfermedades psiquiátricas que no reciben los cuidados correspondientes, sino que muchas de ellas van a parar al régimen de castigo; la mortalidad es mucho mayor que en la calle, a menudo por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita», con muchos fallecimientos en circunstancias extrañas y dudosas, nunca aclaradas, pues no se cumplen los trámites legales ni se da a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las administraciones carcelaria y judicial que les perjudican. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, encargados de la “tutela judicial efectiva” de los derechos de las personas presas, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican. Algunas personas presas están denunciando todas esas situaciones que convierten en papel mojado el principio constitucional de que las condenas estén orientadas a la reinserción social. Llevan varios años haciendo ayunos y huelgas de hambre para dar a conocer una tabla reivindicativa donde se enumeran y analizan muchas de las vulenraciones de derechos y tratos crueles, inhumanos y degradantes que están sufriendo. Justo en el mes de octubre han hecho una huelga de hambre colectiva, realizaron otra en mayo y hay una nueva convocatoria del 10 al 25 de diciembre. El eco mediático de esa actividad prácticamente no ha existido, aparte del que han querido darle, afortunadamente, algunas publicaciones alternativas coordinadas con grupos libertarios y asociaciones abolicionistas, garantistas o defensoras de los derechos humanos. Una difusión muchísimo menor, por supuesto, que la que ha apoyado incondicionalmente la propaganda de la huelga de funcionarios.
Ellos quieren “que se dignifique el trabajo de los funcionarios de prisiones y se les valore” y se quejan de que en las condiciones actuales no pueden llevar a cabo su “labor de reinserción”. Pero tanto en su práctica habitual como en sus reivindicaciones y en su modo de intentar imponerlas demuestran que prefieren seguir siendo unos profesionales de la violencia. De todas formas, la interpretación de la radicalmente ambigua ley penitenciaria que da primacía a los criterios de seguridad sobre el “principio de rehabilitación” se ha consolidado en las sentencias de los más altos tribunales. Los sindicatos carcelarios ya habían anunciado antes de la huelga —convocada a propósito en fin de semana, cuando se realizan preferentemente las visitas— que pretendían colapsar las comunicaciones entre las personas presas y sus familias para que «los ciudadanos entiendan la situación en la que nos encontramos”. Es la forma más habitual de actuar de los de su gremio para presionar a la otra parte en sus conflictos laborales: perjudicar todo lo posible a las personas presas y a sus allegados, provocarles para ver si se rebelan, justificando así la represión y dándoles la razón en su victimismo. Se han perdido visitas médicas, citas hospitalarias, turnos quirúrgicos, medicaciones, curas, comidas, entrevistas con abogados, comparecencias judiciales, permisos de salida, horas de paseo, actividades deportivas, culturales o educativas… y, sobre todo, comunicaciones. Sus piquetes han bloqueado las entradas a las cárceles y coaccionado a las personas que venían de visita, impidiéndoles entrar siquiera a los recintos, donde quizá habrían podido ser atendidas por los servicios mínimos. Imaginaos que, después de un largo viaje, con el correspondiente gasto, deseando abrazar a un ser querido preso que está esperando con ansiedad vuestra llegada, os encontráis con una banda de guardianes que, aunque no estén de servicio, con su prepotencia habitual, os impiden el paso e incluso os amenazan, bajo la mirada de la guardia civil o de la policía, que asisten pasivamente a esos comportamientos tipificados como delitos, cometidos ante sus narices.
Asímismo, durante el mes de noviembre, han arreciado las provocaciones y palizas a la gente presa, tergiversadas ante los jueces en las correspondientes contradenuncias y publicadas enseguida en los medios como “una nueva agresión contra los funcionarios”. ¿Cómo puede ser que suceda eso? En primer lugar, porque los poderes dominantes en la sociedad española, incluidos los que controlan los medios de comunicación, están a favor de la tortura y no existe ninguna voluntad política de combatirla. Y, además, porque, en las cárceles, las torturas y malos tratos se producen generalmente en lugares donde no hay videovigilancia ni testigos. Y, si no, se destruyen las grabaciones de video, se pierden o no tienen la suficiente calidad para ver lo que ha sucedido realmente. Mientras las víctimas y testigos no se atreven a denunciar, por temor a represalias, ya que quedan a merced de los torturadores. Los médicos se niegan a extender los correspondientes partes de lesiones o las minimizan; los jueces suelen denegar las diligencias de investigación que se les solicitan; la fiscalía se opone a ellas sistemáticamente, y las denuncias resultan archivadas en su mayor parte. Además, los carceleros suelen denunciar a su vez a quienes han maltratado, acusándoles de “resistencia”, “desobediencia”, “atentado” y lesiones como torceduras de muñeca, por manejar la porra con demasiado entusisasmo, dedos rotos, a causa de golpes mal dados, o contusiones, que se producen al chocar unos con otros cuando se abalanzan, diez contra uno, sobre una persona presa. Y encima quieren que se les considere “agentes de la autoridad” para que sus manifestaciones gocen de “presunción de veracidad” y las condenas contra los presos denunciados se agraven considerablemente.
De manera que lo que se viene a plantear fundamentalmente en esta huelga es una defensa todavía más cerrada de la impunidad en la tortura dentro de las cárceles, que se valore por ese mismo hecho a quienes la ejercen y que se les recompense por ello. Nosotras no podemos menos que oponernos frontalmente a esa pretensión. Querríamos reunir la fuerza suficiente, que sólo puede venir de la autoorganización de las personas afectadas y la coordinación de esfuerzos entre ellas y con todas las personas y organizaciones sensibles a estos problemas. Y desde este campo, además de que se remedien todas las demás vuleneraciones de los derechos de la personas presas, lo que cabe exigir prioritariamente es que se tomen medidas especiales para acabar con esa impunidad en la práctica de la tortura, controlando en primer lugar, precisamente, a los funcionarios de prisiones. Harían falta acciones de mucho mayor alcance, —como, por ejemplo, que la fiscalía y el resto del poder judicial actuaran realmente contra la tortura y los demás abusos—, pero, mientras nos preparamos para exigir aquéllas, se nos ocurren una serie de medidas concretas: que los médicos que extienden los partes de lesiones sean independientes de las instituciones penitenciarias; que no haya puntos ciegos en los sistemas de videovigilancia; que sea fectivamente obligatorio guardar y entregar al juez las grabaciones de video; que éstas lleven también grabación de audio; que se graben igualmente las conversaciones a través de los interfonos que conectan las celdas con los funcionarios de guardia… Nos parece mucho más urgente destinar a todo eso la cantidad necesaria de dinero público que gastarla en subirles el sueldo a los carceleros.
En fin, los funcionarios de prisiones ejercen su derecho fundamental a la huelga pisoteando, como mínimo, los derechos fundamentales de las personas presas, de sus familiares, amistades y abogados. Apoyados por algunos sindicatos supuestamente obreristas, se presentan como “trabajadores”,. Pero lo que distinguió siempre a la clase obrera —recordémoslo, ahora que todo el mundo quiere pertenecer a la “clase media”— fue, precisamente, la solidaridad, de donde brotaba su fuerza para enfrentarse a las condiciones opresivas de dominación y explotación. Y los carceleros no sólo son servidores activos de esa misma opresión, sino que su actitud en la defensa de sus intereses laborales es profundamente insolidaria. Con ella, han vulnerado, entre otros, nuestros derechos a la vida y a la integridad física y moral, a la salud, a la defensa jurídica, a no padecer tratos crueles, inhumanos y degradantes… Tampoco han quedado garantizados los servicios mínimos, que prácticamente no se han prestado, ni se ha avisado adecuadamente a las personas afectadas de los que iban a quedar restringidos por la huelga. De todo ello son responsables los funcionarios de prisiones huelguistas, los sindicatos convocantes y, en muchos aspectos, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Proponemos, por tanto, a las personas presas, familiares, amistades, abogados, etc. que se hayan visto perjudicados de algún modo por la huelga de funcionarios de prisiones, por sus abusos durante la misma y por la negligencia de la administración penitenciaria entablar colectivamente acciones legales contra ellos, por las vulnaraciones de nuestros derechos, por las acciones delictivas perpetradas contra nosotros y por las daños y perjuicios materiales y económicos que se nos han causado.
Convocamos a todas las personas afectadas a que nos envíen sus datos —nombre, apellidos y número de DNI— y un relato de lo que les ha sucedido a la siguiente dirección de correo electrónico: lavozdelxspresxs@riseup.net.
Está claro que esto sólo sería el principio de una acción en común de mucho mayor alcance. Quienes vivimos día a día lo que sucede en las cárceles sabemos lo necesario que es que nos coordinemos para afrontarlo.
Hablamos con gente del Grup de Suport a Presxs de Lleida sobre sus más recientes actividades, sobre su VI marcha de antorchas contra la cárcel de Ponent, convocada para el 24 de noviembre, y sobre cómo se ve con su perspectiva la lucha social antipunitiva. Después hablamos con las madres de dos presos y la compañera de otro, todos los cuales han sufrido torturas recientemente a manos de los carceleros. Comentamos el cinismo de los sindicatos de boqueras y de los falsimedios que les apoyan, al basar el sucio marketing victimista que usan en su huelga en acusar a lxs presxs de agredirles, cuando quienes lo vivimos de cerca sabemos que son ellos los torturadores y son, precisamente, las condiciones de su impunidad en esa práctica lo que están defendiendo principalmente con su huelga. Leemos varios artículos sobre el tema y hablamos con Vicent de lo mismo y de la jornada anticarcelaria que ha habido hoy en Barcelona.