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COMUNICADO

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son cárceles encubiertas para inmigrantes que no han cometido delito alguno, pues la residencia sin papeles no es más que una falta administrativa.

La existencia de los CIEs refleja una creciente criminalización contra la población inmigrante. Sólo el 53% de las personas retenidas son finalmente expulsadas. Para el 60% de los que están entre 40-60 días finalmente no se ejecuta su expulsión. El internamiento genera muchas situaciones de sufrimiento injusto, en unas condiciones mucho peores que las cárceles.

Inspectores de Instituciones Penitenciarias acudieron en días pasados a la prisión de Villabona para interrogar a un funcionario denunciado por un recluso en relación a un incidente ocurrido en la enfermería del centro penitenciario hace dos semanas. El preso, que lleva ya tiempo en el centro penitenciario, denunció un uso desmedido de la fuerza al ser esposado. Instituciones Penitenciarias ha abierto un nuevo expediente para aclarar lo ocurrido y comprobar si se han producido responsabilidades disciplinarias.

Lérida: desde el grupo de apoyo a presxs en lucha de Ponent os invitamos al acto que se realizara el próximo 21 de Febrero en la sala de juntas de la Facultad de Derecho y Economía, de la Universitat de Lleida a las 19:30. Coincidiendo con la Campaña que están realizando más de 50 presos desde octubre a nivel de todo el estado para exigir que las denuncias que presenten lleguen a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, creemos que es un buen momento para que la sociedad civil reflexione sobre el papel y los macanismos de la prisión.

Conil de la Frontera (Cádiz): el jueves, día 16 de Febrero tendrá lugar una charla acerca de la Campaña de Lucha Contra los Malos Tratos en Prisión en el CSA La Pandorga,  C/Romero de Torres Nº26, Conil de la Fronera (Cádiz), . Os esperamos a las 19:30h. La asistencia es gratuita.

La Policía española ha detenido esta mañana en Bilbo al expreso Patxi Gómez. El ortuellarra fue detenido por primera vez en 1989. Después de permanecer 13 años en prisión, en el 2002 salió por primera vez en libertad porque ya había cumplido los dos tercios de la condena. En noviembre de 2003 fue detenido otra vez para cumplir condena. En abril de 2009 quedó por segunda vez en libertad, esta vez había cumplido los 20 años de condena. Aunque tenía la condena cumplida, la Audiencia Nacional le aplicó la doctrina 197/2006 en diciembre del 2009; por tanto le condenaron a 30 años de cárcel, 10 más de los que ya había cumplido.

Son conocidas como las “cárceles del horror” y un “infierno de olvidados”. “Lugares de torturas”, los califica el Consejo de Europa. Mil cuatrocientas personas viven en seis hospitales psiquiátricos italianos, auténticos manicomios “en condiciones de tercer mundo, absolutamente inaceptables, sin ningún respeto por la dignidad del ser humano, sin ninguna atención higiénico sanitaria, hombres y mujeres abandonados, en camas sucias, entre orina, considerados como desechos humanos, los últimos de los últimos, con penas sin fin”.

Antes de hacer una valoración específica sobre algunos aspectos sobre el desarrollo de esta campaña de lucha contra la dominación punitiva, en definitiva contra el Crimen de Estado en las prisiones de la península Ibérica, deberíamos dejar claro por qué un determinado grupo de presos (sin ánimo de exclusión ni protagonismo) y personas de la calle con ideas afines en lo relativo a esta situación, decidimos hacer esta campaña.

Esta cuestión es breve de contestar: Hoy en día las cárceles del estado español se han convertido en auténticos mataderos, donde los presos no son solo objeto de la conculcación  de sus más elementales aspiraciones como seres humanos, sino que son asesinados y torturados de múltiples maneras. Así de breve es la cuestión.

Apenas cumplido el primer año de la vigésimo quinta reforma del Código Penal de 1995 y a solo cuatro meses de la acometida de nutridas reformas procesales encaminadas a agilizar la Administración de Justicia, se anuncia por el nuevo gobierno de la nación un paquete de medidas sustantivas, procesales y orgánicas de amplio espectro que, si se ajustan a lo hecho público en los medios, aun predicadas para el futuro, nos resitúan en un pasado no precisamente perfecto.

En lo que al Derecho penal se refiere, dos son las principales materias sobre las que el Ministerio de Justicia fija sus miradas: el tratamiento jurídico‐procesal del menor infractor, y la introducción en nuestro catálogo de penas de la cadena perpetua, llamada ahora por el Partido Popular (PP) “prisión permanente revisable”.

Ya se contemplen enmarcadas en el declarado propósito gubernamental de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia o analizadas en su singularidad, las reformas legales mencionadas tienen en común una nota, su innecesaridad. Veámoslo:

Hasta ahora, ha habido noticias de acciones relacionadas con esta convocatoria en Sevilla, Valencia, Galicia, Madrid, Grazalema (Cádiz), Barcelona y Lérida. Si alguien sabe de alguna acción más, esperamos que nos lo comunique.

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