Además de la incorporación de la cadena perpetua al código penal (que de eso se trata, a pesar de los eufemismos), de la repenalización del aborto y del endurecimiento de la Ley Penal del Menor, anunciadas, entre otras medidas, por el PP nada más llegar al gobierno [ver, por ejemplo], se preparan otra serie de reformas de la ley penal que continúan la misma tendencia a la expansión y endurecimiento del poder de castigar del Estado, reforzada por la demagogia punitivista complementaria, y adoptadas las dos, por otra parte, desde hace 20 años por los gobernantes del Estado español sin distinción de color o ideolgía. En este sentido, se anuncian, entre otras disposiciones, la agravación de las penas por «desobediencia a la autoridad» y por «violencia callejera», que se quiere hacer caer bajo la etiqueta de «terrorismo» [ver], así como un conjunto de medidas que se quieren justificar por una «lucha contra la reincidencia«, por ejemplo, «que cualquier hurto sea delito independientemente de la cantidad que se sustraiga (hasta ahora se exige que sea más de 400 euros); ampliar el catálogo de faltas que, cometidas de forma reiterada, sean delito; aumentar las penas para los robos con fuerza en las cosas y las de robo en casa habitada»; además de la creación de un «registro de reincidentes» que permita aplicar con más rigor estas mediadas etiquetando a un sector de la población y sometiéndolo a condiciones excepcionales de control.
Las innecesarias reformas penales que se anuncian
