El pasado viernes 24 de enero a las 18:30 horas se realizó una charla en el Espacio Fontana de Gracia sobre la desatención sanitaria en las cárceles, organizada por el colectivo anticarcerari «Fuig». Quien presentó el acto lo enmarcó en una lucha que llevan varias personas presas desde hace unos dos o tres años por 14 puntos mínimos a fin de dignificar su vida sin olvidar el objetivo último de la abolición de las cárceles. También señaló que País Vasco y Cataluña son las dos únicas autonomías que tienen trasladada la competencia de Instituciones Penitenciarias. Indicó también que cuando se produce una muerte dentro de un centro de reclusión desde la autoridad penitenciaria se suele hablar de muertes naturales cuando no es así, pues, en prisión es normal que se empeore tu salud agravándose enfermedades que puedas tener o cogiendo otras nuevas. Finalmente señaló que la cárcel es un lugar de tortura y muerte pero también, y a pesar de todo, de solidaridad y compañerismo.
I
La siguiente intervención corrió a cargo de Gonzalo Tejerina, un médico que participa en un colectivo defensor de una alternativa anticapitalista y anti-jerárquica en salud. Aunque él afirmó su aversión a trabajar en un hospital, puntualizó que si hay algo que se puede salvar de la medicina tradicional es la confianza y la empatía que se establece entre médico y paciente, algo que no sucede en las cárceles donde la persona privada de libertad es presa antes de que paciente. Gonzalo nos explicó que en los diez años que trabajó conjuntamente con la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura, llevó más de 1000 casos. Planteó que los médicos de prisiones cuando hay un presunto caso de maltrato deberían hacer un informe («parte») que le diera o no credibilidad. Pero ni siquiera se cumple esto y definió los informes de lesiones, del año 2014, como de «vergüenza ajena». No aparece el objeto, ni quién, informes judiciales ilegibles etc.
Señaló que la práctica del aislamiento penitenciario (la «prisión dentro de la prisión») durante más de 15 días está considerado una forma de tortura por las Naciones Unidas, el Centro «Nelson Mandela» etc. A partir de entonces, se empiezan a deteriorar los sentidos (visión, olfato…). En contra de estas advertencias, existe la práctica sistemática de alargar inhumanamente este aislamiento. Afirmó, taxativamente, que la práctica mayoritaria de los médicos penitenciarios está caracterizada por la desidia, la negligencia y la desatención. Hay presas/os que mueren por enfermedad a los 30 o 35 años y no por urgencias (infartos, etc.). Denunció el caso de un preso de la cárcel de Moraleja que, en 2012, después de 15 días en aislamiento, se quejó de un fuerte dolor en la espalda y las extremidades a lo que se hizo caso omiso: posteriormente, después de un traslado penitenciario, sufrió la amputación de ambas extremidades, pues, había llegado a un nivel crítico de obstrucción arterial al que no se puso remedio a tiempo, ya que no se le había hecho una mínima exploración.
Posteriormente, la defensa de los médicos de Palencia y Zuera dijeron que se haría un peritaje que no se llegó a hacer nunca. A Gonzalo, le amenazaron con expulsarle del Colegio de Médicos, aunque el juez les conminó a echarse atrás. El ponente denunció que más del 40% de la población reclusa tiene algún tipo de sufrimiento psíquico (psicopatías, esquizofrenia, depresión) y no deberían estar en la cárcel. Señaló que la reforma psiquiátrica de los 70 vació los manicomios y muchos de los pacientes que había, abandonados por sus familias, acabaron en prisión. Gonzalo finalizó, así, con la defensa de la tarea que llevan a cabo revistas como «Primera Vocal», «Entre Voces» y las redes de apoyo mutuo de personas psiquiatrizadas. Hizo un alegato, pues, por la autogestión comunitaria de la salud.
II
La siguiente intervención fue a cargo de Cristina Garés, miembro de SIRECOVI: una base de datos de violencia institucional, donde llegan sobre todo casos de Instituciones Penitenciarias. También consideran los casos de aislamiento y desatención sanitaria, no sólo los casos de tortura y malos tratos. Nos explicó que en mayo de 2003 se establece el traspaso de competencias penitenciarias del Estado central a las autonomías y en 2006 se adhiere Cataluña. El servicio de atención sanitaria penitenciaria depende, pues, de CatSalut, siendo donde se dirigen las investigaciones del SIRECOVI por negligencia. El problema en cuanto a indefensión radica, como nos explicó detalladamente, en que si bien está estipulado que «orgánicamente» este servicio depende de CatSalut, «funcionalmente» depende de éste y de la dirección penitenciaria. Como una de las consecuencias, los presos no pueden negarse a recibir un tratamiento, a diferencia de las personas libres.
Según una investigación, un 70% de las personas presas consideran que su salud es peor que cuando estaban en la calle. En este contexto, hay una alta sensación de vulnerabilidad y una falta total de confianza entre el médico y el paciente. Los presos denuncian tardanza en atender y atención superficial. Cristina Garés explicó el caso de un preso que se quejaba de problemas de corazón, al que se le dieron ansiolíticos; como consecuencia se cayó de la camilla y empezó a desangrarse, se le pusieron siete grapas y le devolvieron a la celda, amenazándole si volvía a quejarse. Denunció que, como siempre, las mujeres llevan la peor parte en cuanto a la reclusión penitenciaria. Indicó que un 34% de ellas ya han sufrido malos tratos antes de ingresar. La prisión, dijo, es una estructura androcéntrica y sólo hay enfermería para mujeres en Brians I y en Wad-Ras.
La ponente denunció que las Juntas de Tratamiento tienen por costumbre denegar la aplicación del artículo 104.4 para la excarceración de las personas presas enfermas y si logran pasar este filtro los jueces de vigilancia penitenciaria no son menos rígidos en su peculiar interpretación de este. Garés también señaló que, como consecuencia de la falta de cuidado en administrar algunos fármacos por inyección, se han producido paralización de extremidades y mareos. En este momento, una enfermera presente en el acto interrumpió bruscamente a la ponente afirmando que se estaba generalizando y ella siempre había «tratado humanamente» a los presos. Garés respondió que estaba hablando, obviamente, de los casos que habían llegado a oídos del SIRECOVI: denuncias que se producen, generalmente, en el contexto de medidas de contención pero de las que también hay casos de personas extranjeras a las que no se ha hecho el esfuerzo de permitirles explicarse convenientemente.
Teniendo en cuenta la situación extrema que supone el aislamiento, denunció que varias personas que lo han sufrido no han sido visitadas por profesionales de la salud mental. En relación a esto, explicó el caso de un preso al que se aplicó este castigo, éste pidió tabaco y al no serle entregado, entró en una crisis e intentó suicidarse. La respuesta de los funcionarios ante esta grave situación fue llevarlo a contención sin ni siquiera ser visitado por un médico. Señaló que el 30% de las mujeres ingresadas en el DERT (Departamento Especial de Régimen Cerrado) se autolesiona. Destacó las quejas respecto a la colaboración del personal médico en la aplicación de medidas de contención mecánica. Como ejemplo de esta vergonzosa complicidad indicó que en muchos informes médicos aparecen ambigüedades del tipo «lesiones superficiales en partes inespecíficas del cuerpo». Finalizó indicando que una de las tareas del SIRECOVI es solicitar al Departamento de Salud que se envíen los informes médicos a las personas presas porque que no se suele hacer, lo que supone otra vulneración de sus derechos.
III
A continuación habló Noa, quien pasó muchos años encarcelada. Afirmó, con contundencia, que el 80% de los médicos penitenciarios son incompetentes. Si los carceleros le dicen que el preso debe estar dopado, se le dopa sin más. Denunció que no se le concedió, mientras permaneció encarcelada, el derecho al cambio de género, cuando desde 2002 está contemplado en la Constitución, lo que le supuso una depresión. Afirmó, que ha visto como ante intentos de suicidio sólo se presentan en las celdas funcionarios y no sanitarios. También denunció que ante agresiones, de carceleros u otros presos, muchas veces se simulan accidentes por no tener que levantar atestados y evitar, así, ir a juicio. Señaló también la práctica de la sobre-medicación y la deficiente alimentación con escasos nutrientes.
IV
La última intervención corrió a cargo de Eliza Motta, miembro del grupo «familias de presos en Cataluña», que denunció la falta de equipamientos en las enfermerías penitenciarias, donde no hay talleres, oficios religiosos etc. Es como un aislamiento. Afirmó que lo más cómodo para los carceleros es que vayas dopado todo el día. Denunció también casos de malos tratos a familiares cuando se interesan por los presos. También un ictus que se produjo por medicación errónea. Reiteró que los profesionales médicos no tienen autonomía, dependen de los funcionarios. Denunció igualmente la presencia de presos de hasta 80 años o con Alzheimer que ni siquiera saben por qué están allí. A presos que acaban de pasar una quimioterapia les obligan a seguir el mismo ritmo que los demás y recordó que, por el contrario, a Eduardo Zaplana del PP si se le sacó de la cárcel ante su grave enfermedad.
Finalmente en el turno de intervenciones, recuerdo que un reciente médico penitenciario (que afirmaba llevar dos meses de experiencia en Brians I) quiso relativizar todo lo que se dijo. Ante esto se le preguntó a qué módulo estaba destinado para que la situación de estos no se puede comparar dependiendo de si se trata de los llamados «de respeto» o los que Noa calificó como «agujeros» o «pozos».
Alma apátrida
