Indignación Ante Las Medidas De Excepción En Las Cárceles Con La Excusa Del Coronavirus Y Por La Hipocresía De Las Autoridades Carceleras

Vicent Almela publicaba ayer en La Directa el artículo cuya traducción al castellano ponemos a continuación. Aunque no hace referencia a la evidente manipulación que supone todo el sistema de alarma pergeñado alrededor de la propagación del virus, sí que tiene en cuenta que las personas presas, además de ser más vulnerables a esta última, dada la insalubridad de la cárcel en sí misma y la situación catastrófica de la sanidad carcelaria, lo serán asimismo en mucho mayor medida que la gente de la calle al estado de excepción creado, a la suspensión de derechos y garantías y a las maniobras totalitarias consiguientes. Y ofrece también, desde una perspectiva de decidido apoyo a la gente presa, una buena síntesis de una gran cantidad de informaciones relevantes.

EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS INDIGNA A LOS COLECTIVOS DE FAMILIARES Y DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRESAS

Diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos han presentado una queja al Defensor del Pueblo ante las medidas de prevención del foco infeccioso dentro de los centros penitenciarios que el Ministerio del interior y la Generalitat catalana están implementando desde el pasado martes, ya que entienden que vulneran los derechos fundamentales de lxs internxs y proponen una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones penitenciarias para que se respeten estos derechos durante el período de emergencia.

Después de más de dos meses de propagación, resulta evidente afirmar que el virus SARS-CoV-2 (más conocido como Covidien-19, o coronavirus) no afecta de la misma manera a todas las personas, especialmente dependiendo de su edad y su estado de salud en el momento del contagio. Pero, a menudo, no tenemos en cuenta otro factor importante, que es el régimen de libertad en el que se encuentran estas. Especialmente grave es la situación que viven las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del Estado español, donde actualmente el 41,66% de las plazas médicas están sin cubrir, y donde el hacinamiento de los internos en los módulos hace que las enfermedades y las infecciones se propagan mucho más rápido. Con una población penitenciaria de 58.369 personas –estos datos de finales 2019 no incluyen los centros penitenciarios catalanes– hoy en las cárceles del Estado español sólo hay en activo 285 médicos y 6 psiquiatras para atender a toda la población reclusa, un personal que según un comunicado publicado por la cooperativa madrileña de abogados Red Jurídica, supone «un ratio totalmente insuficiente» para atender las necesidades de las personas presas en el día a día, y aún más en el estado de emergencia en el que nos encontramos con la expansión exponencial del virus. En esta línea, los recursos presupuestarios destinados por parte del gobierno a la sanidad penitenciaria también han bajado exponencialmente desde 2016, reduciéndose hasta un 17% en los últimos tres años, según datos proporcionados por el mismo ministerio en respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por el diputado de Bildu Jon Iñarritu el pasado mes de diciembre.

De momento, desde el Ministerio del Interior español se están siguiendo punto por punto las medidas penitenciarias de prevención aplicadas hace una semana por el gobierno italiano, en cuyo territorio desde principios de marzo se han suspendido totalmente las visitas de amigos y familiares a todas las cárceles del país, hasta el próximo 22 de marzo, y también se han cancelado los permisos de salida de los internos para realizar actividades fuera de los centros penitenciarios, de momento, hasta dentro de dos semanas. Según un comunicado publicado el pasado 3 de marzo por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura italiano, estas medidas suponían «unas restricciones injustificadas a los derechos de las personas privadas de libertad». Los recortes de derechos y libertades aplicadas a las personas presas por el gobierno de Conte provocaron motines en una cincuentena de prisiones italianas, especialmente visibles en la cárcel de San Vittore de Milán, donde una decena de presos se subieron al tejado con una pancarta pidiendo indulto, o en los centros penitenciarios de Palermo, Bari o Módena. En total, trece personas han perdido la vida durante las protestas en las cárceles, según las autoridades italianas, a causa de una «intoxicación por el consumo de sustancias» –en los próximos días se abrirán investigaciones para aclarar los motivos. En la prisión de Foggia, 370 internos lograron fugarse, de los cuales más de la mitad continúan libres hoy por hoy, y más de 1500 internos fueron trasladados  en represalia por participar en los motines. Las personas presas y sus familiares denuncian que el virus se ha extendido entre la población reclusa, y que no se están realizando análisis ni aplicando los protocolos para controlar la enfermedad dentro de las cárceles, que precisamente se caracterizan en ese país es por la sobrepoblación (las cárceles estatales tienen capacidad para 50.950 persones, y actualmente hay en ellas 61.230 persones privadas de libertad).

Ayer el Ministerio de Interior del gobierno español aumentaba aún más las medidas de prevención, y decidía aislar por completo los 69 centros penitenciarios que dependen del Estado –excepto los de Cataluña que son competencia de la Generalitat catalana–, una medida que afecta a las cerca de 60.000 personas presas y a 23.000 funcionarixs. Esta decisión se tomaba, según el gobierno, tras detectarse dos casos de infección positivos del virus: el de una trabajadora del jardín de infancia de la prisión de Aranjuez (Madrid), que ha provocado que cinco presas estén en observación en una celda de aislamiento desde hace más de una semana, y el de una persona presa en el centro penitenciario de Zaballa (Álava), que tuvo contacto con un agente de la Ertzaina infectado durante un proceso de custodia, y que actualmente también se encuentra en aislamiento.

Así pues, desde ayer jueves, en las cárceles españolas se han prohibido todas las comunicaciones familiares e íntimas (mediante vis a vis), se ha limitado el acceso a los centros de dinamizadorxs de talleres, voluntarixs de ONG u observadorxs de derechos humanos, se ha reducido la actividad educativa y las salidas incluidas en los tratamientos de reinserción de las personas presas y se han limitado al mínimo indispensable –sólo bajo criterios médicos– los traslados entre centros. Se espera que estas medidas tengan una duración de catorce días y, como compensación, durante este periodo el departamento de interior ha asegurado que las personas presas podrán disfrutar de más llamadas telefónicas –15 a la semana, en lugar de 10–, una medida que desde los grupos de apoyo a personas presas, las familias y las entidades de defensa de los derechos humanos se considera “totalmente insuficiente”.

Ante estas restricciones que afectan a las libertades básicas de las personas presas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), con el apoyo de una docena de organizaciones en defensa de los derechos humanos, la salud y la abogacía, decidió presentar el pasado miércoles una queja ante el Defensor del Pueblo, denunciando que las medidas penitenciarias impuestas desde el gobierno español «son muy similares» a las aplicadas en Italia, y pidiendo una implicación institucional firme «para que se respeten los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de libertad y sus familias» durante este proceso de emergencia sanitaria en todo el Estado.

Entidades en defensa de los derechos humanos, en alerta por la situación en las cárceles catalanas

Aunque de manera menos drástica que las Instituciones Penitenciarias españolas, el departamento de justicia de la Generalitat de Cataluña anunció el pasado martes que por el momento suprimía el traslado de personas presas desde los centros penitenciarios que están bajo su jurisdicción y cancelaba las actividades grupales –tanto dentro como fuera de la cárcel–, para minimizar el impacto de la propagación del virus entre la población reclusa, entre la cual por el momento no hay ningún caso de coronavirus registrado. Hoy viernes mismo, y siguiendo el procedimiento aplicado por las instituciones penitenciarias españolas, se acaban de prohibir también los vis a vis familiares e íntimos en todas las cárceles catalanas, y de ahora en adelante sólo se permitirán las comunicaciones de veinte minutos con cristal de por medio, que normalmente se realizan en los centros penitenciarios durante el fin de semana.

Desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, ​​el pasado miércoles se publicó un comunicado dirigido al Síndic de Greuges, al mecanismo catalán para la Prevención de la Tortura y a la dirección de salud penitenciaría del Instituto Catalán de Salud (ICS), en el que se se hacían una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de aplicar medidas preventivas de la propagación del Covidien-19 en las cárceles, tratando siempre de respetar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y de evitar situaciones como las vividas en Italia derivadas de la desesperación y la falta de información por parte de las personas presas, sus familias y personas cercanas. Estas recomendaciones dirigidas a las instituciones penitenciarias catalanas incluyen, entre otras, intentar evitar que se suspendan las comunicaciones –tanto las ordinarias como los vis a vis– de forma drástica, ampliar el tiempo de las llamadas a veinte minutos a todxs lxs internxs –incluso si las tienen restringidas por sanción–, permitir las comunicaciones por videoconferencia, conceder beneficios penitenciarios a las personas presas que estén cumpliendo el final de la condena o que padezcan patologías que serían mejor tratadas en centros de salud no penitenciarios, o evitar la suspensión total de los permisos penitenciarios para poder salir de prisión (valorando cada caso individualmente).

Según explica Rachele Stroppa, investigadora del OSPDH, «no puede ser que la solución para prevenir el virus sea meter a una persona en una celda de aislamiento de un centro penitenciario durante quince días», ya que esto supondría una «vulneración flagrante de derechos». Según Stroppa, esta persona, «debería tratarse en un entorno médico como cualquier otra persona». Concretamente, el artículo 208.1 del Reglamento Penitenciario estipula que a las personas presas se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población «. La investigadora del Observatorio también considera importante que «las instituciones penitenciarias y los trabajadores de los centros hagan un esfuerzo para informar bien a las personas presas y a las familias de la situación en cada momento», ya que la falta de información fue uno de los principales motivos por los que se produjeron las protestas en Italia. «Las cárceles no son espacios preparados para tener a personas que puedan contagiar a otros, si fuera nos piden que mantengamos un metro y medio de distancia en nuestras comunicaciones, ¿como se podrán respetar estas distancias dentro de las cárceles?», Se pregunta.

Desde la asociación Familias de Presos en Cataluña también han mostrado su preocupación respecto a los recortes de derechos de las personas presas. Gracia Amo, miembro de la asociación, asegura que no dejarán de ir a las cárceles a comunicarse con las personas presas este fin de semana: «tenemos miedo, pero no podemos dejar a los presos solos ante esta situación –explica–. Si fuera ya estamos alarmadas, imagínate dentro, donde todo se intensifica y no tienen apenas información sobre lo que está pasando fuera». Según Amo, las instituciones penitenciarias podrían «al menos alargar las comunicaciones de veinte a cincuenta minutos –como los vis a vis– y aumentar el tiempo de las llamadas a todos los presos», así como «fijarse en las políticas aplicadas en otros países como Irán, donde han salido de permiso más de 70.000 presos como medida  de prevención del contagio del coronavirus en las cárceles”.

La campaña estatal por el cierre de los CIE también solicita medidas urgentes

En paralelo, en un comunicado publicado hoy por parte de las entidades que forman parte de la Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones, se pide a las instituciones españolas «el cierre inmediato de los centros de internamiento de personas migrantes, la puesta en libertad de todas las personas retenidas y la parada de las deportaciones», con motivo de la emergencia vivida debido a la expansión del virus SARS-CoV-2. Según explica el documento muchos países han adoptado restricciones de acceso a personas provenientes de España –que ahora mismo es el quinto país con más casos– y que, por tanto, el hecho de querer llevar a cabo deportaciones en estos momentos supondría «una gran irresponsabilidad política debido al probado efecto multiplicador de los desplazamientos internacionales y a la propagación de la pandemia «, y también» por el peligro que generaría en países donde todavía no ha habido casos de contagio, o en los que no cuentan con los medios sanitarios suficientes como para hacerle frente «

Un comentario

  1. Yaisa said:

    Pasaros por el centro penitenciario de Topas (Salamanca) que está igual o peor que el resto, en el cual el director no a tramitado un papel oficial en el que quita las comunicaciones, sino que lo a dicho solo de boca.

    17 marzo, 2020
    Reply

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