Sannah Cadiri murió en octubre de 2023 en la cárcel de Brieva, en Ávila. Su muerte, como la de las 189 personas que anualmente han muerto, de media, en la última década en prisión bajo la responsabilidad de Instituciones Penitenciarias, no generó ningún revuelo mediático. Los muros de las prisiones son sobre todo metáfora de la indiferencia que generan las problemáticas sociales que llenan dichas instituciones. Muchas de estas muertes ocurren en la misma opacidad y dificultad de acceso y transparencia que devuelve el muro. Suicidios, sobredosis de drogas legales e ilegales, enfermedades curables e incurables, falta de atención médica, abandono institucional, y también homicidios, asesinatos.
Las que conocemos la cárcel por profesión, militancia o a través de seres queridos o en primera persona sabemos que nada de esto es falso. En los últimos 4 años han sido 139 los suicidios en las cárceles de la SGIP. Sobre las sobredosis no hay cifras claras, menos de las sustancias. Pero el 50% de plazas médicas vacantes dan una idea de a qué llamamos falta de atención médica en una población con tres veces más de incidencia de enfermedades físicas y sufrimiento mental que sus iguales a este otro lado de este mismo muro. La falta de personal cualificado, de programas, de actividades, de recursos, de formación, de acceso al empleo, de atención individualizada… nos habla no sólo del abandono por parte de las instituciones, sino también de que aquí fuera ya tenemos bastante como para trepar nuestra indulgencia y otear las carencias de ese mismo sistema que funciona en simbiosis represiva a ambos lados.
También se mata. Pero no es nuestro cometido señalar al individuo, para eso hay demasiado voluntario, sino señalar las fallas de un sistema que sabemos apisonadora de toda aquella carne destinada a la picadora. Juan Carlos Martínez Bertolí y Helia Membrillo denunciaron en un comunicado la muerte en muy cuestionables circunstancias de Sannah Cadiri. Ahora la Fiscalía ha decidido citarlos a declarar el 1 de abril por denuncia falsa ante el Juzgado de Instrucción de Ávila. Criminalización que también sufrió no hace mucho Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), por denunciar la existencia de malos tratos y torturas en las cárceles catalanas. Los fachas (y no tan fachas) con toga, los carceleros del mundo fuera de las rejas.
Desde Salhaketa Nafarroa, colectivo en defensa de los derechos de las personas presas, expresas y de sus familiares, llevamos más de treinta años denunciando no sólo la vulneración sistemática de derechos humanos que se da en las cárceles, sino también el hecho de que es la propia lógica penitenciaria la que está ideada para conculcarlos de manera sistemática, cumpliendo muy bien sus objetivos. Ninguno de ellos se recogió en el artículo 25 de la CE, para el que el fin último de la pena es la reinserción social. Ese lo llevan regulinchi. El fin único de la pena es el castigo y el control social. Para ello la cárcel responde al imaginario colectivo de sufrimiento, miseria, riesgo y miedo. Como personas decididas en propiciar un mañana mejor, las militantes de este colectivo llevamos desde 1988 denunciando las consecuencias de este sistema: la deshumanización, la perpetuación de las opresiones en vez de la solución de los conflictos sociales incluidos los delitos, y como no, el autoritarismo.
Lo que ahora les ocurre a Juan Carlos y Helia, personas solidarias de la causa anticarcelaria, nos puede pasar a cualquiera que denunciemos y señalemos los abusos de un sistema que aunque atravesado por la cárcel, va mucho más allá.
No son buenos tiempos, pero lo pueden ser peores. De nosotras depende defendernos del abuso prepotente de una fiscalía que no se sonroja en emplear su saña en este caso, lo mismo que no lo hizo cuando recogía a ecologistas como grupo terrorista o cuando lleva a prisión a activistas antifascistas o raperos y rumberos por sus letras. Lo mismo que no lo hace en su labor cotidiana como ministerio público de proveer de carne a la lata carcelaria, una lata muy cara, económica y socialmente. El foco está dirigido a las personas que denuncian un sistema caníbal, quién lo redirigirá al chef que elabora menú tan macabro si los redirigidores que redirigen forman parte del plato. Hay familias que llevan tiempo, incluso años, tratando de esclarecer cómo murieron sus familiares sin una respuesta aceptable, sin responsables.
La única denuncia falsa es la suya, Señoría.
Salhaketa Nafarroa
Antonio Arevalillo Sanz nació en Segovia en 1958, tiene, pues 67 años, y desde los 9 años creció en el barrio bilbaíno de Zorroza. En los años 70, como otros muchos jóvenes de origen humilde, se dedicó al atraco de bancos, joyerías y supermercados. Desde 1974, ha sido detenido docenas de veces y se ha fugado en tres o cuatro ocasione.Participó en la lucha de la COPEL y, en 1983 fue uno de los protagonistas de una revuelta en la prisión de Basauri. En total ha permanecido preso más de 42 años, 15 de ellos en Régimen Especial de castigo (aislamiento). Hace unos años le fue detectado un tumor nasal que ha requerido cinco complejas operaciones quirúrgicas. En el año 2016 Antonio cumplió los tres cuartos de su condena, pudiendo acceder legalmente a la libertad condicional.
