En 2015, en la cárcel de Brians II, José Antúnez Becerra estuvo en huelga de hambre contra la cadena perpetua encubierta 65 días, del 23 de enero al 28 de marzo. Era la cuarta huelga de hambre que emprendía, desde verano de 2011, este compañero, veterano de la Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL) y participante en la fuga de los 45 de la Modelo de Barcelona en el 78. En todas esas huelgas de hambre ha luchado, básicamente, por los mismos motivos y parecidas reivindicaciones: que se revise la sentencia por la que fue condenado a 19 años, en situación de indefensión, por el motín de 2004 en Quatre Camins, del que se considera un chivo expiatorio, y que se reconozca su derecho constitucional a la reinserción social facilitándole una situación penitenciaria que le permita ver calle, ahora que tiene una familia adoptiva con la quiere tener la oportunidad de convivir. A principios de 2014, ayunó 36 días y, cuando lo dejó, en febrero, le hicieron firmar un “Plan Individualizado de Tratamiento” en el que se preveía su salida de permiso, una vez hubiera hecho dos determinados cursos. Sin embargo, aparte de otras zancadillas, la administración carcelera catalana, por negligencia o por malicia, no le inscribió en ninguno de ellos, por lo que la juez de vigilancia, después de pedir informes varias veces a la dirección de Brians 2, sin respuesta, resolvió negativamente los recursos de Antúnez a la denegación de los permisos “por no haber hecho los cursos”. Ante la evidente mala fe de las “autoridades competentes” y cansado de que le vacilaran, Antúnez decidió no comer hasta poder hacerlo en casa, con su familia.
