Categoría: <span>Familias Frente a la Crueldad Carcelaria</span>

Las compañeras de Familias frente a la crueldad carcelaria comunican que  el próximo 17 de marzo van a hacer la primera presentación de la campaña de crowdfunding que vienen anunciando y que pìensan iniciar el 20 de marzo. Será a partir de las 11 horas, frente a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, donde irá parar la marcha anticarcelaria convocada como parte de la programación de la XIII Feria Anarquista del Libro de Sevilla.

Más información: https://familiasfrentealacrueldadcarcelaria.noblogs.org/

Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

Dentro de la programación de la XIII Feria Anarquista del Libro de Sevilla se ha convocado una marcha a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, una de las cuatro prisiones destinadas exclusivamente a encerrar mujeres (las otras: Madrid I, en Alcalá-Meco, Brievea, en Ávila, y Wad-Ras, en Barcelona), cuyo cierre está anunciado desde hace tiempo y se espera para este verano, con los consiguientes perjuicios para las mujeres presas allí, que serán trasladadas lejos o encerradas, quizá, en un módulo de una cárcel para hombres. Frente a esa cárcel, durante la concentración que tendrá lugar cuando llegue la marcha, habrá una charla de la asociación FFACC (Familias frente a la crueldad carcelaria) que presentará en ella la campaña crowfunding que tienen previsto iniciar el 20 de marzo, para cubrir sus gastos pendientes de apoyo jurídico.

Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

La máquina social penitenciaria se justifica por el principio de reinserción social como finalidad de las penas de cárcel y garantizando teóricamente el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de las personas presas que no hayan sido restringidos por la sentencia condenatoria. Palabrería, porque nada de eso se cumple, sino que el sistema punitivo en su funcionamiento real resulta sumamente destructivo tanto para quienes están condenados legalmente a sufrirlo y presuntos culpables presos como para sus familiares y gente cercana. Los mecanismos de garantía o defensa jurídica sólo funcionan para los presos ricos, una exigua minoría, que pueden gastar mucho dinero en abogados. Y el sistema punitivo se ceba en los pobres, estigmatizando a los más rebeldes o inadaptados y persiguiéndoles de por vida, a ellos y a sus allegados.

Las familias que llegamos a tener a alguno de los nuestros en la cárcel, hemos de sufrir, sin proceso ni delito, una condena tan grave o más que la de nuestros seres queridos encerrados: un gran impacto emocional, mucho dolor, ansiedad, frustración, indignación, impotencia… que duran tanto como la condena judicial y bastante más allá; estigmatización social, malos tratos y humillaciones permanentes por parte de los agentes del orden (policía, jueces, administración, carceleros…); gastos elevados y continuos que lastran enormemente nuestras economías domésticas… Familias frente a la crueldad carcelaria (FFACC) surge como un intento de autodefensa solidaria ante todo eso.

Nuestra asociación fue fundada por un grupo de mujeres con hijos, hermanos, compañeros o padres encarcelados, muchos de los cuales han encontrado la muerte dentro de los muros. Se apoya en la compañía y atención recíproca como principal fuente de energía, habiendo organizado varios encuentros en los que se celebran talleres, guiados por una psicoterapeuta, para aprender a cuidarnos, y asambleas en las que dialogamos directamente sobre nuestros problemas comunes y decidimos en pie de igualdad sobre qué hacer para afrontarlos.

Coordinándonos en lo posible con grupos anticarcelarios de la calle y personas presas en lucha, hacemos lo que podemos para denunciar ante la sociedad y las instituciones responsables todos los abusos que sufrimos, tanto nosotras como nuestra gente presa, por medio de movilizaciones en las calles, ante las cárceles, juzgados, instituciones penitenciarias, etc; utilizando lo mejor que podemos los medios publicitarios a nuestro alcance; y también hemos de meternos muchas veces en procedimientos judiciales con la consiguiente necesidad de abogados que nos asesoren y asistan profesionalmente. Esa es nuestra principal fuente de gastos.

Hasta ahora nos habíamos financiado con ayuda de una caja de resistencia de grupos libertarios de Valencia, ya desaparecida, donde nos integramos como un grupo más, organizando comidas populares, vendiendo libros, láminas, camisetas, etc. Las sinergias en que nos apoyábamos casi se han disuelto y nosotras estamos bastante agotadas, pero tenemos que seguir adelante, porque todavía tenemos gastos considerables sin cubrir y casos judiciales abiertos: una muerte en prisión, varios enfermos mentales encarcelados, presos con condenas interminables, denuncias de abusos…

Familias frente a la crueldad carcelaria

Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

Las personas presas, como cualquier otra y un poco más, necesitan muchos cuidados, una parte de los cuales, por exigencia legal, deberían serles proporcionados por la administración penitenciaria que les mantiene encerrados pero está obligada por sus propias leyes a velar al mismo tiempo por su salud y calidad de vida y a proporcionarles los medios para su reinserción social, la finalidad constitucional de las penas de cárcel. Desgraciadamente, no es sólo que eso no se cumpla, sino que el sistema penitenciario resulta muy destructivo tanto para quienes lo sufren encerrados como para sus familiares y allegados.

Torturas y malos tratos frecuentes e impunes. Régimen de castigo por aislamiento sumamente destructivo. Traslados arbitrarios y punitivos, desarraigantes, desocializantes. Abandono médico. Uso arbitrario de fármacos psicotrópicos. Enfermos mentales presos y, frecuentemente, en régimen de castigo. No excarcelación de enfermos graves y terminales hasta que no es inminente su muerte. Doble discriminacón de las mujeres presas, pues las cárceles están pensadas para hombres. Explotación laboral. Condenas muy largas en general, con dos tipos de cadena perpetua, en la que la resocialización es imposible. Alto índice de mortalidad, por enfermedad grave, sobredosis y suicidios principalmente. Indefensión jurídica manifiesta.

Para intentar enfrentarse a estas situaciones las familias deben hacer grandes esfuerzos, con gran impacto económico, psicológico y social, en su salud y en su vida, como si, no habiendo hecho nada, tuvieran que sufrir también una condena. Nuestra asociación la formaron en 2017 un grupo de mujeres que tenían familiares presos o los habían perdido: sus hijos, hermanos o compañeros habían muerto estando en prisión. Entre ellas, Pastora González, la madre de Xosé Tarrío, que fue para nosotras una compañera importante por su contagiosa energía y gran corazón. Empezamos con mucho ímpetu. El apoyo y el cuidado recíproco entre nosotras era nuestra principal fuente de energía. Con ayuda de una psicoterapeuta, hicimos varios talleres en los que aprender a articularlo. Encuentros personales, directos, entre nosotras, que aprovechábamos también para hacer asambleas y tomar decisiones.

Encontramos apoyo sobre todo en gente libertaria de Valencia que mantenía una cierta comunidad de lucha, integrándonos como un grupo más en su caja de resistencia. Esa ha sido durante años nuestra principal fuente de financiación. Nos movilizamos juntas durante varios años en actividades de recaudación y, además, haciendo concentraciones anuales frente a las cárceles de Picassent y Albocàsser y también en la Secretaría General de Institucionanes Penitenciarias, coordinándonos en lo posible con las luchas de las personas presas y con algunos grupos anticarcelarios de la calle y buscando el contacto directo con la gente que sufría los mismos problemas que nosotras. También intentamos comunicarnos a través de redes sociales y otros recursos en internet. Nuestros gastos han sido mayormente los que nos ha ocasionado la necesidad de contar con abogados para denunciar e intentar buscar reparación ante las vulneraciones de los derechos de nuestra gente.

Aquella sinergia casi se ha roto. Pastora murió y otras compañeras han ido abandonando la asociación. Pero, aunque un poco agotadas, aún quedamos unas cuantas y, sobre todo, aún tenemos gastos sin cubrir y casos abiertos. Uno de ellos, por ejemplo, el de un muchacho que murió en prisión. Otros dos de enfermos mentales presos, uno de los cuales hemos conseguido que salga, pero persiste su enfermedad psíquica y aún le quedan causas pendientes, acusado por los carceleros, de cuando aún estaba preso y en régimen de aislamiento. El otro sigue preso y en régimen de castigo sin ningún tratamiento adecuado. Otros casos son de grandes condenas.

Nos dirigimos una vez más a personas y grupos afines para pediros vuestro apoyo en el desarrollo de la campaña de crowdfunding que estamos preparando. Nos vendría bien un poco de ayuda económica, desde luego, pero es tanto o más importante la comunicación y la solidaridad práctica, que crezca en lugar de ir a menos como parece suceder de un tiempo a esta parte. Es necesario afrontar lo que pasa en las cárceles, actuar día a día frente a ello. ¡No nos dejéis solas! ¡No dejemos sola a la gente encarcelada!

Familias frente a la crueldad carcelaria

Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

POR QUÉ MUERE NUESTRA GENTE EN LAS CÁRCELES

Porque allí son habituales las torturas y malos tratos. Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a sus víctimas. Se traslada arbitrariamente a la gente, desarraigándola de su entorno social y familiar. Se obstaculizan las comunicaciones con la calle, imponiendo despóticamente su intervención o su privación como castigo. El acceso a la cultura casi no existe. Se censuran las publicaciones «por motivos de seguridad». No existe libertad de expresión ni de asociación. La explotación laboral es enorme. Las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres.

La situación sanitaria es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unas prestaciones médicas, sanitarias y farmaceúticas iguales a las de cualquier ciudadano. Se abandona a los enfermos sin proporcionarles la medicación y los tratamientos que podrían salvarles. Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberados los enfermos muy graves y con padecimientos incurables más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo. Los enfermos psiquiátricos constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide, yendo a parar muchos de ellos, por el contrario, al régimen de castigo, de donde han salido muertos unos cuantos. En las cárceles no existe psiquiatría ni psicoterapia que valga. Y no es que pensemos que la actividad corriente de los «profesionales de la salud mental» sea ninguna panacea, pero siempre será mejor que el aislamiento, las porras de goma, el gas pimienta o las sujecciones mecánicas.

No es extraño que más de la mitad de los puestos de trabajo médico-sanitario permanezcan vacantes: ¿quién va a querer trabajar en condiciones tan indignas? De los que tienen estómago suficiente, muchos médicos suelen hacerse cómplices de las frecuentes torturas al hacer la vista gorda ante las lesiones resul-tantes. El tráfico de drogas ilegales está con-sentido, pero, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin apenas control médico, para que no molesten. Se suministra metadona sin necesidad y con tal negligencia que ha habido muchas muertes por sobredosis, administradas por los mismos servicios médicos carcelarios. La mortalidad –muchas veces por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita»– es en las cárceles mucho más elevada que en la calle y abundan los fallecimientos en extrañas y dudosas circunstancias, nunca aclaradas, ya que no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se ofrece a los familiares la oportunidad de exigirlos.

Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las autoridades carcelarias y judiciales que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la «tutela judicial efectiva» de los derechos de las personas presas, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.

Somos familiares y gente solidaria con las personas presas. Algunas hemos sufrido la muerte de nuestros hijos, hermanos o compañeros, supuestamente confiados al “cuidado” de las instituciones estatales. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar, denunciar y, a ser posible, detener esa situación degradante. Nos dirigimos a toda persona o grupo que pueda sentir alguna solidaridad o afinidad con nosotras para pediros vuestro apoyo. Queremos hacer una campaña de “micromecenazgo” (crowfunding) para hacer frente a nuestros gastos pendientes y poder mirar hacia el futuro con un poco más de tranquilidad. Os agradeceríamos cualquier tipo de colaboración, económica, de difusión, o del tipo que se os ocurra. Esto es un primer contacto. Habrá más, y os avisaremos cuando iniciemos la campaña.

Familias frente a la crueldad carcelaria

Porqués, Quienes Y Cómo De Familias Frente A La Crueldad Carcelaria

Actividad en la calle Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

 

Ante el silencio de la administración, las familias salimos para denunciar los mecanismos de impunidad y opacidad que sostienen un sistema carcelario que es asesino y encubre a sus verdugos.

¿Qué pasa con nuestrxs muertxs?

Algunas familias como en el caso de menores tutelados denuncian la donación de órganos sin consentimiento previo.

Las auptopsias no cumplen con los mínimos protocolos para estas situaciones de gravedad.

Los informes toxicológicos revelan altas dosis de sedantes suministrados por personal de la administración sin que se investigue a nadie.
Las denuncias son ignoradas con un silencio a nuestras peticiones de investigación.

Abolición es reparación y memoria colectiva.

Actividad en la calle Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

Continúa la lucha por que sean aclaradas las causas de la muerte de David Jehová Hiruela Moreno el pasado 14 de julio, cuando se encontraba en una celda de aislamiento de la cárcel de Picassent. El juzgado «competente» ha archivado el caso y parece cerrado el muro de silencio que garantiza la impunidad de los carceleros del Estado español, en cuyas cárceles mueren anualmente alrededor de 200 personas presas, muchas de ellas violentamente y también por supuesto suicidio o sobredosis de drogas. Las autoridades suelen intervenir rutinariamente, más para dar carpetazo a cada caso que para investigar, arrebatando casi siempre a las familias la posibilidad de ejercer a tiempo su derecho a personarse en el procedimiento judicial, Y en las cárceles españolas siguen abundando la tortura y los malos tratos en total impunidad; sigue existiendo un régimen de castigo que es en sí mismo tortura; la catástrofe de la sanidad penitenciaria continúa avanzando sin que se haga nada, a pesar de que es de dominio público el abandono médico-sanitaro creciente que sufren las personas presas; no se excarcela a las personas presas gravemente enfermas hasta que está asegurada su muerte a corto plazo; se suministran fármacos de riesgo sin control médico adecuado; se abandona a los enfermos mentales y se les castiga por el hecho de serlo… Como se relata en el artículo publicado ayer en la web de La Directa cuya traducción al castellano ponemos más abajo, la familia de David Jehová está luchando para que se investigue realmente sobre qué le sucedió a su chaval. Necesitarán apoyo, así como es indispensable la solidaridad organizada de personas presas, familias y allegados y la atención activa de toda la sociedad para que cese la impunidad. Si no se ha probado aún que David haya sido asesinado por los carceleros, lo cierto es que podría haberlo sido impunemente, porque el Estado tiende a cerrar todos los caminos, incluso los legalmente previstos, para llegar a saber lo que de verdad le ha sucedido. Eso tiene que cambiar y no lo hará si no nos organizamos para obligar a los responsables a que rindan cuentas. La familia, que ya convocó una concentración-manifestación ante la cárcel de Picassent el pasado 30 de agosto, no piensa parar hasta lograr «una investigación digna y justa, para poder aclarar toda la verdad» sobre la muerte de David Jehová, y prepara nuevas convocatorias, apoyada por varias asociaciones organizadas para ello en un comité.

FAMILIARES Y ENTIDADES EXIGEN QUE SE INVESTIGUE LA MUERTE DE UN PRESO DE 22 AÑOS EN PICASSENT

El 14 de julio, un carcelero encontró a David Jehová, en prisión preventiva desde mayo, colgado de una sábana anudada en un barrote de la puerta de la celda de aislamiento a la que le habían trasladado ese mismo día. La familia ha interpuesto una denuncia y exige una investigación en profundidad sobre la causa de la muerte.

La noche del pasado 14 de julio, Tamara Moreno recibía una llamada de un funcionario de la cárcel de Picassent (l’Horta Sud). El motivo: su hijo, David Jehová, de 22 años y en prisión preventiva por un delito de robo con intimidación desde el 1 de mayo de 2023, se había suicidado en la celda 14 del módulo 28 preventivos. Esa misma tarde, el hermano de David Jehová había acudido a la cárcel para visitarle, pero, según la familia, el funcionario le dijo que no era posible porque, a raíz de un incidente con un compañero de celda, el interno estaba en aislamiento. Lo que no le explicaron es lo que consta en el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la Directa: el funcionario con número de identificación 92.538 fue a buscar a David Jehová a su celda para avisarle de la visita. Entonces, se lo encontró colgado de una sábana anudada en uno de los barrotes de la puerta de la celda.

Los carceleros de Picassentl, tal y como consta en el escrito, trasladaron al joven a la enfermería para intentar, sin éxito, reanimarle, hasta que llegaran los Servicios de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU). Posteriormente, avisaron a la policía y se personó el equipo de policía judicial y un médico forense, que certificó la muerte de David Jehová y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Valencia, para examinarlo y determinar la causa. La Guardia Civil hace constar en el atestado que durante la inspección de la celda encontró un escrito de “despedida donde manifiesta su voluntad de quitarse la vida”, y una carta en un sobre cerrado dirigida a una mujer. Al día siguiente de recibir la noticia, Tamara Moreno interpuso una denuncia por la muerte de su hijo.

La familia desconoce cuáles han sido exactamente las pesquisas efectuadas para que, once días después de la muerte –el pasado 25 de julio–, la magistrada titular del juzgado de instrucción número 3 de Picassent, Juana María Gómez Valle, decretara el sobreseimiento provisional del caso. Consideran que en la decisión han prevalecido la carta de suicidio y el resultado de la autopsia. Según ha podido comprobar este medio, el informe preliminar del examen médico concluye que se trata de “una muerte violenta, […] compatible con un suicidio”, y que la causa fundamental ha sido la “compresión extrínseca de las vías áreas (colgamiento)”. Sin embargo, la familia considera que no se ha valorado el estado en el que recibieron el cuerpo: “Tenía la nariz rota, uno de los ojos hinchado y contusionado y los dientes cosidos como si hubiera sido sometido recientemente a una operación de reconstrucción”, denunció a Tokata, un grupo de apoyo a personas presas, a través de un comunicado el pasado 24 de agosto.

Ante las dudas, la familia encargó a Carlos Cuadrado Gómez, perito judicial y forense, una segunda valoración del cuerpo. El informe, al que ha tenido acceso la Directa, concluye que, considerando los vídeos sobre el estado del cuerpo aportados por los familiares, las fotografías de la autopsia y el atestado policial, “no es posible determinar si David Jehová se  suicidó o fue asesinado, pero desde un punto de vista médico legal, existen indicios de criminalidad que deben ser investigados”. Y apostilla: «El perito que firma no sólo no puede descartar la tesis homicida, sino que existen indicios para considerar la etiología mencionada en mayor probabilidad que el suicidio».

El perito afirma que existen diversas “incongruencias que permiten plantear la hipótesis de que David Jehová no se colgó, sino que podría haber sido asesinado”. Por ejemplo, que la lesión del cuello no puede haberla producido una sábana, “ya ​​que este tipo de material produce una abrasión amplia […], en lugar de una marca profunda y bien definida como parece percibirse en la fotografía”. Cabe destacar que, a diferencia del atestado, en el informe de la autopsia, no se hace referencia a una sábana, sino a un «lazo fabricado con la funda del colchón». El experto también manifiesta que no se aprecia cianosis –coloración azul en la piel por falta de oxígeno– en los pies y las manos, lo que es «habitual en un suicidio como el que se ha planteado». «La falta de cianosis –continúa– puede indicar que David no murió en la posición indicada, sino en la enfermería u otro contexto”. Asimismo, el rostro del joven presenta lesiones recientes, «de no más de 24 horas de evolución», tal y como afirma el perito y se observa en las fotografías que aportó la familia. En cambio, en el informe preliminar de la autopsia se afirma que «no se observan lesiones en la superficie corporal, ni contusiones, eritemas o lesiones de defensa y/o lucha».

Otra de las «incoherencias» que señala el perito es el tipo de autopsia efectuada. Aparte de examinar el cráneo, el cuello, el tórax y el abdomen, la médica forense diseca los dos brazos, práctica que, para Carlos Cuadrado, no es usual en los casos de suicidio y podría haber provocado la eliminación de «otros signos de violencia, en caso de que hubiera”. Desde la Asociación Abogados del Patio, que está trabajando en el caso, reclaman un careo entre el perito y la médica forense que le practicó la autopsia «para que se puedan aclarar las contradicciones».

La familia está recibiendo el acompañamiento jurídico y emocional de un grupo de organizaciones, encabezado por Garo techari-Plataforma Nacional por los Derechos Humanos e integrado por entidades como la Asociación Abogados del Patio o la Asociación para la Defensa de los Presos. El grupo de apoyo considera que es «imposible» que el juez pueda «haber ordenado y resuelto» todas las diligencias necesarias en tan sólo once días. Por eso ha recurrido el auto de sobreseimiento del caso. Piden saber si se han investigado cuestiones como si el funcionariado activó el protocolo establecido en caso de suicidio, cuánto tiempo tardaron en trasladarlo a enfermería, si el joven todavía presentaba signos vitales en el momento en que lo encontraron colgado, si había médico de guardia, o por qué éste no se trasladó hasta la celda. Con décadas de acompañamiento y apoyo a la población reclusa y sus familias a sus espaldas, Fernando Garcia, miembro de Tokata, denuncia que la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios es “mínima”: “En el Estado español, uno 66% de las plazas de médico penitenciario están vacantes. Muchas veces, no existe un médico de guardia permanente y, en el caso de los presos en aislamiento o en primer grado, los médicos suelen ser muy reacios a visitarlos”.

En aislamiento

La familia y el grupo de apoyo también exigen que se investigue el presunto incidente entre David Jehová y otro preso, que se revisan las grabaciones de las cámaras entre las diez de la noche del 13 de julio y las ocho de la tarde de el día siguiente, y que se recogen los testigos de internos (presos y funcionarios). Según el atestado policial, el joven ingresó en una celda de aislamiento tras el almuerzo del 14 de julio, a causa del supuesto incidente con otro interno. No se da ningún detalle más. Por su parte, la familia habría conseguido el testigo de uno de los presos, que les aseguró que el día en que David Jehová murió, habrían irrumpido en su celda tres funcionarios al grito de «cacheo» y preguntando sobre el lugar donde escondía “droga” y “un teléfono móvil”. Según relata el recurso, el testigo les aseguró que los funcionarios, “al no encontrar lo que buscaban, sacaron de la celda a David y le trasladaron esposado a una habitación donde fue apaleado brutalmente con el objetivo de obtener una confesión”.

Jordi Buzón Cateura, de la Asociación de Abogados del Patio subraya que “el hecho de que todavía no hayamos podido revisar las grabaciones de las cámaras y que intentan dar carpetazo al caso tan rápidamente nos hace pensar que hay una opacidad por parte de los juzgados e Instituciones Penitenciarias”. Por su parte, Francisco Saavedra, representante y portavoz de la Plataforma, incide en que «persistirán en la lucha por hacer justicia a la muerte de David Jehová». La madre de David también ha enviado una carta a los juzgados de Picassent para pedir «una investigación digna y justa, para poder aclarar toda la verdad de la muerte de mi hijo».

El recurso fue admitido a trámite y están a la espera de conocer la resolución. Por su parte, desde el gabinete de prensa de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior español, han declarado a la Directa que «se han activado los protocolos», pero no pueden ofrecer más información porque «el caso está judicializado».

Desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), su director y profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona, ​​Iñaki Rivera, denuncia que no se investigan suficientemente las muertes en las cárceles: “No se aplica el Protocolo de Minnesotta –aprobado por Naciones Unidas en el año 2016–, que obliga a los estados a llevar a cabo una investigación forense mucho más cuidadosa y profunda, como realizar una segunda autopsia, la custodia de las pertenencias de la persona muerta, tomar declaración a los testigos de forma inmediata o el derecho de la familia a estar informada de la muerte, las circunstancias…”. En la práctica, según Rivera, «normalmente, las muertes se archivan sistemáticamente». «Existe una falta de voluntad política para no investigarlas en profundidad, aunque el protocolo atribuye a los estados la responsabilidad de la vida y la muerte de las personas bajo custodia», concluye.

Familias Frente a la Crueldad Carcelaria La cárcel mata Muertes en prisión

David Jehová Hiruela Moreno, de 22 años, estaba preso en un departamento de castigo especial por aislamiento de la cárcel de Picassent, uno de esos lugares donde reina la violencia brutal y la impunidad en su ejercicio de los carceleros. El 14 de julio, su madre recibió una llamada de la cárcel. Le dijeron que su hijo se había ahorcado. Pero, cuando los familiares pudieron ver el cadáver, descubrieron que, entre otras evidencias, tenía la nariz rota, uno de los ojos hinchado y contusionado y los dientes cosidos como si hubiera sido sometido recientemente a una operación de reconstrucción. En consecuencia, la familia está convencida de que David ha sido torturado y después ahorcado por los mismos carceleros que supuestamente lo custodiaban. Han iniciado ya las acciones legales para denunciar los hechos, pero quieren darlos a conocer también públicamente. Por eso han convocado una primera concentración-manifestación frente a la macro-cárcel de Picassent (Valencia). Su intención es continuar luchando hasta asegurarse de que el asesinato de su muchacho no queda impune. También piensan en el resto de personas presas, de las que mueren anualmente alrededor de doscientas, muchas de ellas en circunstancias muy sospechosas, imposibles de aclarar por la resistencia a investigarlas de las autoridades a quienes correspondería legalmente hacerlo. Esperan la asistencia de familiares y amistades, tanto de David como del resto de la gente presa, y de personas solidarias y enemigas del poder punitivo del Estado.

¡CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL! ¡CONTRA LA IMPUNIDAD! ¡BASTA DE TORTURAS Y ASESINATOS EN PRISIÓN!

 

Cárcel=Tortura Familias Frente a la Crueldad Carcelaria La cárcel mata Muertes en prisión

[picar en imagen para leer o descargar]

Actividad en la calle Familias Frente a la Crueldad Carcelaria La cárcel mata Muertes en prisión

Recuperamos un vídeo de la concentración contra las muertes y el abandono médico en prisión, convocada, en diciembre de 2018 convocada por la asociación de familiares y amigxs de presxs  Familias Frenta A la Cruelad Carcelaria, en diciembre de 2018, ante la Secretaría General de Instituciones Penitencias. En él se puede ver, entre otras queridas compañeras, como Toñi Sáenz, la madre de Luis Acedo, a nuestra hermana y compañera Pastora González. La recordamos con amor. Y queremos recordar al mismo tiempo que la asociación FACC, todavía activa, aunque quizá no con tanto ánimo y fuerza como cuando Pastora estaba con nosotras, ha convocado, para el próximo 3 de junio una manifestación con las mismas intenciones en la cárcel de Picassent. Y que la plataforma de familiares por las muertes en prisión «¡Ni unx más!» ha convocado una manifestación por lo mismo frente a la prisión de Puerto III el próximo 6 de Junio.

¡SI LA LUCHA NO MUERE, PASTORA NO MUERE!

Actividad en la calle Familias Frente a la Crueldad Carcelaria La cárcel mata Muertes en prisión