Consideramos a Iñaki Rivera Beiras nuestro compañero. Los contadores de años han perdido la cuenta de los que lleva él ayudando a organizar la autodefensa de las personas presas y sus familiares frente a la tortura y otros aspectos de la violencia institucional, prácticamente impune, casi legalizada en realidad, en las cárceles y comisarias del Estado español, e incluso en las calles de las ciudades que domina. Iñaki ha trabajado incansable proporcionando herramientas teóricas y prácticas y argumentos sólidos para ese esfuerzo, denunciando públicamente todo aquello que lo motiva, formando a mucha gente para participar en él. ¡Qué asquerosos resultan los defensores de la tortura y de la impunidad de los torturadores cuando intentan volver contra él el castigo! ¡Cómo se ponen en evidencia! ¡Cómo si no supiera por amarga experiencia toda la gente de abajo que en las cárceles catalanas y españolas se tortura! Ahora parece que los sindicatos corporativistas de carceleros, que buscan ser aplaudidos y cada vez mejor pagados como profesionales de la violencia y, por supuesto, de la tortura –ellos la encubren con eufemismos como «protocolos de esto o aquello» o «uso de medios coercitivos»– reculan ante el desafío, que se han atrevido a forzar con su cinismo, de discutir públicamente y ante un tribunal si torturan o no. ¿Estará tan envilecida la sociedad catalana y española como para castigar a un valiente e irreprochable defensor de la dignidad humana como Iñaki para que queden en buen lugar, contra toda evidencia, esos impresentables carceleros? ¿Ha llegado, entonces, el momento de abrir un verdadero debate público sobre la tortura y su uso continuo y rutinario por los agentes del Estado español? Igual va y la incluyen en su «Constitución». O igual se debilitan un poco la hipocresía, el descaro y la impunidad con que desde hace tantos años se ha estado practicando y consintiendo. Tal vez, ahora lo veamos. A continuación, la traducción al castellano de un artículo publicado ayer en la página web de La Directa sobre esta repugnante denuncia, sus antecedentes y sus primeras vicisitudes.
LA DIRECTA: CCOO DENUNCIA A IÑAKI RIVERA POR DECIR EN TV3 QUE LOS MALOS TRATOS EN LAS PRISIONES CATALANAS «NO SON CASOS AISLADOS»
El director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona y del Sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de violencia institucional (SIRECOVI) ha declarado este miércoles ante el juez que lo investiga por un presunto delito de calumnias con publicidad, a raíz de su intervención en una entrevista televisiva en TV3 en el que denunció la existencia de malos tratos en los módulos de aislamiento de las cárceles catalanas por parte de los funcionarios. El profesor universitario se ha ratificado en sus palabras ante el juez. La Agrupación de Personal Penitenciario del sindicato CCOO, autora inicial de la denuncia contra Rivera, no ha enviado ningún representante legal al juzgado, ya que ha decidido no personarse como acusación en la causa.
El pasado mes de noviembre, Iñaki Rivera y Elizabeth Hernández visitaban el plató del programa «Todo se Mueve» de TV3 para hablar sobre las muertes de personas privadas de libertad en los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT), donde las presas pasan 21 horas aisladas en sus celdas de los centros penitenciarios catalanes. Esta entrevista se producía poco después de que el SIRECOVI publicara su informe sobre la Violencia Institucional en Cataluña, que ponía especialmente el foco en el centro penitenciario de Brians I, donde en los últimos cuatro años un mínimo de tres internas se habían suicidado o habían muerto en extrañas circunstancias mientras estaban recluidas en este régimen. Una de las víctimas fue Gina Katherine Gómez –de veinte años y hermana de Elizabeth–, que en agosto de 2018 fue encontrada muerta en su celda de aislamiento. La interna estaba medicada, tenía antecedentes psiquiátricos y había amenazado con suicidarse en varias ocasiones. Aun así, llegó a pasar 75 días seguidos en régimen cerrado, aunque la normativa internacional y el Relator de Naciones Unidas recomiendan que la situación de aislamiento nunca supere los 15 días para no afectar a la salud mental de las internas. De hecho, según datos del Consejo de Europa, las muertes por suicidio en este régimen son doce veces superiores a las que se producen en régimen ordinario. Hoy día, la familia de Gina continúa luchando para esclarecer las causas de su muerte, aunque no han conseguido una segunda autopsia y la juez ha decidido archivar el caso.
En su intervención en el programa, Rivera señalaba que las muertes en extrañas circunstancias, las torturas, los malos tratos y las vejaciones en los DERT de las cárceles catalanas –y también a los regímenes de aislamiento de las prisiones del Estado español– «no son casos aislados «, como denuncian desde hace años el SIRECOVI y el OSPDH gracias a sus visitas semanales a los centros penitenciarios catalanes y el contacto con personas presas y sus familias. De hecho, según anunciaba el mismo Rivera en el programa televisivo, estas denuncias constantes incluso habían provocado una visita extraordinaria del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para analizar lo que pasaba en los DERT de las cárceles catalanas. Según los datos publicados esta misma semana en el informe anual del Mecanismo de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo, en 2018 se abrieron 59 procedimientos administrativos y judiciales por malos tratos en las prisiones catalanas –15 de ellos en Brians I–, la mayoría por denuncias de agresiones y vejaciones por parte de los funcionarios.
Estas afirmaciones de Rivera en el programa no parecen haber gustado a la Agrupación de Personal Penitenciario del Sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que presentó inmediatamente una denuncia contra él por calumnias con agravante de publicidad, por la cual le piden dos años de cárcel. Según han hecho público desde el sindicato en la red social Twitter, «lamentamos no haber llegado a un acuerdo con Iñaki Rivera, para que, matizando sus declaraciones, clarificara que su denuncia no buscaba generalizar la acusación a todos los funcionarios. Esto nos hubiera permitido tratar la denuncia de otra manera». A la denuncia de CCOO también se ha sumado la sectorial de prisiones de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que en un comunicado publicado el pasado 12 de septiembre afirman «no toleraremos que ningún iluminado venga a sembrar sobre nosotros la duda de la mala praxis o el maltrato hacia quien está bajo nuestra custodia «.
Aunque Rivera fue la persona que hizo publicas estas afirmaciones en el programa, las denuncias están recogidas y documentadas en informes de diversos organismos nacionales e internacionales. De hecho, organismos referentes en la materia como la Organización Mundial Contra la Tortura, con sede en Ginebra, junto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos, con sede en París, han divulgado un comunicado de apoyo a Rivera –reconocido defensor de los derechos humanos– en el que interpelan el gobierno catalán y estatal para que impidan este acto de represalia. Asimismo, varias entidades de derechos humanos de todo el Estado están prestando un apoyo unánime a la labor que desarrolla el OSPDH y el SIRECOVI.
Desde estas dos entidades han hecho público un comunicado ante esta situación en el que expresan que «esta denuncia, no puede más que interpretarse como un intento de disuadir a Iñaki Rivera, al equipo del OSPDH y SIRECOVI y demás entidades de derechos Humanos que trabajan en las prisiones, de su acción de denuncia de la violencia institucional y de la vulneración de derechos y constituye un ataque injustificable al derecho a la libertad de expresión «.
15 años de persecución por denunciar malos tratos en las cárceles
No es la primera vez que Rivera se enfrenta a denuncias y vejaciones por parte de un sector del funcionariado de prisiones. De hecho, esta persecución mediática se remonta a unos hechos ocurridos en 2004, a raíz del motín que se produjo en el centro penitenciario de Quatre Camins –ubicado en la Roca del Vallès– y las represalias físicas y psicológicas del funcionariado hacia los presos que participaron. Las conversaciones que las investigadoras del Observatorio mantuvieron con los presos las semanas posteriores al motín se hicieron públicas en los medios de comunicación, y sirvieron para elaborar un dossier que ayudó a denunciar los malos tratos y las torturas en varios procesos judiciales y ante los organismos internacionales. La sentencia –ratificada por el Tribunal Supremo– condenaba a seis funcionarios a penas de entre seis meses y tres años y medio de prisión por maltrato. «Fue la primera vez que se conseguía que una sentencia condenase a los funcionarios por malos tratos, y uno de ellos era el subdirector médico del centro», explica Rivera, «esto no les gustó nada, a partir de ahí un grupo de funcionarios comenzó una campaña de descalificaciones y amenazas contra mi persona a través de internet, que aún continúa hoy en día «.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios tampoco facilitaron la tarea del OSPDH, que a raíz de esta sentencia y durante la dirección de Pere Soler les prohibieron la entrada a las cárceles catalanas, en una restricción que se prolongó hasta el cambio de dirección en 2016. «Cuando pudimos volver a entrar, decidimos crear SIRECOVI como una herramienta para poder atender todos los casos de torturas, malos tratos, vejaciones y suicidios que recibíamos por parte de las personas presas y las familias, sobre todo de Brians I «, recuerda Rivera. A raíz de estas denuncias se logró llevar a juicio al entonces director del centro, Juan Carlos Navarro, para responder sobre el suicidio de la interna Raquel E.F. mientras se encontraba en régimen de aislamiento en abril de 2015. Además de este sistema de registro de violencias dentro de los centros penitenciarios, desde el OSPDH también se presionó para que se abriera un grupo de trabajo sobre los DERT al Parlamento de Cataluña, y se han impulsado diferentes campañas de visibilización y denuncia sobre las muertes en extrañas circunstancias y los suicidios que se producen en este régimen cerrado.
La denuncia constante de las vulneraciones de derechos fundamentales dentro de los centros penitenciarios ha provocado la irritación de un sector del funcionariado de prisiones, que ha decidido denunciar a Rivera por la vía penal y ha conseguido que se siente a declarar ante el juez. «La verdad que en lo personal me siento un poco cansado y estoy bastante afectado por este tema, que ya se alarga desde hace mucho tiempo. Pero por otro lado situaciones como ésta son las que me hacen estar todavía más determinado a continuar denunciando estas vulneraciones en un lugar tan invisible para la sociedad como son las cárceles, y muy contento de ver toda la red de solidaridad y apoyo que tengo en mi alrededor «, concluye.
CCOO no se persona en la causa
Riverase ha personado esta mañana del miércoles, 18 de septiembre, en la Ciudad de la Justicia, acompañado de una cincuentena de personas que le han apoyado, donde había sido citado por el Juzgado de Instrucción número 3, que ha asumido el caso. Al salir, explicó que se ha ratificado ante el juzgado en todo lo que dijo en TV3 y ha apuntado que la denuncia responde a un intento de «intimidar» la tarea que hacen el Sirecovi y el OSPDH. Con todo, ha precisado que «no he tenido ningún ánimo de menospreciar el trabajo de los funcionarios penitenciarios y me consta que muchas veces trabajan en condiciones de extrema dificultad y peligrosidad». El sindicato CCOO no ha enviado ningún representante legal a la declaración ya que, según fuentes judiciales, finalmente no está personado en la causa como acusación, a pesar de haber sido quien presentó la denuncia contra el profesor universitario. Este hecho insólito no implica, sin embargo, que la causa se deba archivar de forma automática, aunque desde el equipo de letrados que asiste el director del Obervatorio –formado por las abogadas Laia Serra y Àlex Solà– apunta que tienen previsto pedir el archivo de la causa en los próximos días, atendiendo a la circunstancia de que la parte acusatoria no se ha personado.
