Categoría: <span>Cárceles racistas</span>

Desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE han podido confirmar que el próximo 2 de Julio habrá un nuevo vuelo de deportación con escalas en Senegal y Camerún.

Se lanza esta alerta sabedoras de que en los próximos días se producirán redadas policiales para capturar personas de estas nacionalidades, que se suelen identificar los días previos en función del número de plazas que queden por llenar en esos vergonzosos aviones de Air Europa. La compañía cobra más de 12 millones de euros al año por este sucio negocio  (+ información).

Esta alerta no tiene por objetivo atemorizar a la población, sino al contrario, aportar información a todos los vecinos y vecinas para que puedan actuar y organizarse colectivamente, por ejemplo, denunciando las redadas policiales de las que sean testigos (pues suelen producirse en el espacio público y en los medios de trasporte), intensificando la campaña de Boicot a Air Europa, desplegando redes de cuidado entre las vecinas y vecinos, difundiendo este mensaje en las redes sociales…

stopdeportacion.wordpress.com

La dureza del internamiento llevó en la semana pasada a una de las personas recluidas en el CIE de Aluche a emprender una huelga de medicación que se ha prolongado durante 10 días. Esta persona, que sufre leucemia y diabetes, ha sido privada de libertad y del cuidado de sus seres queridos en un centro en el que la atención médica es deficiente y las condiciones son de hacinamiento e insalubridad.

El encierro en el CIE somete a las personas a un estado de angustia y estrés que afecta a su bienestar físico, psicológico y social. En los CIEs se encierra a personas que sufren graves enfermedades, que llevan más de quince años en España, que tienen hijas/os menores a su cargo, que son víctimas de trata o que huyen de amenazas en sus países de origen.

Junto con otras personas internas han unido fuerzas para hacer llegar sus testimonios al exterior del CIE y denunciar en una carta dirigida al Juzgado nº 6 de Madrid:

https://www.youtube.com/watch?v=DpRpRi-cU9g

El pasado 18 de marzo había programado un vuelo con salida Madrid (Barajas) a las 18 horas con destino Dakar, operado por Iberia. En este vuelo comercial se iba a llevar a cabo la expulsión –contra su voluntad– de un ciudadano de origen senegalés Elhadji N. F., conocido como Bocart. Como en otros vuelos de deportación, esta persona estaba custodiada por la Policía Nacional que, amparada por el Protocolo de deportación, está encargada de ejecutar la deportación, empleando la fuerza que estime necesaria.

No sólo el sistema de deportaciones es ilegítimo sino que, además, en esta ocasión nos encontramos con una persona con fuertes lazos sociales. Llegó a España en 2010 y actualmente mantiene una relación sentimental con una persona de origen español. Bocart, se encuentra a la espera de una resolución para regularizar su situación administra, a través de la figura del arraigo. Por otro lado, al encontrarse en situación irregular (falta administrativa) la autoridad gubernamental le había impuesto la medida de ir a firmar cada 15 días. El pasado 16 de marzo, cuando estaba cumpliendo escrupulosamente con este control administrativo, sin mediar palabra, fue retenido por la policía para proceder a su expulsión, sin acceso a una asistencia jurídica adecuada.

La escena de violencia policial contra Bocart derivó en una respuesta de solidaridad inusitada entre los pasajeros del avión ante la ilegitima deportación. La actuación policial supuso una presunta mala praxis que pudo poner en riesgo la seguridad del pasaje. Siendo lamentable cualquier tipo de daño personal, nos encontramos con una respuesta de desobediencia civil ante un uso efectivo de la violencia por parte de la policía, que se ha saldado con la detención de 10 pasajeros, todos ellos de origen senegalés. Lamentablemente, la historia de las deportaciones está plagada de malos tratos policiales que pasan desapercibidos y sin ninguna respuesta de solidaridad. Uno de los casos más lamentables fue la muerte de Osamuyi, precisamente en un vuelo comercial de Iberia, en el año 2007, cuando estaba siendo deportado contra su voluntad por la policía. Su muerte, lejos de derivar en una condena dio lugar a la aprobación del protocolo que ampara las prácticas policiales.

Los vuelos de deportación (ya sean comerciales o vuelos fletados ad hoc) son un sucio negocio por el que las compañías áreas se embolsan cantidades millonarias. Ahora mismo se está negociando un contrato con Air Europa valorado en más de 11 millones de euros. Pero, además, los vuelos necesariamente han de ser conectados con todo un macabro mecanismo de deportación que pasa por: redadas, ingresos en CIE o deportaciones exprés (en menos de 72hs), en las cuales se hace desaparecer a las personas de un día para otro, como se pretendía hacer con Bocart.

En el libro de reciente publicación, “Paremos los Vuelos: las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa” se recoge un análisis del perverso y millonario negocio de los vuelos de deportación y se hace una llamada a acciones de resistencia pacífica como el boicot a Air Europa y al conjunto de aerolíneas que se están lucrando con el negocio de las fronteras. Desde la Campaña estatal por el cierre de los CIEs insistimos en el fin inmediato de los vuelos de deportación.

Campaña por el cierre de los CIE

La falsifición del suceso por la cadena Ser

En su declaración de denuncia, Mohamed Rezine Zohuir relata que el 19 de enero, tras verter “accidentalmente” agua de un vaso en el comedor, un agente le llevó a las duchas del centro, cerró con llave, y le propinó “patadas, puñetazos y golpes con la porra”. En el momento en el que el interno estaba en el suelo y el policía tenía una bota sobre su cabeza –siempre según explica éste en la denuncia–, entró una agente y la enfermera del centro, a la que escuchó decir, “deja al chico, lo vas a matar”. Asegura que tuvo que ser trasladado al hospital, donde fue intervenido con 17 puntos de sutura. Además, presenta moratones en varias partes de su cuerpo.

Las denuncias contra los policías del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia) se acumulan en los juzgados de instrucción. El Defensor del Pueblo ya ha expresado su preocupación por los hechos que los internos aseguran que pasan entre sus paredes. Entre tanto, la Delegación de Gobierno se limita a negarlos y recuerda que el centro cuenta con cámaras que graban todo lo que acontece en él. La dirección, por su parte, se niega a declarar nada sobre las acusaciones.

El año pasado se presentaron más de 40 denuncias por parte de los inmigrantes internos contra los policías. De hecho, esta misma semana un juzgado ha admitido a trámite una querella por torturas y se está a la espera de que otro juzgado se pronuncie sobre otra similar. Estos dos últimos casos se refieren a las torturas que aseguran haber recibido dos internos por parte de varios agentes que carecían de identificación. Mohamed es uno de ellos.

El juez considera que se deben investigar unos hechos que podrían ser “constitutivos de delito contra la Integridad Moral”. Por eso, lo ha llamado a declarar el próximo 20 de febrero y ha solicitado a la dirección del CIE las grabaciones del día en el que sucedieron los hechos, la identificación del presunto agresor y los testigos, incluidos la enfermera y el médico que asistieron al interno, y que se envíe su expediente médico y parte de asistencia.

La denuncia de Mohamed es sólo la última de una retahíla de quejas, querellas y demandas. Desde la Campaña por el Cierre de los CIE, su portavoz, Ana Fornés, asegura que esto deja claro que “no es una mala práctica puntual”, y demuestra que “ante tanta violencia estructural, hay una falta de preocupación muy grave por parte de la dirección del CIE, la delegación de Gobierno y el Ministerio del Interior”.

“Se repiten las denuncias y no se toman medidas de precaución, más bien al contrario. Parece que las medidas que se toman favorecen la impunidad porque deportan a las víctimas y no se suspende a los implicados”, denuncia Fornés.

En octubre del año pasado, varios internos de origen argelino denunciaron agresiones de la policía tras un intento de fuga. Ante la Defensoría del Pueblo, explicaron que hubo una decena de heridos a los que se les tuvo que aplicar sutura en forma de grapas, por las lesiones que presentaban en la cabeza, fruto de la represalia de tres agentes de policía. Además, según las declaraciones de los afectados, ninguno de ellos fue atendido en un centro hospitalario, tal y como reclamaban, y fue el servicio médico del CIE el que les aplicó los puntos de sutura.

Proceso abierto

Uno de los pocos procesos que siguen abiertos es el de juzgado de instrucción que investiga un delito de agresiones a cinco menores argelinos. El pasado mes de noviembre declaró uno de los agentes que los presuntos agredidos pudieron identificar. Negó los hechos que se le imputan.

El caso parte de la denuncia de cinco jóvenes argelinos, que aseguraron haber recibido agresiones, y que contaban con informes médicos. La causa se archivó en primera instancia, aunque luego se reabrió el caso. En un principio, el juzgado no llamó a declarar a los policías que estaban de servicio y las víctimas fueron expulsadas sin que se les tomara declaración. Semanas después, la Audiencia de Valencia admitió el recurso de apelación de las víctimas, al considerar que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de torturas del artículo 174 del Código Penal, obligando al juzgado a reabrir el caso y a practicar diligencias de investigación.

Chinches, duchas de agua fría e insultos racistas

Por otro lado, son constantes las quejas ante el juzgado sobre la situación del centro de Zapadores. De hecho, el juzgado de instrucción número 3, el encargado de velar por que se cumplan los derechos y libertades de las personas internas, ha recibido una denuncia por una plaga de chinches.

El 5 de diciembre del año pasado, el Defensor del Pueblo entregó al director del centro una lista con las quejas y medidas a tomar en cuanto a las instalaciones y las condiciones de las personas que allí están encerradas, entre ellas facilitar ropa de abrigo.

A finales de enero, 41 internos también denunciaron la situación “deplorable” del CIE. Entre sus quejas aparece la falta de agua caliente en las duchas durante todo el periodo invernal. También que sólo pueden hacer uso de un aseo para 80 personas, que sufren aturdimiento después de las comidas –que definen como “escasas e insulsas”–, así como que carecen de zonas y actividades de ocio durante el encierro, lo que conlleva un sentimiento de desesperación durante los hasta dos meses que pueden permanecer allí. Asimismo, se quejan de que no existen dispositivos de apertura mecanizada de las celdas –lo que aumenta el peligro en caso de incendio–, y el trato discriminatorio por parte de algunos agentes de Policía. Varios internos aseguran recibir insultos racistas o locuciones amenazantes como “si me vuelves a hacer alguna pregunta te rompo la cabeza” o “cógete un billete y lárgate a tu país».

La Marea

CIE NO from Zante on Vimeo.