Este es un artículo de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria publicado ayer en catalán en la página web de La Directa y en castellano en el blog de esa asociación, cuyo fin es la autodefensa de familiares y amistades de personas presas y la protección de éstas.
LA HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES PISOTEA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRESAS Y DE SUS FAMILIAS
Como sabe todo el mundo, ya que la práctica totalidad de los medios de comunicación llevan muchos meses aireando exhaustivamente sus argumentaciones, los funcionarios de la Secretaría General de Instituciones Penitencarias —excluidos, por tanto, los que están a las órdenes de la Generalitat— han realizado, en octubre y noviembre, seis jornadas de huelga general. Para los convocantes, un “éxito”, con alto porcentaje de participación. La culminación de una campaña propagandística y de movilizaciones, que ha ido in crescendo durante el último año y medio. O de su primera etapa, ya que piensan seguir por el mismo camino mientras no se atiendan sus demandas. Los portavoces de sus sindicatos —ACAIP, CSIF, CCOO, UGT y CIG— dicen que, desde que empezaron los recortes por la crisis, su vida es un “calvario”, que su situación laboral es precaria y su sueldo escaso, que sus plantillas están mermadas, envejecidas y poco formadas y, sobre todo, que han aumentado desmesuradamente las agresiones de la población encarcelada hacia ellos. Exigen, entre otras cosas, aumento de sueldo, incremento de las plantillas, reactivación del protocolo contra esas supuestas agresiones aprobado por el anterior gobierno, y que se les considere “agentes de la autoridad”. “Estamos pidiendo al Gobierno que nos ampare, que nos proteja”, dicen. “Como faltan funcionarios, el servicio público penitenciario se deteriora, se controla peor a los internos y hay más agresiones”. Se presentan como víctimas de la violencia de las personas presas. “Tu abandono me puede matar”, rezan algunas de sus pancartas.
Para nosotras, una mentira no se convierte en verdad por mucho que se repita. Y desde nuestra perspectiva se ve un panorama de las cárceles españolas totalmente distinto: a muchos de nuestros familiares presos se les ha torturado y maltratado; existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a quienes lo sufren; se traslada arbitrariamente a las personas presas, desarraigándolas de su entorno social y familiar; la comunicación con la calle está muy restringida, igual que el acceso a la cultura y a la educación; se censuran las publicaciones y no existe libertad de expresión ni de asociación; la explotación laboral es enorme; las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres; la situación médico-sanitaria es catastrófica, ya que la administración incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar la igualdad de prestaciones médicas y farmaceúticas entre la población encarcelada y el resto de ciudadanos; muchos enfermos graves quedan abandonados, sin diagnóstico ni tratamiento alguno, pero no se aplica la legislación que permitiría excarcelarles más que cuando ya es seguro que van a morir pronto; el tráfico de drogas ilegales está consentido y, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin control médico adecuado; hay muchas personas presas con enfermedades psiquiátricas que no reciben los cuidados correspondientes, sino que muchas de ellas van a parar al régimen de castigo; la mortalidad es mucho mayor que en la calle, a menudo por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita», con muchos fallecimientos en circunstancias extrañas y dudosas, nunca aclaradas, pues no se cumplen los trámites legales ni se da a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las administraciones carcelaria y judicial que les perjudican. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, encargados de la “tutela judicial efectiva” de los derechos de las personas presas, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican. Algunas personas presas están denunciando todas esas situaciones que convierten en papel mojado el principio constitucional de que las condenas estén orientadas a la reinserción social. Llevan varios años haciendo ayunos y huelgas de hambre para dar a conocer una tabla reivindicativa donde se enumeran y analizan muchas de las vulenraciones de derechos y tratos crueles, inhumanos y degradantes que están sufriendo. Justo en el mes de octubre han hecho una huelga de hambre colectiva, realizaron otra en mayo y hay una nueva convocatoria del 10 al 25 de diciembre. El eco mediático de esa actividad prácticamente no ha existido, aparte del que han querido darle, afortunadamente, algunas publicaciones alternativas coordinadas con grupos libertarios y asociaciones abolicionistas, garantistas o defensoras de los derechos humanos. Una difusión muchísimo menor, por supuesto, que la que ha apoyado incondicionalmente la propaganda de la huelga de funcionarios.
Ellos quieren “que se dignifique el trabajo de los funcionarios de prisiones y se les valore” y se quejan de que en las condiciones actuales no pueden llevar a cabo su “labor de reinserción”. Pero tanto en su práctica habitual como en sus reivindicaciones y en su modo de intentar imponerlas demuestran que prefieren seguir siendo unos profesionales de la violencia. De todas formas, la interpretación de la radicalmente ambigua ley penitenciaria que da primacía a los criterios de seguridad sobre el “principio de rehabilitación” se ha consolidado en las sentencias de los más altos tribunales. Los sindicatos carcelarios ya habían anunciado antes de la huelga —convocada a propósito en fin de semana, cuando se realizan preferentemente las visitas— que pretendían colapsar las comunicaciones entre las personas presas y sus familias para que «los ciudadanos entiendan la situación en la que nos encontramos”. Es la forma más habitual de actuar de los de su gremio para presionar a la otra parte en sus conflictos laborales: perjudicar todo lo posible a las personas presas y a sus allegados, provocarles para ver si se rebelan, justificando así la represión y dándoles la razón en su victimismo. Se han perdido visitas médicas, citas hospitalarias, turnos quirúrgicos, medicaciones, curas, comidas, entrevistas con abogados, comparecencias judiciales, permisos de salida, horas de paseo, actividades deportivas, culturales o educativas… y, sobre todo, comunicaciones. Sus piquetes han bloqueado las entradas a las cárceles y coaccionado a las personas que venían de visita, impidiéndoles entrar siquiera a los recintos, donde quizá habrían podido ser atendidas por los servicios mínimos. Imaginaos que, después de un largo viaje, con el correspondiente gasto, deseando abrazar a un ser querido preso que está esperando con ansiedad vuestra llegada, os encontráis con una banda de guardianes que, aunque no estén de servicio, con su prepotencia habitual, os impiden el paso e incluso os amenazan, bajo la mirada de la guardia civil o de la policía, que asisten pasivamente a esos comportamientos tipificados como delitos, cometidos ante sus narices.
Asímismo, durante el mes de noviembre, han arreciado las provocaciones y palizas a la gente presa, tergiversadas ante los jueces en las correspondientes contradenuncias y publicadas enseguida en los medios como “una nueva agresión contra los funcionarios”. ¿Cómo puede ser que suceda eso? En primer lugar, porque los poderes dominantes en la sociedad española, incluidos los que controlan los medios de comunicación, están a favor de la tortura y no existe ninguna voluntad política de combatirla. Y, además, porque, en las cárceles, las torturas y malos tratos se producen generalmente en lugares donde no hay videovigilancia ni testigos. Y, si no, se destruyen las grabaciones de video, se pierden o no tienen la suficiente calidad para ver lo que ha sucedido realmente. Mientras las víctimas y testigos no se atreven a denunciar, por temor a represalias, ya que quedan a merced de los torturadores. Los médicos se niegan a extender los correspondientes partes de lesiones o las minimizan; los jueces suelen denegar las diligencias de investigación que se les solicitan; la fiscalía se opone a ellas sistemáticamente, y las denuncias resultan archivadas en su mayor parte. Además, los carceleros suelen denunciar a su vez a quienes han maltratado, acusándoles de “resistencia”, “desobediencia”, “atentado” y lesiones como torceduras de muñeca, por manejar la porra con demasiado entusisasmo, dedos rotos, a causa de golpes mal dados, o contusiones, que se producen al chocar unos con otros cuando se abalanzan, diez contra uno, sobre una persona presa. Y encima quieren que se les considere “agentes de la autoridad” para que sus manifestaciones gocen de “presunción de veracidad” y las condenas contra los presos denunciados se agraven considerablemente.
De manera que lo que se viene a plantear fundamentalmente en esta huelga es una defensa todavía más cerrada de la impunidad en la tortura dentro de las cárceles, que se valore por ese mismo hecho a quienes la ejercen y que se les recompense por ello. Nosotras no podemos menos que oponernos frontalmente a esa pretensión. Querríamos reunir la fuerza suficiente, que sólo puede venir de la autoorganización de las personas afectadas y la coordinación de esfuerzos entre ellas y con todas las personas y organizaciones sensibles a estos problemas. Y desde este campo, además de que se remedien todas las demás vuleneraciones de los derechos de la personas presas, lo que cabe exigir prioritariamente es que se tomen medidas especiales para acabar con esa impunidad en la práctica de la tortura, controlando en primer lugar, precisamente, a los funcionarios de prisiones. Harían falta acciones de mucho mayor alcance, —como, por ejemplo, que la fiscalía y el resto del poder judicial actuaran realmente contra la tortura y los demás abusos—, pero, mientras nos preparamos para exigir aquéllas, se nos ocurren una serie de medidas concretas: que los médicos que extienden los partes de lesiones sean independientes de las instituciones penitenciarias; que no haya puntos ciegos en los sistemas de videovigilancia; que sea fectivamente obligatorio guardar y entregar al juez las grabaciones de video; que éstas lleven también grabación de audio; que se graben igualmente las conversaciones a través de los interfonos que conectan las celdas con los funcionarios de guardia… Nos parece mucho más urgente destinar a todo eso la cantidad necesaria de dinero público que gastarla en subirles el sueldo a los carceleros.
En fin, los funcionarios de prisiones ejercen su derecho fundamental a la huelga pisoteando, como mínimo, los derechos fundamentales de las personas presas, de sus familiares, amistades y abogados. Apoyados por algunos sindicatos supuestamente obreristas, se presentan como “trabajadores”,. Pero lo que distinguió siempre a la clase obrera —recordémoslo, ahora que todo el mundo quiere pertenecer a la “clase media”— fue, precisamente, la solidaridad, de donde brotaba su fuerza para enfrentarse a las condiciones opresivas de dominación y explotación. Y los carceleros no sólo son servidores activos de esa misma opresión, sino que su actitud en la defensa de sus intereses laborales es profundamente insolidaria. Con ella, han vulnerado, entre otros, nuestros derechos a la vida y a la integridad física y moral, a la salud, a la defensa jurídica, a no padecer tratos crueles, inhumanos y degradantes… Tampoco han quedado garantizados los servicios mínimos, que prácticamente no se han prestado, ni se ha avisado adecuadamente a las personas afectadas de los que iban a quedar restringidos por la huelga. De todo ello son responsables los funcionarios de prisiones huelguistas, los sindicatos convocantes y, en muchos aspectos, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Proponemos, por tanto, a las personas presas, familiares, amistades, abogados, etc. que se hayan visto perjudicados de algún modo por la huelga de funcionarios de prisiones, por sus abusos durante la misma y por la negligencia de la administración penitenciaria entablar colectivamente acciones legales contra ellos, por las vulnaraciones de nuestros derechos, por las acciones delictivas perpetradas contra nosotros y por las daños y perjuicios materiales y económicos que se nos han causado.
Convocamos a todas las personas afectadas a que nos envíen sus datos —nombre, apellidos y número de DNI— y un relato de lo que les ha sucedido a la siguiente dirección de correo electrónico: lavozdelxspresxs@riseup.net.
Está claro que esto sólo sería el principio de una acción en común de mucho mayor alcance. Quienes vivimos día a día lo que sucede en las cárceles sabemos lo necesario que es que nos coordinemos para afrontarlo.
