Categoría: <span>Actividad en la calle</span>
Recordamos a los compañeros presos participàntes en la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas durante elmes de diciembre. Mencionamos actividades recientes y otras que se preparan en Madrid, Barcelona y otras ciudades. Conversamos con una persona del colectivo anticarcelario Pronoia de Murcia sobre las actividades e ideas de este grupo. Hablamos de la situación actual de personas presas como Carmen Badía o Antonio Nieto Galindo.
El Grup de Suport a Persones Preses de València ha sacado una pegatina, un cartel y un fanzine para apoyar la denuncia por torturas a personas presas presentada por la asociación Familias Frente A la Crueldad Carcelaria contra carceleros de la prisión de Castellón II. También el grupo Fuera Del Orden, de Alcalá de Xivert (Castellón), ha elaborado un fanzine con el mismo propósito. Todo ello podéis encontrarlo aquí.
Fuente: Colectivo Pronoia
Hablamos con algunas familiares de presos y componentes de FFACC de torturas en la cárcel de Albocàsser y de cómo hacerles frente. Comentamos las concentraciones del jueves frente a los colegios de médicos en diez ciudades diferentes en apoyo a la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas.
Aquí va la traducción del catalán al castellano del artículo aparecido esta mañana en la página de La Directa Anunciando Las concentraciones que se han realizado a lo largo del día de hoy frente a los colegios de médicos de diez ciudades diferentes por la excarcelación de lxs Presxs gravemente enfermos.
GRUPOS DE APOYO CONVOCAN CONCENTRACIONES EN DIEZ CIUDADES DEL ESTADO ESPAÑOL PARA PEDIR LA EXCARCELACIÓN DE LAS PERSONAS PRESAS CON ENFERMEDADES GRAVES
La acción, que ha sido coordinada por diferentes colectivos, se celebrará a las puertas del Colegio de Médicos de ciudades como Valencia, Lleida o Manresa. Estas concentraciones pretenden visibilizar algunas de las reivindicaciones de las presas en lucha activa, que continúan la huelga de hambre rotativa iniciada el pasado mes de septiembre en diferentes centros penitenciarios.
Cuando se cumplen casi tres meses desde que comenzó la propuesta de huelga de hambre rotativa a diferentes cárceles del Estado español -con el objetivo de visibilizar la tabla reivindicativa de 14 puntos- por parte de un grupo de presas en lucha activa desde el verano de 2016, varios grupos de apoyo han decidido coordinarse para realizar una acción que dé visibilidad a algunas de estas reivindicaciones en la calle. En este caso, se trata de reivindicar los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad y hacer visible el incumplimiento de la legislación que regula la excarcelación de las personas presas con enfermedades graves, contemplado tanto en la Constitución española como las leyes penitenciarias. Según recoge el artículo 208.1 del Reglamento Penitenciario «les garantizará, a todos los internos sin excepción, una atención médica equivalente a la dispensada al conjunto de la población», un derecho que, según las personas privadas de libertad, sus familiares , abogados penalistas, entidades defensoras de derechos humanos y grupos de apoyo a presas, se está vulnerando continuamente.
Desde 1986, la administración penitenciaria es la encargada de la atención primaria dentro de las cárceles -con un equipo médico fijo y unoa periódico-, y el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encarga de la atención especializada de los internos, según los convenios fijados con cada comunidad autónoma. Uno de los problemas del modelo es que la atención primaria queda en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), que depende del Ministerio del Interior español y, por tanto, los servicios sanitarios se ven limitados a criterios que dependen de convenios presupuestarios, de la seguridad del centro o del orden regimental, en lugar de basarse en criterios médicos. Esto se traduce en el hecho de que muchas veces un médico debe obedecer un superior jerárquico -que no es sanitario-, o que una plaza no se cubra de inmediato, lo que hace que una prisión se pueda quedar sin médico durante semanas. Por ahora, el 37% de las plazas de médico penitenciario están sin cubrir.
En 2003, en un clima de movilizaciones sociales para lograr un sistema de salud universal igualitario para todos, el Congreso español aprobaba la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que obligaba al gobierno, entre otras medidas, a transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas en un plazo de dieciocho meses. Pasados dieciséis años de la aprobación de la ley, y después de varias mociones presentadas por diferentes fuerzas políticas para su aplicación efectiva, hoy en día sólo Cataluña y el País Vasco han transferido las competencias a su sistema de salud autonómico.
Según afirman en una carta dirigida al Colegio de Médicos por parte del grupo de apoyo a personas presas Tokata, «el abandono por parte de las diferentes administraciones, la descoordinación entre ellas, los recortes presupuestarios y la resistencia por parte del administración penitenciaria a hacerse cargo de los gastos que le corresponden, ha derivado en que la atención médica y las prestaciones farmacéuticas y complementarias que reciben las personas presas sean mucho peores que las del resto de la población, llegando a ser, en muchos casos, una auténtica catástrofe para ellas «.
Otra vulneración de derechos es la que padecen las personas presas con enfermedades terminales que, a pesar de estar diagnosticadas con un estado avanzado e incurable, continúan cerradas dentro de los centros penitenciarios sin «el derecho a la libertad condicional», como obligan el artículo 91 del Código Penal y el 196 del Reglamento penitenciario (RP) para este tipo de situaciones o, en su defecto, pasar al tercer grado de régimen penitenciario, como marca el artículo 104.4 del RP «por razones humanitarias y dignidad personal» .
En 2018 murieron 210 personas en las cárceles del Estado -con un promedio de cuatro muertes por semana-, la mayoría de ellas a causa de enfermedades graves. Unas personas que según el colectivo Tokata «deberían haber sido excarceladas por ser cuidadas y tratadas adecuadamente fuera de las cárceles, lo que podría haber prolongado su vida o al menos dignificado su despedida». La segunda causa de muerte en las prisiones es la sobredosis por consumo de drogas legales -barbitúricos, neurolépticos, ansiolíticos o metadona- proporcionadas por la sanidad penitenciaria sin un diagnóstico o un control terapéutico adecuado. Y la tercera causa de muerte es el suicidio, muchas veces por parte de personas que sufren algún tipo de trastorno mental -que según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria representarían alrededor del 8% de la población reclusa- y llegan a las cárceles sin lugar de notificación para los equipos médicos. Este hecho provoca que muchas veces estas personas sean encerradas en primer grado o estén sometidas a castigos penitenciarios, como la anulación de visitas o sujeciones mecánicas, sin tener en cuenta su diagnóstico o estado mental. Según una sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el pasado mes de agosto de 2018, las personas absueltas por problemas de salud mental deben cumplir la medida de seguridad en un centro psiquiátrico y no en centros penitenciarios ordinarios, ya que estas «tienen un fin sancionador y no terapéutico «.
Para denunciar estas vulneraciones de derechos fundamentales hoy jueves a partir de las 12 del mediodía se realizarán concentraciones ante los Colegios de Médicos en diez ciudades diferentes del Estado, entre las que figuran Tarragona, Lleida, Barcelona, Manresa y Valencia. Según expresan los grupos de apoyo a personas presas en la carta dirigida a los Colegios de Médicos, «ya que las instituciones encargadas legalmente de garantizar los derechos de las personas presas no parecen capacitadas para hacerlo, o sus titulares no están suficientemente interesados, pensamos que debemos exigir a vosotros [en referencia a los médicos] que os haga cargo de las responsabilidades que le corresponden como ciudadanos y como facultativos «.
Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)
Noticias Sobre La Huelga De Hambre Rotativa De 2019
¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 21-XI-2019]
Ahí tenéis una carta redactada en Valencia para entregar en el Colegio de Médicos durante la concetración y, en los enlaces, un panfleto, hecho en Valencia, una octavilla y un texto, enviados desde Lleida, y un flyer elaborado en Madrid con un texto redactado en Santander, por si algún grupo los quiere utilizar. Lo de arriba del todo es una pegatina que han hecho en Madrid. Más abajo, los últimos carteles de la convocatoria, en Granada y Palencia
Valencia, 21 de noviembre de 2019
Al Colegio de médicos de Valencia
Desde hace 3 años, aguanta en las cárceles del Estado español un colectivo de presxs en lucha, sustentando una tabla reivindicativa que señala en sus 14 puntos una serie de vulneraciones de derechos y situaciones de trato cruel, inhumano y degradante que se dan allí dentro. Cuatro de esas demandas se refieren a la situación de la sanidad carcelaria y una quinta a las personas muertas en prisión. Estos días, unxs veinte de ellxs están realizando una huelga de hambre rotativa iniciada en septiembre, haciendo hincapié en la desatención sanitaria en las cárceles y, muy especialmente, en el incumplimiento de la legislación que regula la excarcelación de personas presas gravemente enfermas, que se aplica muy restrictivamente a pesar de que el sistema médico-sanitario en las cárceles no puede garantizar ni mucho menos el cumplimiento de la constitución, de la ley orgánica y del reglamento penitenciarios en el sentido de garantizar “a todos los internos sin excepción (…), una atención médica equivalente a la dispensada al conjunto de la población”. Quizá eso podría solucionarse si se cumpliera lo prescrito al respecto por la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud del año 2003, transfiriendo las competencias de sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas. Así se evitaría también la complicidad que prestan muchos médicos carceleros a las torturas y malos tratos, al incumplir su obligación legal de enviar al juzgado de guardia, cuando atienden a un preso golpeado, los correspondientes partes de lesiones.
En la reforma del Reglamento Penitenciario de 1996, se estableció un “modelo sanitario mixto”, en el que la atención primaria corría a cargo de la administración penitenciaria “con medios propios o concertados”, pero quedaba casi siempre encomendada al cuerpo de médicos carceleros. De manera que la “relación penitencaria de sujección especial” ha continúado interfiriendo en la relación terapeútica, viéndose los servicios médico sometidos a criterios “regimentales” y a la cadena de mando carcelera, en lugar de basarse en criterios médicos. De la atención especializada debía encargarse el Servicio Nacional de Salud, “formalizándose entre ambas administraciones convenios de colaboración”, pero el abandono por parte de las diferentes administraciones, la descoordinación entre ellas, los recortes presupuestarios y la resistencia de la administración penitenciaria a hacerse cargo de los gastos que le corresponden han tenido como consecuencia que, contra lo que dice la ley, la atención médico-sanitaria y las “prestaciones farmaceúticas y complementarias” que recibe la gente presa sean mucho peores que las de la población en general, alcanzando la sanidad carcelaria en muchos aspectos, los rasgos de una verdadera catástrofe. No es extraño que nadie haya querido cubrir el 37% de las plazas de médico penitenciario que aún están vacantes.
En el año 2018 murieron 210 personas en las cárceles españolas, unas cuatro muertes cada semana. La mayor parte por enfermedades graves, es decir, que deberían haber sido excarceladas para ser cuidadas y tratadas adecuadamente en la calle, lo que quizá hubiera prolongado su vida o dignificado su despedida de ella, pero murieron en la cárcel, probablemente sin tratamiento ni cuidados. La segunda causa de muerte, sobredosis de drogas, casi siempre legales —barbitúricos, neurolépticos, ansiolíticos, metadona—, proporcionadas por la sanidad carcelaria sin diagnóstico ni control terapeútico adecuados. La tercera causa, suicidio; la crueldad, la inhumanidad, la degradación, el abandono, la miseria… matan. Como las torturas y malos tratos, el destructivo régimen de castigo, el desarraigo o el encarcelamiento de enfermos mentales —unos 3600 con trastornos graves y muchos más con patologías relacionadas con las toxicomanías—, que en muchos casos van a parar, como tratamiento, a los departamentos de aislamiento donde se les somete a violencias especiales.
No quisiéramos que le vuelva a ocurrir a nadie lo que a Luis Manuel Acedo Sáenz, fallecido en agosto de 2016, después de meses quejándose de fuertes dolores, sin otra respuesta del equipo médico de la cárcel de Picassent que unos analgésicos y antiinflamatorios, para ser finalmente diagnosticado de cáncer de páncreas y metástasis en el hígado, demasiado tarde, cuando ya nada se podía hacer por él. O a Manuel Fernández Giménez muerto en la cárcel de Albocàsser, en octubre de 2017, a causa de una supuesta sobredosis de metadona, administrada por error, y de negligencia médica en la administración del antagonista, y entregado a su familia con evidentes huellas de violencia que aún no han tenido explicación. O a tantos y tantos otros.
Cosas que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo en las prisiones valencianas, lo mismo que en las del resto del Estado español, bajo una Administración que actúa en nombre de todos los ciudadanos y avalada por nuestro consentimiento. Como podéis comprobar, seguramente con mayor facilidad que nosotros, puesto que estas cosas suceden casi siempre ante las narices de colegas vuestros, cuando no con su participación. Y, ya que las instituciones encargadas legalmente de garantizar los derechos de los presos no parecen capaces de hacerlo, o quizá sus titulares no están suficientemente interesados, pensamos que debemos exigírselo y, como estamos dispuestos a afrontar nuestra propia responsabilidad, nos consideramos con derecho a exigiros también a vosotros que os hagáis cargo de la que, como ciudadanos y además como médicos, os corresponde, empezando por aquellos de vuestros colegas implicados más o menos directamente en lo que os hemos contado.
Flyer delante; flyer detrás
