Concentraciones En Diez Ciudades Por La Excarcelación De Las Personas Presas Gravemente Enfermas

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Aquí va la traducción del catalán al castellano del artículo aparecido esta mañana en la página de La Directa Anunciando Las concentraciones que se han realizado a lo largo del día de hoy frente a los colegios de médicos de diez ciudades diferentes por la excarcelación de lxs Presxs gravemente enfermos.

GRUPOS DE APOYO CONVOCAN CONCENTRACIONES EN DIEZ CIUDADES DEL ESTADO ESPAÑOL PARA PEDIR LA EXCARCELACIÓN DE LAS PERSONAS PRESAS CON ENFERMEDADES GRAVES

La acción, que ha sido coordinada por diferentes colectivos, se celebrará a las puertas del Colegio de Médicos de ciudades como Valencia, Lleida o Manresa. Estas concentraciones pretenden visibilizar algunas de las reivindicaciones de las presas en lucha activa, que continúan la huelga de hambre rotativa iniciada el pasado mes de septiembre en diferentes centros penitenciarios.

Cuando se cumplen casi tres meses desde que comenzó la propuesta de huelga de hambre rotativa a diferentes cárceles del Estado español -con el objetivo de visibilizar la tabla reivindicativa de 14 puntos- por parte de un grupo de presas en lucha activa desde el verano de 2016, varios grupos de apoyo han decidido coordinarse para realizar una acción que dé visibilidad a algunas de estas reivindicaciones en la calle. En este caso, se trata de reivindicar los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad y hacer visible el incumplimiento de la legislación que regula la excarcelación de las personas presas con enfermedades graves, contemplado tanto en la Constitución española como las leyes penitenciarias. Según recoge el artículo 208.1 del Reglamento Penitenciario “les garantizará, a todos los internos sin excepción, una atención médica equivalente a la dispensada al conjunto de la población”, un derecho que, según las personas privadas de libertad, sus familiares , abogados penalistas, entidades defensoras de derechos humanos y grupos de apoyo a presas, se está vulnerando continuamente.

Desde 1986, la administración penitenciaria es la encargada de la atención primaria dentro de las cárceles -con un equipo médico fijo y unoa periódico-, y el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encarga de la atención especializada de los internos, según los convenios fijados con cada comunidad autónoma. Uno de los problemas del modelo es que la atención primaria queda en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), que depende del Ministerio del Interior español y, por tanto, los servicios sanitarios se ven limitados a criterios que dependen de convenios presupuestarios, de la seguridad del centro o del orden regimental, en lugar de basarse en criterios médicos. Esto se traduce en el hecho de que muchas veces un médico debe obedecer un superior jerárquico -que no es sanitario-, o que una plaza no se cubra de inmediato, lo que hace que una prisión se pueda quedar sin médico durante semanas. Por ahora, el 37% de las plazas de médico penitenciario están sin cubrir.

En 2003, en un clima de movilizaciones sociales para lograr un sistema de salud universal igualitario para todos, el Congreso español aprobaba la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que obligaba al gobierno, entre otras medidas, a transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas en un plazo de dieciocho meses. Pasados ​​dieciséis años de la aprobación de la ley, y después de varias mociones presentadas por diferentes fuerzas políticas para su aplicación efectiva, hoy en día sólo Cataluña y el País Vasco han transferido las competencias a su sistema de salud autonómico.

Según afirman en una carta dirigida al Colegio de Médicos por parte del grupo de apoyo a personas presas Tokata, “el abandono por parte de las diferentes administraciones, la descoordinación entre ellas, los recortes presupuestarios y la resistencia por parte del administración penitenciaria a hacerse cargo de los gastos que le corresponden, ha derivado en que la atención médica y las prestaciones farmacéuticas y complementarias que reciben las personas presas sean mucho peores que las del resto de la población, llegando a ser, en muchos casos, una auténtica catástrofe para ellas “.

Otra vulneración de derechos es la que padecen las personas presas con enfermedades terminales que, a pesar de estar diagnosticadas con un estado avanzado e incurable, continúan cerradas dentro de los centros penitenciarios sin “el derecho a la libertad condicional”, como obligan el artículo 91 del Código Penal y el 196 del Reglamento penitenciario (RP) para este tipo de situaciones o, en su defecto, pasar al tercer grado de régimen penitenciario, como marca el artículo 104.4 del RP “por razones humanitarias y dignidad personal” .

En 2018 murieron 210 personas en las cárceles del Estado -con un promedio de cuatro muertes por semana-, la mayoría de ellas a causa de enfermedades graves. Unas personas que según el colectivo Tokata “deberían haber sido excarceladas por ser cuidadas y tratadas adecuadamente fuera de las cárceles, lo que podría haber prolongado su vida o al menos dignificado su despedida”. La segunda causa de muerte en las prisiones es la sobredosis por consumo de drogas legales -barbitúricos, neurolépticos, ansiolíticos o metadona- proporcionadas por la sanidad penitenciaria sin un diagnóstico o un control terapéutico adecuado. Y la tercera causa de muerte es el suicidio, muchas veces por parte de personas que sufren algún tipo de trastorno mental -que según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria representarían alrededor del 8% de la población reclusa- y llegan a las cárceles sin lugar de notificación para los equipos médicos. Este hecho provoca que muchas veces estas personas sean encerradas en primer grado o estén sometidas a castigos penitenciarios, como la anulación de visitas o sujeciones mecánicas, sin tener en cuenta su diagnóstico o estado mental. Según una sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el pasado mes de agosto de 2018, las personas absueltas por problemas de salud mental deben cumplir la medida de seguridad en un centro psiquiátrico y no en centros penitenciarios ordinarios, ya que estas “tienen un fin sancionador y no terapéutico “.

Para denunciar estas vulneraciones de derechos fundamentales hoy jueves a partir de las 12 del mediodía se realizarán concentraciones ante los Colegios de Médicos en diez ciudades diferentes del Estado, entre las que figuran Tarragona, Lleida, Barcelona, ​​Manresa y Valencia. Según expresan los grupos de apoyo a personas presas en la carta dirigida a los Colegios de Médicos, “ya que las instituciones encargadas legalmente de garantizar los derechos de las personas presas no parecen capacitadas para hacerlo, o sus titulares no están suficientemente interesados, pensamos que debemos exigir a vosotros [en referencia a los médicos] que os haga cargo de las responsabilidades que le corresponden como ciudadanos y como facultativos “.

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