Categoría: <span>Actividad en la calle</span>

El cinismo y la hipocresía del Estado español, de quienes lo manipulan en su propio interés y de quienes lo gestionan a su servicio, sean de izquierdas o de derechas, pretendiendo que la administración y explotación de las catástrofes humanas y sociales que ellos mismos provocan pueden contribuir a su solución en lugar de constituir la parte principal del problema, se ponen de manifiesto una vez más en la gestión de la problemática de la enfermedad mental en prisión, donde se machaca cotidianamente a los débiles para consuelo de los sumisos y cobardes, mientras los responsables hacen planteamientos utópicos que no son suficientes para esconder que son ellos quienes mantienen a gente enferma en un régimen de vida destructivo, porque el capital parasitario al que sirven medra a costa de su sufrimiento y porque el humanismo de la mercancía continúa poniendo su filantropía muy por debajo de su codicia. Traducimos un artículo publicado en catalán por Ester Fayos en la página web de La Directa el pasado 27 de mayo, donde se ofrece una concreta perspectiva de todo eso, aportando documentación y algunos testimonios más o menos comprometidos, que pueden ayudar a situarse críticamente frente a ese sector de la máquina punitiva.

El Ministerio del Interior español pretende aprovechar las instalaciones de la fallida cárcel de Siete Aguas (la Hoya de Buñol) para construir un complejo donde encerrar a 500 personas privadas de libetad y con problemas de salud mental. Colectivos anticarcelarios y del ámbito de la salud mental del País Valenciano se oponen a este modelo penitenciario y defienden una atención en recursos comunitarios y de proximidad

A mediados del mes de febrero, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, de quien depende la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, publicaba el anuncio de licitación donde se fijaba un presupuesto de 730.000 euros para la redacción del proyecto, adjudicada a la sociedad de arquitectos Sánchez Horneros, que obtuvo la máxima puntuación. Es sólo una pequeña parte de la financiación total, que, según la documentación correspondiente publicada por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), se eleva hasta los ochenta millones de euros, que se destinarán a terminar de levantar y acondicionar las instalaciones de la cárcel a medio construir, proyecto impulsado por el gobierno de Zapatero para albergar a 1.194 internos y aliviar la «sobresaturación» del centro penitenciario de Picassent (Valencia Sur).

El hospital psiquiátrico penitenciario tendrá una capacidad para 500 personas privadas de libertad y diagnosticadas con trastornos mentales, que podrán ser trasladadas desde sus territorios de origen para cumplir condena en la Hoya de Buñol, a pesar de que el artículo 12.1 de la ley penitenciaria dicta que se debe «procurar […] evitar el desarraigo social». Desde SIEPSE aseguran que se han seguido criterios sanitarios y se han estudiado «las características y perfiles de las personas enfermas» a la hora de determinar la estructura y las unidades de alojamiento más «adecuadas» para su bienestar y recuperación mental y social. «Sobre el papel, tal vez sí, pero en la práctica priman los criterios restrictivos», denuncia Javier Vilalta, director de Àmbit ‒entidad que trabaja para la reinserción social de las personas Preses‒ y miembro de la plataforma Stop Centro Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas. Muestra de ello es la propia concepción de un centro de grandes dimensiones ‒70.000 metros cuadrados‒ y aislado del resto de la población; o una división modular que atiende a medidas punitivas y clasifica a las personas presas en «agudos, agresivos, descompensados, estabilizados o rehabilitados», tal como se lee en la documentación oficial del proyecto.

Sin atención médica y sobremedicalizadas

El año 2019 murieron 194 personas en las cárceles del Estado español, muchas de ellas a causa de enfermedades graves. La segunda causa de muerte es la sobredosis por consumo de drogas legales –ansiolíticos o metadona, por ejemplo‒ proporcionadas por la propia administración carcelera sin control terapéutico adecuado; mientras que la tercera causa es el suicidio, muchas veces de personas con problemas de salud mental que no se han diagnosticado o notificado previamente al equipo médico –según datos del estudio PRECA, el informe más amplio sobre la prevalencia de trastornos mentales en centros penitenciarios, ocho de cada diez personas presas han sufrido algún tipo de trastorno mental, siendo el trastorno por el uso de sustancias lo más frecuente (76,2%), seguido del trastorno por ansiedad (45,3%) , el afectivo (41%) y el psicótico (10,7). Esta falta de información y seguimiento médico implica que a estas personas, sin tener en cuenta su estado mental, se las pueda encerrar en primer grado, sometidas a castigos penitenciarios o que ni siquiera se las destine a los centros psiquiátricos para cumplir las medidas de seguridad, tal como dicta una sentencia del Tribunal Constitucional, del año 2018.

«La atención médica en las cárceles es una catástrofe», critican desde el grupo de apoyo a personas presas Tokata. En fecha de marzo de 2020, en las cárceles del Estado español había 285 médicos y 6 psiquiatras para 55.180 personas presas, según datos del Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por EH Bildu. Con esas cifras «no se cubre ni un pequeño porcentaje de las necesidades de las personas con problemas de salud mental, que en el mejor de los casos reciben una visita al mes», añaden las miembros de Tokata, quienes además denuncian la falta de especialización médica: «los médicos carceleros recetan tratamientos psiquiátricos sin tener conocimientos adecuados. Tienen a la gente aturdida y están fomentando el consumo y tráfico de drogas supuestamente legales».

La falta de recursos y de personal se extiende a la atención psiquiátrica en los hospitales penitenciarios, donde las personas internas se definen como «inimputables», es decir, que no pueden comprender la ilicitud de la infracción penal cometida. Por ello, en teoría, estas instituciones tienen un fin terapéutico y no sancionador, pero la realidad es otra bien distinta. En la actualidad, existen dos: uno en Sevilla –con 158 plazas– y otro en Fontcalent –371–, núcleo de población de Alicante, que sirven de referente en la lucha contra el centro Siete Aguas. «No están dirigidos a la recuperación de las personas. Allí están encerradas y sobremedicalizadas hasta que termina la medida de seguridad «, expone Vilalta. En la misma línea se expresa Lorena Navarro, trabajadora social en el centro de acogida del Casal de la Pau, que hace acompañamiento a los presos de Picassent y forma parte de la Coordinadora de Organizaciones del Entorno Penitenciario de la Comunidad Valenciana (COEPA-CV): «Se está creando un gueto de personas con problemas de salud mental, aisladas y sin ninguna clase de atención social y sanitaria».

Esto mismo demostraron, en el año 2018, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP) y el defensor del pueblo. Por medio de una visita sin previo aviso, pudieron constatar que el centro de Sevilla no disponía de un número suficiente de psiquiatras «para garantizar una atención psiquiátrica de calidad» ni tampoco de un psicólogo titular. En el informe correspondiente también se denuncia el estado de suciedad de las instalaciones y unos protocolos de contención que se aplican «por períodos de tiempo muy prolongados», aunque, según el defensor del pueblo, las sujeciones mecánicas se deben aplicar con carácter excepcional y por el «tiempo mínimo imprescindible» cuando «no exista otro medio menos gravoso».

En el caso de Fontcalent, a principios de 2020, el hospital sólo contaba con una psiquiatra para unas 300 personas internas, y en noviembre de 2020, la Asociación de Trabajadores Penitenciarios denunciaba que no había ningún profesional. «Alegan que el de Fontcalent está obsoleto para impulsar otro, pero el problema no es ese, sino la falta de profesionales», puntualiza Vilalta, quien también pone los centros Castellón I y Castellón II como ejemplo de las carencias: «Este año hace tres años que no les visita ningún psiquiatra»; aunque, según un análisis de la catedrática de derecho penal Esther Hava García, publicado en el año 2020, el 81,4% de los internos de estas cárceles objeto del estudio presentaron una patología dual –trastorno por uso de sustancias y trastorno mental.

Sergio Pellijero, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, pasó por el hospital de Fontcalent y por las cárceles de Picassent, Soria, y por último, de Albocàsser entre los años 2007 y 2014. En ninguna de ellas recibió una atención médica y psiquiátrica adecuada ni un acompañamiento personal para su reinserción social. «Te tienen cerrado y, durante unas horas, te sueltan a un patio con otros 200 presos. Esta es la rehabilitación y reinserción de la que hablan», describe. De su paso por el centro psiquiátrico de Alicante recuerda las condiciones «infrahumanas» y el exceso de medicalización: «Te destrozan la vida, pero a las farmacéuticas les da igual, porque ese tratamiento les reporta 5.000 euros al mes». Si mira atrás, destaca uno de los episodios que más le hace cuestionar el sistema penitenciario actual, cuando en una consulta con su psiquiatra entró un comercial para ofrecerles medicamentos: «Si voy a un tribunal, esto no lo creerán, porque soy yo quien está incapacitado».

A la falta de recursos se añade una sanidad penitenciaria en manos del Ministerio de Interior español. En 2003, en un clima de movilizaciones para conseguir un sistema de salud igualitario para todos, el Congreso español aprobó la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que obligaba al gobierno, entre otras medidas, a transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas. Dieciocho años después de la aprobación de la ley, sólo Cataluña y el País Vasco tienen transferida la sanidad penitenciaria. Esta vulneración de la ley, según denuncian desde los colectivos anticarcelarios, conlleva el abandono médico y la descoordinación de las diferentes administraciones, así como un aumento de la atención basada en prestaciones farmacéuticas.

Centros que vulneran los tratados

Este modelo de centros psiquiátricos supone una vulneración de los tratados y convenciones internacionales sobre salud mental y prisiones, que desde hace varios años se orientan hacia una atención de las personas con problemas de salud mental judicializadas en recursos comunitarios y dependientes de las administraciones autonómicas. La misma secretaría general de Instituciones Penitenciarias, en el llamado Programa Puente: Salud mental en penas y medidas alternativas, manifiesta que las cárceles no son un espacio adecuado para la reinserción social y personal de las personas inimputables y apuesta por «facilitar la integración con los dispositivos sociales y sanitarios comunitarios «.

En la misma línea se posicionan organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el plan de acción sobre salud mental, el Sistema Nacional de Salud (SNS) o la propia Consellería de Sanidad, en manos de Ana Barceló (PSPV). En el documento Estrategia autonómica de salud mental 2016-2020 aboga por la creación de una red de servicios de salud mental «en la que las diferentes unidades ofrezcan una amplia gama de prestaciones, se coordinen entre sí, garanticen la continuidad de los cuidados y realicen actividades conjuntas, incluyendo la promoción y protección de la salud mental, el tratamiento y rehabilitación». Asimismo, en una reunión con la delegada del Gobierno en Valencia, Gloria Calero, la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, con competencias en salud mental, Mónica Oltra (Compromís), expresó su negativa al proyecto de Siete Aguas y defendió una atención especializada, comunitaria y de proximidad, con centros pequeños y deslocalizados. Incluso, en el estudio Derecho y salud mental: logros alcanzados y retos pendientes, de Luis Fernando Barrios Flores, doctor en Derecho que trabajó en el hospital de Fontcalent, se afirma que hay que superar el modelo de grandes instalaciones y seguir el ejemplo del modelo francés o italiano, «con espacios de un máximo de 20 camas, dotados de personal especializado y con un esquema organizativo claramente asistencial».

Desde la Plataforma Stop Centro Psiquiátrico Penitenciario de Sieteaguas, que ha recibido el apoyo de más de 200 organizaciones y entidades del ámbito penitenciario y la salud mental, celebran las declaraciones de la consejera, pero las consideran insuficientes. Por ello, informan que, a lo largo de las próximas semanas, emitirán varios informes sobre la falta de recursos y las consecuencias negativas que este modelo implica para las personas con problemas de salud mental judicializadas, y advierten que acudirán al Defensor del Pueblo y a las instituciones europeas y organismos internacionales que revisen el caso de Siete Aguas.

Ante este panorama de vulneraciones de planes y normativas y carencias, la plataforma se pregunta el porqué de que no se inviertan los ochenta millones de euros en mejorar las condiciones y la atención médica penitenciaria actual. La respuesta: «El centro de Siete Aguas responde a un interés económico. Es la política del ladrillo frente a la del ser humano», remacha con rotundidad Vilalta. La misma opinión comparte Pellijero, quien se muestra mucho más contundente y advierte que dentro de algunos años «Florentino Pérez o algún fondo de inversión pegarán el pelotazo con esta construcción».

Alternativas en comunidad

Las personas con problemas de salud mental que delinquen, de manera previa a su entrada en prisión, ya conviven en núcleos de exclusión social. Los elevados índices de desempleo ‒según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2019, sólo un 34% de esta población era activa; 47,3 puntos menos que el resto–, la estigmatización y el aislamiento, las frecuentes violaciones de los derechos económicos, sociales o reproductivos, la carencia de vivienda o las restricciones impuestas en el ámbito laboral, educativo o de la vida pública son algunas de las desigualdades a las que se enfrentan en su día a día. A estas, una vez han cumplido la medida de seguridad, se suma «el estigma de haber estado preso», explica Navarro, para quien el sistema penitenciario no hace más que agudizar la situación de mala salud y exclusión en que se seguirán encontrando cuando abandonen la prisión.

Muchas expertas y los organismos internacionales ya han superado la visión restrictiva y punitiva que representaban los manicomios, los cuales empezaron a abolirse con la ley de sanidad del año 1986; y están de acuerdo con el hecho de que el aislamiento penitenciario no es el más adecuado para tratar a las personas inimputables. Su transformación implica trabajar en y desde los recursos comunitarios: «Deberían poder ser trasladadas a viviendas propias donde acompañarles y hacerles un seguimiento», propone Navarro.

El programa Nuevos Rumbos, presentado a la Consejería de Igualdad por la plataforma Activistas en Acción ‒formada por cuatro colectivos que trabajan con personas psiquiatrizadas y de la que Pellijero forma parte– concreta este tipo de alternativa con la propuesta de un bloque «de viviendas con apoyo». Se trata de diferentes unidades de convivencia donde las personas con problemas de salud mental podrán desarrollar su vida por medio de dinámicas de colectivización de los recursos y actividades. «Deberán tener capacidad propia para el autogobierno y contarán con el apoyo de trabajadoras para desarrollarla», matizan. De este modo, y bajo los principios de la horizontalidad, la igualdad, el apoyo mutuo y el desarrollo integral, buscan dotarles de una solución habitacional y de herramientas «para su regreso a la vida en sociedad», así como trabajar en su inserción laboral digna y adaptada a sus conocimientos. Ahora, les falta el apoyo institucional, y también de la sociedad: «Todo el mundo debe movilizarse para poder cambiar la vida de miles de personas que se encuentran indefensas», concluyen desde el colectivo Tokata.