Ante Las Últimas Peticiones De Implantación De La Cadena Perpetua Por El Partido Popular

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía viene manteniendo cada vez que se abre este debate que en España existe ya, lamentablemente, la cadena perpetua, a pesar de no existir reconocimiento legal expreso de la misma. El límite de 40 años no es absoluto, algunas personas acumulan varias condenas elevadas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite. Por tanto, son falsas las afirmaciones del Ministerio del Interior del día de ayer 26 de enero que mantiene que “la cadena perpetua como tal, toda la vida en la cárcel no existe”. En España sí existe. Es posible legalmente, no como pena denominada “cadena perpetua”, pero sí sino como acumulación de diversas condenas.

Sí es cierta la afirmación del Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que aseguró que el sistema penal español es “el más duro de Europa”, “mucho más duro” que el de otros países -como Francia o Alemania- en los que existe la cadena perpetua, ya que ésta es revisable y no supone el cumplimiento íntegro de la pena.

Como APDHA hemos venido manteniendo que la necesidad de límites son una exigencia del estado de derecho, de respeto a la dignidad humana y al trato humano, que debe tratar al infractor de las normas de convivencia de una forma distinta a la que él actúo, única forma de dar ejemplo.

Las reformas legales de los últimos años, iniciadas con el Código Penal  de 1995, reformado en el 2003, así como la reforma de la ley de responsabilidad penal del menor en 2006, han llevado a duplicar la duración efectiva de las penas. España ha aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que era y sigue siendo uno de los países más seguros del entorno. Por tanto, dichos endurecimientos no determinaron reducción de criminalidad alguna. Los países con cadena perpetua o pena de muerte no reducen la delincuencia, no disuaden futuras infracciones. Ello ha provocado que jóvenes que entran con 18 años tengan que permanecer hasta superar sus 40 años de edad en prisión; que ancianos e incluso enfermos graves como parapléjicos o con esclerosis, que requieren ayuda de otras personas para alimentarse, higiene o vestirse y que deben permanecer gran tiempo en cama, no puedan salir de prisión.

Por tanto, con la propuesta de algunos dirigentes del PP, se vuelve a hacer populismo punitivo. Sigue esta propuesta de establecer la cadena perpetua a la de volver a reformar la Ley de Extranjería, formulada esta misma semana. Estas propuestas tan sólo buscan un rédito electoral.

El Gobierno tampoco es capaz de transmitir a la ciudadanía la realidad penitenciaria. Ha apostado por ocultar esta realidad, por dejar los presos al margen. La APDHA y otras entidades como la Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, siguen sin poder entrar en las prisiones, evitando así que la realidad de la cárcel pueda llegar al exterior.

Bajo esa petición de cadena perpetua subyace un gran desconocimiento de la realidad carcelaria, las más de 1.000 muertes en su interior en los últimos cinco años, los suicidios que dejan intuir la dureza de la vida en prisión, malos tratos, incomunicación familiar… Se está configurando la prisión como mera venganza al incumplirse el mandato constitucional de reinserción, que es lo que debe importar a la sociedad. El ciudadano no puede reincorporarse a la sociedad en una situación peor a la que tenía previamente a su ingreso en prisión, que es lo que está sucediendo.

Existen estudios serios sobre la realidad de la pena privativa de libertad, entre otros los elaborados por la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, que demuestran que no solo no es posible la cadena perpetua en nuestro sistema, sino que el sistema actual necesita una profunda revisión y se posicionan en contra de la ampliación de penas.

Por tanto, la preocupación de los gobernantes, medios y sociedad deberían ser las causas de los delitos, y el absurdo del actual sistema penitenciario, que no sirve para su función de reinserción.

En definitiva si el incremento de la pena no sirve para disuadir, ni está sirviendo para reinsertar, corremos el riesgo de convertirla en una mera venganza cada vez más ilimitada, que con sensatez y desde la objetividad, el estado no puede tolerar. Hay que apostar por la prevención y  la cultura de la no violencia, buscar otra forma de resolución de los conflictos sociales, trabajar las causas de éstos, apostar por políticas sociales serias,  por la prevención y por la creación de oportunidades para los sectores en situación de exclusión social para lo que se requiere una adecuada dotación presupuestaria. Los delitos no ponen sino de manifiesto el gran fracaso social del estado, que parte desde los servicios sociales comunitarios al no diagnosticar suficientemente los problemas, pasando por la, a veces, inadecuada atención pública a los mismos.

Andalucía, 27 de enero de 2010

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

.

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *