El Gatillo Fácil constituye un verdadero genocidio, tal como lo nombra la Convención de las Naciones Unidas que lo tipificó en 1948. Allí, en su artículo II, el texto afirma que se entiende por genocidio los actos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial…”. La definición es contundente y no deja dudas. Nuestro empeño por llamar a las hechos por su nombre no nace de un interés jurídico, la sola palabra “genocidio” es una herramienta para la pelea, esenciamente política, contra la muerte de los más vulnerables. ¿Qué pasaría en la Argetina si organismos, colectivos de luchadores, partidos populares, sindicatos, organizaciones femimistas, estudiantiles, entre muchos más, denunciaran como genocidio a asesinato de lxs nuestrxs?
Walsh
Resulta singular que aquello que la casta política pretende desconocer, el periodista Rodolfo Walsh lo anticipara el 25 de marzo de 1977 en su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, según el Premio Nobel Gabriel García Márquez, esta fue la pieza periodística más brillante que se haya escrito jamás. En su misiva a los uniformados, Walsh va afirmar algo que pensó mucho y le generó contradicciones antes de plasmarlo blanco sobre negro. Finalmente se decidió a decir que las desapariciones, los asesinatos, las torturas no eran los hechos más graves perpetrados por los tiranos: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”, aseguró. Y esa miseria planificada para millones, acompañada ineludiblemente con la masacre dilatada en el tiempo, es lo que está viviendo el pueblo argentino, de modo creciente según pasan los años.
Por qué
Es decir que a la desaparición por la dictadura cívico militar de 30 mil revolucionarios, le continuó el exterminio sistemático por parte del estado de lxs pibxs excluidos y/o rebeldes, los más vulnerables, quienes “no encajan” en el ordenamiento neoliberal y, claro está, que converge con la masacre de lxs jóvenes de los pueblos originarios cuya matanza nunca se detuvo desde la misma llegada de la corona española a América, con distinta intensificación según odio y necesidad.
Por otra parte, aunque hubo casos de gatillo fácil en toda la etapa constitucional, podría ubicarse una fecha de clave de sistematicidad en los años ’90, cuando millones de personas fueron arrojadas al desamparo absoluto, según lo había planeado la tiranía al fundar el modelo neoliberal que desplegó el menemismo. Entonces resultó forzoso acudir a una política represiva específica para asegurar los beneficios de la nueva tasa de ganancia requerida por el capital.
A la vez, este genocidio incluyó a las mujeres secuestradas para la trata con fines de prostitución, luego desaparecidas, liquidadas o destruidas con su subjetividad devastada, especialmente en el segmento adolescentes. Si bien se menciona la cifra de cinco mil de ellas, ésta sería solo la punta de un iceberg gigantesco cuya cantidad permanece en la noche y niebla de los genocidios.
Recordemos, por si hiciera falta, la tipificación: “a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial…”
Como se ha dicho, los genocidios son “reorganizadores”. Es decir rediseñan la sociedad en beneficios de algunos y para ello es necesario el exterminio de muchos. De ese modo, Julio Argentino Roca masacró a los pueblos originarios, para quitarles sus territorios y dar nacimiento a oligarcas que se adueñaron de éste sustento del nuevo poder. En ese diseño “no encajaban” los aborígenes. De la misma manera, la tiranía cívico militar no hubiese podido sentar las bases del neoliberalismo y aniquiló a los militantes que “no encajaban”, dirigiendo los sindicatos, universidades, fábricas o alzados en armas por otra sociedad.
Ya en la etapa, dizque constitucional, el genocidio de lxs pibxs del pobrerío y/o rebeldes tiene distintas características, pero la misma esencia. Se trata de un genocidio ya no para “reorganizar” sino para “mantener” la inequidad lograda: Ellxs “no encajan”, son población sobrante y perturbadora. Entonces hubo que elaborar una política represiva “ad hoc” para evitar su rebelión y su organización. Es un genocidio de “mantenimiento del nuevo orden”. La batería represiva incluyó desde el plomo hasta el “paco”, para expandir el terror y así extinguir a algunos y disciplinar o neutralizar a los otros.
EL Estado terrorista
Resulta claro que el estado terrorista no terminó en diciembre de 1983. Si bien allí comenzaron a funcionar las instituciones de la llamada “democracia”, la ferocidad implacable, legal e ilegal, continuó focalizada en la pobreza y los sitios de encierro serían Campos de Concentración Siglo XXI. Sin embargo, el centro de exterminio no está, necesariamente, tras las muros y las rejas. Todo un barrio del pobrerío puede contener las torturas y los homicidios en sus veredas y sus calles, a plena luz del día. Y lo peor del caso, es que buena parte del pueblo prestó y presta consenso a este accionar.
Se sabe, que la coronación de una derrota popular, eso fue la instaración del modelo neoliberal, siempre comporta una sustitución de valores. Es decir la clase subyugada asume como propios los valores de la clase hegemónica a la cual brinda su aplauso. Así, el valor vida fue sustituido en la escala por el llamado, recortadamente, valor “seguridad”. De este modo, resulta más importante la cartera de la dama, el bolsillo del caballero o el celular de ambos, que la vida de un joven.
Un claro ejemplo fue el de David Moreira, 18 años, quien –según se afirmó– robó desde una moto la cartera de una señora en la ciudad de Rosario, en marzo de 2014. Allí, unos 50 vecinos del barrio Azcuénaga lo cazaron, lo lincharon y expandieron a patadas, literalmente, su masa encefálica sobre el asfalto. El joven que lo acompañaba en la moto se entregó a la policía y dijo: “yo estaba con él” y fue condenado. Sin embargo, ni uno solo de los 50 vecinos que asesinaron a David, confesó su crimen. Según el propio Código Penal que se aplica a los más pobres, robar una cartera tiene una pena de uno a seis años de prisión. Y, al asesinato alevoso, por caso 50 a 1, comporta una condena a reclusión perpetua.
Es en estas circunstancias donde se advierte, con creces, la derrota moral, axiológica, cultural que se expandió en los ’90. Ningún fiscal o juez investigó a los matadores, ningún miembro de los partidos mayoritarios alzó su voz tal y como debe hacerse, y el mundo siguió andando porque la vida de los más vulnerables carece de importancia para quienes timonean el despojo.
“Meta bala”
Como se recordará, sobre finales de los ’90, Carlos Ruckauf, ministro de Isabel Perón, vicepresidente de Carlos Menem y luego gobernador bonaerense, proclamó que había que “meter bala” a los delincuentes. Así, el estímulo fue bien recibido por los efectivos que pusieron más empeño a la tarea. Las balas continuaron para los pibes desfavorecidos por el régimen y también para los rebeldes que enfrentaron las circunstancias. El caso emblemático de aquellos años, ya en 2002, fue el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán ambos militantes políticos y sociales, quienes sucumbieron en la “Masacre de Avellaneda”, durante un reclamo popular.
Luego de que el entonces jefe de Gabinete, Alfredo Atanasoff dijera: “Si cruzan el Puente Pueyrredón será una declaración de guerra”, la cacería tuvo por un lado a piqueteros con palos y, por el otro, a las fuerzas represivas con balas de plomo. La “Guerra”, fue comandada, entre otros, por el presidente Eduardo Duhalde; el gobernador Felipe Solá; el ex secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; y el ex secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez.
En este caso, la lucha popular que entre otros encabezaron Alberto Santillán y Vanina Kosteki envió a prisión a los asesinos materiales: el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Sin embargo, todos los responsables políticos permanecen impunes y reciclados. Nadie relacionó estos dos crímenes como parte del genocidio en marcha.
Alianza para matar
Antes del gobierno del “piloto de tormentas”, Eduardo Duhalde, asumió el Gobierno Fernando de la Rúa en la Alianza que llevó como vice presidente a Carlos “Chacho” Álvarez, proclamado de la “izquierda peronista”, “progresista”. A los 7 días del comienzo de su gestión,el 17 de diciembre de 1999, la Alianza reprimió al pueblo correntino que llevaba 7 meses de “aguante” en las plazas y varios sin percibir haberes. Tras el desalojo violento del Puente General Manuel Belgrano que une Chacho y Corrientes, la Gendarmería asesinó a Mauro Ojeda y a Francisco Escobar –dos jóvenes humildes– y dejó decenas de heridos de bala. Corrientes anticipó el “Argentinazo” del 2001 que puso en cuestión la gobernabilidad.
A su vez, el genocida de la dictadura Domingo Cavallo regresó al ministerio de Economía generando una de las peores crisis económica y social, sobre finales de 2001. De ese modo, ente el 19 y 20 de diciembre 39 personas fueron acribilladas por las fuerzas de Seguridad en diversas provincias argentinas.
El mismo De la Rúa, revelaría por Canal Encuentro que si Cavallo fue su ministro obedeció a una solicitud de su vice, quien nunca desmintió a su jefe. También trascendió que ante la multitud que protestaba en la Plaza de Mayo, el peronismo le exigió a De la Rúa el “desalojo” del centro político del país para hacerse cargo del nuevo gobierno. Y De la Rúa cumplió, concretando así un pésimo debut y una peor despedida.
¿Pena de muerte u homicidios policiales?
En la Argentina no existe la pena de muerte legal. En los países donde sí se aplica este engendro, siempre hay una tribunal, un juez, una instancia del estado que firma y ordena las ejecuciones y la historia habrá de juzgarlos. El hecho, aberrante de por sí, puede ser más taimado en la Argentina. Porque lo que ocurre en nuestro país son lisa y llanamente ejecuciones sumarias, sin legalidad burguesa alguna, son claros homicidios policiales que por su masividad, permanencia y alcances constituyen parte sustantiva del genocidio encubierto.
Todos los jueces del fuero penal son delincuentes
Salvo, puntuales excepciones, los magistrados que conforman del fuero penal infringen la ley en cada uno de sus fallos, delinquen sin que nadie los asocie con el delito. Ninguna de las cárceles del país está en condiciones de albergar a seres humanos según lo manda la Ley, que sostiene que serán sanas y limpias, no para castigo sino para resguardo, reinserción y otros cuentos chinos, del apresado. Sin embargo, a sabiendas, cada juez envía a seres humanos a estos campos de devastación humana donde la tortura se perpetra cotidianamente sobre lxs detenidxs y sus familiares, donde se mata un presx a palos, picana, facazos, hambre, suicidios inducidos o fraguados, las llamadas “muertes en contexto de incendio” o por enfermedades desatendidas. Es decir que, con nitidez, la pata judicial forma parte necesaria del genocidio en cuestión. Por su parte, fue el propio juez del Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien afirmó: “El mayor asesino serial es el Estado”.
Campeón verbal de la defensa de los derechos humanos
Precisamente en la etapa gestionada por el kirchnerimo, la razón le asistió con creces al magistrado: 3070 asesinados por gatillo fácil o tortura en los sitios de encierro, 70 desapariciones –datos de Correpi–, y varios cientos de presos por luchar –datos de la Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina–, crecimiento exponencial de pobres en el encierro –dato Agencia Rodolfo Walsh–, convirtieron a este gobierno en el que mayor cantidad de casos tuvo. No solo superó a cada uno de los gobiernos anteriores, sino a todos en conjunto con 3070, al menos, vidas sesgadas hasta diciembre de 2015. Recuérdese que los datos de Correpi son recolectados, con esfuerzo, de los medios de todo el país y a través de la denuncia de los familiares. Como se sabe, los medios no publican todos los crímenes y, por distintas razones, no todos lo familiares denuncian. O sea que la cifra fue aún mucho mayor durante el gobierno campeón verbal de la defensa de los derechos humanos. Los casos emblemáticos de Luciano Arruga, Daniel Solano y Julio López, son solo algunos de los que la lucha familiar y popular rompió el cerco informático.
Cabe destacar que mientras la entonces presidenta Cristina Fernández aseguró en 2012 “tenemos un Servicio Penitenciario ejemplar” –en referencia al Federal, en ese año estos grises ejemplares asesinaron a Florencia “La China” Cuellar, novena chica liquidada en la cárcel de Ezeiza entre 2009 y 2012. Por esos años, un ser privado de libertad moría cada 37 horas según una medición del boletín Para la Libertad, de la Agencia Rodolfo Walsh, nunca desmentida.
Asimismo, en 2004 se sancionaron las mal llamadas y represivas “Leyes Blumberg”, ya que el ex ingeniero no era legislador y ambas cámaras del Congreso –que también votaron la Ley Antiterrorista a libro cerrado por exigencia de Estados Unidos, tenían mayoría kirchnerista entre sus miembros.
Por si quedara dudas, por entonces, el fiscal Abel Córdoba –hombre del proyecto kirchnerista–, expresó luego de una de sus inspecciones a las cárceles que los detenidos vivían en condiciones “infrazoológicas”. A la vez, Córdoba enfatizó a esta agencia que era imposible que un juez de clase media acomodada, le diera entidad humana a unx joven morochx y pobre.
Como puede apreciarse, sin esfuerzos, la matanza continuó ascendiendo con cada gobierno “democrático”. Y solo basta escuchar a los partidos con posibilidades de ganar la elección, en las campañas, que compiten a ver quién va a aplicar la mano más dura. En sí, la promesa de más muertos y más presos garantiza votos, pero al mismo tiempo provee mayores delitos toda vez que son, precisamente, las fuerzas de Seguridad quienes los regentean en todo el país.
También fue mérito de la gestión K, entre otras, haber desplegado la Gendarmería y la Prefectura a cumplir funciones policiales o sea de control social en el territorio. Con lo cual, la Argentina pasó en 2015 a ser principalísimo país con mayor tasa de policiación (policías por habitantes) en el planeta, de acuerdo a la destacada socióloga Alcira Daroqui quien brindó el dato a esta agencia basado en un informe de la ONU.
EL fascismo al desnudo
Con la llegada del Cambiemos, el fascismo al desnudo arribó al gobierno del país, encabezado por el empresario y conspicuo ladrón de los dineros públicos –a través del Grupo Socma–, Mauricio Macri. En la continuidad del genocidio encubierto lo secunda la ministra de Seguridad Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Ambos establecieron variantes significativas: los fusilamientos –documentados– pasaron de 28 a 23 horas y, contrariamente a sus predecesores que se desligaban del tema, por caso acudiendo al dudoso concepto de “violencia institucional”, pasaron a celebrar las muertes y condecorar a los matadores, recibiéndolos en la Rosada.
Eso sucedió luego de que el policía de Avellaneda matara por la espalda al joven Pablo Kukoc, quien huía a la carrera sin representar un peligro para nadie. El aliento que el gesto brindó a lxs miembrxs de las fuerzas de Seguridad se vio incrementado copiosamente. Y desde el inicio mismo de la gestión, el dolor fue aún mayor en las barriadas y, singularmente, buena parte del pueblo respaldó esta política, derrota axiológica mediante, incluso las represiones a las manifestaciones de reclamos populares.
La construcción del enemigo interno, siguió teniendo rostro moreno y pobre, aunque públicamente también se definiría al pueblo mapuche como principalísimo blanco elegido. Es esa dinámica de la lucha de clases en la Argentina, que Gendarmería asesinó al anarquista Santiago Maldonado y al mapuche Rafael Nahuel, en una “guerra” de piedras contra balas de plomo.
También durante la Era Macri, la tierna gobernadora María Eugenia Vidal sería junto a Cristian Ritondo, su ministro de Seguridad, responsable de la peor masacre en toda la historia de la policía bonaerense. El 2 de marzo de 2017 en la ex comisaría 1º de Pergamino, fueron asesinados 7 jóvenes que se hallaban detenidos bajo custodia del estado que debió garantizar su vida y su integridad. Una parte de ellos tenía problemas de adicciones, pero el estado no respondió con contención psicológica u otras formas de salud. Acudió al fuego y al monóxido de carbono para su exterminio.
A la vez, recientemente, Macri decretó la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de Seguridad interior que, traducido al criollo o al mapundungun (lengua mapuche), significa licencia para matar.
En el decreto del mandatario argentino se establecen “normas de comportamiento” que deberán observar los efectivos militares en todos los operativos en los que tomen parte. A la vez declara secretas esas normas de comportamiento, justificado por “secreto militar”. Además, en la redacción de estas “normas de comportamiento” se ha atendido en forma muy especial a cubrir las eventuales responsabilidades judiciales que puedan involucrar a un efectivo militar por obrar con un supuesto “exceso en el cumplimiento del deber” pero atendiendo asimismo a la necesidad del militar de no ver limitado su derecho a la “legítima defensa”. O sea, lisa y llanamente la impunidad anticipada.
Como puede verse, desde el poder hay una voluntad de exterminio a los vulnerables, una guerra desigual que se libra en las calles, los tribunales y esencialmente en los medios formadores de pensamiento y acción.
¿Cuántos pobres tienen que morir?
Una discusión en la llamada “brecha” afirma que serán muchos más los muertos en la gestión macrista que en la kirchnerista. Y es cierto. Tan cierto como que los luchadores no vinimos a este mundo a decir a cuantos pobres hay que matar: Nadie debe morir asesinado por el estado. Y es tarea de los militantes luchar por este concepto-bandera y no hacer ecuaciones aritméticas de una supuesta “mortalidad inevitable”.
Si estas líneas despertaran la reacción de quienes no las comparten, cabe recordar que si lxs chicxs vivieran, que si el estado no los hubiese asesinado, entonces jamás las hubiésemos escrito.
A la lucha
Las mujeres, las familias, que marcharán este lunes son la cara visible y desencajada del genocidio encubierto. En ellas reside un valor infinito por el que vencieron la locura y la impotencia, no así el dolor. Aunque saben de sobra que no puede haber justicia completa para su caso. Porque esto sería regresar a la vida al hijx masacrado. Y ya “su caso” pasó a ser colectivo, cada uno de los crímenes es tomado por todas. Algo cercano a la justicia, sí sería detener la matanza. Poco a poco, desgarradas, van aprehendiendo que no puede lograrse el objetivo en este sistema, quedó harto demostrado que cada gobierno superó en atrocidad al anterior. Así, ellas están luchando por otros hijos, incluso por aquellos cuyos padres apoyan o ignoran el genocidio encubierto. Su grandeza es gigantesca. Lo sepan o no, están batallando por otra sociedad. En cada diálogo con el hijo lo traen a este presente. En cada mural pintado, en cada reunión y en cada acción sienten que el hijo vive y las acompaña. Aún después de partir, ellxs están para que otrxs pibxs vivan. En esta iniciativa no se dirigen solo a la Casa de Gobierno o hacia otras sedes del poder, aunque así lo parezca. Sus pasos marchan, firmes, hacia un futuro tan digno como el rugido de sus gargantas y el sudor que emanan sus cuerpos en rebeldía. Que así sea.
