Entrevistamos a dos personas de la asociación vasca de juristas y profesionales de la salud Osabideak, cuyo objetivo es la defensa del derecho a la salud de las personas presas. Nos hablan, entre otras cosas, de la campaña que proponen por la derogación de la instrucción 3/2017 de la SGIP que restringe las posibilidades de excarcelación de las personas presas enfermas hasta que no sea seguro que van a morir a corto plazo, y de otra campaña que se inicia contra las brutales «sujecciones mecánicas» que practican los carceleros. Leemos algunas cartas de presos en lucha sobre la huelga de hambre colectiva que empiezan el 10 de diciembre por sus doce reivindicaciones, con especial hincapié en las que se refieren a la salud.
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Tokata Y Fuga 8-XII-2018. En Defensa De La Salud De Las Personas Presas: Osabideak Y Presxs En Lucha
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Al escribir esta nota, acaba de terminar la primera jornada de la tercera huelga de hambre que realizan este año lxs presxs en lucha activa por sus doce reivindicaciones. La primera fue del 1 al 15 de mayo, la segunda, del 1 al 15 de octubre y la tercera está convocada entre los días 10 y 25 de diciembre. En las dos últimas, se ha hecho y se está haciendo especial hincapié en aquellas de las doce reivindicaciones que se refieren a la salud de las personas presas; lxs presxs en lucha han decidido asumir como suyo el decálogo sanidad en prisión propuesto por la APDHA. En este primer día de la huelga de hambre el semanario catalán La Directa ha publicado en su página web una entrevista, realizada por Vicent Almela, con dos de los compañeros presos participantes en esta lucha. A continuación, el texto en castellano. El cartel de arriba es del grupo Fuera del Orden, el mismo que publica el boletín anticarcelario Desdedentro. En su blog podéis encontrarlo en dos versiones diferentes.
Entrevistamos a Toni Chavero y José Ángel Martins Mendoza, dos de los presos que participan activamente en la propuesta de lucha activa dentro de las cárceles que comenzó hace más de dos años. Hoy inician la tercera huelga de hambre de 2018 para reivindicar que se respeten las leyes y los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios. La acción, que comienza hoy y en la que participan cerca de una treintena de presos y presas, pretende extenderse hasta el martes 25 de diciembre en diferentes cárceles del Estado español.
La atención mediática en relación a las prisiones en las últimas semanas ha estado muy centrada en la huelga de funcionarios de prisión y en la huelga de hambre de los presos políticos catalanes, pero poco ‒o nada‒ se ha hablado de la huelga de hambre que empiezan hoy una treintena de presos sociales en diferentes centros penitenciarios del Estado español ‒y ya es la tercera del año‒ para visibilizar la tabla reivindicativa de doce puntos, la cual lo único que pide es «que el Estado español respete sus propias leyes y los derechos humanos dentro de las cárceles». Para conseguir testimonios en primera persona, la Directa ha contactado con dos de los presos que desde hace más de dos años participan en esta propuesta de lucha activa desde dentro de los centros penitenciarios.
Toni Chavero (TC) es de Madrid, tiene 47 años y lleva entrando y saliendo de prisión desde 1996, siempre por condenas relacionadas con robos y algún enfrentamiento con los funcionarios de prisión. Entre unas cosas y otras, hace más de veinte años que está preso, y tiene prevista su salida para el año 2026. Según se define él mismo «fui politoxicómano hasta que abrí los ojos y me puse a luchar». Actualmente se encuentra en primer grado ‒o régimen cerrado‒ en el centro penitenciario de Albocàsser (Castellón II).
José Ángel Martins Mendoza (JM) ‒alias Peque‒ es miembro del colectivo anarquista de presos sociales COLAPSO y en su actual condena lleva privado de libertad ocho años y medio, aunque antes ya acumulaba a sus espaldas más de dieciocho años en prisión. Actualmente se encuentra privado de libertad, en primer grado, en la prisión de Puerto III (Cádiz). Se define como antimilitarista, antisistema, antiautoritario. «Si me tuviera que definir, diría que soy libre pensador, porque sólo por el hecho de decir que eres anarquista, ya estás cometiendo un delito».
¿Qué significa para vosotros estar «en lucha activa»?
TC: Para mí estar en lucha activa significa tener algún motivo por el que vivir aquí dentro, para no dejarme doblegar y vivir con dignidad. Mi decisión es cumplir estas condenas como creo que debo cumplirlas, sin someterme, sin pasar por sus aros y siendo libre de todos los yugos y cadenas. Luchar es la única forma de vivir que entiendo aquí dentro, si no, me sentiría un despreciable. Y prefiero morirme a estar vegetando. Esto es lo que significa para mí. Estoy en esta posición desde 2015, cuando tras un agravamiento de mi condena vi y sentí la necesidad de estar en lucha. Lo intenté cogiendo las ideas de experiencias anteriores, como la Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL) y la Asociación de Presos en Régimen Especial (APRE), pasando por carta nuestras ideas y propuestas a los colectivos de apoyo a la calle, para abrir un debate y crear esta propuesta de lucha activa que sigue viva hoy. Antes de 2015 yo ya era asiduo escritor de críticas al sistema, pero sin tanta intensidad.
JM: Para los compañeros que estamos en lucha activa, significa luchar día a día para conseguir unos derechos dignos dentro de las cárceles, sentirnos vivos y realizados como personas y no decir que algo está bien, cuando sabes que está muy mal, cerrando los ojos y mirando hacia otro lado. Es la lucha por nuestros derechos y los de nuestros compañeros y compañeras, amistad, fraternidad y dignidad. Y mi posición por la defensa de estos ideales comenzó desde mi entrada a prisión en 1991, cuando empecé a leer escritores como Proudhon, Bakunin o Kropotkin.
¿Cuáles son vuestras exigencias desde dentro?
TC: Nuestras exigencias, de acuerdo con nuestra tabla reivindicativa, son, en primer lugar y a corto plazo, que cumplan con sus propias leyes y respeten nuestros derechos como presos. En segundo lugar, y a largo plazo, conseguir la abolición de las cárceles por su inutilidad «resocializadora». La prisión es un simple negocio, un negocio que ahora está en auge.
JM: Nuestras exigencias son los doce puntos de nuestra tabla reivindicativa. No queremos privilegios, sólo los beneficios estipulados en el Reglamento Penitenciario (RP) y la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP). Sin tener que degradarnos para que nos dan el trato que nos corresponde por ley, en un país democrático. Luchamos desde dentro porque prácticamente todos los que estamos en lucha activa llevamos casi toda la vida en prisión. En mi caso, desde que tenía 16 años
Desde el pasado mes de mayo habéis realizado varias huelgas de hambre y acciones con el objetivo de visibilizar su tabla reivindicativa. ¿Qué resultados tienen las huelgas y cómo se están viviendo desde dentro?
TC: Los resultados de las huelgas de hambre que hemos realizado no son algo palpable, que se pueda ver rápidamente. Si tenemos en cuenta que esta propuesta de lucha se empezó a “cocinar! en 2015, y que se inició en 2016, no creo que todavía sea el tiempo correcto para valorarla en relación a otras luchas anticarcelarias. Si yo tuviera que valorar estas huelgas de hambre diría que han ayudado mucho a la coordinación entre dentro y fuera, y han generado más unión. Lo que más valoro es la humanidad que se ha desplegado, tanto dentro como fuera. Sobre los presos que se han unido, por la información que me ha llegado, diría que son una veintena. De una población reclusa de más de 60.000 personas, una veintena puede parecer insignificante, pero creo que igualmente es muy positivo. En definitiva, preferimos que los pocos que seamos estemos concienciados y luchemos con seriedad. Ahora mismo nos encontramos dispuestos a seguir adelante, reflexionando sobre cómo ha ido este 2018 y pensando qué deberíamos cambiar para mejorar. Ahora en diciembre empezamos otra huelga de hambre, y en 2019 haremos las que sean necesarias. Es necesario dialogar y reflexionar entre nosotros sobre cómo continuaremos. Creo que estamos avanzando mucho.
JM: De momento, en mi opinión, poco o nada hemos conseguido con las huelgas de hambre, ya que en lucha activa sólo nos encontramos entre 18 y 25 compañeros y compañeras. Si nuestra lucha continúa como tenemos pensado, y se suman más presos y presas, la cosa cambiará bastante. El nerviosismo por parte de Instituciones Penitenciarias se nota cada vez más.
¿A nivel represivo, os está afectando el hecho de ser tomados en lucha activa y participar en huelgas de hambre?
TC: A nivel represivo tenemos muchos problemas. Yo soy de Madrid, y estoy preso en Castellón. Me han trasladado muchas veces, y nunca he llegado a estar más de un año en la misma prisión. Por lo tanto, me afecta en la dispersión, la intervención de las comunicaciones, el régimen de aislamiento continuado en primer grado, las palizas, las sujeciones mecánicas… Hay un desprecio constante de los funcionarios hacia los presos en lucha activa. Lo más difícil es mantenerse psicológicamente fuerte para seguir adelante, porque todo esto pasa factura.
JM: La muestra de su nerviosismo es la represión que nos están haciendo pasar: registros diarios, intervención de la correspondencia, cartas que se pierden, dispersión, rotura de objetos personales, aplicación de aislamiento por participar en ayunos y huelgas de hambre, formas despectivas de hablarnos y trato degradante constante. Cuando empezamos esta propuesta de lucha sólo éramos cuatro o cinco presos, y actualmente ya somos más de una veintena. En estos momentos nos encontramos a punto de comenzar la última huelga de hambre del año, para luego realizar una asamblea interna y saber cuántos continuamos y cuántos más se suman a la propuesta de lucha activa.
¿Qué le pediríais a la gente que la apoya desde fuera?
TC: Desde fuera para mí es muy importante visibilizar a los colectivos que han estado con nosotros desde el principio de la propuesta en 2015, como el colectivo Tokat en Valencia y el grupo Pro-presxs de Madrid. Después de esto, también se han sumado otros colectivos de todo el Estado, y creo que cada vez se van sumando más apoyos a nuestra propuesta. Creo que uno de los factores determinantes para sumar apoyos han sido las huelgas de hambre que empezamos en mayo de 2018, y la visibilidad que nos ha dado el documental de la COPEL. Ahora mismo sabemos que se están haciendo acciones de solidaridad con nuestra lucha en diferentes ciudades de España, y estamos muy agradecidos. A las personas que luchan contra las cárceles desde fuera les diría que muchas gracias, que intentan mantenerse unidas y mantengan la constancia.
JM: La verdad es que fuera tenemos compañeros muy cualificados que lo dan todo por esta lucha. Hay otros que tienen muchas ganas de ayudarnos, pero que por ignorancia van un poco perdidos. Por otra parte, estos grupos tienen medios escasos, así que hacen lo que pueden. Lo que me gustaría pedirles a los compañeros antiautoritarios y anticarcerarios es mucha difusión. Ya sea mediante la publicación de fanzines, charlas, proyección de documentales… Que todo el mundo sepa lo que fue la COPEL y el APRE. Podemos avanzar mucho antes de que nos aplasten.
¿Creéis que sería positiva y posible la coordinación entre toda la comunidad anticarcelaria?
TC: Sí, creo que es posible y sería muy positiva la unión desde fuera. Si mejorara la coordinación nos podríamos articular de una forma más fluida. Ahora bien, la realidad y la experiencia nos indica que, si tenemos en cuenta la forma de pensar de cada persona y grupo, la coordinación no resulta nada fácil. Que todas las personas de un grupo estén de acuerdo con una forma de actuar ya resulta difícil, así que coordinarnos todos en esta lucha es muy complicado. Yo creo que se podría conseguir estableciendo unas bases lógicas de acuerdo con lo que se pretende conseguir a corto y largo plazo. A partir de ahí, dialogar y ser flexibles los unos con los otros, ya que el fin de nuestra lucha es el mismo. Todos vamos en una misma dirección, pero por caminos diferentes. Por otra parte, esto es lo que nos enriquece: la libertad de pensamiento y acción.
JM: Claro que creo que sería posible y positiva cualquier tipo de coordinación anticarcelaria, con grupos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), los sindicatos CGT y CNT, periódicos, revistas, abogados… y como no, con grupos anarquistas. Hace algo más de dos años ya se celebró una asamblea nacional con casi todos estos grupos. Muchos de los que acudieron a la asamblea dijeron que nos ayudarían en la lucha anticarcelaria, pero muchos de estos, al poco, parece que olvidaron su compromiso. Según mi opinión, ahora que nuevos grupos de apoyo quieren unirse a nuestra lucha, sería aconsejable volver a realizar una asamblea donde los que realmente quieran ayudarnos lo dejen claro. Y los que únicamente ofrecen su apoyo para quedar bien, que no hagan perder el tiempo a los compañeros y compañeras de la calle, y menos a nosotros. Necesitamos diálogo y compromiso. Sé que a los compañeros que luchan desde fuera no les resulta fácil, ni tienen demasiados recursos para poder ayudar, pero todo el mundo debe ser sincero y dejar claro hasta dónde puede llegar.
¿Cuál es vuestra opinión sobre los presos políticos? Cree que se podrían unir a su lucha y reivindicaciones?
TC: Mi experiencia con los presos políticos de Resistencia Galega, GRAPO y ETA siempre ha sido muy positiva. Creo que son muy solidarios, que tienen muy claro lo que quieren y están muy unidos. Mi visión de ellos y ellas es muy positiva, y la verdad que he aprendido muchas cosas buenas. Hace dos años o más que se les comunicó nuestra propuesta de lucha, y aunque están de acuerdo con nuestras reivindicaciones, están más centrados en su lucha que en implicarse con nosotros. Creo que si se unieran a nuestra lucha podría ayudar a mejorar las condiciones en las cárceles y la visibilidad de nuestras acciones sería más amplia y contundente, porque detrás tienen mucho apoyo y porque son personas con una convicción moral y un posicionamiento indestructible. Por lo tanto creo que si se unieran sería muy positivo.
JM: Sobre los presos políticos opino que sólo miran por su culo, y no les interesan nuestras luchas a menos que sepan que pueden ser beneficiosas para ellos y ellas. Y claro que se podrían sumar a nuestra propuesta de lucha, ya que la cárcel funciona en contra de todos. Aparte de ser más participantes en la propuesta, serían más abogados, familiares y movimientos implicados. Esto ayudaría a que nuestras reivindicaciones se escucharon mucho más.
¿Hacia dónde va vuestra lucha? ¿Como veis el futuro de la propuesta de lucha activa que está llevando a cabo?
TC: El objetivo de nuestra lucha consiste, en parte, en generar y recuperar el espíritu y la solidaridad de las anteriores luchas anticarcelarias, donde estaban mucho más unidos y si golpeaban a una debían golpear a todas. Pero también queremos obligar, a través de nuestras acciones, a que las instiuciones cumplan sus leyes teóricas y las pongan en práctica. A corto y medio plazo es lo que queremos, que cumplan sus leyes y respetan nuestros derechos. A largo plazo pretendemos destruir y abolir las cárceles por su inutilidad y falsedad. Dicen que su función se reinsertar, pero sólo castigan. Dicen que recuperan a las personas para volver a la sociedad, pero lo único que hacen es doblegar su voluntad. El sistema carcelario sólo funciona como un negocio para el Estado. Las cárceles no reinsertan, no resocializan. Sólo son escuelas de delincuencia, encubiertas por una falsa apariencia de cara a la sociedad.
JM: Nuestra lucha, básicamente, va encaminada a sentirnos vivos exigiendo nuestros derechos y no sentirnos seres inertes. Yo ya estoy condenado a más de veinte años de prisión y, seguramente, por tener dignidad y no dejarme robotizar, moriré aquí en la cárcel. Pero al menos intentaré que las personas que sean encarceladas en un futuro no sean tratadas como basura, que es lo que está pasando ahora mismo en las cárceles. A corto plazo exigimos que se respeten nuestros derechos y que las condenas se puedan pagar con dignidad. A largo plazo, queremos la absoluta abolición del estado-negocio carcelario.
Vicent Almela
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¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 29-XI-2018]
Hablamos Con Estel, la psicoterapeuta que coordina los talleres de cuidado mutuo de Familias Frente a la Crueldad carcelaria. Después, leemos y comentamos algunas cartas donde se explica cómo se ha vivido la huelga de boqueras dentro de las cárceles. Repasamos algunas actividades propuestas en la calle de cara a la huelga de hambre de diciembre. Comentamos la situación de Ruyman Armas Santana y las solidaridad con él en Castilla-León. Difundimos la propuesta de denuncia colectiva de los abusos de los guardias y negligencias de la administración durante la huelga de carceleros y leemos un artículo sobre todo ello.
Osabideak es una asociación vasca de profesionales de la medicina y juristas que defiende el derecho a la salud de las personas privadas de libertad. Esta asociación tiene entre sus objetivos llevar adelante diferentes campañas de demanda o denuncia dirigidas a mejorar las condiciones de salud de las personas privadas de libertad. La primera campaña que han puesto en marcha consiste en la exigencia de derogación de la instrucción 3/2017. Ponemos aquí debajo la mayor parte un texto firmado por esta asociación donde se explican los motivos de esa campaña.
La experiencia vital de padecer una enfermedad grave e incurable o varias enfermedades que obliguen a vivir con diversos síntomas físicos y psicológicos como dolor, discapacidades y con el miedo-angustia a un fallecimiento precipitado es una de las más duras experiencias vitales. En estas situaciones de especial vulnerabilidad, si no existen ayudas o apoyo sanitario y social suficiente, la persona puede sentir fácilmente que se degrada su dignidad humana. De ahí la necesidad de diversas administraciones del estado de legislar en los últimos años sobre el derecho a una muerte digna.
Las muertes secundarias a enfermedades avanzadas e incurables, y por lo tanto predecibles que acaecen en prisión deben considerarse un fracaso de las administraciones penitenciarias, del sistema judicial y de la sanidad penitenciaria y por ello de una sociedad entera.
El final de la vida en situación de vulnerabilidad y fragilidad de los enfermos avanzados e incurables y el propio fallecimiento en un centro penitenciario privado de libertad, sin los cuidados ni la atención paliativa adecuada, con restricciones regimentales añadidas a las que produce la propia enfermedad (situaciones de soledad, sin apoyo de familiares y amigos) además de ser cruel e indigno arrebata el valor inherente al hecho de existir que supone la dignidad humana.
Amparando el respeto a esa dignidad humana, la ley actual establece en el código penal precisamente la posibilidad de excarcelar o implementar medidas alternativas no privativas de libertad siempre que sean compatibles con medidas de seguridad (a personas septuagenarias y a enfermos muy graves con padecimientos avanzados e incurables y cuando se constate un peligro patente para la vida). Además cabe recordar que la ley General de Sanidad y el artículo 14 de la constitución establecen el derecho a la salud en igualdad de condiciones y esto incluye a la población penitenciaria por tanto prescriben el respeto de su pleno derecho a la salud equivalente al que tendrían en su comunidad, sin discriminación alguna por su condición jurídica. El Comité para la prevención de la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes del Consejo de Europa, en su informe del 2011, considera que una inadecuada asistencia sanitaria en centros penitenciarios puede conducir rápidamente a situaciones que se consideran tratos inhumanos o degradantes. La ONU y la OMS recomiendan que se tomen medidas activas para garantizar la equivalencia sanitaria en la sanidad penitenciaria y/o considerar medidas alternativas al encarcelamiento en los casos en los que no se puedan garantizar.
Sin embargo las estadísticas de fallecimientos en prisión, reflejan que estas leyes se incumplen, por parte de la administración de justicia y/o de la sanidad penitenciaria. Especialmente preocupante es la actitud activa de Instituciones Penitenciarias para deshumanizar más la situación de los enfermos recluidos y denigrar la dignidad de los enfermos con enfermedades graves e incurables. Incluso los que cumplen criterios de terminalidad que se refleja en la citada instrucción (que se adjunta) desarrollada con el objetivo “ad hoc” de limitar la vida en libertad de un enfermo terminal, exigiendo la valoración médica para establecer la situación de peligro patente para la vida de un enfermo, definiendo esta (peligro patente) como aquella situación de enfermedad terminal en la que el fallecimiento es previsible, con razonable certeza a muy corto plazo. Plazo que el Ministro de Interior Juan Ignacio Zoido estimó a los 2 meses de vida, en su desafortunada respuesta en sede parlamentaria, ausente de cualquier lógica científica y humana.
Las directrices de la citada instrucción son contrarias a las establecidas por la ONU y la OMS que recomiendan en sus guías a la administración penitenciaria y judicial la excarcelación de personas con enfermedades que cumplen criterios de terminalidad, con dos propósitos: como medida humanitaria o compasiva para facilitar que se afronte la muerte con dignidad y rodeados de familiares y amigos y como forma de tratar de prolongar la expectativa de vida del recluso por recibir cuidados adecuados en su comunidad.
Valorar y definir riesgos vitales o patentes para la vida, especificar la terminalidad y establecer pronósticos, supone hoy en día un debate importante que abordan las principales sociedades científicas médicas en materia de cuidados paliativos, todos ellos son términos médicos, no penitenciarios ni jurídicos. Peligro patente significa un peligro evidente o claro de fallecimiento por una o más enfermedades cuya evolución ponen en riesgo la vida de un enfermo y está más allá de criterios estrictos de temporalidad, además cabe recordar que la ley no exige que un enfermo cumpla criterios de terminalidad para permitir la excarcelación o la aplicación de medidas alternativas o régimenes más flexibles. Por ello creemos que definir lo que es “peligro patente” para la vida no le corresponde a una administración como Instituciones Penitenciarias y mucho menos limitar esta a criterios estrictos de temporalidad.
La forma que ha afrontado IIPP por medio de la Instrucción 3/2017 la definición de “peligro patente” como fallecimiento posible a “muy corto plazo”, supone un quebranto de la jerarquía normativa y una vulneración del principio de reserva de Ley orgánica. Las instrucciones son como su nombre indica, instrumentos para ordenar cuestiones de intendencia interna dentro de un ámbito administrativo concreto. Las ocasiones que la administración utiliza esta técnica ilegal, han sido muy numerosas, con intención siempre de imponer las orientaciones políticas del momento con desprecio al necesario respeto al principio de legalidad (recordemos las instrucciones 2/2004, 4/2015, 12/2011, 1/2012)
El art 9 de la CE garantiza el principio de jerarquía normativa. La instrucción es nula de pleno derecho, y en consecuencia inhábil para producir efectos, por no respetar este principio, toda vez que entra a regular el núcleo de constitucional de Derechos fundamentales como el contenido en el artículo 15 de la CE, de respeto a la vida, integridad física y moral, e interdicción de tortura y tratos inhumanos y degradantes. La norma regula espacios para los que lejos de estar habilitada, gozan de la garantía de reserva de Ley, y Ley Orgánica. La consecuencia es un acto administrativo, ausente de cualquier vestigio de legalidad.
Debido a la escasez de herramientas clínicas predictivas pronósticas y la demostrada inexactitud de los juicios subjetivos de los médicos, todas las sociedades científicas paliativas (SECPAL, EAPC) han desechado los criterios temporales de la definición de terminalidad. El tiempo de vida estimado en una enfermedad terminal es variable porque coexisten múltiples factores: edad, enfermedades concomitantes, respuestas a tratamientos, la aparición de complicaciones agudas en ciertas enfermedades, efectos secundarios de los tratamientos etc… hacen que las mismas enfermedades evolucionen de manera distinta en cada paciente, no hay enfermedades sino enfermos. Los avances médicos y tecnológicos están permitiendo prolongar la vida de pacientes oncológicos avanzados (con metástasis) sin embargo en este tipo de situaciones la intensidad de cuidados necesaria para mantener una buena calidad de vida es elevada y difícilmente posible en centros penitenciarios, CIES, y centros similares, con restricciones regimentales. Las únicas herramientas predictivas pronósticas son orientativas y establecen porcentajes, y los avances científicos y las herramientas médicas nunca deben usarse para el perjuicio del paciente, la bioética y el derecho estipulan que deben utilizarse siempre respetando la dignidad y los derechos humanos fundamentales.
Como profesionales, evidenciamos además ,que con la citada instrucción, IIPP (incurre) comete una grave injerencia en la profesionalidad, en la labor de los médicos de la sanidad penitenciaria, no exenta de consecuencias medico-eticas, y deontologicas: La administración penitenciaria no debería dar una instrucción de características sanitarias a su funcionariado técnico en medicina penitenciaria y en general a toda la comunidad científico sanitaria que por extensión participa en el tratamiento de estos casos (forenses, peritos u otros especialistas de la sanidad) exigiendo un requisito sanitario no requerido legalmente y no posible médicamente. La evidencia científica y la experiencia demuestran que la injerencia y la falta de independencia de los profesionales médicos allana la vulneración de derechos y garantías fundamentales y favorece su impunidad y degrada la profesión médica. Muestra de ello es la ineficacia de los médicos no independientes (administrativamente) en el caso de los malos tratos y torturas en lugares de privación de libertad (centros de menores, centros penitenciarios, CIEs, comisarias). La independencia de la profesión médica es vital como medida garante del derecho a la salud y así lo recomiendan los organismos de derechos humanos. En esta misma dirección La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y la Organización Médica Colegial de España viene denunciando reiteradamente graves déficits y discriminaciones en la atención sanitaria penitenciaria y han denunciado que este sometimiento administrativo y esta asistencia mediatizada vulneran el código ético, la deontología, e interfieren en la relación médico-paciente.
El código deontológico médico dice en su artículo 36 referente a la atención médica al final de la vida que el médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas sin esperanza de beneficios para el enfermo. Los profesionales médicos no deben asumir funciones de policía o vigilante sanitaria realizando exploraciones y pruebas diagnósticas a enfermos terminales para pronosticar el “periodo muy corto de vida” que pretende determinar una administración penitenciaria. Monitorizar a un enfermo terminal sin fines terapéuticos paliativos sino administrativos es inhumano y degradante y contradice el citado artículo 36 del código deontológico . El artículo 15 de la CE lo prohíbe y el artículo 5 sobre los principios generales del código deontológico define a la profesión médica por estar al servicio del ser humano y de respetar la vida y la dignidad de la persona y el cuidado de su salud.
El personal sanitario que convive, empatiza y trata con enfermos graves, avanzados, incurables, con discapacidades y con pronósticos sombríos, conoce el sufrimiento inherente que conllevan estas situaciones. La permanencia en prisión en estas circunstancias es un castigo injustificado y sin finalidad social alguna salvo la estrictamente punitiva y la represalia. La debida concepción de pena resocializadora, amparada en el artículo 25 de la CE, torna a una pena de motivación vindicativa y retributiva, motivaciones proscritas en el sistema penal actual.
La medicina y la justicia no deberían permitir que enfermos con cánceres avanzados (metastásicos), enfermedades neurodegenerativas con graves discapacidades y pronósticos sombríos, pacientes pluripatológicos con riesgo de fallecimientos prematuros permanezcan en prisión. Cuando precisamente las administraciones del propio Gobierno responsables de garantizar los derechos y la dignidad humana, son las que los vulneran, en una involución de las garantías jurídicas, es nuestra responsabilidad social y profesional disputar la legitimidad a las administraciones. Por ello realizamos un llamamiento a profesionales de la medicina y del derecho para formar un dique garantista frente a estas extralimitaciones.
Desde la asociación Osabideak abogamos por la independencia profesional y administrativa de los médicos (asistenciales y forenses) responsables de las administraciones de justicia y de las instituciones privativas de libertad (centros penitenciarios, CIEs..). Defendemos la estandarización, protocolización de los informes forenses de evaluación de enfermedades susceptibles de medidas no privativas de libertad que incluyan la valoración del principio de equivalencia sanitaria así como la realización de escalas y baremos consensuados por sociedades médicas de estas enfermedades (gravedad, cronicidad, riesgos, pronósticos, discapacidades), para facilitar la monito- rización externa y evaluación de calidad, y minimizar arbitrariedades y discriminaciones. Asimismo solicitamos la derogación de la Instrucción Penitenciaria 3/2017.
Aquí puedes leer la instrucción completa: Instrucción IIPP 2017
Solicitamos la adhesión de profesionales directamente implicados y responsables en el derecho a la salud y de entidades en defensa de los derechos humanos.
Ponte en contacto:
Tel: 658 73 85 91
Este es un artículo de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria publicado ayer en catalán en la página web de La Directa y en castellano en el blog de esa asociación, cuyo fin es la autodefensa de familiares y amistades de personas presas y la protección de éstas.
LA HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES PISOTEA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRESAS Y DE SUS FAMILIAS
Como sabe todo el mundo, ya que la práctica totalidad de los medios de comunicación llevan muchos meses aireando exhaustivamente sus argumentaciones, los funcionarios de la Secretaría General de Instituciones Penitencarias —excluidos, por tanto, los que están a las órdenes de la Generalitat— han realizado, en octubre y noviembre, seis jornadas de huelga general. Para los convocantes, un “éxito”, con alto porcentaje de participación. La culminación de una campaña propagandística y de movilizaciones, que ha ido in crescendo durante el último año y medio. O de su primera etapa, ya que piensan seguir por el mismo camino mientras no se atiendan sus demandas. Los portavoces de sus sindicatos —ACAIP, CSIF, CCOO, UGT y CIG— dicen que, desde que empezaron los recortes por la crisis, su vida es un “calvario”, que su situación laboral es precaria y su sueldo escaso, que sus plantillas están mermadas, envejecidas y poco formadas y, sobre todo, que han aumentado desmesuradamente las agresiones de la población encarcelada hacia ellos. Exigen, entre otras cosas, aumento de sueldo, incremento de las plantillas, reactivación del protocolo contra esas supuestas agresiones aprobado por el anterior gobierno, y que se les considere “agentes de la autoridad”. “Estamos pidiendo al Gobierno que nos ampare, que nos proteja”, dicen. “Como faltan funcionarios, el servicio público penitenciario se deteriora, se controla peor a los internos y hay más agresiones”. Se presentan como víctimas de la violencia de las personas presas. “Tu abandono me puede matar”, rezan algunas de sus pancartas.
Para nosotras, una mentira no se convierte en verdad por mucho que se repita. Y desde nuestra perspectiva se ve un panorama de las cárceles españolas totalmente distinto: a muchos de nuestros familiares presos se les ha torturado y maltratado; existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a quienes lo sufren; se traslada arbitrariamente a las personas presas, desarraigándolas de su entorno social y familiar; la comunicación con la calle está muy restringida, igual que el acceso a la cultura y a la educación; se censuran las publicaciones y no existe libertad de expresión ni de asociación; la explotación laboral es enorme; las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres; la situación médico-sanitaria es catastrófica, ya que la administración incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar la igualdad de prestaciones médicas y farmaceúticas entre la población encarcelada y el resto de ciudadanos; muchos enfermos graves quedan abandonados, sin diagnóstico ni tratamiento alguno, pero no se aplica la legislación que permitiría excarcelarles más que cuando ya es seguro que van a morir pronto; el tráfico de drogas ilegales está consentido y, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin control médico adecuado; hay muchas personas presas con enfermedades psiquiátricas que no reciben los cuidados correspondientes, sino que muchas de ellas van a parar al régimen de castigo; la mortalidad es mucho mayor que en la calle, a menudo por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita», con muchos fallecimientos en circunstancias extrañas y dudosas, nunca aclaradas, pues no se cumplen los trámites legales ni se da a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las administraciones carcelaria y judicial que les perjudican. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, encargados de la “tutela judicial efectiva” de los derechos de las personas presas, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican. Algunas personas presas están denunciando todas esas situaciones que convierten en papel mojado el principio constitucional de que las condenas estén orientadas a la reinserción social. Llevan varios años haciendo ayunos y huelgas de hambre para dar a conocer una tabla reivindicativa donde se enumeran y analizan muchas de las vulenraciones de derechos y tratos crueles, inhumanos y degradantes que están sufriendo. Justo en el mes de octubre han hecho una huelga de hambre colectiva, realizaron otra en mayo y hay una nueva convocatoria del 10 al 25 de diciembre. El eco mediático de esa actividad prácticamente no ha existido, aparte del que han querido darle, afortunadamente, algunas publicaciones alternativas coordinadas con grupos libertarios y asociaciones abolicionistas, garantistas o defensoras de los derechos humanos. Una difusión muchísimo menor, por supuesto, que la que ha apoyado incondicionalmente la propaganda de la huelga de funcionarios.
Ellos quieren “que se dignifique el trabajo de los funcionarios de prisiones y se les valore” y se quejan de que en las condiciones actuales no pueden llevar a cabo su “labor de reinserción”. Pero tanto en su práctica habitual como en sus reivindicaciones y en su modo de intentar imponerlas demuestran que prefieren seguir siendo unos profesionales de la violencia. De todas formas, la interpretación de la radicalmente ambigua ley penitenciaria que da primacía a los criterios de seguridad sobre el “principio de rehabilitación” se ha consolidado en las sentencias de los más altos tribunales. Los sindicatos carcelarios ya habían anunciado antes de la huelga —convocada a propósito en fin de semana, cuando se realizan preferentemente las visitas— que pretendían colapsar las comunicaciones entre las personas presas y sus familias para que «los ciudadanos entiendan la situación en la que nos encontramos”. Es la forma más habitual de actuar de los de su gremio para presionar a la otra parte en sus conflictos laborales: perjudicar todo lo posible a las personas presas y a sus allegados, provocarles para ver si se rebelan, justificando así la represión y dándoles la razón en su victimismo. Se han perdido visitas médicas, citas hospitalarias, turnos quirúrgicos, medicaciones, curas, comidas, entrevistas con abogados, comparecencias judiciales, permisos de salida, horas de paseo, actividades deportivas, culturales o educativas… y, sobre todo, comunicaciones. Sus piquetes han bloqueado las entradas a las cárceles y coaccionado a las personas que venían de visita, impidiéndoles entrar siquiera a los recintos, donde quizá habrían podido ser atendidas por los servicios mínimos. Imaginaos que, después de un largo viaje, con el correspondiente gasto, deseando abrazar a un ser querido preso que está esperando con ansiedad vuestra llegada, os encontráis con una banda de guardianes que, aunque no estén de servicio, con su prepotencia habitual, os impiden el paso e incluso os amenazan, bajo la mirada de la guardia civil o de la policía, que asisten pasivamente a esos comportamientos tipificados como delitos, cometidos ante sus narices.
Asímismo, durante el mes de noviembre, han arreciado las provocaciones y palizas a la gente presa, tergiversadas ante los jueces en las correspondientes contradenuncias y publicadas enseguida en los medios como “una nueva agresión contra los funcionarios”. ¿Cómo puede ser que suceda eso? En primer lugar, porque los poderes dominantes en la sociedad española, incluidos los que controlan los medios de comunicación, están a favor de la tortura y no existe ninguna voluntad política de combatirla. Y, además, porque, en las cárceles, las torturas y malos tratos se producen generalmente en lugares donde no hay videovigilancia ni testigos. Y, si no, se destruyen las grabaciones de video, se pierden o no tienen la suficiente calidad para ver lo que ha sucedido realmente. Mientras las víctimas y testigos no se atreven a denunciar, por temor a represalias, ya que quedan a merced de los torturadores. Los médicos se niegan a extender los correspondientes partes de lesiones o las minimizan; los jueces suelen denegar las diligencias de investigación que se les solicitan; la fiscalía se opone a ellas sistemáticamente, y las denuncias resultan archivadas en su mayor parte. Además, los carceleros suelen denunciar a su vez a quienes han maltratado, acusándoles de “resistencia”, “desobediencia”, “atentado” y lesiones como torceduras de muñeca, por manejar la porra con demasiado entusisasmo, dedos rotos, a causa de golpes mal dados, o contusiones, que se producen al chocar unos con otros cuando se abalanzan, diez contra uno, sobre una persona presa. Y encima quieren que se les considere “agentes de la autoridad” para que sus manifestaciones gocen de “presunción de veracidad” y las condenas contra los presos denunciados se agraven considerablemente.
De manera que lo que se viene a plantear fundamentalmente en esta huelga es una defensa todavía más cerrada de la impunidad en la tortura dentro de las cárceles, que se valore por ese mismo hecho a quienes la ejercen y que se les recompense por ello. Nosotras no podemos menos que oponernos frontalmente a esa pretensión. Querríamos reunir la fuerza suficiente, que sólo puede venir de la autoorganización de las personas afectadas y la coordinación de esfuerzos entre ellas y con todas las personas y organizaciones sensibles a estos problemas. Y desde este campo, además de que se remedien todas las demás vuleneraciones de los derechos de la personas presas, lo que cabe exigir prioritariamente es que se tomen medidas especiales para acabar con esa impunidad en la práctica de la tortura, controlando en primer lugar, precisamente, a los funcionarios de prisiones. Harían falta acciones de mucho mayor alcance, —como, por ejemplo, que la fiscalía y el resto del poder judicial actuaran realmente contra la tortura y los demás abusos—, pero, mientras nos preparamos para exigir aquéllas, se nos ocurren una serie de medidas concretas: que los médicos que extienden los partes de lesiones sean independientes de las instituciones penitenciarias; que no haya puntos ciegos en los sistemas de videovigilancia; que sea fectivamente obligatorio guardar y entregar al juez las grabaciones de video; que éstas lleven también grabación de audio; que se graben igualmente las conversaciones a través de los interfonos que conectan las celdas con los funcionarios de guardia… Nos parece mucho más urgente destinar a todo eso la cantidad necesaria de dinero público que gastarla en subirles el sueldo a los carceleros.
En fin, los funcionarios de prisiones ejercen su derecho fundamental a la huelga pisoteando, como mínimo, los derechos fundamentales de las personas presas, de sus familiares, amistades y abogados. Apoyados por algunos sindicatos supuestamente obreristas, se presentan como “trabajadores”,. Pero lo que distinguió siempre a la clase obrera —recordémoslo, ahora que todo el mundo quiere pertenecer a la “clase media”— fue, precisamente, la solidaridad, de donde brotaba su fuerza para enfrentarse a las condiciones opresivas de dominación y explotación. Y los carceleros no sólo son servidores activos de esa misma opresión, sino que su actitud en la defensa de sus intereses laborales es profundamente insolidaria. Con ella, han vulnerado, entre otros, nuestros derechos a la vida y a la integridad física y moral, a la salud, a la defensa jurídica, a no padecer tratos crueles, inhumanos y degradantes… Tampoco han quedado garantizados los servicios mínimos, que prácticamente no se han prestado, ni se ha avisado adecuadamente a las personas afectadas de los que iban a quedar restringidos por la huelga. De todo ello son responsables los funcionarios de prisiones huelguistas, los sindicatos convocantes y, en muchos aspectos, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Proponemos, por tanto, a las personas presas, familiares, amistades, abogados, etc. que se hayan visto perjudicados de algún modo por la huelga de funcionarios de prisiones, por sus abusos durante la misma y por la negligencia de la administración penitenciaria entablar colectivamente acciones legales contra ellos, por las vulnaraciones de nuestros derechos, por las acciones delictivas perpetradas contra nosotros y por las daños y perjuicios materiales y económicos que se nos han causado.
Convocamos a todas las personas afectadas a que nos envíen sus datos —nombre, apellidos y número de DNI— y un relato de lo que les ha sucedido a la siguiente dirección de correo electrónico: lavozdelxspresxs@riseup.net.
Está claro que esto sólo sería el principio de una acción en común de mucho mayor alcance. Quienes vivimos día a día lo que sucede en las cárceles sabemos lo necesario que es que nos coordinemos para afrontarlo.
Como podéis ver en el recuadro, la asociación de familiares y amigos de personas presas Familias Frente a la Crueldad Carcelaria se dirigen a lxs presxs, a sus familias y a cualquiera que se haya visto o que llegue a verse perjudicado por los abusos de los carceleros durante su huelga o por la negligencia de la administración penitenciaria a presentar una denuncia colectiva por ello. Para empezar, piden adhesiones y datos de lo que le haya sucedido a cada cual para plantear qué tipo de acciones legales emprender. ¡Basta de malos tratos, negligencias y calumnias contra las personas presas y sus familias!
¡DEFENDAMOS A NUESTRA GENTE!
Durante los seis días de huelga que han hecho los funcionarios de prisiones en octubre y noviembre, han atropellado los derechos de la gente presa, sus familias, sus abogados, etc. Además de que en las semanas anteriores los guardias han desarrollado una verdadera espiral de provocaciones y agresiones a las personas presas, durante la huelga y por su causa se han perdido visitas médicas, citas hospitalarias, turnos quirúrgicos, medicaciones, curas, comidas, entrevistas con abogados, comparecencias judiciales, permisos de salida, horas de paseo, actividades deportivas, culturales o educativas y, sobre todo, comunicaciones. Los piquetes han bloqueado las entradas a muchas cárceles y coaccionado a las personas que venían de visita, impidiéndoles entrar siquiera a los recintos.
Así, han pisoteado, entre otros, nuestros derechos a la vida y a la integridad física y moral, a la salud, a la defensa jurídica, a no padecer tratos crueles, inhumanos y degradantes… Tampoco han quedado garantizados los servicios mínimos, que prácticamente no se han prestado, ni se ha avisado adecuadamente a las personas afectadas de los que iban a quedar restringidos por la huelga. De todo ello son responsables los funcionarios de prisiones huelguistas, los sindicatos convocantes y, en muchos aspectos, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Los sindicatos de carceleros han asegurado que van a continuar convocando huelgas cada vez más largas –de una semana entera la próxima– hasta llegar, si no se atienden sus demandas, a la huelga indefinida. Como es de suponer que continúen actuando como lo han hecho hasta ahora y todavía peor, no nos queda más remedio que defendernos nosotras mismas y a nuestra gente presa.
Por eso, nos dirigimos a las personas presas, familiares, amistades, abogados, etc. que, en las pasadas o en futuras jornada, se hayan visto o se vean perjudicados de algún modo por la huelga de funcionarios de prisiones, por sus abusos durante la misma y por la negligencia de la administración penitenciaria.
Os proponemos entablar colectivamente acciones legales contra los responsables (carceleros, sindicatos y Secretaría Genral de Instituciones Penitenciarias), por las vulneraciones de nuestros derechos, por las acciones delictivas perpetradas contra nosotros y por las daños y perjuicios materiales y económicos que se nos hayan causado.
Convocamos a todas las personas afectadas a que nos envíen sus datos —nombre, apellidos y número de DNI— y un relato de lo que les ha sucedido a la dirección de e mail: lavozdelxspresxs@riseup.net
También podéis llamar al teléfono: 667224824