Una nueva legislación aprobada en abril 2011 aumentará la rentabilidad del negocio de las cárceles privadas para inmigrantes, pero también incrementará dramáticamente la cantidad de gente que llega a EEUU a rasguñar el “sueño americano” y termina presa, según la quinta noticia importante más censurada por los grandes medios de EEUU, seleccionada por el ranking anual Proyecto Censurado 2012. La historia periodística fue divulgada por Peter Cervantes-Gautschi (1) en Social Policy (Políticas Sociales), bajo el título “Wall Street y nuestra campaña por descriminalizar al inmigrante”.
El informe relata que en los últimos cuatro años el gobierno de EEUU ha encerrado a un millón de inmigrantes en peligrosas prisiones del sistema carcelario privado financiado por los contribuyentes. Allí se cometieron abusos de niños, violaron mujeres y dejaron morir hombres por falta de atención médica básica. La “Corrections Corporation of América” (CCA), que tiene su sede en Nashville, Tennessee, y el Grupo GEO, corporación global asentada en Boca de Ratón, Florida, son las principales fuerzas ocultas que agitan entre bambalinas una oleada de esfuerzos legislativos en curso contra el inmigrante, en una nación que se construyó con emigración.
