Después de haberlo intentado el Partido Popular con motivo de la última reforma del Código Penal, sin éxito, el Ministro de Justicia del actual Gobierno vuelve a plantear como línea programática la introducción de la prisión permanente revisable. Ya que se trata de una propuesta de introducir algo en la legislación penal, parece que se trata de algo novedoso. En efecto, si uno echa un vistazo al Código Penal, obtiene la impresión de que la cadena perpetua o permanente no existe en España. Pero, en realidad, la extraordinaria duración de algunas penas individuales puede dar lugar a que determinados reclusos, en función de su edad y de sus circunstancias personales en relación con el tratamiento penitenciario, estén condenados en la práctica a una privación perpetua de libertad. Y esto es aún más probable cuando el recluso ha sido condenado por varios hechos que no admiten un enjuiciamiento unitario; en tal caso no hay límites al cumplimiento sucesivo de las penas, que serán ejecutadas una tras otra, sin solución de continuidad, como se ha demostrado en el caso del recluso Montes Neiro, indultado por el Ejecutivo. Al comparar este resultado con lo que ocurre en otros países europeos, la conclusión no puede ser más paradójica: en aquellos Estados -como por ejemplo Alemania o Italia- donde se prevé una prisión perpetua, ésta es en verdad una prisión temporal o transitoria; y donde no se prevé una prisión perpetua -como en España-, la realidad muestra que algunos reclusos no saldrán con vida de la cárcel.
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Desde hace varios años la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) está denunciando la total dejadez por parte de la Junta de Andalucía y del Ministerio del Interior hacia las personas enfermas mentales internadas en las prisiones andaluzas. Esta última Administración reduce su presupuesto para el 2013 en un 6,33% respecto al 2012. Los enfermos mentales se hacinan en los centros penitenciarios donde malviven con la doble condena de estar enfermos e indefensos en un lugar que no les corresponde y que no está preparado para albergarlos.
Si en Andalucía hay 16.086 internos, alrededor de 1.300 personas presas padecen enfermedades mentales graves y unas 6.500 trastornos mentales y de la personalidad. La mayoría se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellas, y su paso por tan duro ambiente agrava, en prácticamente todos los casos, sus patologías. La prisión, por tanto, se convierte en un sustitutivo inapropiado para estos enfermos ante la inexistencia de recursos asistenciales, mostrando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia.
Los mismos que hoy se refieren al código penal como un texto del pasado no adaptado a la realidad delictiva del siglo XXI y que han anunciado su endurecimiento, ya lideraron una reforma del mismo durante el gobierno de Aznar y con Mariano Rajoy como Ministro de Justicia. En 2003, el PP aprobó una reforma del código penal con el apoyo del PSOE. Las fuerzas políticas mayoritarias desplegaron una retórica llena de clichés del populismo punitivo importado del otro lado del Atlántico, recordando a la ciudadanía la necesidad de mano dura con las crecientes muestras de violencia urbana y con los delincuentes multirreincidentes, y de hacer frente a los nuevos peligros derivados la inmigración y de la amenaza terrorista. Los socialistas afirmaron que se veían obligados a apoyar la reforma por responsabilidad y por la imperiosa necesidad de luchar contra la inseguridad ciudadana.
España es el tercer país europeo con mayor hacinamiento en sus cárceles. Lo documenta un informe de la XXX Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa que se celebró en Estambul. Ese hacinamiento significa que hay 162 presos por 100.000 habitantes, cuando en Alemania hay 95 por 100.000, 85 en Francia y 121 en Portugal. Demasiados presos en el Reino de España. Más que en cualquier época de su historia reciente, excepto los primeros años de la dictadura franquista.
Soy victima del sistema político y del sistema penitenciario criminal que usa como herramientas las torturas y los malos tratos de todo tipo para someter a los presos a su política perversa. He vivido en mis propias carnes la crueldad, la inhumanidad, la tortura, los malos tratos y las humillaciones que me han dejado secuelas físicas y mentales muy graves. Esta es mi historia:
Al hilo de varios juicios paralelos al principal sospechoso del caso “Ruth y José Bretón”, desde algunos medios de comunicación y foros de Internet se ha pretendido relanzar el enésimo debate sobre si deben aumentarse una vez más las penas de nuestro Código Penal. Se ha puesto incluso sobre la mesa la necesidad de introducir la pena de prisión perpetua.
Las noticias de muertes por sobredosis en prisión son constantes. Las personas con problemas de drogodependencias que se encuentran privadas de libertad, también ven limitado de manera importante su derecho a la salud que, en principio, no debería verse afectado por la condena penal.
En España, más de la mitad de las personas privadas de libertad lo están por haber cometido delitos contra la propiedad (robos, hurtos, etc), y en torno al 20% de las mismas, por delitos relacionados con el pequeño tráfico de drogas. Se trata de una delincuencia asociada a la dependencia de drogas ilegales y a situaciones de marginación social. De hecho, entre un 70 y un 80% tienen o han tenido problemas de drogodependencias, casi la mitad sólo cuenta con estudios primarios, el 8% no tiene siquiera estudios primarios y el 56% son trabajadores no cualificados. Se trata claramente de una “criminalización de la pobreza”.
En relación a la intención anunciada por el Gobierno español de reformar nuevamente el Código Penal, introduciendo las figuras de la “prisión permanente revisable” y la “custodia de seguridad” de hasta diez años, entre otras medidas, Justicia y Pau y el Grupo de Juristas Rueda Ventura queremos expresar:
1. La “prisión permanente” es una pena cruel e inhumana porque impone un sufrimiento terrible a un ser humano, le aparta definitivamente de la sociedad, le somete a un aislamiento que destruye su condición de ser relacional y agrede profundamente su salud mental, física, espiritual y su dignidad moral. La prisión de por vida desprecia la condición siempre perfectible del ser humano y la posibilidad del perdón. Además, no se puede negar nunca la posibilidad que la persona que ha cometido crímenes graves se transforme interiormente, como fruto de un proceso libre y de un espaldarazo adecuado, por arrepentirse, reparar dentro de lo posible el daño causado, reintegrarse socialmente.
La Asociación de Juristas Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH) ha emitido una nota en la que afirma que la negativa del Gobierno español a poner en libertad a los prisioneros que padecen enfermedades graves y la aplicación de la sentencia 176/2006, denominada ‘doctrina Parot’, suponen una «violación de la legislación española e internacional».
