Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

Las organizaciones sociales piensan que es «un reglamento que no cambia lo que tenemos. A pesar de que introduce cláusulas nuevas, están vacías de contenido». Y ademas «consolida el modelo policial de gestión y desarrolla muy insuficientemente las garantías de derechos de las personas internadas». También «supone un retroceso por ejemplo con las comunicaciones de las personas internadas con el exterior y las visitas».

Los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, son definidos por el Defensor del Pueblo como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario donde se ingresa a ciudadanos extranjeros pendientes de que se ejecute su expulsión o devolución, estando sometidos a control judicial tanto la autorización del ingreso como el control del internamiento que tendrá una duración máxima de 60 días”.

Según www.otrosi.net: «La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha convocado concentraciones de protesta para el próximo lunes ante las sedes judiciales de toda España para exigir la «inmediata» retirada del proyecto de Ley de Tasas impulsado por el Ministerio de Justicia y tramitado por vía de urgencia en el Parlamento.

El preso político de los GRAPO Marcos Martín Ponce sufrió una brutal paliza la mañana del miércoles 14 en la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla) al intentar obligarle a que se desnudara. Se defendió de la múltiple agresión, y al parecer un carcelero también está herido.

He perdido a mi hijo el día 3 de noviembre, en la cárcel de «Sevilla 1». Con solo 25 años.

Mi hijo falleció el día 3 de noviembre a las 3 de la mañana,en la cárcel «Sevilla 1». En el tanatorio de San Jerónimo estaba a las 4, pero a mí me llamaron de prisiones a las 6,45 horas, me dicen que ha muerto y que no saben qué ha pasado.

Le hacen la autopsia y la forense me dice que es de un edema pulmonar y que va a mandar a Madrid pruebas para ver qué le causó ese encharcamiento de pulmones, ya que está completamente sano, ni siquiera neumonía y que nunca ha padecido de corazón tampoco.

Entró en prisión por el robo de 4 móviles (llevaba 3 meses) el juez lo mandó a prisión sin fianza, y el fiscal le pedía 9 años y medio. Haré todo lo que pueda para defender los derechos de mi hijo, que desde que entró en prisión los perdió.

Estoy hablando con AFAPREMA y APDHA para ver si me pueden ayudar a saber qué pasó.  Junto con mi abogado solicitaran al defensor del pueblo una investigación, aunque yo como madre me gustaría hacerlo saber a España entera y ponerme en la puerta de Sevilla 1 para que lo sepan todos los familiares de presos, porque mañana les pueden pasar a sus hijos

Según www.europapress.es :«El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retomará el próximo día 23 el debate sobre la vigencia de la «doctrina Parot'»después de que la reunión que sus 19 magistrados han celebrado este jueves haya finalizado sin ningún acuerdo, según informaron fuentes jurídicas.

Los magistrados han debatido durante cerca de tres horas sobre las consecuencias que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por alargar la estancia en prisión de la etarra Inés del Río tras aplicarle la «doctrina Parot» podría tener sobre otros 17 presos que se encuentran en una situación similar.

Hoy (15 de noviembre) a las 11 horas ha tenido lugar una Concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía, en la que abogados, entidades sociales y familiares de personas presas se han reunido al mismo tiempo que el Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía respondía a una pregunta en el Pleno, relativa a la suspensión de la defensa gratuita en las prisiones andaluzas (el llamado Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria – SOAJP) desde el pasado mes de mayo.

Los colectivos promotores (1) de la “Campaña por la Reanudación del Servicio de Asistencia Jurídica  Penitenciaria YA” nos sentimos completamente defraudados. El Consejero falta al respeto a los abogados, colectivos sociales y personas presas al afirmar que éstos ya cuentan para ser defendidos con el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, El Juez de Vigilancia y el Defensor del Pueblo, que en Andalucía, por cierto, no tiene competencias sobre las prisiones.