Por causas estrictamente políticas, en el estado español, y por ende en Catalunya, no se reconocen las torturas, entendiendo la tortura como todo aquel maltrato físico o psicológico, vejatorio, degradante y/o humillante que ejercen los funcionarios del estado contra cualquier persona.
Puñetazos, patadas, bofetadas, insultos, amenazas, humillaciones, etc…, son recursos de este sistema de dominación y control que es la cárcel. Toda aplicación de maltrato continuado para socavar la voluntad de la persona, deviene en tortura. No estamos hablando de un hecho puntual, sino de una práctica de violencia física o psicológica, habitual e institucionalizada, y que goza de impunidad que le confiere la institución que los instruye y lo permite.
