Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

Actividad en la calle José Antúnez

Los dos partidos (todavía) principales de la partitocracia española han firmado un «Pacto de Estado antiterrorista», el cuarto desde la muerte de Franco, que supone un importante avance en la imparable fascistización de la democracia que se viene produciendo desde la democratización del franquismo y en progresiva aceleración de un tiempo a esta parte. Situación que desenmascara una vez más la hipocresía del partido creador del GAL, que un día dice estar en contra de la cadena perpetua y del endurecimiento punitivo impuesto por el partido en el gobierno y al día siguiente acepta «en defensa de la libertad» su aspecto «antiterrorista». Según este pacto, una proposición de Ley Orgánica promovida por PP y PSOE «contemplará las conductas propias de las nuevas formas de terrorismo» asegurando su tipificación penal “con independencia de que se realicen o no en el seno de un grupo u organización terrorista, atendiendo a la finalidad con que se cometen, y cuyo elemento común es la provocación de un estado de terror en la población”. Se considerará terrorismo “el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella” y también «la captación y el adiestramiento, incluido el adiestramiento pasivo, el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información a estos efectos, la financiación de organizaciones terroristas y las distintas formas de colaboración activa con ellas”. Ya que este pacto recoge las autoenmiendas antiterroristas del PP a su propio proyecto de reforma del código penal, es de esperar que se agraven también considerablemente las penas, incluso por «enaltecimiento del terrorismo» o que se añada a todas las condenas relacionadas la de «inhabilitación especial», por ejemplo, para la docencia. Los dos partidos, además, se comprometen a impulsar «las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo. En este sentido, las modificaciones a incorporar en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal han de permitir fortalecer las garantías de los derechos y libertades de la ciudadanía y la eficacia probatoria de las investigaciones frente al terrorismo». Modificaciones que ya sabemos que, entre otros atentados a esas «garantías», «derechos» y «libertades» dan manos libres a la policía para intervenir todo tipo de comunicaciones, incluso sin orden judicial, o manejar datos personales. Además, se aumentará la presencia policial en las calles, en la vigilancia de infraestructuras críticas y se tomarán medidas como la creación de nuevos ficheros especiales de presos o de viajeros. Transcibimos la siguiente entrevista donde se trata críticamente todo esto situándolo en el contexto político-criminal español e internacional:

Entrevista a Endika Zulueta: “El estado español va a contar con el Código Penal más duro de la llamada cultura occidental”

El “derecho penal del enemigo”, término establecido por el jurista alemán Günther Jakobs en 1985, se aplicó en Estados Unidos a raíz de los atentados del 11-S de 2001, especialmente contra migrantes “irregulares” y sospechosos de terrorismo. ¿En qué consiste esta doctrina? ¿Desde cuándo se aplica en el estado español? ¿Puede observarse en la “Ley Mordaza” y en la reforma del Código Penal?

España es pionero en el tratamiento del “derecho Penal del enemigo”. La legislación antiterrorista ha sido siempre ejemplo de ello. Ciertamente, los atentados del 11-S aceleraron su práctica en EEUU y en toda la Unión Europea. Del “derecho penal del enemigo” podemos resaltar cinco características: 1) Los tipos penales anticipan la punibilidad a actos que sólo tienen el carácter de preparatorios de hechos futuros y que en muchas ocasiones serían impunes, por ejemplo, el propósito de criminalizar la visita de las páginas Web que el Gobierno considere “yihadistas”; 2) una desproporción en la aplicación de las penas: por un lado se penaliza igual el supuesto acto preparatorio que la comisión del delito ; por otra parte, se penaliza la pertenencia a la organización con altísimas penas (como si fuera un homicidio) y se suma la pena a imponer por el acto realizado; 3) la legislación se fundamenta en un lenguaje bélico, no se enjuicia a ciudadanos sino a enemigos en guerra, y por tanto no merecedores de garantía alguna. 4) Se restringen derechos fundamentales; así, la versión policial es la incuestionable versión oficial sin presunción de inocencia, sin derecho a la intimidad; se “normaliza” también el secreto de las actuaciones procesales, se incomunica como norma a los detenidos, se amplían sus plazos de detención, etcétera; 5) Se endurecen las condiciones en prisión (FIES), se dificultan los beneficios penitenciarios y se hacen más difíciles las salidas; 6) Se trata de un derecho penal de autor, pues no se juzgan hechos (como en un sistema democrático) sino supuestas personalidades (sistemas autoritarios), llegándose a criminalizar el pensamiento, aunque no se materialice en actos, al estilo orwelliano.

El juez de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez ordenó la detención de 11 personas de ideología anarquista el 16 de diciembre en Barcelona (siete de ellas entraron después en prisión), por supuesta pertenencia a organización terrorista. Fue la llamada “operación Pandora”. ¿A qué responden estas detenciones selectivas de militantes anarquistas?

Desde hace más de un siglo el Estado siempre ha criminalizado el anarquismo identificándolo con actividades delictivas de la forma tan vaga y ambigua como parece que ha sucedido en este asunto. Poner seriamente en cuestionamiento el orden socio-económico establecido, aún sin el uso de la violencia, supone ganarse la enemistad del Estado y, en ese contexto, es lógico que éste criminalice, y de la forma más rotunda posible (vinculándolo con el terrorismo) a quien más le inquieta, realizando redadas indiscriminadas, haciendo registros en Centros Sociales, y abriendo procesos judiciales con dudoso fundamento fáctico y jurídico.El 12 de enero, en la llamada “operación mate” fueron detenidas 16 personas (12 de ellas abogados) en el País Vasco, acusadas de fraude fiscal y señaladas como parte del entramado de apoyo a ETA. ¿Cómo interpretas estas detenciones, en un momento en que han finalizado los atentados?Las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo con la detención de doce abogados y abogadas el día que comenzaba un juicio en el que actuaban como defensores ha resultado preocupante a muchos agentes sociales y jurídicos, incluido el Consejo General de la Abogacía Española. Cuando se limita la actividad profesional de un defensor, se está vulnerando el derecho de defensa de sus clientes, y quien está abocado a realizar dicha limitación debe tener contundentes pruebas de cargo para ello, y, al menos por lo que se ha filtrado hasta este momento, existen serias dudas de que ello suceda así en el presente caso. Además, en el auto de libertad el juzgado indica a los defensores la forma y el contenido de las entrevistas que deben tener con sus clientes, bajo amenaza de ser ingresados en prisión, lo que resulta una intromisión inadmisible por parte de un juez en el derecho de defensa. No recuerdo haber visto nada parecido anteriormente. La Comisión de Defensa de la Asociación Libre de Abogados (ALA) va a formular la correspondiente protesta por ello.

¿Crees que el atentado contra el seminario satírico “Charlie Hebdo”, que se saldó con 12 muertos, puede marcar un punto de cambio en la criminalización de la disidencia y en una deriva autoritaria? De entrada, Hollande (presidente de la República francesa por el partido socialista) ha disparado sus indicadores de popularidad por la gestión de la crisis…

El atentado de París, rotundamente condenable desde cualquier perspectiva desde la que se quiera analizar, y las posiciones que al respecto van adoptando los diferentes agentes sociales abre paso a múltiples reflexiones. Es una paradoja que los mandatarios de un gran número de países en los que cotidianamente se vulneran los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, encabezasen una manifestación en defensa del derecho que ellos reprimen. Se nos dice que ha sido un ataque a nuestra civilización y ya se preparan actuaciones y legislaciones contra el terrorismo, y en defensa de nuestra seguridad. Se manipula nuestro miedo y parece que podemos echarnos a temblar; no olvidemos que con la excusa de la defensa de nuestra seguridad y en el contexto de la llamada guerra al terrorismo, nuestra civilización ha protagonizado aberrantes actos de terror: se han bombardeado países, se ha matado a cientos de miles de personas, se han destruido culturas milenarias, se han construido cárceles secretas, se ha legitimado la tortura, se han creado “Guantánamos” y, en múltiples países, se han potenciado legislaciones penales regidas por un “derecho penal de enemigo”, en los que la ciudadanía está sometida a un férreo control social…. Todo ello por la seguridad, sí, pero por la seguridad económica de las empresas petrolíferas y de armamento que son las que sacan rédito económico de tanto sufrimiento.

En el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el gobierno del PP ha llegado a proponer la ampliación de los supuestos en que la policía puede intervenir las comunicaciones sin autorización judicial. ¿Qué supondría esta medida, y qué subyace a la misma?

Ese tipo de medidas, y el repetitivo y constante control de las nuevas comunicaciones, entra dentro del contexto en el que analizamos todo lo demás. Es un intento de formalizar el Estado policial, evitar en la medida de lo posible el control judicial que debe regular las garantías de la ciudadanía en el sistema penal de un estado democrático, y dejar al más puro arbitrio policial la limitación de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, la intimidad o el secreto de las comunicaciones.

¿Y en cuanto a la “prisión permanente revisable”? ¿Qué se esconde tras este eufemismo?

España es uno de los países con menor índice de criminalidad de la Unión Europea y, sin embargo, el que tiene las prisiones más saturadas. El índice de “prisionización” (el tiempo medio que el preso está privado de libertad) también es el mayor de la Unión Europea. Sin dud,a tenemos uno de los Códigos Penales más duros y, sin embargo, y poco antes de finalizar la legislatura, el PP se ha empeñado en aprobar un Código Penal que endurece el anterior, una nueva vuelta de tuerca. Teníamos un límite temporal de 40 años de privación de libertad y cumplimiento íntegro (en el franquismo el límite eran los 30 años y con beneficios penitenciario mucho menores) y ahora se aprueba la cadena perpetua que, eufemísticamente se denomina “prisión permanente revisable”. Vamos a tener el privilegio de contar con el Código Penal más duro de lo que han venido a llamar cultura occidental. No está de más recordar que el fin declarado de la pena es la reinserción social, no la venganza y el castigo. Además de que está ya comprobado que la elevación de las penas en modo alguno influye en la disminución de los delitos, ni siquiera la pena de muerte. En los Estados de EEUU donde hay pena de muerte no se cometen menos delitos que en los que no existe tal pena, y así ha sido denunciado también por Amnistía Internacional.

¿Cómo interpretas que el PP y el PSOE alcancen un “acuerdo” contra el yihadismo? Se basa en una proposición de ley orgánica específica (al margen de la reforma del Código Penal) con medidas como la elevación de penas o la ampliación del concepto de pertenencia a banda terrorista para combatir el “terrorismo islámico”. Además, en la reforma del Código Penal, el gobierno ha propuesto introducir penas de entre uno y ocho años de cárcel por la consulta “habitual” de webs yihadistas.

Es todo un símbolo que los partidos mayoritarios hayan tratado este tema como asunto de estado. Una nueva paradoja, que en la situación socioeconómica en la que nos encontramos, con los derechos sociales en crisis, con el índice de paro más alto de los últimos años, con la exclusión de amplias capas de la población del derecho a la vivienda, a la sanidad, a la educación, con el crecimiento progresivo de las capas sociales más desfavorecidas, con tres de cada diez niños bajo el umbral de la pobreza… lo único que se convierte en asunto de Estado sea la urgente aprobación de una legislación que recorta o limita derechos fundamentales e instaura ya de forma evidente el “derecho penal de enemigo” en nuestra legislación.

¿Cómo se explica?

Entiendo que es una cuestión de psicología política: ya que el Estado no es capaz de crear los mecanismos adecuados para facilitar a la ciudadanía aquello que realmente le confiere seguridad: los derechos sociales (trabajo, vivienda, educación, sanidad), cuya carencia atemoriza cotidianamente a la población (incluso quien actualmente tiene acceso a estos derechos, tiene miedo a perderlos); lo que hace el estado es hiperpotenciar un miedo a una amenaza exterior, que nada menos que ataca nuestra civilización, y se compromete a crear, de forma urgente, la cobertura necesaria para aminorar el peligro de sus ataques, a través de una legislación de guerra que requiere ceder espacios de libertad, en pro de una seguridad inexistente.Por último, ¿qué implican los pactos de estas características?Han conseguido ponerse de acuerdo en aprobar la tan criticada, desde los más diversos ámbitos, cadena perpetua, siendo de una supina hipocresía que un partido –el PSOE– apoye hoy la aprobación de una norma, para comprometerse mañana a cambiarla si gana las elecciones. Se realiza una definición de “terrorismo” estudiadamente ambigua, con la consiguiente inseguridad jurídica; establecen la cadena perpetua para delitos de terrorismo sabiendo perfectamente que el endurecimiento de las penas en modo alguno disminuye la comisión de delitos; se llegan a tipificar como actos de terrorismo, actividades realizadas por Internet como “difusión de mensajes o consignas”, o el equívoco “adoctrinamiento y adiestramiento pasivo”, incluso el delito informático puede considerarse delito terrorista.

Estamos nuevamente en el o conmigo o contra mi, cualquier persona que pueda poner en cuestionamiento la nueva legislación antiterrorista puede ser objeto de sospecha. El problema es que, como parece ser dirigida la nueva legislación a atacar el denominado yihadismo, siendo un fenómeno que suena especialmente ajeno a nuestras vidas, parece que tal conculcación de derechos no nos debe afectar a nosotros. Pero no olvidemos el poema atribuido indistintamente a Berltolt Brecht o Martin Niemöller, “… y ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde”.

Política criminal

Política criminal

Como primer grupo de apoyo a los presos del 4F queremos posicionarnos frente a la línea argumental de Ciutat Morta, así como ante las afirmaciones que se han hecho en nombre del 4F después de su emisión en TV3, el día 17 de enero de 2015.

Para quien no estuvo ahí aclaramos que, como asamblea de apoyo a los 3 presos, funcionamos desde el mismo día de los hechos hasta después del juicio en 2008 y algunxs de nosotrxs seguimos implicadxs hasta la libertad total de Álex y Juan en 2011. Hacemos pública nuestra visión con conocimiento de causa.

Este grupo de apoyo a presos sostuvo la lucha bajo la premisa anticarcelaria, entendida ésta como una denuncia permanente al Sistema -basado en la desigualdad- y a su aparato represivo; dentro del cual la cárcel es una de sus herramientas punitivas tendientes a mantener y reproducir el orden social-económico y político actual.

El producto audiovisual no documenta hechos, sino que se posiciona ante ellos. Son lxs autorxs quienes hablan a través de los testimonios, quienes articulan el mensaje a través del guión y el montaje. No hay respuestas a las que no preceda un cuestionario -aún cuando no sea explícito. Es su punto de vista el que crea el objeto y no al revés. Y son sus premisas ideológicas las que analizaremos a continuación.

Ciutat Morta presenta como una lucha individual frente a un error del sistema judicial lo que fue, en realidad, un caso político enmarcado en la lucha anticarcelaria. La opción narrativa escogida, la explotación mediático-sentimental, no sólo es amarillista sino que además invisibiliza el contexto de criminalización en el que tuvieron lugar las detenciones, y a los colectivos libertarios y antirrepresivos que se solidarizaron con el caso. Al reducir el 4F a unxs individuxs que luchaban por su inocencia se crea la figura de la víctima. Esta deformación de la realidad desmerece todo lo conseguido gracias a la solidaridad, hecho insultante para quienes nos implicamos directamente y para toda la red internacional que apoyó la lucha.

En el 2006, lxs 6 imputadxs que obtuvieron la libertad con cargos después de pasar a disposición judicial asumieron el camino marcado por la jueza: no vincularse con los 3 presos, ni con el grupo de apoyo y optar por una defensa en solitario. Durante años de criminalización al movimiento okupa y lxs antisistema fuimos señaladxs, una y otra vez, como culpables, y no nos referimos sólo a los presos, sino a todxs lxs que exigíamos su libertad. Estas 6 personas, siguiendo el consejo de sus abogadxs, se desentendieron de cualquier acción colectiva, como si ésta no fuera con ellxs o pudiera perjudicarles. A nivel representativo, esta desvinculación a la pertenencia al movimiento okupa y/o a la ideología antisistema, usada como argumento para probar la inocencia, también se hace patente en el film, hasta el punto de hacer desaparecer la lucha anticarcelaria que sustentó el 4F.

Además, desde su propia visión eurocentrista, valida los discursos racistas y xenófobos que pretende denunciar. Presenta el racismo institucional de los cuerpos de seguridad como una anécdota paradójica y, otra vez, personal. Siempre según Ciutat Morta lxs europexs serían por definición blancos. Nos choca profundamente que al hablar de un policía negro, se centre la atención en el adjetivo (negro) y no en el sustantivo (policía). Esto se evidencia cuando justo después de hacer hincapié en su color de piel se le muestra, durante un eterno minuto, golpeando un saco, con toda la carga de contenido que conlleva esta sintaxis fílmica. Aquí, el abuso de poder no se basa en cuestiones raciales; la relación de fuerzas se da entre la policía y personas. Insistiendo en la paradoja de que un mulato insulte a un sudamericano, trasmite la idea de que toda persona negra es por definición extranjera, y como tal, según la cinta, estaría menos legitimada que un policía blanco a insultar y/o torturar.

En ambas versiones de Ciutat Morta, la tesis final es la Verdad; que no es otra que presentar un testigo que confirmaría la existencia de un Verdadero Culpable. Esto se reiteró en la rueda de prensa del 20-01-15, y en posteriores entrevistas a los medios (ver entre otras https://www.youtube.com/watch?v=POZzut6nj0o).

Asimismo, el fragmento del famoso testigo encapuchado – que fue eliminado en la segunda versión de la cinta por las numerosas críticas que recibió después del estreno – terminó siendo usado como bomba mediática, por los directores de la película presentándolo en exclusiva en el programa PuntCat de TV3. Alimentando un poco más el circo mediático.

Desde la perspectiva anticarcelaria y de la red de solidaridad de la que formamos parte activa, la Delación, como una acción y un valor legítimo en pos de la Justicia y la Verdad, es inadmisible.

Ciutat Morta y lxs que hoy luchan por la reapertura del caso en base a este testigo-delator chocan frontalmente con los principios que sustentan la lucha por la libertad de los presos. ¿Hasta dónde son capaces de llegar para demostrar inocencias, limpiar honores y memorias? Creemos que la respuesta está en el mismo film, cuando informa que los datos del testigo ya han sido presentados a la Fiscalía. Nos encontramos de nuevo ante la situación de que, quien tiene voz, se cree con derecho a representar a lxs demás y, peor aún, a iniciar acciones legales en su nombre. Sin ir más lejos, a Juan Pintos no se le mostró el resultado final de “Ciutat Morta” antes de empezar a distribuirla. Pero más grave es que nadie le informó de que se estaban tomando decisiones que le influían directamente y con las que no está de acuerdo. “Creo que es necesario dejar bien claro que no me representa en lo más mínimo el camino que se ha recorrido este último tiempo, como mínimo desde la emisión de Ciutat Morta en Tv3”- Juan Pintos.
Ningún éxito de taquilla nos hará ver con buenos ojos este tipo de políticas de hechos consumados.

A pesar de que en días posteriores algunxs corrigieran este discurso delator, el mensaje de “Ciutat Morta” sigue siendo el mismo, y esto ha promovido que se abran campañas ciudadanas que exigen la reapertura del caso, renovando así su confianza en la Justicia, que supuestamente cometió un error excepcional hace 9 años. Esto desdibuja y termina por invalidar el discurso de que la responsabilidad es del sistema, de sus instituciones y de su aparato represivo.

Creemos que Ciutat Morta encaja muy bien en el contexto actual de descontento social en ascenso y de desconfianza en las instituciones. Se erige como una bandera más en las luchas contra las injusticias, en boca de todxs. Asimismo políticos y periodistas, los mismos que sustentaron el montaje y la criminalización, ahora se apresuran a sumarse a la indignación ciudadana con la creación de comités de crisis post-emisión y terminan exigiendo la reapertura del caso. Todo esto apropiándose del caso 4F, con la mezquina intención de no perder audiencias, votos y consumidores.

Dicho todo esto, querríamos que este texto, lejos de crear polémicas, contribuya a profundizar los debates y sacar a la palestra los temas mencionados. El 4F no es un caso aislado, puede que emblemático pero no extraordinario, es la norma. Que nuestro esfuerzo crítico no se centre en este caso en concreto, sino en la lógica que los genera todos.

grupo de apoyo 4 F

Comunicado de Juan Pintos, Detenido, encarcelado y condenado por el montaje 4 F

Ante todo el revuelo mediático producido por el pase de “Ciutat Morta” en la televisión pública catalana, y como encausado/encarcelado/condenado por el montaje policial del 4F, creo necesario dar a conocer mi opinión respecto a la reapertura del caso, la búsqueda de responsables y/o culpables y la relación con los medios de comunicación.

Mi interés en dejar clara mi postura se debe sobre todo a lo sucedido estos últimos días, con declaraciones en los medios de comunicación (masivos o alternativos) sobre la existencia de un “verdadero culpable” o sobre la búsqueda de responsables políticos/judiciales/policiales concretos, con nombre y apellido. Declaraciones que no comparto en absoluto y que muchas veces, por falta de rigor o por manipulación, se dieron a conocer como la postura de “lxs condenadxs por el 4F”.

Creo que el 4F, lamentablemente, no es la excepción en la normalidad policial/judicial, sino una muestra del funcionamiento habitual de las instituciones. Los montajes se repiten, con distintxs protagonistas, todo el tiempo, ya sea para criminalizar un movimiento, para justificar nuevas leyes de “seguridad” o simplemente para mantener rentable el entramado empresarial/carcelario. Y en esta realidad, buscar a lxs supuestxs responsables del 4F es pedirle al sistema, que es por definición injusto y violento, que se señale a sí mismo, algo que sinceramente no creo que suceda. O peor, es darle a las instituciones la oportunidad de “depurar” responsabilidades, de apartar “manzanas podridas” que alteran el funcionamiento correcto e imparcial de la policía, la justicia y la política. Hacer algo así es erigir, una vez más, al estado como garante y guardián de “lo justo” y “lo verdadero”, cuando en realidad es el estado mismo que funciona y se mantiene gracias a las torturas, los encarcelamientos y la violencia de sus cuerpos armados.

¿Qué se puede lograr destituyendo a un cargo político? ¿Qué se puede lograr con dos policías encarcelados? ¿Qué se puede lograr apartando a una jueza de su cargo? Sinceramente creo que nada más que una escasa satisfacción personal que me es ajena.

Alguien ocupará ese cargo y continuará asegurando el idéntico funcionamiento de la institución, otros policías patrullarán las calles, otros jueces dictarán penas de cárcel.

No quiero, ni necesito, que el mismo sistema que nos detuvo, torturó, juzgó y condenó se legitime ahora como garante de la verdad y la justicia. Creo que personalizar la responsabilidad del montaje que nos encarceló es una manera de negar la realidad del sistema en el que vivimos, donde las detenciones arbitrarias, las palizas y los juicios condenatorios son la norma y no la excepción.

No quiero, ni necesito, ver a más personas en la cárcel.

No quiero cambiar la oportunidad de un cuestionamiento radical, quizás menos comercial pero infinitamente más útil, por más minutos en el aire de sus mass media, por más líneas en sus periódicos, por más promesas de “investigación”.

Creo que es momento de trazar una línea que conecte todos los montajes que realiza el estado y darse cuenta, quien todavía no lo haya hecho, que la realidad es que el estado (ya sea español, catalán o el que ustedes elijan) es responsable en su totalidad de los encarcelamientos, torturas y humillaciones que sufren todos los días un número impresionante de personas.

La Operación Pandora, Alfon, Mónica y Francisco, el 4F, el 9F, Núria, el caso de Torà, migrantes en los CIEs y así podría seguirse indefinidamente, no son casos aislados; éste es el comportamiento de un sistema criminal, y pedirle explicaciones a ese mismo sistema es entrar en un juego que está perdido de antemano.

Las respuestas están en la calle, en la organización entre afines, en el rechazo práctico y diario a sus estructuras de poder y maltrato, y no en platós de televisión, palacios judiciales ni voceros del estado.

Mientras el 4F o cualquier otro caso sea vivido y mostrado como una anécdota, como victimización de tal o cual persona, es imposible cuestionar la totalidad del problema, y así sólo llegarán “soluciones” parciales, falsas desde su origen y que continuarán fortaleciendo al estado en su rol de mediador, protector y guardián de la ciudadanía. Creo que la única forma de que estas situaciones no se repitan es dejar de lado los egos, la victimización y la necesidad de una venganza personalizada con nombre y apellido.

Entiendo, y no soy quien para cuestionarlo, que exista una diversidad de posturas respecto a la situación del 4F, pero creo que es necesario dejar bien claro que no me representa en lo mas mínimo el camino que se ha recorrido este último tiempo, como mínimo desde la emisión de “Ciutat Morta” en tv3.

Creo que tener el conocimiento de la podredumbre total y absoluta de las instituciones debe ser una herramienta para que los cuestionamientos se vuelvan globales, es decir que tener la certeza de que las instituciones funcionan así debe ser el principio de los planteamientos radicales que buscan un cambio completo en la forma de relacionarse, y no una excusa para justificar la inacción o la pasividad.

Mi postura, cruda y crítica hacia el sistema en general, no es un llamado a la resignación sino a una radicalización de las prácticas diarias que existen por fuera de sus estructuras, a un crecimiento de los espacios fuera del control estatal, y creo que en ese camino es necesario aprovechar cada grieta en el funcionamiento del sistema para profundizarlas, hasta que la situación se les haga insostenible.

Dicho esto, sólo me queda pedir vuestra solidaridad activa con todxs lxs que están sufriendo, ahora mismo, aislamiento, maltrato y cárcel por sostener y defender sus ideas.

Libertad para todxs o libertad para nadie.

Salud.

Juan Pintos, 26 de enero 2015

Política criminal

Reinaldo Gómez Guijarro, Jaro, es uno de esos presos que sufren cadena perpetua desde mucho antes de que se reconozca su existencia en el sistema punitivo español incorporándola al código penal. Él lleva 21 años preso y su fecha de cumplimiento prevista todavía está muy lejana. Aún está clasificado en primer grado, el régimen penitenciario de castigo. Fue trasladado hace poco desde Huelva, en el otro extremo del país, a la cárcel de A Lama (Pontevedra); como siempre, muy lejos de sus lugares de arraigo, donde viven su familia y amistades. Había conseguido pasar bastante tiempo sin sanciones, lo que hacía posible su paso a segundo grado, con la posibilidad de salir de permiso e integrarse en otras actividades reinsertadoras. Lejos de eso, hacia navidad, fue trasladado al departamento de aislamiento. Aún sin poderlo sancionar, pues no había cometido ninguna infracción del reglamento, sin ninguna acusación formal, lo encerraron solo allí. Sus compañeros de módulo protestaron por ello y retrasaron el momento de iniciar las tareas de limpieza hasta que se aclarara su situación. Él no estaba allí, sino en aislamiento, pero la actitud de sus compañeros fue calificada muy exageradamente por los funcionarios como “conato de motín” y se acusó arbitrariamente a Reinaldo de incitarles a rebelarse. Le encerraron en la misma celda en la que murió en abril pasado Eugenio García Serrano, Gaviotu, en circunstancias aún no aclaradas, y desde el primer día recibió amenazas de algunos “funcionarios de prisiones”. Los cuales, por ejemplo, le decían: “Ya sabes quién estaba ahí, tú verás cómo quieres acabar”. Ante las quejas legalmente cursadas por su familia y amistades, le cambiaron de celda, pero habiendo pasado más de un mes desde que fue trasladado de módulo le han notificado tres sanciones muy graves, como promotor de un “motín” que nunca existió y en el que él no pensó ni por un momento. Le tienen sometido a una dinámica de tensión permanente, encerrado en una celda sin ninguna de sus pertenencias, constantemente vigilado, presionado y amenazado. Cuando le sacan de la celda, por ejemplo, le colocan las esposas. Se ve que para este compañero no rige el “principio de rehabilitación” como finalidad de las penas privativas de libertad reconocido en la constitución española. En lugar de darle la oportunidad de progresar en el “tratamiento penitenciario” aproximándose a la reinserción social, se le está acosando, reduciéndole a una situación desesperada y enloquecedora. Tememos por la vida de nuestro compañero. Sugerimos, como principio, enviar cartas, correos electrónicos o faxes, y hacer llamadas teléfonicas a las «autoridades responsables ¡Hay que hacer algo para proteger a Jaro!

Modelo de texto para faxes:

A QUIEN CORRESPONDA

Exigimos que se respeten los derechos de Reinaldo Gómez Guijarro, preso en la cárcel de A Lama (Pontevedra), encerrado en el departamento de aislamiento a finales de diciembre pasado, en la misma celda donde murió el pasado abril, en nada claras circunstancias, su compañero Eugenio García Serrano, Gaviotu, donde ha sufrido amenazas por parte de algunos “funcionarios de prisiones”, llegando a tener que escuchar de alguno de ellos: “Ya sabes quién estaba ahí, tú verás cómo quieres acabar”. Se está viendo sometido a una tensión permanente, con amenazas, cacheos y todo tipo de presiones, encerrado en una celda prácticamente desnuda sin poder disponer de sus pertenencias, esposado cada vez que tiene que salir de la celda. En semejantes condiciones llevaba ya un mes cuando se le han notificado tres sanciones muy graves, al menos una de ellas debida a una arbitraria acusación de incitar a sus compañeros a la rebelión, por unos hechos calificados muy exageradamente de “conato de motín” cuando consistieron en una mera protesta verbal totalmente legítima, y que se produjeron cuando él ya estaba en aislamiento, es decir en otro módulo distinto. Reinaldo lleva ya 21 años preso, habiendo sufrido continuos traslados, casi siempre en cárceles muy alejadas de su familia y amistades, siempre clasificado en primer grado, sometido a unas condiciones de vida embrutecedoras, sin ninguna actividad que pudiera ser relacionada de ningún modo con su reinserción social. Como prescribe la constitución, un preso tiene derecho a que su condena está permanentemente encaminada a esa reinserción, pero el tratamiento que ha recibido y continúa recibiendo esta persona lo que consigue es hacerla imposible, empujándole a la desesperación. Por todo ello y temiendo por su vida y su salud mental, exigimos a quienes tienen asignada por las leyes esa responsabilidad que se ocupen de que Reinaldo Gómez Guijarro sea puesto en una situación que permita la satisfacción de sus derechos como persona.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Calle Alcalá 38-40. 28014 – Madrid
E MAIL: dgip@dgip.mir.es; TEL: 91 335 48 76; FAX: 91 335 40 64

Centro Penitenciario de A Lama
Monte Racelo s/n. 36830 Pontevedra
TEL: 986 75 80 00; FAX: 986 75 80 11

Juzgado Vigilancia Penitenciaria nº 2 (Pontevedra)
Plaza Tomás y Valiente, s/n. 36071Pontevedra
TEL: 986 80 51 43; FAX: 986 80 51 41

Fax gratis

No somos nada [unas reflexiones de Jaro sobre la condición a la que viven sometidos los presos]

Cárcel=Tortura Desde dentro

Actividad en la calle José Antúnez

[Nota del 4 de febrero] Dejándonos sorprender en nuestra buena fe, publicamos el 1 de febrero este poema, que alguien compartió en nuestro muro de facebook atribuyéndoselo falsamente a Noelia Cotelo Riveiro. Por el comentario que viene abajo nos enteramos del engaño; damos gracias a su anónimo autor. Pedimos también disculpas a Gabriel y le apuntaremos el tanto a la persona responsable del engaño.

AHORA SÉ

Ahora sé por qué estoy donde estoy,
por qué me encierran y me esconden;
por qué mienten para ajusticiarme y
hacen de un grano una montaña…

Ahora sé por qué tantos mueren disociados,
porque otros viven asustados,
por qué han creado este sistema que tanto
se semeja a un anuncio publicitario.

Ahora sé que nada es como nos cuentan,
que todo se descubre con nuestra propia mirada,
que la VERDAD -así en mayúsculas- es una patraña.

Ahora sé que nunca agacharé la cabeza,
que jamás diré como un burro, “sí señor”,
que sólo hablaré con mis iguales. Mientras hacemos
de la vida una revuelta de amor.

Ahora sé que los gigantes no son molinos,
que los quijotes son unos locos maravillosos y
que las dulcineas ya no quieren ser soñadas,
sino milicianas con ardor.

Ahora sé por qué las cosas son como son,
y yo, tal cual soy.

Gabriel Pombo Da Silva

Desde dentro

10942605_438224449670033_6406739014414441313_n

La belleza está en la actitud
Te integraste en la lucha con la Copel
Siendo un perseguido en tu juventud

Un soplo de cachorro viajó por tus venas
Violenta estaba la vida de los presos
Había muerto el dictador dueño de la trena

La humanidad sin barreras sintió alabanza
La libertad tu mayor discusión te espera
Decisión sin fronteras alargó tu esperanza

Vientos del cambio van al fracaso
Barreras y trampas es un colapso
Antúnez el Ingeniero da un gran paso

El Rey muy feliz en su palacio
Salta la idea de vivir fuera
La excavación a la vida va despacio

La doble lucha su éxito anima
La del motín público y la fuga clandestina
El éxito arrollador de 45 presos culmina

45 van con su tiket de alcantarilla
Ratas peludas y engorradas alejan de la vista
Antúnez aterriza en la vida con su equipaje de calderilla

La suerte al pobre es mala corona
La de palacio la sangre del pueblo chupa
El pobre Antúnez desmorona su ingreso en chirona

José Antúnez Vagos y maleantes

10945656_437273883098423_7651148124181092247_nEl blog expresxsocialescopel.wordpress.com fue creado para apoyar la campaña gandula y peligrosa iniciada para intentar aglutinar a quienes sufrieron durante el franquismo las leyes de «vagos y maleantes» y  «peligrosidad social», que castigaban a la gente pobre, sin haber cometido ningún delito, por sus costumbres, actitudes, maneras de ser y supuesta peligrosidad. Se trata de que se unan las personas afectadas por esas  maldiatas leyes para pedir reparación al Estado español por sus abusos. El blog ha estado parado durante algún tiempo y sus promotores han decidido ponerlo otra vez en marcha para apoyar la huelga de hambre de José Antúnez Becerra, también un veterano de la Coordinadora de Presos en Lucha, que apenas ha salido de la cárcel desde los tiempos de Franco, por lo que reivindica se le apliquen los derechos de reinserción que marca la ley vigente para «ver un poco de luz».

Más información en Tokata:

Sobre la COPEL Y el colectivo de ex presos sociales

Sobre la lucha de José Antúnez

José Antúnez Vagos y maleantes

Hablamos De José Antúnez Becerra, veterano de la COPEL de Barcelona, que se ha vuelto a poner en huelga de hambre «por un poco de luz», con Conxi, de su familia adoptiva, y Agustín, otro miembro de COPEL. Y de Javier Guerrero, que continúa la lucha, en estado grave, después de haber sido operado de los riñones. Xavier Corporales, por su parte, ya ha dado fin a su ayuno, después de 22 días, por motivos de salud. Comentamos los abusos sexuales de carceleros a presas en la cárcel de Brieva y la situación de Lucía Gutiérrez Galán, «Paka de Lucía», trasladada en primer grado a esa misma prisión en represalia por haber denunciado malos tratos en la cárcel de Zuera. Continúa la historia de las luchas anticarcelarias hablando del APRE y de la institución de los FIES.

Más información en Tokata sobre la lucha de José Antúnez

Más información en Tokata sobre la huelga de hambre de Javier Guerrero

De La COPEL A Los FIES: Materiales Para Una Historia De Las Luchas Contra Las Cárceles En El Estado Español

José Antúnez Radio: Tokata Y Fuga