Verano de 2014. A los diez niños de hasta tres años de edad que viven con sus madres en la prisión de Aranjuez –a los que se suman varios bebés de menos de 18 meses–, sólo les dejaron bajar al jardín cinco veces en todo el verano: tres en julio y dos más en agosto. Tampoco les dejaron jugar con agua, a pesar de que las temperaturas en el patio del centro alcanzaron los 40 grados. Fue la gota que colmó el vaso para que familiares de las presas se organizaran ante lo que es ya una larga lista de pérdidas de derechos de la que eran víctimas, no ya las presas, sino sus hijos. Se dedicaron a recoger los abusos que sufren los niños y niñas en la prisión de Aranjuez. El texto, que se está dando a conocer a profesionales y personas relacionadas con los derechos humanos y la pediatría, se hará público previsiblemente en octubre. Se ha elaborado a partir del testimonio de las madres presas y cuenta también con análisis de profesores de psicología de la Universidad del País Vasco, de médicos puericultores de Castilla-La Mancha y Bizkaia, y con el respaldo de Etxerat.
“Hemos tomado la voz de ellas, las madres que están en Aranjuez, porque a ellas no les hacen caso, siempre se han archivado sus quejas”, explica Kontxi Ibarreta, madre de una de las cuatro presas vascas que, hasta hace pocos meses, cumplía condena en Aranjuez junto a su hija de 15 meses. Como subraya Ibarreta, el problema en esta cárcel no es sólo de las presas vascas y sus hijos, sino que es común a todas las madres que cumplen condena allí. Pero la mayoría tiene miedo a protestar por las amenazas y, en el caso de las presas sin nacionalidad española –que en muchas ocasiones no cuentan con redes de apoyo–, por la posibilidad de perder la custodia de sus hijos.
