José Antonio Casasola Astorga, enfermo de hepatitis C con cirrosis muy avanzada y sufriendo VIH con las defensas extremadamente bajas, lleva cinco meses en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) sin haber recibido en todo ese tiempo ningún tratamiento médico. Sufre vómitos, diarrea y fiebre permanente, se encuentra en los huesos y a menudo está tan débil que no puede ni levantarse de la cama para acercarse hasta el teléfono y hablar con su compañera. Ha solicitado su ingreso en el hospital al juzgado responsable de su situación, el cual se niega a actuar porque los informes médicos, solicitados ya hace tiempo, nunca terminan de llegar. La administración carcelera, que según la propia ley penitenciaria debe garantizar el derecho a la vida y a la protección de la salud de las personas presas, el Juzgado de vigilancia penitenciaria que debería ejercer la “tutela judicial efectiva” de esos derechos, y el juzgado que le mantiene preso en condiciones infrahumanas y sin ninguna justificación, además de la administración sanitaria, que debería proporcionar su historia clínica y no lo hace, son responsables de un verdadero asesinato.
El de José Antonio es un caso extremo, pero no una excepción, en unas cárceles donde al menos un 21 % de los internos tienen hepatitis C y cuyos responsables políticos lograron reducir los gastos de tratamiento en un 26,04% entre 2012 y 2013 y en un 48% desde 2006, impidiendo que las personas presas enfermas de VHC pudieran recibir como ordena la ley el mismo tratamiento que todo el mundo. Lo hicieron poniendo obstáculos como prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescribieran, no los nuevos fármacos, sino los anteriores, rechazados en la calle por las asociaciones de afectados por ser mucho menos eficaces que los de última generación, no dando otra opción a las personas presas que conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y aún mucho menos eficaces, o someterse a larguísimas listas de espera para entrar en los “cupos” establecidos, centralizando además injustificadamente los tratamientos en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con muy pocas plazas, para un tratamiento de 48 semanas. Sin embargo, al llegar allí, después de años de espera, el problema seguía siendo el mismo: las administraciones autónomicas y la carcelaria no se ponían de acuerdo sobre cuál de ellas debía pagar el tratamiento y, mientras pleiteaban, los enfermos seguían sin él. Además, por una orden de la autoridad carcelera que tergiversaba malintencionadamente los criterios al respecto de la Agencia Española del Medicamento, quedaban excluidas las personas coinfectadas de VHC y VIH. De manera que la misma secretaría general de prisiones tenía que admitir que sólo estaban recibiendo tratamiento el 2,8%, de las personas presas afectadas. A pesar del nuevo plan estratégico contra la hepatitis C del ministerio de sanidad, la situación no ha variado, ya que son apenas 24 las personas presas enfermas que están recibiendo los nuevos tratamientos.
Desde luego, hay que exigir que se le proporcione a José Antonio el mejor tratamiento médico disponible, al que tiene derecho en igualdad de condiciones con el resto de la población enferma, como cabe exigirlo para el resto de los más de 14.000 enfermos encarcelados por el Estado español. Pero lo que corresponde a la situación de José Antonio es su puesta en libertad, ya que las condiciones en que se le tiene no sólo no son las adecuadas para un enfermo tan grave, sino que, literalmente, le están matando.
¡La cárcel mata!
¡Tratamiento para todo el mundo sin discriminación!
¡José Antonio Casasola a la calle!
