El dia 4 de noviembre algunos presos, en protesta por la situación de abandono médico en la que se encuentran, falta de actividades y de tratamiento penitenciario, prenden fuego a los colchones en la galería del módulo de aislamiento en el que estaban. Son los presos ordenanzas los que apagan el fuego y a los funcionarios ni se les ve. Pese a que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo, a los cuatro presos que se hallaban en la tercera galería y pidieron ser reconocidos por el médico, los funcionarios de servicio en ese momento les negaron dicha atención. Estos presos fueron llevados a incomunicación en el ala corta del módulo de aislamiento, uno de ellos denuncia que fue agredido en represalia por esa protesta.
Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
Contexto:
El porcentaje de gente enferma de hepatitis C en las cárceles es muy superior al de la calle. Según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, un 22% de la población reclusa (unas 14.000 personas) está afectada por el VHC y, de ese porcentaje, un 40,5% –o sea, casi un 10 % de las personas presas: unas 6300– tiene también VIH. La propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias reconoció en 2013 el fallecimiento de ocho personas presas a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior, aunque la población reclusa había disminuido. La actitud de la autoridad carcelera ha sido en todo momento restringir por todos los medios posibles, para ahorrarse unos euros, el acceso de las personas presas, ya no a los nuevos tratamientos, sino a los que habían salido anteriormente al mercado, no tan eficaces como los actuales, pero bastante más que el interferón que se estaba administrando en las cárceles, de terribles efectos secundarios: prohibiendo su prescripción a los médicos bajo sus órdenes; excluyendo a los coinfectados; estableciendo cupos; poniendo como condición para su administración el traslado a un hospital de Madrid; negándose a pagarlos, aunque tuviera que entrar en litigios con las comunidades autónomas, y llegando incluso a desobedecer varias sentencias judiciales que le obligan a ello. De manera que el gasto en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre 2012 y 2013 y un 48% desde 2006.
El juez Juan Pablo González, después de analizar la documentación elaborada por los Mossos d’Esquadra, ha ordenado la puesta en libertad bajo una fianza de 8.000 euros de E. C., vecino de Sants, abogado laboralista de CNT y activista anarquista, encarcelado desde el 30 de octubre. Ha pasado tres semanas en el centro penitenciario de Soto de Real, después de que antidistubios y agentes de la Comisaría General de Información asaltaran su domicilio la madrugada del 28 de octubre, en el marco de la segunda fase de la operación Pandora. Le requisaron libros, carteles y material informático. Se espera que abandone el centro penitenciario a primera hora de la tarde.
(Traducido de Directa)
La prisión Madrid IV, en Navalcarnero, contó cuatro muertes entre sus muros en sólo dos meses. El ex preso Erlantz Cantabrana relata la vida dentro de este centro penitenciario.
Cada dos días muere una persona en las prisiones del Estado español. Esta situación, reconocida desde hace años por Instituciones Penitenciarias en sus escasos informes, se viene repitiendo a lo largo de los últimos meses de manera alarmante en el centro madrileño de Navalcarnero. Diagonal ha tenido acceso al diario personal de un expreso político durante su estancia en esta prisión. Erlantz Cantabrana, condenado por su militancia en el Comité por un Socorro Rojo Internacional, permaneció ingresado en esta prisión de enero a octubre de 2008. Su encierro le costó un 65% de minusvalía física y una enfermedad crónica.
Día 1 “Me han trasladado a Navalcarnero. En la enfermería, mala, mala impresión”
La salud de Erlantz se resintió desde su entrada en 2008 en la prisión de Navalcarnero. En sus diez primeros días como recluso ya había sufrido cinco ataques de ansiedad. En las siguientes semanas estos ataques pasaron a tener una frecuencia menor, pero otras enfermedades comenzaron a golpearle: sinusitis, una distensión en el pie, subidas y bajadas constantes de tensión, dolores en las cervicales, diarrea, una esofaguitis que derivaba en abundantes sangrados, problemas cardiacos, infecciones de orina, bronquitis…
Al empeoramiento de la salud física se le sumó el declive de la salud psíquica. Durante su encierro llegó a estar medicado con hasta diez pastillas diarias. La inmensa mayoría de los psicofármacos facilitados en las cárceles “sirven para tener al enfermo –psíquico o no, y ahí radica la gran cuestión– en un estado de letargo continuo”, explica en su diario.
El 12 de noviembre, Noelia Cotelo Riveiro inició una huelga de hambre en protesta porque no le entregan su pertenencias que se quedaron en la cárcel de Brieva cuando fue trasladada a la de Topas donde se encuentra ahora. Le piden 300 euros por el porte cuando deberían haber viajado con ella en la conducción. Ese mismo día sufrió malos tratos a manos de los carceleros de Topas. Un carcelero abrió la puerta de su celda mientras estaba orinando e iniciaron una discusión. El carcelero salió y volvió con otros cuatro, todos provistos de porras y guantes. La emprendieron a golpes con Noelia que resultó con el labio partido, el oído izquierdo lesionado y hematomas por todo el cuerpo. Mientras la lllevaban a enfermería, la volvierona agredir. Al volver a la celda donde la tienen encerrada, habían desaparecido las pocas cosas personales que le quedaban. Noelia continúa en huelga de hambre, aislada a merced de los boqueras, en régimen FIES 1, el más duro de todos. Necesita apoyo.
Para escribirle:
Noelia Cotelo Riveriro
Centro Penitenciario de Topas
Ctra. N-630 Km. 313,4
37799 TOPAS (Salamanca)
Allá donde haya una clase inferior, yo perteneceré a ella; allá donde exista un elemento criminal; yo formaré parte de él; mientras haya un alma en la cárcel, yo no seré libre.
Eugene Debs
¡Compañer@s!
Hoy me encuentro de muy buen humor (ya sabéis que nuestra vida no es algo lineal, ni constante ni estático…), y quienes me conocéis personalmente ya sabéis que tengo un sentido del humor bastante negro (lo que a unos les “escandaliza” a mí me hace sonreír, etc…) y hasta cínico (sobre todo cuando se trata de hablar/describir sobre hechos relativos a la “Ley”, los “Derechos”, “Autoridades”, etc); porque hay “cosas” que no puedo tomarme en serio (aun cuando me va la vida en ello) por serias que sean esas “cosas”.
Escribo pues de manera informal y con una sonrisa en la cara (aun cuando me refiero a “cosas” serias) porque el sentido del humor son algunas de las “cosas” que siempre me han permitido “tirar para adelante”.
No puedo dejar de alucinar cuando escucho/veo a es@s tertulianos políticos llenarse la boca de palabras/ conceptos como “vivimos en un estado de derecho”, “todos somos iguales ante la ley”, etc, etc, etc.
¡Veréis! La “Marca España” (como ahora le llaman a esto) no sabe lo que es una Democracia (y conste que yo tampoco soy un Demócrata); el Derecho es una “mino-cracia”, y la Ley sirve sólo a los intereses de la casta (me gusta esto de la casta porque eso es lo que tenemos en este País) y l@s “antisistema” somos todos los que no les reímos sus gracias ¿Alguien lo duda?
Hablamos de la desastrosa situación médico-sanitaria en las cárceles del Estado español y de intentos de hacerle frente como el de las plataformas de afectados por la hepatitis C y otros colectivos que reivindican tratamiento sin discriminación para las personas presas que sufren esa enfermedad, con Raquel, de la plataforma de El Bierzo, y con Honorio Gómez Alfaro, Pope, que nos habla de su denuncia por torturas contra la administración carcelera en relación con el trato recibido cuando estaba preso y enfermo. Recordamos a Arantza Díaz Villar, presa del PCE (r) enferma de cáncer que debería haber sido excarcelada hace tiempo y permanece presa y en situación de abandono. Mencionamos la denuncia de Noelia Cotelo, maltratada una vez más por los carceleros, esta vez en la cárcel de Topas.
La detención de nueve jóvenes anarquistas en Barcelona y Manresa el pasado 28 de octubre, así como el registro de varios locales sociales y domicilios, se presentó como una segunda fase de la llamada “Operación Pandora”, montaje policiaco-judicial iniciado en diciembre de 2014. Como en la primera, los esbirros esgrimían la misma acusación de “pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista” basada en unos “indicios” igual de evanescentes y con el mismo resultado: la puesta en libertad de todos menos uno, retenido a causa de “la aparición de su alias en una acta encontrada en un ordenador confiscado durante los registros.” La prueba, escogida para conceder una brizna de credibilidad a lo que sin duda ha sido una verdadera chapuza, no puede ser más ridícula. Cabe preguntarse el porqué de la misma. Parece como si los dirigentes de todo pelaje sintieran la cercanía del derrumbe de su mundo y se aprestaran a defenderlo con lo primero que les vendría a mano. ¡Lástima que sean los únicos en sentirlo! Ciertamente, aun bajo el reino autocrático del capital el Estado se considera vulnerable por débiles que puedan ser las protestas, y para cubrir sus puntos débiles de los ataques del sector de población irreductible necesita asegurarse la obediencia de sus súbditos más completa, cosa que le lleva a fabricar un enemigo interior frente al cual su inoperancia, arbitrariedad y corrupción sean preferibles. El Poder construye terroristas imaginarios que sueñan con atentados contra iglesias y cajeros automáticos con el objeto de “desestabilizar el Estado y alterar gravemente la paz pública” sin temor a que nadie le contradiga, ya que su palabra ocupa todo el espacio mediático. El discurso del orden no autoriza réplicas, por algo los medios son los medios del sistema; así pues, la incoherencia del montaje no parece importar a la dominación. La lógica nace en el diálogo social, la información veraz y el debate libre, y las condiciones actuales de comunicación unilateral no permiten su existencia. Las leyes de excepción del estilo de la Ley Mordaza remacharían el clavo de la desinformación si fuera necesario. En consecuencia, la Razón de Estado puede presentarse sin problemas como “lucha contra el terrorismo” y “defensa de la democracia”.
[picar en imagen para ver o descargar]
El título propuesto a esta entrada puede sonar cuanto menos polémico. Eso se pretendía. Pero cuando se escucha la noticia de que algún empresario ha sido detenido por tener trabajadores a tiempo completo, cotizando por ellos escasas horas y pagándoles 200 o 300 euros, nadie duda de la existencia de una explotación laboral. No obstante, si hablamos de privados de libertad, nos puede remover y generar dudas, pero sí, ante idénticas situaciones, mismos calificativos.
Debe partirse de que en la Constitución se instauró el derecho fundamental al trabajo y a la Seguridad Social de las personas privadas de libertad y, por tanto como tal retribuido, por lo que deben decaer posibles debates ideológicos sobre si deben retribuirse o no y por qué.
Si a la situación anteriormente descrita se adiciona que el acceso y salida del puesto de trabajo se hace sin seguir procedimiento o baremo alguno y de forma inmotivada, nadie puede dudar de la innegable diferencia con la forma de funcionar del resto de administraciones. Si esto lo hiciera cualquiera otra administración, los recursos contenciosos de sindicatos serían masivos y sin duda estimados.
Sin embargo, es en este peculiar espacio de centros de privación, aparentemente más necesitado de atención, donde nos encontramos con la presencia de sindicatos que defienden únicamente los intereses de los funcionarios o personal laboral de la Administración Penitenciaria, pero no de los trabajadores privados de libertad. La autorización para que los sindicatos lleguen a los presos no será fácil, pues ya manifestó el gerente de “Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo”, nombre de la entidad estatal de derecho público adscrita al Ministerio del Interior que gestiona el trabajo de los presos, que la vetarían alegando motivos de seguridad. Oposición que, lejos de razonable, no puede sino de algún modo confirmar sospechas de opacidad, pues por qué otro motivo no iba a permitir una administración el funcionamiento de unos interlocutores sociales tan importantes como son los sindicatos.
Sin lugar a dudas, y así se recoge en las Conclusiones de los XVI Encuentros Penitenciarios, el derecho a la libertad sindical de las personas privadas de libertad es indiscutible, pues éste solo puede ser privado por Ley Orgánica, lo que no sucede. Recuérdese que el propio TC ya señaló en su STC 236/07 que las personas en situación documental irregular que no trabajan pueden ejercer este derecho. ¿Cómo va a ser posible que quien si trabaje no pueda ejercitar estos derechos? ¿Es que la privación de libertad es otro estado?
A pesar de ello, las personas presas desean a toda costa acceder a un puesto de trabajo, pues es una ventana de esperanza, que aleja de la inactividad y permanencia en los patios, acerca a los permisos y tercer grado y permite recibir unos pequeños ingresos que puedan aliviar las maltrechas economías familiares.
Dicha opción implica perder una serie de derechos como son el acceso a educación u otros programas de tratamiento, que se devienen incompatibles por el horario. Especialmente supondrá, a largo plazo, una merma económica y pérdida de colchón a la salida de prisión. Quien ha tenido la enorme “suerte” de haber trabajo, si ha cotizado el suficiente tiempo en prisión, perderá el derecho a la percepción del subsidio por excarcelación que tiene una duración de hasta 18 meses por un importe de 426 euros mensuales, para percibir entre unos 100 a 200 euros en atención a la escasa base de cotización declarada.
Quedarían por comentar algunos derechos como las vacaciones, que no se disponen en prisión, pues de disfrutarse no se abonan, contraviniendo así resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, o el derecho al percibo de un salario adecuado, que a veces se hace por número de productos elaborados o aprovechamiento de las horas realizadas. Algunos presos han denunciado que perciben alrededor de medio euro/hora. El precio oficial establecido está entre los 3 y 4 euros, con vacaciones y pagas extras incluidas, distando mucho del Salario Mínimo Interprofesional.
Por todo ello, se hacía preciso elaborar una guía para que los presos pudieran iniciar su defensa en la vía administrativa y facilitar materiales, resoluciones y textos a los letrados que son los que deberán asumir la defensa en el procedimiento judicial. En la actualidad el número de demandas es escaso por el desconocimiento generalizado de la especialidad de este campo, donde se entremezcla derecho administrativo con penitenciario y laboral.
Este documento ya ha sido elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con la inestimable colaboración del Consejo General de la Abogacía Española, la Fundación Agape y la Editorial Atrapasueños.
Valentín J. Aguilar
Coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Audio relacionado: Cárcel S.A.