Ahora que la cárcel ocupa las primeras páginas de los periódicos a raíz de la derogación de la doctrina Parot, se vuelve a poner de manifiesto la ambigua relación de nuestra sociedad con el sistema penitenciario. La cárcel permanece ausente de todo debate de actualidad, salvo cuando se la invoca para reclamar más mano dura. Este desinterés mayoritario por lo que sucede tras las rejas, salpicado de ataques de populismo punitivo, efectista y vengador, no es nuevo: treinta años de desentendimiento y uso interesado de la alarma social nos contemplan. Pero hubo una época en que las prisiones acapararon la atención de la opinión pública, e incluso se plantearon alternativas al modelo penitenciario que ha acabado imponiéndose.
Tras la muerte de Franco, en sucesivos indultos y amnistías, las cancelas de las prisiones se abrieron para dejar salir a los opositores encarcelados. De esta forma se ponía fin a uno de los ejes fundamentales de la dictadura –la persecución política–, pero en absoluto significaba el final de unas leyes y prácticas caracterizadas por la severidad, la ausencia de garantías y los abusos. Además, todavía quedaban cerca de 10.000 presos por delitos comunes, que sólo fueron afectados por las medidas de gracia de forma muy tangencial, y no estaban dispuestos a ver salir a sus compañeros de reclusión sin reclamar el mismo trato. Ante la perspectiva del inicio de un nuevo régimen de libertades que la Transición anunciaba, los presos comunes –sociales, en el lenguaje de la época– consiguieron dotarse de un discurso y unas reivindicaciones propias que los presentaban como víctimas de la dictadura y, por tanto, con derecho a una oportunidad.
