El lunes pasado, 10 de febrero, publicaban en la página de La Directa el artículo cuya versión en castellano insertamos a continuación, firmado por Vicent Almela. En él se habla de un informe publicado ahora, pero elaborado por observadores del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en septiembre de 2018, un par de meses antes de que ciertos sindicatos carceleros denunciaran a Iñaki Rivera Beiras por decir en TV3 algo que queda confirmado de sobra por el contenido de este informe, que en las cárceles catalanas se tortura, y también en las comisarías, dicho sea de paso. En este momento, al parecer, son todos los sindicatos de carceleros que operan en Cataluña y unos 200 esbirros carcelarios a título personal los que sustentan una querella «por calumnias» –¡Espantoso y grotesco cinismo de los verdugos haciéndose pasar por víctimas!– contra el compañero Iñaki Rivera Beiras, a quien saludamos como digno e inveterado defensor de las personas oprimidas por el poder punitivo del Estado. Los boqueras corporativistas continúan con sus tácticas fascistoides, potenciadas por el apoyo incondicional de los falsimedios o mecanismos de manipulación e incomunicación de masas, repitiendo sus mentiras y tergiversaciones hasta el aburrimiento para convertirlas en verdad, dándole la vuelta a la evidencia de sus prácticas inhumanas y osando presentarse –hace ya mucho tiempo que vienen haciéndolo– como abnegados servidores públicos, objeto pasivo de las agresiones de los reclusos –a quienes pueden criminalizar fácilmente con sus típicas contradenuncias y expedientes manipulados– y de las calumnias provenientes, según ellos, de unos pervertidos agentes del mal que se presentan como defensores de los derechos humanos y a quienes también quisieran criminalizar, aunque eso resulte un poco más difícil. Estos carcelros fascistas actúan con ese descaro porque tienen motivos para esperar que la sociedad les acepte oficialmente como lo que realmente son: torturadores impunes, profesionales de la violencia, de la intimidación, de la degradación, de la humillación, disfrazados de ideología regeneracionista y de repugnantes eufemismos. Aspiran a que se les aplauda por ello e incluso a que se les suba el sueldo. Es necesario hacer frente a este fascismo social e institucional que impregna desde siempre los procedimientos de dominación y explotación en la dictadura «democrática» del Capital.
Observadores del Consejo de Europa ratifican la existencia de una sala donde se producen malos tratos físicos en la cárcel Brians I
Un informe publicado por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa recoge el testimonio de más de una veintena de personas presas en diferentes centros penitenciarios de Cataluña que denuncian malos tratos físicos, tratos degradantes y vejaciones por parte de los funcionarios, sobre todo en el centro penitenciario de Brians I, pero también durante su detención por parte de los Mossos
En noviembre de 2018, Iñaki Rivera, profesor de derecho penal y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, denunciaba públicamente al programa Todo se Mueve de TV3 que en las cárceles catalanas las torturas y las vejaciones hacia las personas presas «no eran casos aislados». Estas declaraciones le costaron a Rivera la apertura de un proceso judicial, que ahora mismo está a la espera de una fecha de juicio, en el que le piden hasta dos años de prisión por calumnias con agravante de publicidad. Los denunciantes de Rivera son los principales sindicatos de funcionarios de prisiones –CCOO, ACAIP y CSIF– y recientemente también se han sumado como acusación un grupo de 200 funcionarios del centro penitenciario Brians I.
Lo que denunciaba Rivera a TV3, basado en su conocimiento y experiencia con entrevistas semanales con personas presas a través del Sistema de Registro y Comunicación de Violencia Institucional (SIRECOVI), ha sido ahora ratificado por un informe publicado por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo Europa, el máximo organismo europeo en la prevención y respeto de los derechos humanos. Una delegación de observadores europeos –en la que también participaron profesionales de la medicina– visitó los centros penitenciarios catalanes de Ponent, Mas d’Enric, Brians I y Wad-Ras entre el 6 y el 13 de septiembre de 2018 y se entrevistaron –de forma anónima– con más de una veintena de personas presas y algunas trabajadoras de los centros. Estos testigos fueron facilitados por parte de entidades en defensa de los derechos humanos que trabajan en Cataluña, como el mismo OSPDH y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia.
En este documento de 61 páginas, se recogen testimonios de numerosos casos de malos tratos en los que varias internas denuncian haber recibido bofetadas, agresiones y golpes en diversas partes del cuerpo mientras se encontraban privadas de libertad en comisarías o en los centros penitenciarios catalanes, sobre todo durante los traslados a los módulos de castigo donde se encuentra el Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT), en el que pueden pasar hasta 21 horas solas y aisladas en una celda de 10 m². Según el informe, los casos más flagrantes se detectaron en el centro penitenciario de Brians 1, donde según relatan los observadores –tras cruzar diferentes testimonios de interno– descubrieron la existencia de una sala concreta en el módulo de ingresos donde menudo se producirían maltratos físicos con un patrón específico.
En una traducción literal del informe, se afirma que: «Muchos de los presos con los que nos hemos entrevistado en Brians I alegan que han sido objeto de tratos físicos degradantes en una determinada habitación del módulo de ingresos. Según su testimonio, estos tratos degradantes seguían un patrón específico, que consistía en recibir bofetadas en la cara y puñetazos en diferentes lugares del cuerpo por parte de los funcionarios, que lo hacían utilizando guantes negros. Estas agresiones tenían lugar en la habitación donde los presos eran desnudados y registrados. La delegación del CPT pudo comprobar que esta habitación existía, y que era exactamente igual como lo habían descrito los diferentes presos. En ella había un póster donde se podía leer ‘Zona libre de Font’. Aparte de esto, los funcionarios del centro también habían cubierto todo el módulo de admisión del centro con grafitis ofensivos hacia el director del centro «.
El nombre al que haría referencia el póster de la sala y las pintadas era el de Josep Font, ex director de Brians, que dimitió en diciembre de 2018 –tres meses después de la visita de los observadores internacionales– por las presiones ejercidas por parte del funcionariado del centro, que incluso lo habían llegado a amenazar de muerte por querer instalar cámaras de video-vigilancia y monitorizar las actitudes y los protocolos de actuación de los funcionarios a la hora de relacionarse y tratar con los internos .
En relación con estas circunstancias, el informe del CPT especifica «durante nuestra visita a Brians I, nos dimos cuenta que había una campaña de intimidación dirigida hacia el director del centro por parte de algunos funcionarios. Esta campaña era visible por las pintadas que encontramos en las paredes del módulo de ingresos, que amenazaban de muerte al director del centro, y también otras pintadas que encontramos en los pasillos que conectaban con el resto de módulos. Estos funcionarios llevaban un lazo azul en sus uniformes como símbolo de protesta. Los intentos por parte de la dirección del centro de iniciar procesos disciplinarios contra los funcionarios por sus prácticas habían supuesto el inicio de estas disputas. En este contexto, la delegación del CPT lamenta que el director de Brians I tuviera que dimitir de su cargo en diciembre de 2018 «.
El informe del CPT considera este hecho «muy preocupante» y termina este apartado indicando algunas recomendaciones específicas dirigidas a la nueva dirección del centro y las autoridades catalanas: «El CPT agradecería una opinión al resecto por parte de las autoridades regionales catalanas. Además, también esperamos que la nueva dirección de Brians I continúe implementando este proceso de reforma en el centro penitenciario. Es necesario que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias reflexione seriamente sobre cómo apoyar a ls direcciones de los centros que decidan implementar acciones concretas para acabar con comportamientos inaceptables por parte de los funcionarios de prisiones», remacha.
Aparte de estos «patrones específicos» de maltrato por parte de los funcionarios de Brians I, el informe también insta a las autoridades penitenciarias catalanas a poner fin a la práctica de las contenciones mecánicas dentro de los centros penitenciarios, que se sigue produciendo aunque las recomendaciones hechas por el mismo CPT en su última visita a las cárceles catalanas en 2011, y que, según el organismo europeo «sólo se deberían realizar en entornos médicos». En una entrevista a una persona que forma parte del personal médico de Brians I, esta reconoce que las contenciones mecánicas–en las que normalmente se inyectan calmantes sin el consentimiento de la persona presa– se siguen produciendo de forma habitual y que «aunque se encuentra incómoda realizándolas», después de un tiempo «se ha acabado acostumbrado «. Esta persona también explica de forma anónima que dentro del centro penitenciario «priman los criterios securitarios por encima de los médicos», especialmente en los DERT.
Iñaki Rivera explica la Directa que «nosotros hace muchos años que entramos a las cárceles a entrevistarnos con personas presas y hemos denunciado estas situaciones a través del SIRECOVI, pero nos cansamos de que desde Instituciones Penitenciarias no se investigaran a fondo los casos de los que informábamos y por eso decidimo ponernos en contacto con el organismo europeo». Según explica el director del OSPDH, en 2018 se acumularon muchos testimonios de maltrato y se produjeron algunas muertes en circunstancias extrañas, como el caso de Gina Katherine Gómez en Brians I. Esto terminó provocando la visita por sorpresa de la delegación de observadores del CPT del Consejo Europa a las cárceles catalanas y la elaboración de este informe.
«Desde un punto de vista jurídico las recomendaciones de un organismo internacional están para cumplirlas, no sólo desde el departamento de justicia, sino también por los responsables de la salud, los jueces y los fiscales, porque aquí parece que todo el mundo mira hacia otro lado cuando desde Europa nos dicen algo», explica Rivera, que está «un poco cansado» de que, a pesar de que desde las instituciones catalanas siempre se anuncia que se revisarán los protocolos de actuación, como en el caso de las contenciones mecánicas, «en la práctica se siguen produciendo y no se hace caso a las recomendaciones europeas».
«Cuando hablé en TV3 sobre este tema incluso fui demasiado moderado, porque yo ya sabía de la existencia de todos estos casos y testigos, pero tenía que guardar silencio por un tema de confidencialidad hasta que salieras publicado el informe», asegura. «Ahora, después de que el Consejo Europa ha ratificado lo que dije en un documento oficial, espero que se retiren las denuncias o que la juez archive el caso». «De momento mi abogada ya ha presentado este informe ante la juez. Veremos que pasa en los próximos días «, concluye.
Patadas, puñetazos y golpes de porra en las comisarías de los Mossos
Los observadores del CPT también visitaron las comisarías de los Mossos en Lleida, Tarragona y Barcelona (les Corts y Ciudad de la Justicia), donde recogieron los testimonios de algunas personas que habían sido detenidas y encerradas temporalmente en estos espacios de reclusión por parte de la policía catalana. Aunque la delegación afirma que la mayoría de personas entrevistadas aseguraban haber sido tratadas «correctamente», algunos testigos coincidían en manifestar que habían recibido malos tratos físicos como patadas, puñetazos o porrazos durante su detención, a la vez que habían sido maltratados verbalmente por los agentes durante este proceso. De hecho, según pudieron comprobar los observadores, algunas de estas personas presentaban informes de lesiones que concordaban con la descripción de estos hechos durante su paso por comisaría.
Dos testigos, uno de enero y el otro de mayo de 2018, también coinciden en denunciar que fueron golpeados con porras mientras eran sujetados por parte de los agentes de los Mossos contra su voluntad, en el transcurso de su detención en la comisaría de Tarragona. Dentro de las instalaciones policiales, aseguran haber sido sujetados con tiras de velcro en las muñecas y los tobillos y con un casco de moto en la cabeza, metidos a la fuerza entre dos colchones azules de plástico sujetados por otras tiras de velcro y golpeados de forma repetida con las porras, en una técnica que los entrevistados llaman «el bocadillo». Según los testigos, esta agresión se produjo en la zona de duchas de la comisaría, donde a diferencia de las celdas no hay cámaras de video-vigilancia.
La delegación del CPT encontró dos de estos colchones de plástico azules con tiras de velcro en uno de los pasillos de la comisaría de Les Corts y preguntaron a los agentes que se encontraban allí de servicio, pero según explica el informe estos no supieron dar una explicación clara y razonable sobre su uso. Después de recoger estos testimonios y comprobar la existencia de estos colchones dentro de una comisaría, el CPT ha pedido explicaciones a las autoridades catalanas sobre este tema concreto y se encuentra a la espera de recibir una respuesta.
