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A pesar del discurso oficial, comunicado por varios representantes de la Seguridad del Estado, a través de la rueda de prensa, en el que dicen que aquí no pasa nada, podemos escuchar otras voces que nos afirman lo contrario

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Existen realidades cuya obviedad parece disculpar su definición sin repararse en que las evidencias son a menudo recipientes que cada sujeto rellena como le apetece. De esa forma, cuando se habla sobre ellas se comparten sus significantes pero no sus significados Si pensamos en la tortura, en efecto, ¿quién reconocería ignorancia o dudas respecto de su sentido? Muy pocos, si acaso alguno, en nuestra sociedad que, dicho sea de paso y por plantar un dato inquietante, la prohibiera hace 250 años (de dónde tanta memoria colectiva de un hecho tan antiguo); con lo que ya decimos algo de ella: su condición de realidad arraigada en nuestra cultura.

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Mientras recortan cada vez más el presupuesto de la sanidad, la educación y los servicios sociales, lo que supone desmantelar los programas de prevención con menores e intervención comunitaria con familias en riesgo de exclusión social (que cada vez son más a consecuencia de la crisis), el gobierno aumenta los recursos destinados al internamiento forzoso de menores. Incluso se abren nuevos centros a pesar de las dudas más que justificadas sobre su eficacia, las continuas denuncias por malos tratos que sufren los menores internados (incluyendo la muerte de varios niños) y el enorme coste que suponen al erario público. Empresas como O´Belen, Diagrama o Salud Mental Consulting reciben de media más de 5.000 euros al mes por cada menor con plaza concertada con las Comunidades Autónomas.

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16.292 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde esta semana, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones. La suspensión de los SOAJP se ha debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la renovación del Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, que es la que financia el servicio. El pasado 17 de abril la Junta, escudándose en esta falta de firma por parte del Ministerio, decidió comunicar a los Colegios de Abogados la suspensión del servicio. Este enfrentamiento entre administraciones, de diferentes orientaciones políticas, lo están pagando las personas privadas de libertad. Algunos Colegios suspendieron el servicio de inmediato y los restantes lo hicieron el 30 de abril (a excepción de Málaga), por las dudas planteadas ante la falta de ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta de Andalucía para ahorrar costes. Desde la APDHA denunciamos que la Administración Autonómica, que tanto critica los recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico.

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