16.292 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde esta semana, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones. La suspensión de los SOAJP se ha debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la renovación del Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, que es la que financia el servicio. El pasado 17 de abril la Junta, escudándose en esta falta de firma por parte del Ministerio, decidió comunicar a los Colegios de Abogados la suspensión del servicio. Este enfrentamiento entre administraciones, de diferentes orientaciones políticas, lo están pagando las personas privadas de libertad. Algunos Colegios suspendieron el servicio de inmediato y los restantes lo hicieron el 30 de abril (a excepción de Málaga), por las dudas planteadas ante la falta de ratificación por el Ministerio y el aprovechamiento que de ello pueda hacer la Junta de Andalucía para ahorrar costes. Desde la APDHA denunciamos que la Administración Autonómica, que tanto critica los recortes del Gobierno central, no puede privar a los más excluidos de este derecho básico.