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Según http://www.afaprema.com/: «Esta semana estamos recibiendo varias quejas de familiares de presos que están siendo cacheados antes de entrar a los vis a vis familiares e íntimos, sin que se les dé más explicaciones que el hecho de que se trata de una medida que se toma de forma aleatoria. Hasta el momento, teníamos conocimiento de los cacheos realizados a familiares de presos de ETA, que el Tribunal Superior de Madrid respaldaba en una sentencia de marzo de 2011. Pero ¿se están ampliando estas medidas a familiares de presos de diferentes tipologías delictivas sin mayores explicaciones? De hecho, los controles se están llevando a cabo también con perros policía en las taquillas que los centros penitenciarios disponen para el uso de los familiares, donde estos guardan sus pertenencias personales antes de acceder al centro penitenciario. Otra de las denuncias, explicaba cómo el pasado sábado, en el Centro Penitenciario Madrid V Soto del Real, algunos familiares tuvieron que abrir dichas taquillas mientras varios guardias civiles revisaban las pertenencias de familiares y el hijo pequeño de una de ellas, en busca de droga, sin que los cuerpos de seguridad hallasen ninguna sustancia finalmente. ¿Es necesaria esta práctica?»

Ver: ¿Quién Entra Estas Ingentes Cantidades De Droga En Las Cárceles?

Este pasado 19 de Julio, Juan Carlos Santana, preso durante mucho tiempo en la prisión de Ponent y activo en la Campaña contra las torturas y malos tratos en las prisiones fue a declarar al Juzgado de Lleida. Lo hizo como denunciante, por una paliza que los carceleros le dieron el pasado 21 de Marzo del 2012. Esperamos que esta denuncia eche adelante y se celebre el juicio contra los torturadores.

En la confluencia entre una sociología de la vigilancia, una sociología de las profesiones y una sociología de las resistencias infrapolíticas en medio autoritario, esta contribución propone una etnografía de la vigilancia humana y tecnológica en el establecimiento penitenciario para menores entendido como un territorio singular pero emblemático del control social. De esta suerte, la investigación empírica, original, ha permitido desencriptar no ya el funcionamiento de un panóptico omnisciente, sino el de un espacio penitenciario fragmentado, donde cada subespacio —pasillos de circulación, celda, unidad de vida, polo socioeducativo, polo médico—se halla sometido a una prueba de visibilidad y a unos envites específicos estructurados mediante negociaciones conflictivas tanto entre diferentes cuerpos profesionales (educadores,vigilantes, profesores, personal sanitario) como entre presos y profesionales. El análisis de las prácticas de vigilancia pone así de manifiesto la complejidad de la economía relacional en situación de reclusión y las modalidades negociadas pero asimétricas de la producción del orden.

Iñaki Rivera Beiras aborda los siguientes temas: La cuestión carcelaria, la «Cárcel Real», políticas de criminalidad contemporánea, la demagogia punitiva y el fracaso del Sistema Penal, torturas y resistencias a la cárcel

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EL Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) sentenció el pasado 10 de julio que la denominada doctrina Parot viola los derechos humanos, al menos los de la recurrente Inés del Río Prada. Había sido condenada a más de 3.000 años de cárcel pero siguiendo las leyes penales vigentes en el momento en que cometió los delitos y la interpretación que durante décadas se usaba por los tribunales para calcular el máximo que cumpliría, su pena real, a efectos prácticos, no superaría los 20 años en prisión como resultado de descontar 10 años por «redención de penas por el trabajo». Para el profano en derecho resultará chocante que se condene a miles de años y que luego solo se cumpla un máximo, por ejemplo, de treinta como correspondía con el Código Penal de 1973. Pero resulta que en todos los países de nuestro ámbito de cultura existe un consenso general en que se establezca un límite por razones de humanidad y por dejar la posibilidad abierta de que el cumplimiento de la pena permita una evolución hacia la reinserción del penado. La cultura de los derechos humanos ha imprimido un poso de civilización en la reacción punitiva del Estado que permite conjugar justicia con una atención a dar oportunidades de recuperación al preso al que se debe considerar, pese a sus crímenes, como un ciudadano y no como un enemigo al que se debe eliminar (pena de muerte) o hacer inocuo (pena perpetua no revisable). Por eso hay límites absolutos de cumplimiento.

Según www.elperiodico.com: «La Audiencia de Barcelona ha confirmado que los cuatro mossos d’esquadra condenados por torturas y lesiones a un ciudadano rumano que fue detenido en julio del 2006 por un error al confundirlo con un ladrón deberán ingresar en la cárcel. La Sección Novena ha desestimado el último recurso presentado por los agentes contra el auto del 21 de mayo pasado que rechazaba suspender la ejecución de la pena de dos años de prisión que les había quedado después de que meses antes el Gobierno les indultara parcialmente, al existir, a su parecer, “razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y alarma social” que justifican su encarcelamiento.