Categoría: <span>Actividad en la calle</span>
La Directa ha publicado en su página web un artículo sobre la convocatoria de huelga de hambre colectiva en las cárceles a iniciar el próximo 1 de octubre. Lo firma Vicent Almela y también se hace eco, como ha venido haciendo a partir de la convocatoria de huelga de hambre colectiva del último mayo, del contexto y antecedentes de esta propuesta de lucha y de los comunicados y opiniones de varios de sus participantes.
Cinco meses después de la huelga convocada en las cárceles por el primero de mayo, en la que participaron alrededor de 30 internos en diferentes centros penitenciarios del Estado español, algunos de los presos en lucha activa vuelven a convocar una huelga de hambre con el objetivo de continuar visibilizando la tabla reivindicativa de doce puntos y reclamar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. Mientras las estadísticas de muertes y suicidios en las cárceles no se detienen –según las respuestas dadas por el Ministerio del Interior a las preguntas parlamentarias del concejal de EH Bildu Jon Iñárritu, entre 2012 y 2016 se produjeron 768 muertes en las cárceles españolas, 126 de las cuales por suicidio–, esta tabla incluye «demandas básicas» para las personas presas, como la erradicación de las torturas y de los regímenes de aislamiento –donde los presos pasan al menos 20 horas encerrados en la celda y no tienen contacto con ningún otro interno–, el fin de la dispersión y el alejamiento de los presos de sus lugares de origen y sus familias, o simplemente que se respete la legislación vigente en relación a la atención sanitaria dentro de los centros, donde las competencias siguen dependiendo del Servicio General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) –con las excepciones de Cataluña y el País Vasco– y no de los departamentos de salud de las comunidades autónomas, como obliga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprobada en el Parlamento español en 2003.
«Está claro que la abolición de la cárcel no la conseguiremos de momento, pero si cada año nos vamos sumando más, estoy seguro de que conseguiremos que nos den nuestros derechos carcelarios. Y, si no lo disfrutamos nosotrxs, lo disfrutará la nueva generación que entre «. Con esta reflexión acababa José Ángel Martins Mendoza –alias Peque–, su carta de valoración sobre la huelga de hambre el pasado mes de mayo. En esta misma carta, proponía ya una nueva convocatoria de huelga de hambre por el primero de octubre y abría esta propuesta a debate, crítica y reflexión por parte del resto de presos y de la comunidad anticarcelaria.
La propuesta ha sido comentada y debatida durante los meses de verano por diferentes tomados a través de correspondencia, a pesar de las dificultades comunicativas que sufren mucho de ellos. Por el simple hecho de reivindicar sus derechos y denunciar las vulneraciones que sufren, muchos de estos presos tienen todas las comunicaciones controladas –cartas, llamadas y locutorios– están afectados por la dispersión y el continuo cambio de prisiones, y la mayoría de ellos están pagando sus penas en régimen especial de castigo y módulos de aislamiento. A pesar de las dificultades que les pone la SGIP para coordinarse, varias voces se han podido sumar al debate y la convocatoria gracias a los grupos de apoyo, como Tokata, La Corda, o el Grup de Suport a Presxs de Lleida, y han podido opinar en relación a la propuesta. Una de estas voces es la de Toni Chavero, uno de los presos más activos de la lista, que proponía que los presos que no quisieron o pudieron hacer la huelga de hambre, iniciaran un ayuno los días 1, 5, 10 y 15 de octubre, acompañado de escritos de denuncia al Congreso, al Defensor del Pueblo, al Consejo de Ministros y a la SGIP, con el objetivo de intentar abrir el “abanico” de posibles formas de participación “para que más personas presas participen” y se sumen a la acción.
También otros presos y presas como Carmen Badia –enferma de cáncer en la prisión de Zuera–, Oscar Rodríguez González –desde Puerto I– o Francisco Aroca –desde la prisión de Albocàsser (Castellón II)– han aportado al debate y se han adherido públicamente a la convocatoria de huelga. Este último hace una reflexión en relación al contexto actual: «Mucho se habla ahora de la situación de los presos políticos catalanes, pero ¿qué pasa con nosotros, los presos comunes? Nosotros hace años que estamos encerrados a grandes distancias de nuestras familias, que deben arriesgar la vida para poder vernos 40 minutos a través de un cristal. Y eso los que tienen recursos económicos para pagar el trayecto. Se nos aplica la dispersión como castigo o venganza de forma sistemática».
En su última carta, publicada el otro día en el portal de Tokata, Chavero anima al diálogo entre todos los participantes en la huelga, y a desarrollar una estrategia de no violencia durante la duración de la misma, ya que considera que hoy en día y con el contexto actual en las cárceles «la violencia no es una herramienta que pueda ayudar a crear una comunidad de lucha y conseguir nuestros derechos». «La cuestión es que cuanta más peña participe de la manera que pueda o quiera libremente, más ruido se hará fuera y más se podrá ver de lo que estamos haciendo, que es eso, luchar por mejorar las cosas», concluye.
Desde Dentro: Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera
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¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 27-IX-2018]
A continuación, una traducción al castellano de un artículo de Vicent Almela sobre la catástrofe médico-sanitaria en las cárceles del Estado español, publicado en la página web de La Directa.
La legislación vigente en en el Estado español ordena al poder ejecutivo transferir las competencias sanitarias de los centros penitenciarios –actualmente dependientes del Ministerio del Interior– a las comunidades autónomas, para así ofrecer un servicio de calidad e igualitario a todas las personas. A día de hoy, sólo Cataluña y el País Vasco han integrado las competencias dentro de la red de salud autonómica
El artículo 208.1 del Reglamento Penitenciario, aprobado en 1996, regula que «a todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población». Desde 1986, la administración penitenciaria es la encargada de la atención primaria dentro de las cárceles –con un equipo médico fijo y un periódico–, y el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encarga de la atención especializada de los internos, según los convenios fijados con cada comunidad autónoma. Uno de los problemas del modelo es que la atención primaria queda en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), que depende del Ministerio del Interior español y, por tanto, los servicios sanitarios se ven limitados a criterios que dependen de convenios presupuestarios, de la seguridad del centro o del orden regimental, en lugar de basarse en criterios médicos. Esto se traduce en que muchas veces un médico debe obedecer un superior jerárquico que no es sanitario, o que una plaza no se cubra de inmediato, como ha ocurrido recientemente en la prisión de Dueñas (Palencia), donde se han quedado sin médico de noche durante varias semanas con una población reclusa de casi 1.000 personas.
En 2003, en un clima de movilizaciones sociales para lograr un sistema de salud universal igualitario para todos, el Congreso español aprobaba la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que obligaba al gobierno, entre otras medidas, a transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas en un plazo de dieciocho meses. Pasados quince años de la aprobación de la ley, y después de varias mociones presentadas por diferentes fuerzas políticas para su aplicación efectiva, sólo Cataluña y el País Vasco han transferido las competencias a su sistema de salud autonómico.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA, por sus siglas en castellano) hace más de veinte años que se denuncia la constante vulneración de los derechos sanitarios que sufren las personas presas –que también están reconocidos en los artículos 14 y 43 de la Constitución española– y que el servicio médico dentro de las cárceles del Estado español, que afecta actualmente a más de 50.000 personas, debería estar regulado por la misma administración sanitaria que presta este servicio a la ciudadanía que se encuentra en libertad. Según Francisco Miguel Fernández, miembro del área de prisiones de la APDHA, «no puede ser que las competencias sanitarias de ninguna persona dependan del Ministerio de Interior, que prioriza la vigilancia y la seguridad del Estado a la atención sanitaria de las personas «, y explica que está demostrado que, cuando se hace la transferencia de las competencias médicas al Sistema de Salud de las comunidades autónomas, estas condiciones mejoran considerablemente. Daniel Zulaika Aristegui (encargado de la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema público sanitario vasco) explicaba este proceso de transición en unas jornadas organizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, celebradas en el año 2016 en Sevilla: «la integración se realizó en menos de un año, funciona bien y se adapta a los objetivos. Estar dentro del sistema comunitario permite la participación de los profesionales en las mismas condiciones laborales y ser conscientes de todos los cambios y avances que se producen en sanidad. Es evidente que es un cambio beneficioso para toda la sociedad y especialmente para la salud de las personas «.
El doctor Antonio López Burgos, miembro de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicaba en las mismas jornadas que, cuando las competencias sanitarias dentro de los centros penitenciarias dependen de la SGIP, existe una ruptura total en el seguimiento médico al entrar y salir de prisión por la falta de comunicación entre las dos instituciones: «Si el paciente ha recibido tratamiento fuera del centro penitenciario, cuando entre, el médico de la prisión desconocerá totalmente su tratamiento e historial médico, y lo mismo ocurre cuando es al revés. Tampoco se comparte la información entre los centros penitenciarios: «Esto deriva en que enfermedades e infecciones graves –como el VIH, la Hepatitis C o el cáncer– no se traten a tiempo y en que algunos presos acaben muriendo, o que un paciente pueda recibir diagnósticos y tratamientos diferentes dependiendo de dónde se encuentre. De hecho, la imposición de dispensar productos farmacológicos distintos de los del exterior –una práctica muy común en los centros penitenciarios–ha sido constantemente denunciada por diferentes organizaciones médicas y declarada ilegal por el Tribunal Supremo español. En opinión de López, «la voluntad política es la única que puede cambiar esta situación, que no explota porque todo lo que pasa en las cárceles está encerrado entre cuatro muros».
El pasado mes de julio, la APDHA presentaba una nueva campaña para pedir la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas ‒y esta vez incluía también un decálogo denunciando las principales vulneraciones que sufren las personas presas en términos de salud– con el objetivo de sensibilizar a las organizaciones que luchan por la defensa de la salud universal y otros colectivos que reclaman el respeto de los derechos humanos dentro de las cárceles. Fernández espera que esta iniciativa suponga «un punto inicial de debate y encuentro para que el tema de la sanidad en las prisiones no sea una isla dentro del movimiento para conseguir una sanidad universal, y también se incluya como demanda en la lucha por el respeto a derechos humanos dentro de las cárceles «. Aparte de medidas como poner fin a las sujeciones mecánicas o ofrecer formaciones especializadas al personal médico, el decálogo también incluye «el registro de forma precisa de todas las lesiones que se observan por parte del personal sanitario», una de las demandas hechas desde del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos. En 2016, en las cárceles de España, 259 personas denunciaron torturas, según el informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura.
Las personas con trastornos mentales y enfermedades terminales, las más perjudicadas
Fruto de la falta de coordinación entre el Sistema Nacional de Salud y las Instituciones Penitenciarias, muchas personas diagnosticadas con trastornos mentales graves –que según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria representarían alrededor del 8% de la población reclusa– llegan a las cárceles sin ningún tipo de notificación para los equipos médicos, que tampoco pueden acceder a su expediente. «Este es un hecho muy grave porque muchas veces les encierran en primer grado o sufren castigos penitenciarios, como la anulación de visitas o sujeciones mecánicas, sin tener en cuenta su diagnóstico o estado mental», explica Fernández, «y este es otro ejemplo de la vulneración de derechos que sufren los presos «. Según una sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el pasado mes de agosto, las personas absueltas por problemas de salud mental deben cumplir la medida de seguridad en un centro psiquiátrico y no en centros penitenciarios ordinarios. A raíz de esta sentencia, desde el APHDA exige a los juzgados que requieran a la administración penitenciaria cumplir la ley para que ninguna persona con un problema de salud mental esté privada de libertad en un centro penitenciario, «que tiene un fin sancionador y no terapéutico «.
Otra vulneración de derechos es la que padecen las personas con enfermedades terminales, como es el caso de Carmen Badía –actualmente en prisión de Zuera– o Francisco Chamorro –interno en la cárcel de Castellón II– que, a pesar de estar diagnosticadas de un estado avanzado de cáncer y recibir quimioterapia, continúan encerradas dentro de los centros penitenciarios sin «el derecho a la libertad condicional», como obligan el artículo 91 del Código Penal y el 196 del Reglamento Penitenciario para este tipo de situaciones o, en su defecto, pasar al tercer grado de régimen penitenciario, como marca el artículo 104.4 del RP «por razones humanitarias y dignidad personal». Rosa Giménez, madre de Chamorro, que está luchando por la excarcelación de su hijo, se pregunta: «¿No sería más humano excarcelar las personas enfermas que puedan recibir en la calle los mismos cuidados que cualquier otro ciudadano, como exige la ley, que la deficiente sanidad penitenciaria no puede ni quiere prestar un servicio digno? «, y concluye:» no sería más humano que pudieran morir rodeados de su familia?».
Sobre la propuesta de la APDHA frente a la catástrofe de la sanidad penitenciaria
Informe «Sanidad en prisión. La salud robada entre cuatro muros»
Tokata Y Fuga 21-VII-2018 ¿Tienen o no tienen derecho a la salud y a la vida las personas presas?
Desde el Colectivo Locomún nos invitan a conocer la campaña #0contenciones, la cual, en principio, se refiere solamente a la violencia que se utiliza contra las personas ingresadas como «pacientes» en «unidades de psiquiatría», atándolas, por ejemplo, con correas a la cama. Apoyamos la campaña, de acuerdo con quienes la hacen en que una propuesta así no es más que un momento puntual de una lucha que debe ser permanente. Y también nos parece que debe ampliarse, por ejemplo, a las camas de «sujección mecánica» y otros «medios coercitivos» que se utilizan tanto en las cárceles corrientes como en los «centros de menores» o en los de «internamiento de extranjeros», o a la violencia de todo tipo que usan impunemente todas las variadas policías, en las comisarías y en las calles.
La contención mecánica es una práctica común en las unidades de psiquiatría del Estado español y otros países que consiste en atar a una persona a la cama con correas, sujetándola de la cintura, muñecas y tobillos con el objetivo de impedir que se mueva libremente. La persona puede permanecer atada durante horas o incluso días, dependiendo de la decisión del personal sanitario que esté al cargo. La contención en el Estado español se suele practicar de forma opaca y no controlada (no es posible acceder a registros donde se explique quién es atado, por quién, por qué, durante cuánto tiempo ni cómo). A su vez, nos encontramos en una situación en la que en el caso de que haya secuelas graves o mortales, reina la impunidad.
Nos hacemos eco de un sinfín de denuncias que se han ido acumulando en estos últimos tiempos por parte de personas que han sido atadas, de profesionales que reclaman el fin de esta práctica, de colectivos activistas y otros muchos proyectos (asociaciones de personas diagnosticadas, webs, programas de radio, publicaciones, etc.), con el objetivo de contribuir a que la sociedad civil sea consciente de esta cruda realidad. No podemos permitir que una práctica tan cruel e inhumana, que tanto daño genera, siga siendo “normal” en los dispositivos de atención de salud mental. Para ello debemos conseguir que nuestros familiares, vecinas, compañeros de trabajo, etc. sepan que existe. Que sean conscientes de que no se trata de un hecho aislado, sino de algo sistemático.
Buscamos exponer claramente la contradicción que supone atar a alguien en un espacio donde debería ser acompañado en su sufrimiento y recibir cuidados. La Organización Mundial de Salud es taxativa al respecto: privar a las personas de su capacidad de movimiento empeora su salud mental y pone trabas a su recuperación. La continua apelación a los recortes económicos, la falta de recursos y la ausencia de formación para gestionar determinadas situaciones no son excusas válidas cuando hablamos del respeto a la dignidad de las personas, cuando hablamos de su salud.
Aunque entendemos que los profesionales dejarían de llevar a cabo esta práctica si realmente quisiesen dejar de hacerlo (mediante su propia organización como colectivo, fomentando la objeción y exigiendo alternativas), reclamamos normativas que prohíban su uso con un carácter permanente. Estamos hablando simple y llanamente de derechos humanos, y por tanto deben ser respetados de manera plena e innegociable. Exigimos también que los casos en los que se producen daños de cualquier índole causados por esta práctica no queden impunes.
Ojalá estuviese en nuestras manos el parar las contenciones mecánicas, pero no es así y por ello queremos remarcar que esta no es nuestra campaña, sino la de todxs. Consideramos que la presión por parte de la sociedad civil, de los colectivos (profesionales y de personas psiquiatrizadas) y de los medios de comunicación es fundamental para conseguir que esta práctica se convierta en algo del pasado. Por ello, nuestra idea no es realizar la campaña por nuestra cuenta, sino compartirla con todas aquellas personas y colectivos interesados. En este sentido, todos los materiales se pueden descargar libremente, son tan vuestros como nuestros. Os invitamos a replicar, modificar o adaptarlos según vuestras necesidades y difundirlos para alcanzar al mayor número de gente y de espacios posibles de todos los modos que se os ocurra. Como colectivo, no tenemos ningún interés en otra cosa que no sea contribuir a la lucha por el fin de las contenciones en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades (que como todas, son limitadas).
Algunas cosas que puedes hacer para contribuir son:
- Diseñar nuevos materiales.
- Impulsar y organizar acciones en distintos espacios.
- Enviar testimonios personales sobre el tema —por escrito o en archivos de audio o vídeo, según os resulte más fácil— que queráis que sean difundidos como parte de la campaña.
- Escribir textos, compartir datos concretos, denunciar situaciones.
- Ayudar a hacer accesibles los materiales para personas con diversidades funcionales sensoriales o psíquicas subtitulando vídeos, transcribiendo audios, adaptando textos escritos al modelo de “lectura fácil”, etc.
- Traducir los materiales de la campaña a otros idiomas.
Sigue buscando más información sobre este tema, léela y difunde con el hashtag o etiqueta #0contenciones para que sea fácilmente localizable.
La web de la campaña: 0contenciones.org
Nuestro correo electrónico: colectivolocomun@gmail.com
Más información sobre este asunto en https://primeravocal.org/
A finales de julio, hizo su aparición, en la comarca catalana del Camp de Tarragona, un nuevo grupo anticarcelario llamado La Corda, empezando a hacer funcionar su blog, que podéis encontrar en esta dirección de internet: https://lacorda.noblogs.org/. Piensan dedicarse a apoyar las luchas de autodefensa de las personas presas y a denunciar todas las situaciones injustas, inhumanas, crueles y degradantes que sufren, especialmente las que están encerradas en la cárcel de Mas Enric, en Tarragona. Iniciaron el blog con una detallada descripción de ese centro de exterminio y un resumen de lo que allí sucede. A continuación, una traducción al castellano del texto catalán original.
El centro penitenciario de Mas d’Enric tiene una capacidad para unas 1.200 personas, y actualmente hay unas 700. Las personas presas están repartidas en diferentes módulos, según criterios como el tipo de delito del que se les acusa. Preventivos (módulo 1), Toxicomanías (módulos 2 y 3), Personas que ya salen de permiso (módulo 4), Condenas cortas (módulo 5), Delitos violentos (módulo 6), delitos sexuales y bandas criminales (módulo 7), Mujeres (módulo 8), Jóvenes de entre 18 y 25 años (módulo 9), DERT (módulo 10), Enfermería (módulo 11), Enfermería vulnerables (módulo 12) e Ingresos.
Se trata de una prisión muy nueva, inaugurada a finales de diciembre de 2015, y denominada como «una de las cárceles más modernas de Europa». Está dividida en espacios comunes (donde se encuentran las personas de los diferentes módulos) y espacios específicos (ubicados dentro de cada módulo). Dentro de los diferentes módulos hay unas pequeñas bibliotecas, y una biblioteca más grande en un espacio común, donde también está la escuela. En la biblioteca general hay contratada una persona de la calle con estudios de bibliotecario/a, la cual tiene uno o dos ayudantes, que son personas presas. La escuela sería similar a una escuela de adultos, donde diferentes maestros imparten estudios básicos, ESO, catalán y castellano. También están las actividades de artes escénicas, de guitarra y de radio. Y las actividades deportivas, repartidas entre el gimnasio, la pista y la piscina. Estas actividades las dirigen tres monitores que han hecho INEF.
La piscina de la prisión de Tarragona ha sido uno de los elementos de más polémica en torno a los supuestos «lujos» de los que disfrutan las personas presas. Decir que esta piscina está cerrada la mayoría del año, ya que sólo abre de junio a octubre. Además, el acceso a la misma no es libre, sino que cada día le toca a las personas de uno o dos módulos determinados, y en horarios concretos. Lo que hace que si en esas horas una persona está trabajando en los talleres o tiene cita con el educador, por ejemplo, ya pierde el día de piscina. Si, con todos estos filtros, aún hay una cantidad personas que puedan acceder acceder a la piscina por encima de la capacidad de esta, es el monitor el que elige, en función del comportamiento y la «clasificación» de las personas presas. Esto hace que, en la práctica, haya personas que nunca o casi nunca puedan acceder a la piscina, o que solo puedan hacerlo contados días en todo el verano.
Los presos y presas son clasificados en función de su comportamiento y de que cumplan o no lo que se les pide en los programas de «reinserción». Esta clasificación se realiza mediante letras: A, B, C, D y E. Siendo la A la mejor clasificación (no tienes partes ni amonestaciones, sigues el tratamiento, vas a la escuela, trabajas …) y la D la peor. Esta clasificación es un chantaje más, ya que a partir de esta se te otorgan o se te quitan unos «privilegios», como el acceso a la piscina o la posibilidad de tener dos vis a vis al mes, en vez de uno.
Como en la mayoría de cárceles, hay personas en primer grado (aislamiento), segundo grado (régimen «normal», la mayoría de las personas que están en prisión) y el tercer grado (la gente que ya hace salidas a la exterior). Dentro de este, encontramos el tercer grado medio, que serían aquellos que están toda la semana en la cárcel y salen el fin de semana, o el tercer grado completo, que serían las personas que hacen vida fuera y van a dormir a la prisión. Estos últimos se encuentran en la antigua prisión de Tarragona (Avenida República Argentina).
En la prisión de Mas d’Enric, hombres y mujeres están separados en cuanto al módulo (incluyendo patio y cocina), pero sí que tienen acceso a las mismas actividades y talleres, por lo que hay ciertos espacios donde hombres y mujeres coinciden. La principal desigualdad que tienen es que los hombres están divididos según el delito y sus particularidades. En cambio las mujeres están todas juntas, en un módulo. Esto conlleva menos personalización y más conflictos e incomodidades en el día a día, ya que estarán juntas las que hayan cometido un delito de sangre, con aquellas con muchos problemas de drogas o la que entra por primera vez por un hurto.
Como en todas las cárceles catalanas, el negocio de los talleres, los productos y los servicios se hace a través del CIRE. El CIRE funciona como una supuesta empresa pública, pero formada por muchas empresas privadas, que son las que gestionan desde los talleres, hasta los productos del economato o la comida. El CIRE es una mafia que genera muchos beneficios a costa de explotar a lpersonas presas. En el caso de los talleres, las personas presas no tienen ningún tipo de derecho (ni a hacer huelga, ni a sindicarse…), si no pueden ir a trabajar porque tienen una entrevista con el psicólogo -para poner un ejemplo- ese día no lo cobran. El salario es bajísimo: 100 o 200 euros al mes. Y los economatos, que es donde la mayor parte de los presos y presas gastan una buena parte de su sueldo, también son del CIRE, por lo tanto es un negocio redondo. Decir además, que los precios de los productos del economato son entre una y dos veces más caros que en la calle. La comida la hacen los mismos presos (es uno de los trabajos de dentro de la prisión) con productos e ingredientes del CIRE. La calidad de los alimentos es pésima (la más barata del mercado y con restos que nadie quiere o que en la calle ya no se podrían vender), y el menú muy poco variado y saludable.
Cada centro de exterminio tiene características diferentes, pero el fondo y el fin son comunes. Las cárceles, todas ellas, son centros que buscan anular a las personas, someterlas y desposeerlas. Convertirlas en mercancía sumisa. Degradarlas mediante la jerarquía, la dominación y el autoritarismo. Por eso es por lo que hemos decidido intentar sacar adelante este grupo anticarcelario.
Hablamos de la situación catastrófica de la sanidad en las cárceles españolas y de diferentes intentos de hacerle frente desde la sociedad que se están produciendo ahora mismo. Hablamos con la madre de Francisco Chamorro y del estado de la lucha que lleva a cabo con gran coraje por la excarcelación de su hijo, enfermo de cáncer. Una compañera de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria nos habla de una jornada de fiesta y reflexión sobre autodefensa solidaria que se celebra hoy mismo en un centro social de Móstoles (Madrid). Nos hacemos eco de la huelga de hambre de un compañero preso en lucha en la cárcel de Puerto I para protestar por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que allí se infiere allí a las personas presas.
Sabemos que la situación médico-sanitaria en las cárceles españolas, no ha hecho más que empeorar desde tiempo inmemorial y, especialmente, desde 2003, cuando fue promulgada la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En la reforma del Reglamento Penitenciario de 1996, se estableció un «modelo sanitario mixto», en el que la atención primaria corría a cargo de la administración penitenciaria “con medios propios o concertados”, pero quedaba casi siempre encomendada al cuerpo de médicos carceleros. Con eso, la “relación penitenciaria de sujección especial” iba a continuar interfiriendo en la relación terapeútica, pues la mayoría de esos «médicos», además de mostrarse autoritarios, desconfiados y negligentes, defienden con repugnante corporativismo los intereses de la institución carcelera. Haciendo, por ejemplo, la vista gorda ante las torturas y malos tratos y falseando los partes de lesiones correspondientes.
De la atención especializada debía encargarse el Servicio Nacional de Salud, “formalizándose entre ambas administraciones convenios de colaboración”. Dicha «ley de cohesión y calidad» de 2003 fijaba un plazo de 18 meses para la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema nacional a través de su transferencia a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, desde entonces, sólo Cataluña y el País Vasco han asumido esas competencias. El abandono por parte de las diferentes administraciones y la descoordinación entre ellas han tenido como consecuencia que, contra lo que dice la ley, la atención médico-sanitaria y las “prestaciones farmaceúticas y complementarias” que recibe la gente presa sean mucho peores que las de la población en general, alcanzando la sanidad carcelaria en muchos aspectos, los rasgos de una verdadera catástrofe.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) lleva muchos años denunciando la situación catastrófica de la sanidad penitenciaria y la brutal e ilegal diferencia entre la atención médico-sanitaria que puede recibir una persona presa y la que está la alcance de la población en general, con todas las insuficiencias que pueda haber en ella. En octubre de 2016, publicaron, por ejemplo, el informe «Sanidad en prisión. La salud robada entre cuatro muros», muy útil todavía hoy para empezar a hacerse cargo de cómo están las cosas. Y hace poco nos ha llegado un mensaje suyo en el que llaman a adherirse a la campaña #SanidadEnPrisión, en la que se pide que se realice ya la transferencia de la sanidad penitenciara a todas las comunidades autónomas, tal y como se establecía en la Disposición Adicional sexta de la citada Ley 16/03, de 28 de mayo, hace más de quince años.
Cuentan que, entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre de 2016, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) visitó diferentes centros penitenciarios del Estado español, publicando un año después un informe donde se describe la situación de la sanidad penitenciaria española. Y también, en mayo pasado, varias plataformas y asociaciones solicitaron una vez más la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a los Sistemas de Salud de las Comunidades Autónomas. Piensan que, por el reciente cambio de gobierno, puede ser un buen momento para reavivar esa campaña y continuar exigiendo la transferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas.
Envían un resumen del informe europeo y el decálogo de mínimos sobre la situación de la sanidad penitenciaria que podéis ver arriba. Se muestran conscientes de que esos textos no reflejan exactamente la realidad de lo que está sucediendo en las cárceles del Estado. “Nuestro propósito –dicen– es que ambos documentos sean criticados, debatidos y, en última instancia, enriquecidos con las aportaciones que hagáis desde cada colectivo.”