Informe de la CPDT sobre torturas y muertes en lugares de encierro del Estado español en 2017
Sobre la propuesta de la APDHA frente a la catástrofe de la sanidad penitenciaria
Desde el Colectivo Locomún nos invitan a conocer la campaña #0contenciones, la cual, en principio, se refiere solamente a la violencia que se utiliza contra las personas ingresadas como «pacientes» en «unidades de psiquiatría», atándolas, por ejemplo, con correas a la cama. Apoyamos la campaña, de acuerdo con quienes la hacen en que una propuesta así no es más que un momento puntual de una lucha que debe ser permanente. Y también nos parece que debe ampliarse, por ejemplo, a las camas de «sujección mecánica» y otros «medios coercitivos» que se utilizan tanto en las cárceles corrientes como en los «centros de menores» o en los de «internamiento de extranjeros», o a la violencia de todo tipo que usan impunemente todas las variadas policías, en las comisarías y en las calles.
La contención mecánica es una práctica común en las unidades de psiquiatría del Estado español y otros países que consiste en atar a una persona a la cama con correas, sujetándola de la cintura, muñecas y tobillos con el objetivo de impedir que se mueva libremente. La persona puede permanecer atada durante horas o incluso días, dependiendo de la decisión del personal sanitario que esté al cargo. La contención en el Estado español se suele practicar de forma opaca y no controlada (no es posible acceder a registros donde se explique quién es atado, por quién, por qué, durante cuánto tiempo ni cómo). A su vez, nos encontramos en una situación en la que en el caso de que haya secuelas graves o mortales, reina la impunidad.
Nos hacemos eco de un sinfín de denuncias que se han ido acumulando en estos últimos tiempos por parte de personas que han sido atadas, de profesionales que reclaman el fin de esta práctica, de colectivos activistas y otros muchos proyectos (asociaciones de personas diagnosticadas, webs, programas de radio, publicaciones, etc.), con el objetivo de contribuir a que la sociedad civil sea consciente de esta cruda realidad. No podemos permitir que una práctica tan cruel e inhumana, que tanto daño genera, siga siendo “normal” en los dispositivos de atención de salud mental. Para ello debemos conseguir que nuestros familiares, vecinas, compañeros de trabajo, etc. sepan que existe. Que sean conscientes de que no se trata de un hecho aislado, sino de algo sistemático.
Buscamos exponer claramente la contradicción que supone atar a alguien en un espacio donde debería ser acompañado en su sufrimiento y recibir cuidados. La Organización Mundial de Salud es taxativa al respecto: privar a las personas de su capacidad de movimiento empeora su salud mental y pone trabas a su recuperación. La continua apelación a los recortes económicos, la falta de recursos y la ausencia de formación para gestionar determinadas situaciones no son excusas válidas cuando hablamos del respeto a la dignidad de las personas, cuando hablamos de su salud.
Aunque entendemos que los profesionales dejarían de llevar a cabo esta práctica si realmente quisiesen dejar de hacerlo (mediante su propia organización como colectivo, fomentando la objeción y exigiendo alternativas), reclamamos normativas que prohíban su uso con un carácter permanente. Estamos hablando simple y llanamente de derechos humanos, y por tanto deben ser respetados de manera plena e innegociable. Exigimos también que los casos en los que se producen daños de cualquier índole causados por esta práctica no queden impunes.
Ojalá estuviese en nuestras manos el parar las contenciones mecánicas, pero no es así y por ello queremos remarcar que esta no es nuestra campaña, sino la de todxs. Consideramos que la presión por parte de la sociedad civil, de los colectivos (profesionales y de personas psiquiatrizadas) y de los medios de comunicación es fundamental para conseguir que esta práctica se convierta en algo del pasado. Por ello, nuestra idea no es realizar la campaña por nuestra cuenta, sino compartirla con todas aquellas personas y colectivos interesados. En este sentido, todos los materiales se pueden descargar libremente, son tan vuestros como nuestros. Os invitamos a replicar, modificar o adaptarlos según vuestras necesidades y difundirlos para alcanzar al mayor número de gente y de espacios posibles de todos los modos que se os ocurra. Como colectivo, no tenemos ningún interés en otra cosa que no sea contribuir a la lucha por el fin de las contenciones en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades (que como todas, son limitadas).
Algunas cosas que puedes hacer para contribuir son:
- Diseñar nuevos materiales.
- Impulsar y organizar acciones en distintos espacios.
- Enviar testimonios personales sobre el tema —por escrito o en archivos de audio o vídeo, según os resulte más fácil— que queráis que sean difundidos como parte de la campaña.
- Escribir textos, compartir datos concretos, denunciar situaciones.
- Ayudar a hacer accesibles los materiales para personas con diversidades funcionales sensoriales o psíquicas subtitulando vídeos, transcribiendo audios, adaptando textos escritos al modelo de “lectura fácil”, etc.
- Traducir los materiales de la campaña a otros idiomas.
Sigue buscando más información sobre este tema, léela y difunde con el hashtag o etiqueta #0contenciones para que sea fácilmente localizable.
La web de la campaña: 0contenciones.org
Nuestro correo electrónico: colectivolocomun@gmail.com
Más información sobre este asunto en https://primeravocal.org/

A finales de julio, hizo su aparición, en la comarca catalana del Camp de Tarragona, un nuevo grupo anticarcelario llamado La Corda, empezando a hacer funcionar su blog, que podéis encontrar en esta dirección de internet: https://lacorda.noblogs.org/. Piensan dedicarse a apoyar las luchas de autodefensa de las personas presas y a denunciar todas las situaciones injustas, inhumanas, crueles y degradantes que sufren, especialmente las que están encerradas en la cárcel de Mas Enric, en Tarragona. Iniciaron el blog con una detallada descripción de ese centro de exterminio y un resumen de lo que allí sucede. A continuación, una traducción al castellano del texto catalán original.
El centro penitenciario de Mas d’Enric tiene una capacidad para unas 1.200 personas, y actualmente hay unas 700. Las personas presas están repartidas en diferentes módulos, según criterios como el tipo de delito del que se les acusa. Preventivos (módulo 1), Toxicomanías (módulos 2 y 3), Personas que ya salen de permiso (módulo 4), Condenas cortas (módulo 5), Delitos violentos (módulo 6), delitos sexuales y bandas criminales (módulo 7), Mujeres (módulo 8), Jóvenes de entre 18 y 25 años (módulo 9), DERT (módulo 10), Enfermería (módulo 11), Enfermería vulnerables (módulo 12) e Ingresos.
Se trata de una prisión muy nueva, inaugurada a finales de diciembre de 2015, y denominada como «una de las cárceles más modernas de Europa». Está dividida en espacios comunes (donde se encuentran las personas de los diferentes módulos) y espacios específicos (ubicados dentro de cada módulo). Dentro de los diferentes módulos hay unas pequeñas bibliotecas, y una biblioteca más grande en un espacio común, donde también está la escuela. En la biblioteca general hay contratada una persona de la calle con estudios de bibliotecario/a, la cual tiene uno o dos ayudantes, que son personas presas. La escuela sería similar a una escuela de adultos, donde diferentes maestros imparten estudios básicos, ESO, catalán y castellano. También están las actividades de artes escénicas, de guitarra y de radio. Y las actividades deportivas, repartidas entre el gimnasio, la pista y la piscina. Estas actividades las dirigen tres monitores que han hecho INEF.
La piscina de la prisión de Tarragona ha sido uno de los elementos de más polémica en torno a los supuestos «lujos» de los que disfrutan las personas presas. Decir que esta piscina está cerrada la mayoría del año, ya que sólo abre de junio a octubre. Además, el acceso a la misma no es libre, sino que cada día le toca a las personas de uno o dos módulos determinados, y en horarios concretos. Lo que hace que si en esas horas una persona está trabajando en los talleres o tiene cita con el educador, por ejemplo, ya pierde el día de piscina. Si, con todos estos filtros, aún hay una cantidad personas que puedan acceder acceder a la piscina por encima de la capacidad de esta, es el monitor el que elige, en función del comportamiento y la «clasificación» de las personas presas. Esto hace que, en la práctica, haya personas que nunca o casi nunca puedan acceder a la piscina, o que solo puedan hacerlo contados días en todo el verano.
Los presos y presas son clasificados en función de su comportamiento y de que cumplan o no lo que se les pide en los programas de «reinserción». Esta clasificación se realiza mediante letras: A, B, C, D y E. Siendo la A la mejor clasificación (no tienes partes ni amonestaciones, sigues el tratamiento, vas a la escuela, trabajas …) y la D la peor. Esta clasificación es un chantaje más, ya que a partir de esta se te otorgan o se te quitan unos «privilegios», como el acceso a la piscina o la posibilidad de tener dos vis a vis al mes, en vez de uno.
Como en la mayoría de cárceles, hay personas en primer grado (aislamiento), segundo grado (régimen «normal», la mayoría de las personas que están en prisión) y el tercer grado (la gente que ya hace salidas a la exterior). Dentro de este, encontramos el tercer grado medio, que serían aquellos que están toda la semana en la cárcel y salen el fin de semana, o el tercer grado completo, que serían las personas que hacen vida fuera y van a dormir a la prisión. Estos últimos se encuentran en la antigua prisión de Tarragona (Avenida República Argentina).
En la prisión de Mas d’Enric, hombres y mujeres están separados en cuanto al módulo (incluyendo patio y cocina), pero sí que tienen acceso a las mismas actividades y talleres, por lo que hay ciertos espacios donde hombres y mujeres coinciden. La principal desigualdad que tienen es que los hombres están divididos según el delito y sus particularidades. En cambio las mujeres están todas juntas, en un módulo. Esto conlleva menos personalización y más conflictos e incomodidades en el día a día, ya que estarán juntas las que hayan cometido un delito de sangre, con aquellas con muchos problemas de drogas o la que entra por primera vez por un hurto.
Como en todas las cárceles catalanas, el negocio de los talleres, los productos y los servicios se hace a través del CIRE. El CIRE funciona como una supuesta empresa pública, pero formada por muchas empresas privadas, que son las que gestionan desde los talleres, hasta los productos del economato o la comida. El CIRE es una mafia que genera muchos beneficios a costa de explotar a lpersonas presas. En el caso de los talleres, las personas presas no tienen ningún tipo de derecho (ni a hacer huelga, ni a sindicarse…), si no pueden ir a trabajar porque tienen una entrevista con el psicólogo -para poner un ejemplo- ese día no lo cobran. El salario es bajísimo: 100 o 200 euros al mes. Y los economatos, que es donde la mayor parte de los presos y presas gastan una buena parte de su sueldo, también son del CIRE, por lo tanto es un negocio redondo. Decir además, que los precios de los productos del economato son entre una y dos veces más caros que en la calle. La comida la hacen los mismos presos (es uno de los trabajos de dentro de la prisión) con productos e ingredientes del CIRE. La calidad de los alimentos es pésima (la más barata del mercado y con restos que nadie quiere o que en la calle ya no se podrían vender), y el menú muy poco variado y saludable.
Cada centro de exterminio tiene características diferentes, pero el fondo y el fin son comunes. Las cárceles, todas ellas, son centros que buscan anular a las personas, someterlas y desposeerlas. Convertirlas en mercancía sumisa. Degradarlas mediante la jerarquía, la dominación y el autoritarismo. Por eso es por lo que hemos decidido intentar sacar adelante este grupo anticarcelario.
Hablamos de la situación catastrófica de la sanidad en las cárceles españolas y de diferentes intentos de hacerle frente desde la sociedad que se están produciendo ahora mismo. Hablamos con la madre de Francisco Chamorro y del estado de la lucha que lleva a cabo con gran coraje por la excarcelación de su hijo, enfermo de cáncer. Una compañera de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria nos habla de una jornada de fiesta y reflexión sobre autodefensa solidaria que se celebra hoy mismo en un centro social de Móstoles (Madrid). Nos hacemos eco de la huelga de hambre de un compañero preso en lucha en la cárcel de Puerto I para protestar por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que allí se infiere allí a las personas presas.
Sabemos que la situación médico-sanitaria en las cárceles españolas, no ha hecho más que empeorar desde tiempo inmemorial y, especialmente, desde 2003, cuando fue promulgada la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En la reforma del Reglamento Penitenciario de 1996, se estableció un «modelo sanitario mixto», en el que la atención primaria corría a cargo de la administración penitenciaria “con medios propios o concertados”, pero quedaba casi siempre encomendada al cuerpo de médicos carceleros. Con eso, la “relación penitenciaria de sujección especial” iba a continuar interfiriendo en la relación terapeútica, pues la mayoría de esos «médicos», además de mostrarse autoritarios, desconfiados y negligentes, defienden con repugnante corporativismo los intereses de la institución carcelera. Haciendo, por ejemplo, la vista gorda ante las torturas y malos tratos y falseando los partes de lesiones correspondientes.
De la atención especializada debía encargarse el Servicio Nacional de Salud, “formalizándose entre ambas administraciones convenios de colaboración”. Dicha «ley de cohesión y calidad» de 2003 fijaba un plazo de 18 meses para la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema nacional a través de su transferencia a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, desde entonces, sólo Cataluña y el País Vasco han asumido esas competencias. El abandono por parte de las diferentes administraciones y la descoordinación entre ellas han tenido como consecuencia que, contra lo que dice la ley, la atención médico-sanitaria y las “prestaciones farmaceúticas y complementarias” que recibe la gente presa sean mucho peores que las de la población en general, alcanzando la sanidad carcelaria en muchos aspectos, los rasgos de una verdadera catástrofe.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) lleva muchos años denunciando la situación catastrófica de la sanidad penitenciaria y la brutal e ilegal diferencia entre la atención médico-sanitaria que puede recibir una persona presa y la que está la alcance de la población en general, con todas las insuficiencias que pueda haber en ella. En octubre de 2016, publicaron, por ejemplo, el informe «Sanidad en prisión. La salud robada entre cuatro muros», muy útil todavía hoy para empezar a hacerse cargo de cómo están las cosas. Y hace poco nos ha llegado un mensaje suyo en el que llaman a adherirse a la campaña #SanidadEnPrisión, en la que se pide que se realice ya la transferencia de la sanidad penitenciara a todas las comunidades autónomas, tal y como se establecía en la Disposición Adicional sexta de la citada Ley 16/03, de 28 de mayo, hace más de quince años.
Cuentan que, entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre de 2016, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) visitó diferentes centros penitenciarios del Estado español, publicando un año después un informe donde se describe la situación de la sanidad penitenciaria española. Y también, en mayo pasado, varias plataformas y asociaciones solicitaron una vez más la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a los Sistemas de Salud de las Comunidades Autónomas. Piensan que, por el reciente cambio de gobierno, puede ser un buen momento para reavivar esa campaña y continuar exigiendo la transferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas.
Envían un resumen del informe europeo y el decálogo de mínimos sobre la situación de la sanidad penitenciaria que podéis ver arriba. Se muestran conscientes de que esos textos no reflejan exactamente la realidad de lo que está sucediendo en las cárceles del Estado. “Nuestro propósito –dicen– es que ambos documentos sean criticados, debatidos y, en última instancia, enriquecidos con las aportaciones que hagáis desde cada colectivo.”
Charla en video de Laura Delgado, abogada solidaria e investigadora del derecho penitenciario, sobre la indefensión jurídica que sufren las personas presas, pronunciada en las «Jornadas Penitenciarias: Resquebrajando muros de silencio», que tuvieron lugar en la universidad de Salamanca los días 18 y 19 de abril de este año.
Por decimocuarto año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha presentado su informe anual (de mayo de 2018, sobre lo sucedido en 2017) sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español. Picando en la siguiente imagen de la portada del informe podéis verlo y/o descargarlo.
En este nuevo informe se han mantenido los mismos criterios que en los informes anteriores con el objeto de facilitar una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en este Estado. En este trabajo se presentan las denuncias que entran dentro de la definición de la Convención de la ONU:
Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento”.
Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de la ONU el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987
En el informe de este año se recogen 224 situaciones en que se produjeron
agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 1.014 personas

Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Estas cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales. Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2017: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.

Emitimos una grabación de lo sucedido este mismo sábado en la puerta de la cárcel de Castellón I en la concentración convocada por su familia para exigir la excarcelación por enfermedad muy grave de Francisco Chamorro y de todas las personas presas enfermas en una situación parecida. Y otra de la manifestación del día 16 en Pamplona para protestar por las condenas contra los 8 de Altsasu y su ingreso definitivo en prisión.
El sábado, 23 de junio, tuvo lugar la concentración ante la cárcel de Castellón I convocada por su familia para exigir la excarcelación de Francisco Chamorro Giménez, preso en esa cárcel y enfermo de cáncer, por lo que debería ser excarcelado en aplicación de las leyes vigentes. De hecho, ya había sido clasificado en tercer grado, paso necesario para la libertad condicional, en la cárcel de Madrid VII, donde estaba hace unos meses. Pero al llegar a Castellón y habiendo mejorado algo su estado, después de recibir en un hospital de Madrid un tratamiento de quimioterapia, el juez de vigilancia penitenciaria le negó la libertad condicional, porque la gravedad de su estado no aseguraba que no pudiera volver a delinquir y porque su enfermedad no era todavía terminal. Esto último no lo menciona ni define la ley en ningún momento como condición para la excarcelación, sino la “enfermedad muy grave con padecimientos incurables”. Entonces, la junta de tratamiento de Castellón I decidió, inexplicablemente, retirarle el tercer grado. Si no fuera por eso, Francisco podría salir ya en libertad condicional, pues ha cumplido las tres cuartas partes de la condena de 20 años que padece, habiendo pasado 16 años preso. Esa liberación sería indispensable, si se aplican los criterios de humanidad que teóricamente animan la ley, ya que Francisco, no está recibiendo el tratamiento adecuado a su estado de salud, ya que ni siquiera se le está sacando a visita con el especialista del hospital, ni se le proporciona la alimentación adecuada. Se puede decir que se está haciendo lo necesario para que su enfermedad avance rápidamente y muera pronto. Quizá entonces, cuando ya estuviera asegurada su muerte a corto plazo, se le excarcelaría, según la macabra política que ha seguido hasta ahora la SGIP en casos parecidos. De momento, no sólo no se está cuidando de su salud y de su vida, como exige la ley, sino que se le está privando de su dignidad humana. Varias autoridades carceleras de Castellón I han llegado a amenazarle, exigiéndole que cese la ejemplar actividad reivindicativa que está desplegando su familia para conseguir su excarcelación, o que solo saldrá de allí “con los pies por delante”. Él mismo nos lo cuenta en las dos cartas que insertamos a continuación. En la última edición de Tokata Y Fuga se puede escuchar una grabación del ambiente de la concentración y aquí arriba se pueden ver algunas fotos. Asistieron unas cuarenta personas, entre familiares de Francisco, vecinos y vecinas suyas y gente solidaria de Valencia y Castellón. Se mostraron pancartas, se repartieron panfletos entre la gente que entraba y salía de comunicar y se habló y se gritó durante varias horas -de 1.00 a 14:00- proclamando la injusta e inhumana situación que hacen soportar a Francisco y a su familia y exigiendo el remedio: su excarcelación inmediata. Ni la familia ni quienes la apoyan piensan parar hasta conseguir la liberación de Francisco.
Castellón, 6 de junio de 2018
Un saludo cordial y gracias por parte de los internos que nos encontramos en la enfermaría de la prisión de Castellón I.
Soy Francisco Chamorro y os estoy muy agradecido por vuestro interés en mi situación y el ánimo que nos estáis dando que nos hace mucha falta. Sólo de pensar que sigue habiendo humanidad en la sociedad que vivimos. Radio Tokata y todos los que hacen posible que se oigan las voces de las personas más desamparadas y aisladas de la sociedad, que somos los enfermos que nos encontramos en las enfermerías de las prisiones. Perdón por mi letra, pero estoy perdiendo mucha fuerza en los dedos, en las piernas y en general. Esto es un calvario continuo, quiero resumir todo lo que nos está pasando, en especial a mi madre, Rosa, y a mí, Francisco, que estoy perdido, no me responde mi cuerpo y psicológicamente, si quieres que sea sincero, muchas veces me pongo a llorar sin saber que lo estoy haciendo. Estoy en el punto en que la locura se apodera de mí. No puedo casi comer, me arrastro con una muleta. Por favor, que me dejen tranquilo.
Desde el 19 de enero que ingresé en esta prisión, en la enfermería, estoy sufriendo con las dudas de si alguna vez se acabará todo esto. El trato es brutal, no tengo fuerzas para seguir. Desde que mi madre y otras muchas personas se manifestaron en el juzgado, solo recibo amenazas por parte del educador y el trabajador social, mandados por la subdirectora de tratamiento. Hoy se me han presentado estos dos señores por quinta vez diciéndome que pare a mi madre, que ya puede hacer lo que quiera que me como la condicional con papas, y que haga un escrito a la subdirectora pidiéndole disculpas. Y que el día que tiene prevista la manifestación que la aborde en la puerta de la prisión, que le impida seguir dando por culo. Esas han sido sus palabras, que las consecuencias las voy a pagar yo, que ya las estoy pagando. No me hacen caso ni los médicos; cuando con estos malditos dolores bajo a pedir ayuda, o no está el médico o se niega a atenderme sin palabras. Pues, chico, Paracetamol o Nolotil pinchado, tengo las nalgas llenas de bultos de tanto pinchazo. Hoy, harto de tantas mentiras y a causa de lo que me está pasando con el educador y el trabajador social, le he preguntado al subdirector médico qué pasa con lo que pidieron los médicos del hospital en febrero, que se me enviase a casa, ya que en la prisión no llevo el tratamiento correspondiente. Su contestación es que él ya había hecho ese mismo informe, porque hablaron con otra doctora y lo entregaron el 24 de febrero a la subdirectora. ¡Pero, por los clavos de Cristo! ¿Qué quiere esta señora? ¿Qué tiene contra mí? ¿Quién está mintiendo? Solo quiero recuperarme, aunque sea como lo estoy haciendo. Quiero vivir y que no me atormenten tanto, porque me están haciendo mucho daño, ya que los presos no tenemos la misma atención médica que el que está en la calle.
El mes pasado, mayo, día 8, tenía que salir al hospital, a una gastroscopia y lo suspendieron para un mes más tarde. Hoy, 9 de junio, tengo la salida a las 9:30. Me han dicho que esté preparado, son casi las 2 de la tarde y sigo esperando en ayunas. Por favor, que se acabe todo esto ya. La gastroscopia es importante, porque, desde que caí enfermo, en abril de 2017, el médico me decía que era normal que vomitara tanto, que era del hígado. Se jubila en julio como subdirector médico. Y a mediados de abril la doctora Rosa me saca al hospital general y dicen que estoy muy bien. Me llevan de conducción vomitando sangre negra. Era un vómito que olía muy mal; no era sangre todo, sino mezclada con líquidos del estómago. En Picassent, el médico dice que los que pasan en tránsito solo se nos da la medicación ya prescrita. Le conté lo que me estaba pasando y me dijo que me esperase a llegar a Estremera. En Villena, con todo el dolor que tenía, cuando vino la ATS, no me dejó ni hablar, que no era su problema. De hecho, por una rejilla de la puerta, me tiró la medicación y se fue: Almax y paracetamol de 1000 mg. Al otro día, al salir de la celda, me desmayé, me metieron en una habitación y, cuando desperté, estaba dentro del autobús y me dolía mucho la cara. Cuatro días después, llego a Navalcarnero y un preso me dijo. “¿Cómo estás? Porque no veas los guantazos que te daban en Villena los funcionarios. No recordaba nada, pero, cuando me vi en el espejo, tenía la cara llena de golpes. Pero los funcionarios de Valdemoro ni me hicieron caso y me sacaron a enfermería. El médico no me preguntó por qué tenía la cara toda llena de moratones, pero sí me preguntó por qué me quejaba tanto y le conté lo que me estaba pasando. Me hizo una ecografía y me dijo: “Tienes algo en el estómago, tendrás que aguantar hasta llegar a Estremera.
En mayo, día 8, ingreso en el módulo 1. La médica, en este caso, pasaba consulta cada 15 o 20 días, pero esta señora me decía que no siguiese contando cuentos. Todo el mes de mayo, me sacaban a urgencias de la enfermería de la prisión y siempre lo mismo. El 22 de junio, ya empecé a vomitar mucha sangre y a perder el conocimiento, y esta doctora, que está denunciada, me dice: “Te voy a sacar al hospital, pero, como no tengas nada, ya hablaremos tú y yo”. Me hicieron analíticas y más placas y me diagnosticaron cólico de vesícula. Otra vez al furgón, como un perro, y para la cárcel. Yo confiaba en los médicos. Fueron tres veces las que me sacaron a urgencias del Gregorio Marañón, hasta la última, que una doctora me dijo: “te voy a hacer una gastroscopia”. Y la dieron para el 12 de septiembre, esto a finales de junio, y ese mismo día, estando en el módulo de la UTE tres meses, otra vez me desmayé y todos los compañeros se pusieron en pie de guerra, reclamando que, por una vez, me viese un médico, no un matasanos. Y, por fin, metido en un furgón, esposado y vomitando, una hora de viaje, que me creí que me moría por el camino. Me ingresan y el médico Víctor, internista y el cirujano me dicen lo que tengo: cáncer de estómago, el 13 de septiembre, y que pintaba mal, en diez días me tenían que operar y quitarme todo el estómago, lo demás ya lo pone en los informes. Ahora, todo lo que me pasa en este hospital: dos infecciones de sangre, me atraviesan los pulmones por varios sitios, de estar pesando 84 kilos, voy bajando progresivamente de abril a septiembre de 2017, hasta los 46 kilos.
Hoy, 8 de junio, después de suspenderme en mayo la gastroscopia, me dice un ATS que no me han sacado porque no había policía para el traslado, pero a otro compañero sí lo han sacado con la policía al mismo hospital. Un funcionario me dice que por parte del médico de la prisión sí estaba preparada la salida, pero de arriba no habían firmado mi traslado al hospital. Pero, por favor, que están acabando conmigo. ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Me corto el cuello y me mato o esperan a que me vuelva loco? No sé ni lo que hacer ya. El educador y el trabajador social incordiando con que haga el escrito de disculpas a al subdirectora. La psicóloga no se ha dignado en estos seis meses a atender mis instancias. El jurista lo mismo. No quiero hacer sufrir más a mi madre, porque ella ya ha sufrido bastante con las palizas que le daba mi padre fallecido. Le pegaba con palos, puñetazos, patadas… hasta le abrió la cabeza con una piedra. Quería matarla, pero ella se escapó con mis dos hermanos a casa de mi abuela, en Vilareal. Yo me quedé, pero mi madre no paró hasta que la guardia civil vino con ella y con mi abuela y me llevaron con ellas. Mi madre ha sufrido mucho de verdad. El otro día, cuando la vi en la televisión, me emocioné, no se merece que la engañen de esta forma ni que no le den ninguna clase de información como están haciendo. Y lo que le dijo la subdirectora de tratamiento, delante del abogado: “ponte el teléfono fijo que en dos semanas tu hijo está contigo”. ¿Por qué nos hacen esto?
Castellón, 10 de junio de 2018
Buenos días, primero quiero decir en este día muchas gracias a la Asociación y a ti, por supuesto y a toda persona que ha escuchado a mi madre. Mi madre, que es la persona que más quiero. Por otra parte, han soltado a un compañero que estaba conmigo en esta enfermería de la cárcel de Castellón I y que está sufriendo lo insufrible, lo han soltado, pero cómo. Con metástasis por todo el cuerpo, cuando ya no se podía mover de su cama. Él mejor que nadie sabe todos los abusos que se están cometiendo en esta prisión. ¡Cuídate, amigo, y que Dios nos dé salud para vernos en la calle! Él bajaba al economato, se pegaba sus partiditas al dominó, pero fue decayendo hasta quedar postrado en la cama. Yo no quiero llegara a ese extremo, por eso prefiero arrastrarme con una muleta, aunque no siempre puedo y también me quedo en cama de los dolores y sin fuerzas. Me mantengo con los 20 euros que me ingresa mi madre, solo para poder comer un poco de jamón cocido y cereales, aunque es todo carísimo, pero, bueno, así me voy manteniendo.
Aunque no quería tocar el tema, te voy a hablar de mi esposa Manuela, que falleció en la prisión de Albolote, en Granada, el 26 de febrero de 2012, de un paro cardiaco. Te cuento lo más breve posible, porque no hay día que no recuerde a mi esposa. Tenemos cuatro hijos y nueve nietos que apenas conozco. El día 15 de febrero, estando trabajando en cocina, me llama la trabajadora social diciéndome que llamase a casa. Llamé a mi hijo Francisco y me dijo: “La Mama está en coma en el hospital”. Caí al suelo desvanecido, porque yo hablaba con Manuela dos veces al mes, por teléfono, lo permitido entonces. Solicité más información sobre su estado, pero no tenía contestación de nadie, estando en un módulo de máximo respeto. Pero nada, no sabía nada, nadie me decía nada. Susana, la trabajadora social, el educador D. José Espejo, que este tío ha sido el que más daño me ha hecho. ¡Cómo son en esta cárcel! Por fin, un funcionario me dejó ir a enfermería y hablé con Don Rafael. Él llamó a sus compañeros de la otra prisión y me dijo: “Siéntate, Francisco, tu esposa está muy mal, le han dado el tercer grado, está en coma, que te lleven lo antes posible”. Total, que llamé al funcionario y le expliqué que quería ver a mi esposa, que estaba muy mal. Fueron pasando los días y nadie me decía nada. No comía, no dormía, solo hacía que llorar y pidiendo por favor que me llevasen, que estaban mis hijos en el hospital y no dejaban de llamar aquí para que me llevaran para Granada.
Ya, por fin, se presenta Dª Celia, el día 20 o 21 de febrero, diciéndome estas palabras: “¿Qué te pasa? ¿Por qué das tanto por culo?”. “¿Qué no lo sabe? Que Manuela está muy mal”. “Bueno, ¿qué quieres?”. “¿pero qué pregunta es esa? Me quiero ir al lado de mi esposa y mis hijos”. “Pues echa la baja de cocina y del módulo”. Pero me lo dijo de malas formas. Y no queda todo ahí. Me sacan de conducción el día 26 de febrero, el mismo día que mi amor se me fue para siempre, de4s`pués de diez años en la cárcel. Hago noche en Picassent, paso por Murcia, campos del Río, donde también hago noche y, sobre las tres dela mañana, me llama un funcionario y me dice que me volvía a Castellón. Entré en cólera. Y al otro día, otra vez lo mismo, a Picassent y, al día siguiente, a Castellón I. allí, me cambian a otro autobús, a Tarragona. Cuando llego, un funcionario preguntó por mí y me dejó llamar. Llama a mi hijo Francisco y me dice: “Papa, a la mama la hemos enterrado hace cuatro días”. A día de hoy, no me creo que mi esposa Manuela está fallecida. No ha conocido ni a los nietos que tiene. Mis hijas, Tamara y Sheila, cayeron en depresión. La pequeña, Tamara, que hoy tiene 17 años, cuando hablo con ella por teléfono, me sigue preguntando por su madre inconscientemente. Dios mío, llevo 16 años en prisión. Todo está denunciado. Por lo de mis esposa estoy esperando respuestas. ¿Qué pasó realmente? Porque le entra un ataque a las 13:15 y la ingresan en el hospital a las 17:35. ¿Qué están encubriendo?
Bueno, hay mucho más, que me gustaría contaros en directo en vuestro programa de radio y a la asociación, si logro que la Señora Jueza de Vigilancia Penitenciaria me dé la oportunidad de seguir mi tratamiento en libertad, que me pertenece, con los controles que me exijan. No aguanto más toda esta presión a la que estoy sometido hace 16 años y algo más. Me comprometo ante toda España a ser referente para todas las personas de luchador y, sobre todo, que mi sitio cabe en la sociedad. Le mando unos documentos de todo lo que he trabajado en la prisión, cobrando y sin cobrar, cocina, mantenimiento, talleres… y cursos, por los que solo te dan hojas meritorias. Tengo méritos por buen comportamiento, pero a mí me han negado siempre mis beneficios penitenciarios. En estos momentos, estoy enfermo y no se me están haciendo los controles que se le tiene que hacer a una persona con cáncer de estómago, demostrado hace 9 meses. Y, para que no digan que soy una persona que ha pasado por la prisión dejando que pasen los años sin hacer nada, os permito a todo que veáis lo que Francisco Chamorro Giménez ha luchado por su libertad. Podéis ver los documentos que demuestran lo que vengo diciendo, desde mi diagnóstico de enfermo y que sea el Pueblo el que juzgue.
Gracias a todos.
Un abrazo a ti y a todos los que forman la asociación.
Francisco Chamorro Giménez
Más información en Tokata sobre la lucha por la excarcelación de Francisco