La Dirección de la Policía rechaza la Recomendación de la Defensora del Pueblo y defiende que sus funcionarios puedan ir encapuchados en la detención y toma de declaraciones a personas privadas de libertad.Tras una denuncia realizada por ALA (Asociación Libre de Abogados) a la Defensora del Pueblo, ésta remitió queja a la Policía recomendando que finalizasen las prácticas denunciadas por vulnerar tanto los derechos de las personas privadas de libertad como por atentar gravemente al derecho de defensa.
ALA y compañeros y compañeras de la Comisión Legal Sol denunciamos que en la Comisaría de Moratalaz (sede de la Brigada Provincial de Información, la encargada de movimientos sociales) diversos miembros de la Policía realizan interrogatorios a detenidos, encapuchados o con “bragas”, así como, interrumpían las declaraciones, trataban de abrir o dejar entreabierta la puerta durante la entrevista reservada con el abogado, y se realizaban otras prácticas intimidatorias.
Esta práctica de comparecer encapuchados ante personas privadas de libertad, carece de toda racionalidad y motivación y solo busca profundizar en el amedrentamiento de las personas detenidas e impedir el derecho a la defensa. No es admisible que quien te interrogue esté encapuchado, y que los policías que pasan por los alrededores estén encapuchados, más aún cuando falta a la verdad cualquier argumentación referida a una supuesta seguridad personal o integridad de los agentes actuantes, nunca puesta en riesgo, ni acreditada tal situación y cuya única finalidad es amedrentar a la persona privada de libertad.
En la respuesta que nos ha remitido el Defensor del Pueblo, la policía alega que los funcionarios que se encapuchaban lo hacían por “entre otras cuestiones” por la “seguridad de los funcionarios y la eficacia futura de determinados servicios policiales”. Dicen que “está en juego la salvaguardia de la vida de los funcionarios policiales” y que esta práctica no está “expresamente prohibido por la ley”, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que la práctica de aparecer encapuchados ante las personas privadas de libertad supone una práctica intimidatoria generando una sensación de inseguridad.
Igualmente, entendemos que se vulnera la obligación de exhibición de forma clara de su identificación personal, así como, se somete al interrogado a un menoscabo de su capacidad de decisión, conforme establece el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, de Naciones Unidas, Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.
Desde ALA queremos recordar a la Policía, sus funcionarios y los responsables políticos que la disidencia forma parte del ADN de una democracia. Sin disidencia no existe democracia y es función de la policía proteger los derechos fundamentales. Negamos, por ser un absurdo irracional e insostenible, que ningún policía tema por su seguridad personal o integridad física en la toma de declaraciones donde se denunció esa práctica que cada vez es más habitual y cuyo único fin es amedrentar a la persona detenida e impedir el ejercicio de sus derechos.
Estas prácticas solo tienen cabida desde la consideración como “enemigos” de las personas detenidas y esto repugna al estado social y de derecho. La policía tiene conferido el uso legítimo de la fuerza, pero para la salvaguardia de los derechos fundamentales, no para la represión y el escarmiento.
Es inadmisible que públicamente por la Delegada de Gobierno se manifestó que era una práctica del anterior Gobierno, o que no se iba a volver a repetir, llegando la Jefatura Superior de Policía, a sostener que se trataba de un “hecho puntual” y que, sin embargo, ahora parece quererse amparar, y permitir que se siga produciendo.
ALA continuará luchando por la dignidad de las personas detenidas y presas y contra el abuso que con ellas se cometa, y por eso exigimos que se prohíban de forma inmediata y expresa estas prácticas. ALA, igualmente, continuará denunciando estas prácticas y acudirá a las instancias oportunas que correspondan para acabar con éstas prácticas.
Que sorprende sobremanera que se defienda que los policías atiendan encapuchados en las Comisarías a los ciudadanos, porque no cabe alternativa, o se está en el respeto y defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, o se está en la defensa de la impunidad de los malos tratos y torturas, de los tratos degradantes y frente a los derechos democráticos, y resulta lamentable que, en el siglo XXI, se pretenda retrotraernos a defender la actuaciones de encapuchados frente a ciudadanos privados de libertad, recordemos que amparados por la presunción de inocencia, conjuntamente, con otros modelos que parecen inspirar a dicha DGP, como el de los Tribunales sin rostro peruanos de la década de los años ochenta, y cuyas actuaciones han sido anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por carecer de justificación alguna en un sistema de respeto de los valores democráticos.
Junta Directiva de la Asociación Libre de Abogados, Madrid, 10 de junio de 2013.
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