El que sigue es el texto integro de la ponencia de la moción presentada por Amaiur en el Congreso:
Hace pocos días muchas de sus señorías celebraban el aniversario de su Constitución, cuya letra supuso inicialmente un importante avance en el reconocimiento y defensa de los derechos individuales, que contrastaba con el nulo avance en el reconocimiento de los derechos colectivos de la ciudadanía que forma parte de los Pueblos o Naciones incluidas, en todo o en parte, dentro del Estado español. Esta última es la razón por la que otra parte de las personas que representamos en esta Cámara a la mayoría de la ciudadanía en nuestros respectivos Países, no nos sumamos a la celebración.
Ayer todos y todas celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Y es en este contexto –en el reconocimiento de los derechos individuales del texto constitucional y en la defensa de los derechos humanos- en el que nuestro grupo presenta esta moción consecuencia de la interpelación urgente sobre las previsiones de cambio del modelo de política penitenciaria.
A lo largo de los años esos derechos individuales recogidos en el texto constitucional se han ido devaluando, y ejemplos de esta desnaturalización de los derechos individuales y sociales podemos encontrar muchos. Mucho habría que hablar de todo esto en las tribunas institucionales y públicas, pero hoy queremos hablar de los derechos de un colectivo de personas que normalmente no cuentan ni para la sociedad, ni para las instituciones ni para el gobierno: me refiero a esas setenta mil PERSONAS -así con mayúscula- que están en prisión y a las que se les está privando del derecho que tienen recogido en el artículo 25 del texto constitucional español; aquel que dice que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social».
Prueba evidente de que no cuentan para el Gobierno es que el otro día el Ministro del Interior, cuando yo le plantee la cuestión solo se le ocurrió hablar de los presos de ETA (que son alrededor de 500) olvidándose del resto que llegan a unos 70.000.
Con esta moción queremos darles voz, traer la voz de esas setenta mil personas a la tribuna del Congreso exigiendo que se haga realidad su derecho constitucional a reintegrarse cuanto antes a la sociedad para poder aportar en positivo su contribución al bien común, exigiendo que se pongan los medios para hacerlo realidad, pues no son válidas las balbuceantes palabras del Ministro diciendo que tenemos el mejor sistema de Europa. Los datos lo desmienten.
El estado español está situado en los primeros puestos de cabeza de los estados de la Unión Europea en número de personas en prisión por cien mil habitantes; con una elevada reincidencia, pues dos de cada tres personas en prisión vuelven a cometer un delito cuando salen de la cárcel, el trece por ciento han estado en un centro de internamiento de menores, el ochenta por ciento de los que pisaron la celda con 20 años volverán a hacerlo cuatro veces más; también el ochenta por ciento de los reclusos han tenido o tienen problemas con el consumo de drogas y sólo el veinte por ciento recibe tratamiento.
Frente a esta realidad de las personas que están en prisión, tenemos un sistema penitenciario que no ha funcionado nunca y que lleva camino de colapsarse por la superpoblación, por el recorte de medios económicos, sanitarios, educativos y personales; un sistema penitenciario promotor de macro cárceles que se convierten en almacenes de personas, en sistemas de ocultación de una realidad incómoda para una sociedad acomodada; un sistema penitenciario inspirado más en el principio vindicativo que en el de la reinserción; un sistema penitenciario que cada vez está más lejos de la letra y el espíritu inicial del texto constitucional.
Y esto no lo dicen sólo los datos, o este portavoz que les habla. También lo dicen quienes mejor conocen el sistema penitenciario: los presos que lo sufren y quienes trabajan desinteresadamente por ellos -y que creo que para Ustedes no deben ser sospechosos de nada-: las gentes de la pastoral penitenciaria.
… «Si las cárceles estuviesen regidas por personas así, que diferente sería, casi puedo asegurar que no haría falta construir más cárceles, las reincidencias con personas así, que diferente sería casi puedo asegurar que no haría falta construir más cárceles, las reincidencia, con personas así serían difíciles que se produjeran, la desestructuración personal tampoco, las rupturas familiares tampoco, y las cadenas perpetuas tampoco, y así mismo puedo seguir enumerando un sinfín de cosas que podían evitar, que las cárceles sean cementerios de personas vivas, quebradas y sin ilusión sin esperanza»… (Preso social de larga condena)
… «Siempre hablan de cárceles nuevas; pero se refieren a cárceles masificadas, macro-cárceles, inhumanas, frías y desprovistas de una verdadera intención de remisión; sólo más cemento y más castigo, sólo más aislamiento, no sea que se contagie algún adinerado o padre de la patria en uso de poder. Tenemos que empezar a saber hablar, para amortiguar este problema tan sangrante, de otra cosa, de otra forma, nunca de «.
… «Continuamente vemos casos de infracciones a la ley por importe de miles de millones; oímos casos de pisoteo de los derechos humanos con causa suficiente como para retirar de la circulación por muchos años a los responsables… Y nos preguntamos ¿por qué aquí sólo entramos nosotros?»…
… «Aquí sólo entramos drogatas, ladrones de poca monta, homicidas por reyertas, gente sin padrinos. Veo a chavales fabulosos que lo único que han conocido ha sido la calle, malos tratos, abandono de familia, injusticias, hambre y necesidades sin cuento. Han aprendido a coger lo que necesitan desde que tenían los dientes de leche. Consecuencias: primero el reformatorio, después, la cárcel y después, ¿qué?»… (Preso Social escribe en boletín)
Esta es la realidad de un sistema penitenciario que no cumple con su objetivo democrático, un sistema penitenciario sustentado en el aspecto punitivo, vindicativo de la pena y que da la espalda al objeto de la reeducación y reinserción social. Una muestra clara de que prima el castigo, la represión, sobre la garantía de derechos –aparte de sistemas como el FIES o la dispersión- es que el sistema penitenciario está adscrito al Ministerio de Interior en vez de estarlo al de Justicia.
Hace falta una revisión a fondo, como se hizo en su día en el Estado francés, y para eso es preciso conocer con detalle la situación del sistema penitenciario, oír todas las voces, escandalizarse de la situación, avergonzarse de que el sistema democrático, como garante de derechos fundamentales, no haya llegado a las prisiones.
Esta es la razón por la que instamos al gobierno a elaborar un Libro Blanco del Sistema Penitenciario del Estado Español, con la participación de todas las Administraciones implicadas, los colectivos sociales y asociaciones o entidades de apoyo a las personas que están en prisión.
De todas formas, también les adelanto que visto su interés, no confío en que sientan siquiera la necesidad de mejorar el sistema penitenciario, en que se atrevan a romper la inercia que mantiene estos «cementerios de personas vivas, quebradas y sin ilusión y esperanza». En su momento hubo quien pensó que el cumplimiento de una Ley –incumplida durante treinta tres años- que disponía la transferencia de la «Organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social» podría posibilitar ir hacia un sistema más conforme a la dignidad de la persona humana.
Vista la experiencia histórica y su indiferencia ante la situación de estas setenta mil PERSONAS –así con mayúscula- quienes formamos parte de AMAIUR nos reafirmamos más si cabe en la necesidad de ejercer la soberanía propia que nos permita en Euskal Herria disponer de un sistema penitenciario comprometido con la dignidad de las personas y que tenga vocación minimalista, porque esté diseñado a la atención personalizada de quienes estén bajo su amparo, con el objetivo de que cuanto antes se puedan reintegrar a la sociedad para contribuir al bien común de toda la ciudadanía.
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