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Si se hubiera cumplido la ley, ni siquiera tendría que haber entrado, pero le han tenido cuarenta y ocho días sin cuidados ni tratamiento, tirado en un patio, abandonado a su dolor, sin paliativos, sin alimentación adecuada, teniéndose que cambiar él mismo la bolsa de evacuación, sufriendo malos tratos y abusos.

Mientras las autoridades «competentes», carceleras, judiciales, gubernativas, en lugar de acelerar su excarcelación, urgente por su gravísimo estado y obligatoria según la ley, preocupados por su peligrosidad ─la de alguien a quien los médicos consideran un enfermo terminal y que no ha cometido nunca ningún delito violento─, en lugar de preocuparse por su dignidad y por sus derechos humanos, retrasaban su liberación todo lo que podían, aplicando unos mecanismos legales totalmente contradictorios con el humanitarismo ideológico de las leyes, pergeñados para neutralizar los aspectos garantistas de las mismas y potenciar los destructivos, al socaire del populismo punitivo y de la fascistización de los procedimientos de dominio pareja con el desarrollo capitalista desbocado.

«Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». O esto es lo que dice el artículo 15 de la constitución española de 1978, todavía supuestamente en vigor. Tampoco es que nos tomemos muy en serio esa «magna ley», democratizadora del régimen franquista, y menos ese artículo por el que también queda abolida la pena de muerte, aunque no del todo, ya que permite a los militares aplicarla en tiempo de guerra. Y eso es lo que pasa con toda la palabrería constitucional y legal, que es difícil poner en claro si está hecha en nuestro favor o contra nosotrxs.

Y, aunque analizando su desarrollo legal, así como la actividad interpretativa correspondiente de la autoridad jucial y la práctica ejecutiva que van de la mano, cada vez nos convencemos más ─¡qué remedio!─ de que está hecha contra nosotrxs, cuando la dureza de la vida bajo el dominio del Capital nos agobia y no parece quedar otro recurso, a todxs se nos ocurre invocar esos derechos “concedidos” por el Estado. Sobre todo, cuando lo que te acorrala es el sistema punitivo y no puede menos que venirte la idea de que, si te castigan por desobedecer la ley, quienes deciden o ejecutan el castigo no pueden, en buena lógica, desobedecer esa misma ley que se supone están defendiendo.

Pero veamos cómo desarrolla el código penal ese principio que, al mismo tiempo que conserva la pena de muerte, prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes, para el caso de «enfermos muy graves con padecimientos incurables» que se encuentren en manos del Estado condenados a pena de cárcel, ya que la ley orgánica penitenciaria no dice nada al respecto, olvidando en una situación tan sensible la supuesta humanidad exigida por ella misma, en cumplimiento de la ley suprema.

El artículo 91 del código punitivo dicta que, en un caso así, los penados muy gravemente enfermos con padecimientos incurables, sin necesidad de haber cumplido una porción determinada de ella, “podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional”. Y que , entonces, la administración penitenciaria «elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, al juez de vigilancia penitenciaria». Pero, atención a la claúsula de seguridad, porque, igual que unx tiene derecho a la vida salvo que el Estado decida, según su lógica violenta, que no lo tiene, también nos es «concedido» el derecho a ser tratados humana y dignamente, a no ser que la autoridad judicial decida, basándose en informes policiales y carcelarios, que unx no se encuentra suficientemente destrozadx para que su capacidad para delinquir y su peligrosidad hayan quedado considerablente mermadas.

Y el artículo 91 CP continúa: «Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el apartado anterior». Reiterando, para que nadie lo olvide, el conjuro asegurador.

No requiere muchos comentarios esta lógica de la dignidad humana supeditada, incluso en los casos más extremos, al rígido formalismo de la violencia llamada «legítima» y del sometimiento frente a ella. El sentido común ya comprende que toda esa palabrería y los «razonamientos» compuestos a su sombra serían absurdos o grotescos, si no se revelaran al primer vistazo como lo que son, el producto de la petulancia prepotente de un poder arbitrario y abusivo.

Y en manos de esa prepotencia que cumple siempre sus amenazas y rara vez sus promesas de autolimitación «humanitaria» ha estado Alberto Romero Varela esos cuarenta y ocho días, preso en la horrible cárcel de Teixeiro, donde reinan la arbitariedad y el abuso. El último día en total ilegalidad, porque la dirección de la cárcel, cuya inhumana negligencia ha retrasado innecesariamente todos y cada uno de los trámites necesarios para su excarcelación, decidió retenerle por una estúpida duda en la interpretación del auto judicial, haciendo volver a casa a su compañera que ya estaba esperándole en la puerta, después de un largo viaje, para volverla a llamar al día siguiente, notificándole que tenía que viajar de nuevo para recoger a Alberto.

¡Abajo las cárceles! ¡Muerte al Capital y al Estado! ¡Ahí dentro queda mucha gente sufriendo la degradación, el abandono, la inhumanidad y la crueldad de la máquina punitiva española! Nuestra única fuerza es la solidaridad. Las redes de la misma son demasiado débiles, como comprobamos cada vez que tenemos que movernos y vemos que apenas llegan para hacer un poco de compañía a las víctimas en su sufrimiento y ansiedad, ejerciendo muy poca presión efectiva para obligar al estado a aflojar su presa sobre ellas. ¡Es necesario fortalecer esas redes! Y no hablamos de las «redes sociales» o de la «sociedad civil»: ¡Sólo el pueblo salva al pueblo! ¡Solidaridad, apoyo mutuo, acción directa, de eso estamos hablando! ¿Es que se han quedado para siempre en meros fetiches ideológicos?

Cárcel=Tortura La cárcel mata Sociedad-cárcel

Mohamed Achraf cumplió una dura condena (en cuanto a condiciones y duración) en octubre de 2018. Sigue en prisión desde entonces pues una nueva operación policial, “Operación Escribano”, contra una supuesta red de radicalización con fines de captación, le mantiene encerrado en régimen preventivo. Todo carece de fundamento pues esta operación se nutre del testimonio de confidentes. Mohamed Achraf tiene todas las comunicaciones intervenidas, incluso con su abogado. Por tanto, si hubiera desarrollado algún tipo de relación con otras personas, esta relación sólo se habría podido producir con la connivencia de la dirección y el personal penitenciario. Su abogado sostiene este último argumento para reclamar la libertad de Mohamed. Por otra parte, resulta sorprendente –si verdaderamente creen que existe tal red y tal sospecha sobre su capacidad reclutadora– que le hayan trasladado de cárcel en más de una decena de ocasiones. Ningún informe policial respecto a estas acusaciones había sido presentado hasta hace bien poco a las autoridades judiciales aunque interesadamente se iban filtrando informaciones a la prensa que se han incluido en dicho informe.

El juicio se celebra en la Audiencia Nacional esta semana entre el 4 y el 9 de julio.

Mohamed (Abderramane Tahiri es su verdadero nombre, aunque siga constando en las bases de datos policiales, judiciales y penitenciarias con su alias) es un preso que se ha dignificado en la lucha y la resistencia a la cárcel. Ha participado en luchas y huelgas de hambre, con carácter rotativo, por la salud de las personas encerradas y por una propuesta de reivindicación colectiva de 14 puntos. Se ha mostrado solidario con la situación de otras personas presas, haciendo una petición de solidaridad hacia estas personas. Esperamos que el juicio no sea una representación simbólica, una teatralidad donde la decisión está tomada de antemano, y que Mohamed pueda obtener la libertad que lleva anhelando tanto tiempo(hasta se le negó la sustitución del resto de condena por la expulsión cuando a otros presos en situación y condenas similares se les había aplicado).

Más información sobre Mohamed Acharf en Tokata

Política criminal Sociedad-cárcel

Jean-Marc Rouillan, fue miembro en los años 70 primero del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación) [1], después de los GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internaconalista) [2] y más tarde de otros grupos autónomos. Estuvo preso en total más de 28 años, los últimos veinticinco por acciones realizadas como miembro de Action Directe, organización que hizo su aparición reivindicando el ametrallamiento de la sede central de la patronal francesa el 1 de mayo de 1979 y que se había formado al decidir algunos individuos y grupos autónomos participantes en las luchas del proletariado salvaje durante la década anterior coordinarse bajo unas siglas permanentes en una estrategia común a largo plazo. Mediante acciones armadas simbólicas, intentaron enfrentarse a la reestructuración capitalista que se iniciaba entonces, señalar sus puntos neurálgicos, poner de manifiesto sus principales líneas de fuerza, atacando, por ejemplo, en momentos clave, las sedes patronales, los ministerios de trabajo, comercio o sanidad, las oficinas de extranjería, del paro o de gestión urbanística, los bancos y empresas de armamento, inmobiliarias o de trabajo temporal, los bancos de datos informáticos, los comercios de artículos de lujo, las sedes del FMI o del Banco Mundial, de la UE, de INTERPOL o de la OTAN, atentando contra confidentes y policías, militares traficantes de armas, un dirigente empresarial responsable de miles de despidos…

En una primera etapa, actuaron casi siempre en estrecho contacto con luchas sociales concretas. A principios del 81, al iniciarse la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas a las que se presentaba una coalición de la izquierda liderada por François Mitterrrand, el número de presos de AD había crecido mucho. Durante la campaña y en la primera etapa de mandato de aquél, la gente de AD decidió abandonar temporalmente las acciones armadas limitándose a apoyar las luchas de los presos por su libertad, las cuales se resolvieron con una amnistía del gobierno. A partir de ahí, actuaron durante un tiempo a la luz del día, participando abiertamente en las luchas sociales. Incluso mantenían una sede pública en una casa ocupada del barrio de Barbès. Muchos de sus integrantes decidieron abandonar el proyecto por no considerarlo ya necesario en la nueva situación. Entre los que quisieron seguir hubo varias escisiones. Aunque se mantuvieron las siglas, la organización resultó bastante disminuida numéricamente. Cuando el Estado volvió a declararla ilegal, y a medida que se iban debilitando las luchas sociales, la línea de acción fue cambiando cada vez más en una dirección «antiimperialista», y de especialización en la lucha armada. Finalmente se aliaron con la RAF alemana y otras «organizaciones de guerrilla» de corte leninista y los atentados se dirigieron mayoritariamente contra el «complejo militar-industrial» occidental, aunque sin olvidar la denuncia de la reestructuración capitalista. La última acción fue la muerte del director general de la Renault, un especialista en «reestructuraciones de plantilla», responsable de unos 50.000 despidos, en noviembre del 86.

Jean-Marc tiene ahora 70 años y vive exclusivame de la pensión mínima de vejez.  Fue preso en febrero de 1987 por las acciones de AD y le condenaron a dos cadenas perpetuas, que estuvo cumpliendo en duras condiciones de encierro durante veinte años, hasta que en diciembre de 2007 le pusieron en régimen de semilibertad, una especie de tercer grado, sometido a condiciones como la de “abstenerse de cualquier intervención pública relativa a la infracción cometida”. Pero el Estado francés o sus poderes judicial y policial se han empeñado en ensañarse con él, intentando una y otra vez devolverle a lo más profundo de la cárcel. El 2 de octubre de 2008, le fue retirada la semilibertad por insinuar en una entrevista de prensa que no estaba arrepentido de sus acciones Durante el año 2009, estuvo ingresado en un hospital y se le diagnosticó una rara enfermedad autoinmune que no se podía tratar en prisión. Sus abogados solicitaron su libertad condicional y el juez antiterrorista encargado se pronunció a favor, el 16 de febrero de 2011, de ponerle en semilibertad desde el 7 de marzo, pero ese mismo día el ministerio fiscal recurrió en apelación, oponiéndose.

Finalmente, cuando ya llevaba más de 24 años en la cárcel y no sin que la fiscalía se opusiera una vez más, el tribunal de aplicación de penas de París acordó nuevamente su semilibertad a partir del 19 de mayo de 2011, trabajando y durmiendo en la calle, controlado por pulsera electrónica. Pasado un año en esta situación sin ningún incidente o incumplimiento de las condiciones impuestas tendría derecho a la condicional. Un año después, el viernes 18 de mayo de 2012 por la mañana, Jean Marc Rouillan logró la libertad condicional. El martes había sido rechazada la apelación de la fiscalía contra la decisión correspondiente del Tribunal de aplicación de penas de París. Llevaba un año en régimen de semilibertad, en la calle, pero sin poder moverse de Marsella donde trabajaba en la editorial Agone, controlado con una pulsera electrónica. Ahora tendría que someterse todavía durante seis años a numerosas medidas de control:  no prodría, por ejemplo, salir del departamento de Bouches-du-Rhône, ni decir o publicar nada sobre los hechos que le llevaron a la cárcel; se vería obligado, además, a trabajar y tendría que entregar una parte de su salario mensual a las familias de Georges Besse y del general Audran por cuyas muertes fue condenado.

Entre 2016 y 2018,  el Tribunal de Apelación de París lo condenó a 18 meses de prisión por «apología del terrorismo», por unas declaraciones en una entrevista concedida a Le Ravi el 23 de febrero del 2016, donde habló del valor de los autores de los atentados de París contra Charlie Hebdo y el Hyper Cacher: “Lucharon valientemente. Lucharon en las calles de París, sabían que había 2.000 o 3.000 policías. A menudo ni siquiera preparan sus salidas porque piensan que serán asesinados antes de que terminen la operación. Los hermanos Kouachi, cuando estaban en la imprenta, lucharon hasta la última bala. Podemos decir que estamos en contra de sus ideas reaccionarias, que podemos hablar de muchas cosas en su contra, diciendo que fue una tontería hacerlo, pero no podemos decir que son niñxs o cobardes». Fue juzgado el 24 de junio de 2016 y condenado el 7 de septiembre a ocho meses de prisión. Pero la fiscalía apeló una vez más y en mayo de 2017 el veredicto del tribunal fué aún más severo que en primera instancia: 18 meses de prisión condicional, junto con una multa de 1.000 euros para la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo (AFVT) y la prohibición de comentar el caso en público.

Habiendo estado primero varios meses en arresto domiciliario y después unos cuantos más en estricta libertad condicional, el final del cumplimiento de esa condena estaba previsto para el 2 de junio próximo. Pero, hace seis días, la oficina de la libertad condicional les anunció a él y a sus abogados que había sido juzgado en septiembre de 2017, sin notificárselo, sin su presencia y sin la de su defensa. Fue condenado a pagar 18.000 euros a las «víctimas» de sus manifestaciones. Tampoco se dignaron advertirle de su condena. Ni siquiera el propio agente de libertad condicional, con el que está obligado a reunirse cada mes, estaba al corriente. Así que hace cinco días se le conminó a pagar 18.000 euros antes del 2 de junio. La fiscal antiterrorista ya ha solicitado su encarcelamiento. Esta «sorpresa» judicial es la última maniobra del Estado francés y de su justicia antiterrorista para ejercer su venganza perpetua. En noviembre de 2020, la fiscal que pide hoy su encarcelamiento, le dijo: «Te enviaremos de regreso allí de donde nunca debiste haber salido». O sea, otra vuelta de tuerca  en el ensañamiento judicial que sufre Jean-Marc Rouillan desde su condena en 1987, víctima de un Estado dispuesto a hacerle volver a la cárcel con cualquier pretexto. Lo que el Estado le hace pagar es no haber renegado nunca de sus ideas revolucionarias, así como de su actividad literaria y política, que no ha abandonado a pesar de años de «tortura blanca» tras las rejas.

Notas:

[1] El  MIL fue el producto efímero (de enero del 71 a agosto del 73) del acuerdo de personas y grupos de diferentes procedencias en apoyar los intentos de autoorganización del proletariado contra la manipulación dirigista de los burócratas cristianos, leninistas y demócratas que luchaban por el poder dentro de las Comisiones Obreras de entonces, que habían surgido unos años antes, como espontáneos comités de huelga, extendiéndose rápidamente por todo el territorio industrial, y cayendo finalmente bajo la hegemonía del PCE. Los estalinistas  propugnaban ya la «Reconciliación Nacional» con el régimen franquista, la colaboración con sus estructuras sindicales, con vistas a su posible democratización, y la negociación con los sectores liberales de la burguesía necesitada, para sus proyectos de modernización económica y social, de «fuerzas políticas y sindicales progresistas» que integraran en ellos a la clase obrera. La línea del resto de las organizaciones izquierdistas sólo se diferenciaba en que soñaban con sustituir al PCE en la dirección mientras le seguían el juego. Frente a todo eso, los Grupos Autónomos de Combate, que utilizaron a veces la sigla MIL, o 1000, se propusieron contribuir al fortalecimiento de una corriente obrera autónoma y anticapitalista difundiendo textos antiguos y actuales en defensa de una concepción de la revolución comunista como insurrección general del proletariado autoorganizado. Y también por medio de la agitación armada (consistente, en su caso, principalmente en expropiaciones de dinero y de material de impresión), que había de servir «como expresión de ira por la cotidianidad humillada del proletariado»; para autofinanciarse y apoyar económicamente las luchas autónomas y la agitación teórica en su defensa; y para demostrar que «el nivel de violencia con el que se puede, y por lo tanto se debe, responder a la violencia capitalista es mucho mayor de lo que comúnmente se cree». Quisieron practicar, contra todo militarismo o vanguardismo, «el terrorismo mediante la palabra y el acto contra el capital y sus fieles guardianes, sean de derechas o de izquierdas». Para ellos la democracia era, como la dictadura, una forma de la dominación capitalista y los partidos llamados obreros y sus sindicatos, «la izquierda del programa político del Capital». Cuando, poco después de su autodisolución, cayeron presos la mayor parte de los miembros –entre los que estaba Salvador Puig Antich, posteriormente condenado a muerte por el régimen franquista–, fueron abandonados  por los mismos «demócratas» que ahora quieren ensuciar su memoria dándoles el mismo título de «antifranquistas» que, fanfarroneando, se dan a sí mismos.

[2] La verdadera solidaridad con los presos, fue practicada, sobre todo en forma de atentados, manifestaciones violentas y alguna huelga salvaje, por algunos incontrolados, los cuales, a raíz de la condena a muerte y posterior asesinato de Salvador, respondieron al llamamiento lanzado un poco antes por el GAC Septiembre 73, que agrupaba a los antiguos miembros del autodisuelto MIL ahora presos, en el sentido de que «la intensificación de la lucha por la destrucción del sistema que engendra la represión es la mejor manera de desarrollar la solidaridad revolucionaria con los represaliados». Hasta que cayeron presos algunos de los participantes, sólo se supo de ellos por sus actos, pues nunca utilizaron unas siglas fijas ni se pudo percibir ninguna estructura permanente en su manera de organizarse: se coordinaban sencillamente en y por la práctica. Y, de hecho, la mayor parte de sus acciones no las reivindicó nadie: se entendían por sí mismas y por el contexto. Todo lo cual recuerda también otra propuesta del MIL: «la organización es la organización de tareas». La policía y la prensa, íntegramente adicta al régimen de dominación, más o menos como hoy en día, llamaron OLLA (Organització de LLuita Armada) a algunos detenidos, en un intento de aparentar que se había desarticulado una organización, supuestamente responsable de una parte de esas acciones. Además de en el territorio del Estado español, hubo acciones de ese tipo en Francia (donde, por ejemplo, fueron volados con explosivos varios puentes y otras vías de comunicación con España), en Suiza, Bélgica y otros países. Posteriormente, una coordinación de grupos autónomos utilizó las siglas GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista) para reivindicar una serie de acciones realizadas en territorio francés y belga entre mayo y agosto del 74, en solidaridad con los presos del MIL. Por ejemplo: secuestro del director del Banco de Bilbao en París, atentado contra los autobuses de los peregrinos españoles a Lourdes, sabotajes contra el tour de Francia, atentados contra representaciones diplomáticas españolas, contra oficinas de Iberia, trenes y autobuses con destino a España, puestos fronterizos, etc. Otros grupos autónomos continuaron realizando después con parecido estilo acciones de solidaridad a ambos lados de los Pirineos.

Artículo de 2007 sobre Jean-Marc y sus compañeros y compañeras de AD cuando todavía estaban en la cárcel

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«El glorioso pasado libertario es ahora patrimonio de los que quieren rescatar y actualizar el potencial subversivo de una revolución dolorosamente vencida. Convertirlo en objeto de culto como se trata de hacer a menudo equivaldría a matarlo dos veces. Se trata de algo más sencillo: adecuar la experiencia emancipadora de la revolución perdida a las nuevas exigencias intelectuales y materiales de la lucha contemporánea por la liberación de los oprimidos. Y ello pasa por el conocimiento verídico de dicha revolución.»

Miquel Amorós, en una anterior presentación del libro

Algunas de las personas que participamos en las actividades relacionadas con el nombre «Tokata» hemos decidido implicarnos en la organización de esta presentación, como lo hicimos antes, por ejemplo, en la de un documental sobre la revolución asturiana de 1934. La razón es que en nuestra manera de entender lo que se ha dado en llamar «lucha anticarcelaria» no existe ningún horizonte para la abolición del castigo dentro de la sociedad capitalista y de las formas de gobierno correspondientes. Porque el capitalismo no es ninguna «sociedad», sino, más sencilla y claramente pensado y dicho, un régimen totalitario de dominación y explotación, digno heredero de los históricamente anteriores, pero que se caracteriza específicamente por la trinidad Capital-Estado-Cárcel que, desde su surgimiento histórico, constituye lo más íntimo de su naturaleza propia. Los únicos intentos más o menos reales que conocemos de abolir el castigo, la dominación y la explotación han sido las revoluciones proletarias del siglo XX, masacradas a sangre y fuego por la violencia sistemática, o sistémica, en que consiste fundamentalmente la autodenominada «civilización» que padecemos. De esas revoluciones vencidas, pero no del todo olvidadas, la que se produjo en 1936 en el territorio hoy dominado por el Estado español es la más profunda de la que hayamos tenido noticia y, dentro de ella, la de la Columna de hierro, «célebre milicia revolucionaria del proletariado», ha sido una de las experiencias más conscientes, reveladoras y memorables. Por eso nos parece una excelente referencia para el trazado de una perspectiva sobre la abolición simultánea del sistema punitivo, del Capital y del Estado, que para nosotros vienen a ser tres de los aspectos esenciales de esa misma monstruosidad histórica de la que quisiéramos liberarnos.

Actividad en la calle Sociedad-cárcel

Para Kropotkin, la justicia nunca puede consistir ni plasmarse en un ordenamiento jurídico (esto es, estatal coactivo), sea éste el vigente u otro posible. El anarquismo no confunde la idea de justicia con la de derecho, El anarquismo separa tan radicalmente los conceptos de derecho (norma positiva coactiva) y de justicia que los contrapone de manera definitivamente irreconciliable pero muestra una tendencia iusnaturalista realmente sorprendente: en la doctrina anarquista el Derecho Natural no sirve para fundamentar el Derecho positivo sino únicamente para combatirlo, y probablemente para tenerlo por el único Derecho verdadero. Por Benjamín Rivaya

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Actividad en la calle Sociedad-cárcel

Es el mismo Claudio Lavazza a través de una entrevista telefónica con radiocane.info quien actualiza la situación personal y jurídica que está atravesando en los juzgados y cárceles francesas donde lo mantienen recluido a la espera de que se le reconozca la libertad de la que debería estar disfrutando. La transcripción y la traducción la tomamos del blog https://claudioaskatu.wordpress.com/

Puedes escuchar la entrevista en el reproductor:

P: Probablemente quienes te escuchan ya han tenido la oportunidad de conocer a través de tu biografía, los hechos que has vivido a lo largo de tu largo encarcelamiento en las cárceles españolas. Comencemos ahora con el proceso que motiva su actual detención en Francia. ¿A qué hechos se refiere este proceso?

R: Efectivamente, tengo una sentencia de 10 años impuesta por el Tribunal de lo Penal de París el 8 de noviembre de 2019, por robo con armas y secuestro. Esta pena fue reducida hace poco, hace una semana, a cinco años. Y mi fecha de liberación está prevista para el 16 de mayo de 2025, así que dentro de tres años. Ello se debe a un cálculo de los créditos por reducción de penas que hizo la Fiscalía de Mont-de-Marsan, partiendo de 30 años en lugar de 25, como límite legal de acumulación de condenas en el ordenamiento español. Bueno, si procuradora de la Républica hubiera establecido este límite, si hubiera hecho cumplir este límite, habría tenido que liberarme de inmediato. En cambio, cambió de opinión, porque ahora considera que se debe aplicar la ley francesa. Un análisis doblemente erróneo, como ya le ha dicho mi abogado en una carta. Técnicamente, se explica de esta manera, solo para entender, de hecho, si el artículo 132-23-1 del código penal francés dice que se deben tener en cuenta las condenas pronunciadas por las jurisdicciones penales de la Unión Europea, a condición de no agravar la situación de los condenados. El límite legal, pues, de 30 años de acumulación en la legislación francesa, sería válido, entre comillas, si hubiera sido condenado a cadena perpetua. Este límite se reduciría a 20 años si mi sentencia hubiera sido de 30 años, ¡pero son 25 años! Así que el error deliberado del fiscal es evidente. Es el artículo 362-2 del Código de Procedimiento Penal francés. Técnicamente es bastante sencillo de entender, pero cuando detrás hay una voluntad política que se opone a la libertad, todo se vuelve reivindicativo.

P: ¿Nos actualizó sobre su situación respecto a la condena residual a cumplir en Francia, precisamente, con su defensor qué procedimiento ha acordado para enfrentar los intentos de la justicia francesa de prolongar esta odisea suya?

R: El procedimiento que hemos adoptado con el abogado es una carta presentada al Fiscal de la que le hablé anteriormente. Luego se interpuso un recurso ante la Fiscalía General de Pau, y ahora estamos a la espera de lo que digan los jueces. En definitiva, la procuradora se liberó de una carga, confiando la responsabilidad de mi liberación al Tribunal de Apelación de la Fiscalía General de Pau. Simplemente no tenía ganas de asumir la responsabilidad. Si lo hubiera hecho al comienzo de mi detención aquí en Francia, en lugar de esperar 9 meses, nos habría ahorrado muchos dolores de cabeza. Sí, porque al principio en un escrito de fecha 12 de noviembre de 2021, enviado al magistrado de enlace de Madrid, admitía que si el límite legal de la acumulación de condenas en el derecho español era de 25 años, tenía que dejarme inmediatamente en libertad. Suponiendo que la ley española tuviera ocasión de ser aplicada. Claramente, como dije al principio de la entrevista, cambió totalmente de opinión. Le enviaré el recurso presentado, la carta a la Fiscalía. Para agregar entonces está la propuesta de mi abogado, que he considerado seriamente, de pedir en paralelo una medida de libertad condicional y también una «continuación» de las penas. Pero primero esperemos lo que digan los jueces de la Audiencia de Pau, luego ya veremos.

P: Hemos visto por un lado los recursos y procesos judiciales, y por otro lado la movilización solidaria de cuantos y cuantos te quieren en libertad de inmediato. ¿Crees que lo que se puede hacer aquí influye en las decisiones de quienes aún te mantienen tras las rejas?

R: Movilización solidaria… ¡es buena! ¡Muy bien! De lo contrario. Leí los escritos y los carteles impresos… hicisteis un muy buen trabajo, ¡eh! Digamos que estamos en un terreno de demandas judiciales, de las cuales estoy de acuerdo con la estrategia a utilizar para lograr que se apliquen sus artículos de ley, ya reconocidos en un trato muy similar al mío, que mi abogado había obtenido no sin algunas dificultades para el Tribunal de Apelación de Versalles, el asunto “Frigerio”.Ayer mismo mi abogado encontró una sentencia, la segunda, de otro asunto un poco como el mío, y la envió a los jueces de Pau. Esta situación de demandas legales me da un poco de risa… no está en nuestra naturaleza la legalidad del sistema de dominación, que nos causa dolor de estómago como siempre. Pero aun así le mostramos que los que se «saltan» las leyes son los que las hicieron y no nosotros

.P: Volvamos a España por un momento. Al final de su encarcelamiento en ese país, fue alcanzado por un decreto de expulsión. ¿Puede darnos algunos detalles sobre esta disposición? ¿Ha emprendido acciones legales para oponerse o cancelarlo?

R: Al principio si, al principio cuando yo estaba todavía en España tomamos unas iniciativas con un abogado de oficio, que me asignaron, pero después me mandaron aquí a Francia y de momento no hemos hecho nada en ese sentido. Creo que se harán en su momento, de momento tengo otros quebraderos de cabeza.

P: Observamos que para los presos políticos impenitentes no sólo se aplican leyes especiales como ha sucedido en el pasado. El estado está creando un régimen de excepción donde todas sus hostilidades están permitidas. Lo hemos visto pasar recientemente también en Grecia, con la huelga de hambre de Dimitris Koufondinas, lo vemos pasar de nuevo con tu caso. ¿Cuál crees que debería ser la respuesta de los presos políticos y del movimiento anarquista? ¿Cómo cree que se puede organizar una lucha internacional que asegure que al menos se apliquen los derechos reconocidos a los presos políticos?

R: Antes que nada hay que decir que hay que enfocarse en las protestas y movilizaciones, como dije antes, en mi caso particular están bien, de hecho recibo muchas cartas, de solidaridad que me hacen sentir menos solo. De hecho, hay que decir que nunca he estado solo en todos estos años en prisión. Esta vez, sin embargo, la solidaridad que me dais es lo más importante, porque se trata de libertad. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos. Son tantas cartas que al final, no sé…, se cansarán de recibirlas, serán las autoridades penitenciarias las que pedirán a los jueces que me manden fuera para que no me cabree nunca más. En cuanto a las movilizaciones, en general, creo que cada uno de nosotros sabe, caso por caso, cómo moverse en este ámbito. Mi situación no es extrema, vale, hay años, 25 años y no están reconociendo un artículo de la ley, eso es lo que generalmente hacen y por lo tanto… cada uno de nosotros debe evaluar la situación personal. Yo creo que en un principio, las protestas, las movilizaciones desde este punto de vista legal, son perfectamente lógicas, ¿no? Y entonces bueno, entonces no estoy en una situación de peligro inminente de vida, no estoy en huelga de hambre, no estoy en el último minuto, no tengo una enfermedad grave. Entonces, digamos que no hay tal urgencia en mi caso. Solo queda esperar, tener paciencia y moverse en este terreno legal, de momento, claro. Entonces sí, hay compañeros que no pueden esperar, su vida está en peligro y por lo tanto, tal vez haya que hacer un poco más de presión política. Pero bueno, en mi caso en particular creo que es muy bueno.

P: Escucha, para cerrar esta charla, volvamos por un momento al reino de la vida cotidiana reclusa que estás viviendo. ¿Qué diferencias, si las hay, puede ver entre los sistemas penitenciarios francés y español? ¿Notas alguna diferencia en la composición de la población penitenciaria que has tenido la oportunidad de conocer?

R: Básicamente las diferencias entre la cárcel francesa y la española… Actualmente estoy en un módulo de respeto como lo estuve en España, y no está nada mal. La diferencia aquí es la exagerada lentitud administrativa. Francia es el país en el que debes tener mucha paciencia para que se reconozcan tus derechos. Tanto aquí, como en todas partes del mundo, hablando de prisión, la mejor manera de no ir a ella es no entrar nunca en ella, pero si estás en ella, como me gusta decir recordando los viejos tiempos, «el que pelea puede perder, quien no lo hace ya ha perdido”. Diferencias con los internos… básicamente no hay una gran diferencia. Hay situaciones personales donde hay personas, presos que se oponen a las injusticias con sus medios, pero siempre son situaciones individuales y aisladas. No hay presencia de grupo donde ante situaciones de injusticia todos se interesen, se bloqueen los radios, se hagan los paros de trolebuses… por el momento aquí donde estoy, no he visto nada por el estilo. Diferencias administrativas a nivel de control y represión… por ejemplo, aquí las cartas se entregan abiertas, es decir que no se pueden cerrar, porque las leen y las fotocopian y se las envían al juez. Si están en un idioma extranjero, lo traducen y luego lo envían al destinatario. En España, sin embargo, sólo el juez puede autorizar la apertura de estas cartas. Desde el punto de vista forense, si tienes, no sé, dolor de muelas, antes de que te la saquen… buenas noches…, pasan los meses. En España hay un servicio de pago, si te duele mucho puedes recurrir a este medio, con cincuenta euros te sacan la muela. Aquí, sin embargo, este servicio no existe y hay que esperar a que lleguen los analgésicos. Para casos urgentes, no hay problemas. Hubo un período de hacinamiento. Estaba en una celda solo, una celda pequeña, cuando me dijeron que me pondrían con otro preso, obligado a dormir en el suelo, porque solo hay una cama en la celda. Así que todas las noches echamos suertes para ver quién iba a dormir en la cama yqién en el suelo. Le pedí al abogado que lo denunciara al director y al instituto que se ocupa de los jefes de la prisión. A los cuatro días tuve la respuesta, me cambiaron de módulo y ahora vivo solo en una celda, como todo el mundo. Cuando consigues que el abogado se mueva, la administración te toma en consideración, pero si no tienes abogado, puedes hacer crecer la hierba… te arriesgas a esperar meses con otro preso en una sola celda. Entonces hay que decir que yo ya había sido sentenciado y desde hacía más de siete meses vivía en forma de cotización, presos que aún no han sido juzgados. Así que el cambio de forma sólo tenía razón para denunciar el hecho de ser dos en una celda de uno. Ahora aquí está un poco mejor, en el otro módulo donde estaba antes, en cambio el problema es que todo el módulo está confinado por el virus. Hace un rato me cerraron la celda diciéndome que este módulo de aquí, el CD 1, está confinado por el momento. Así que ayer se difundió, por supuesto, como debió ser, porque no tiene barreras.En general no hay mucha diferencia, de hecho aquí en Francia han copiado el principio del «módulo de respeto» de España. El módulo de respeto es un módulo un tanto particular, donde tienes ciertas obligaciones, ciertos deberes, ciertos hábitos, comportamientos. Por ejemplo, la obligatoriedad de tener 25 horas de actividad a la semana, que tú eliges, las actividades que existen son infinitas. Estoy haciendo muchas horas de actividad por no quedarme en la celda. Hago deporte… francamente, es mejor aquí que en otros lugares, pero bueno, la prisión es la prisión… ¡Quería agradecer sinceramente a todos por su presencia, dar un abrazo a todos y todas!

Cadena perpetua Política criminal Presxs "políticxs" Sociedad-cárcel

Traducimos al castellano dos artículos publicados en catalán en el número 539 de La Directa, firmados el primero por Ester Fayos, Gemma García y Vicent Almela y el segundo por éste último, donde se tratan algunos aspectos de la evidencia resumida en el dicho popular que hemos puesto en el título y se puede encontrar escrito en las paredes de cualquier prisión del territorio dominado por el Estado español. El cartel de arriba es la convocatoria de sendas mesas redondas sobre este tema convocadas en Castellón para el próximo viernes, 11 de febrero, y en Barcelona para el jueves de la semana que viene, 24 de febrero.

VIDAS MARCADAS POR LA POBREZA Y LA CÁRCEL

La comisión de delitos condicionados por el entorno socioeconómico o la imposibilidad de hacer frente al pago de penas de multa aboca a muchas personas a los centros penitenciarios y a un escenario de indefensión antes, durante y después de cumplir la condena

Una muda de ropa, utensilios de higiene personal y documentación. Esto es todo lo que lleva en una mochila Marouan Daif desde que vive en la calle. El peso más pesado que arrastra es el paso por la cárcel. Ha ingresado en los centros del complejo de Brians (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat) en tres ocasiones: veinte días, un mes y dos semanas –respectivamente– por no haber pagado multas derivadas de delitos leves en los últimos cuatro años. De alguna de estas condenas no se enteró hasta que la policía le detuvo para decirle que estaba en busca y captura. De otras supo cuando los plazos para pagar o sustituir el ingreso por trabajos en beneficio de la comunidad ya habían expirado. Pronto podría estar de nuevo entre rejas si no hace frente al pago fraccionado de una nueva pena de multa que ha establecido un juez. En origen, carga una vida familiar complicada, un proceso migratorio y un estado de salud delicado que le han llevado donde está: “La calle me está pasando mucha factura, nunca había entrado en prisión”.

En el caso de Daif, las entradas en prisión son consecuencia de peleas en la calle, pero también hay muchas personas en situación de calle o con graves dificultades económicas, sociales y de salud que acaban privadas de libertad por hurtos, robos o tráfico de drogas. La pobreza hace más probable el paso por prisión y así lo apuntan las estadísticas del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del gobierno español, que recogen porcentajes relevantes de encarcelamientos por hechos delictivos muy relacionados con la carencia de recursos o con situaciones de marginalidad. Asimismo, también transparentan la discriminación por origen, incluso antes de la condena: las personas “extranjeras” –aquellas que no tienen regularizada su situación administrativa, las que tienen NIE, pero no nacionalidad, y las que son ciudadanas de otros estados de la UE– ingresan más del doble de veces en prisión preventiva que el resto, puesto que, para dictarla, la ley de enjuiciamiento criminal tiene en cuenta el arraigo “laboral” y “familiar”.

Los datos más recientes disponibles de Cataluña (31 de diciembre de 2020), Comunidad Valenciana e Islas (14 de enero de 2022) revelan que más de un tercio de las personas presas cumplían condena por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico ( el 40% en Cataluña, el 35,8% en País Valenciano y el 38,9% en Islas) y casi una quinta parte, por delitos contra la salud pública, en gran parte relacionados con el tráfico de drogas (17% en Cataluña , 16% en País Valencia y 18% en Islas). Si lo desgranamos con las estadísticas del mismo año incluidas en el informe SPACE del Consejo de Europa, aflora que, en el Estado español, el 36% de los delitos son robos y hurtos, y el 17% son contra la salud pública. La experiencia del abogado Xavier Muñoz, quien cada quince días se desplaza a la cárcel de Wad-Ras (Barcelona) para brindar asesoramiento gratuito, lo avala: “Hay muchas personas encarceladas por okupaciones, hurtos, venta de droga o por pinchar la luz. En definitiva, por delitos derivados de situaciones de pobreza”.

Las cifras contrastan con que en Cataluña en el 2020 sólo 36 personas fueron privadas de libertad por delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social, como el fraude fiscal; y únicamente once por delitos contra la administración pública, como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos. Las personas ricas o famosas inmersas en procedimientos judiciales por fraude fiscal o corrupción a menudo consiguen librarse de la cárcel recurriendo a lo que en términos jurídicos se llama «conformidad previa a juicio», consistente en pactar con la Fiscalía una condena más baja para eludir la prisión ya cambio declarar su culpabilidad y asumir la responsabilidad civil devolviendo las cantidades apropiadas ilícitamente más una multa económica. Mientras Marouan Daif ha pasado más de dos meses en prisión por no pagar penas de multa, el abogado Emilio Cuatrecasas evitó pisarla en el 2014, a pesar de haber confesado un fraude de 4,1 millones de euros a Hacienda a través de un entramado societario.

Entre rejas por no poder pagar

Una de las realidades que mejor refleja el estrecho nexo entre carencia de recursos económicos y encarcelamiento es la aplicación de las penas de multa, una pena pecuniaria que consiste en la imposición del abono de una cantidad de dinero a raíz de la comisión determinados delitos. Si no se satisface el pago, se activa la responsabilidad personal subsidiaria (RPS) que, en términos generales, significa un día de prisión por cada dos días de cuota pendiente. Desde Metzineres, una entidad que acompaña a mujeres y personas no binarias que viven múltiples situaciones de violencia, la abogada Marta Valldaura alerta de que entrar en prisión en estas circunstancias comporta que se rompan procesos: “Hay mujeres que habían logrado acceder a un albergue y pierden la plaza o personas con problemas de salud mental que ven truncada su medicación o las visitas con profesionales”.

Susana Moreno entró por primera vez en el penal de Wad-Ras con 18 años, ahora tiene 53. La vida en la calle la llevó a consumir drogas y las drogas a vivir en la calle. Es difícil averiguar por qué orden. “Robaba para cubrir las necesidades de consumo, para encontrarme bien. Sólo lo entiende quien lo ha pasado”, reconoce. Los pequeños hurtos se convirtieron en penas de multa y los impagos en prisión. Ha entrado cuatro veces a lo largo de su vida: en total, más de siete años entre rejas. El sufrimiento ha moldeado las facciones de su cara, pero las ganas de salir adelante se leen en el destello de sus ojos: “Había cosas que no me gustaban de la sociedad, me removieron mucho y terminé cayendo en heroína. Fueron años muy duros, perdí a mucha gente que amaba, pero la última vez en prisión me dije que sería la última”. Ha tejido un vínculo estrecho con Metzineres y ahora vive en una habitación en el barrio barcelonés del Raval, el único que puede permitirse con una pensión de 400 euros, de la que aún pierde más de cien al mes, intuye que por alguna pena de multa pendiente.

También por hurtos inferiores a 400 euros, Laura Iñigo lleva seis meses privada de libertad en Barcelona. Con tan sólo 18 años, Eduardo Prado cumple pena de cárcel en Picassent (l’Horta Sud) porque no pudo pagar una multa de cien euros por lesiones. Diana Rueda, aunque actualmente se encuentra en tercer grado por robo en un domicilio, pisó por primera vez un centro con la mayoría de edad cumplida debido a no pagar una pena de multa por robar una moto. Son sólo algunas historias, con nombres ficticios, que se esconden detrás de las cifras de ingresos por cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria. Representan una parte relevante del total y han experimentado una tendencia al alza en los últimos años.

Condenadas sin saberlo

Según datos facilitados por el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña a la Directa, en los últimos dos años, entre un 12% y un 13% de la población reclusa lo está por penas de multa, 1.018 en 2020 y 947 en 2021; y, desde 2017, los números absolutos no han parado de crecer. El abogado Xavier Muñoz está convencido de que la crisis económica derivada del COVID-19, así como las restricciones en la movilidad, la incomunicación con los juzgados y la consiguiente desconexión de los procedimientos, han incrementado este tipo de ingresos.

De acuerdo con el último informe sobre reincidencia penitenciaria en Cataluña, de 2014, elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, dos terceras partes de las personas presas por impago de multa son “extranjeras” y han cometido un delito contra la propiedad , casi la mitad tiene antecedentes, y la mayoría tienen como máximo estudios primarios y carecen de domicilio fijo o residen fuera de Cataluña.

Precisamente, el no estar localizable y que no sea obligatorio contar con abogada ante un delito leve hace que muchas condenadas no sepan ni que lo están. De este modo, se les acumulan causas y un día la policía las identifica por la calle y quedan detenidas, como le ocurrió a Marouan Daif. «Se hace un juicio y se dicta una sentencia sin ellas, que no pueden recurrir», lamenta Marta Valldaura. El desconocimiento es el primer eslabón de indefensión que también señala Bea Fernández, responsable del servicio jurídico de la Fundación Arrels: “Puede que las personas sin hogar hayan sido ilocalizables durante muchos años y se les generen asuntos judiciales que no controlan”. Además, si la afectada no lo solicita antes de que se dicte sentencia, pierde la posibilidad de optar a la sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad.

Si logran empadronarse en el centro de alguna entidad o en un domicilio fijo, es cuando comienzan a emerger las citaciones o notificaciones judiciales. En plural, porque el último informe sobre reincidencia penitenciaria en Cataluña subraya que un 53,4% de las penadas con penas de multa reincide; lo que, según las responsables del estudio, evidencia «la poca eficacia de esta medida».

La desproporcionalidad

El Código Penal contempla un sistema de proporcionalidad para penas de multa en función de la “situación económica del preso, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares”, una idea que se refuerza desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: «El juez hace una consulta oficial a la administración correspondiente». Ahora bien, de la teoría a la práctica, según Muñoz, existe un largo trayecto. Este letrado lamenta que normalmente no se indaga y acaba siendo una pena desproporcionada para una persona empobrecida.

El informe “La prisión por impago de multa en Cataluña”, publicado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada en 2016 va más allá y denuncia que “las carencias procesales, organizativas y materiales dificultan la adecuada indagación de la auténtica capacidad económica en los dos grupos de casos más extremos”, en referencia a quien dispone de recursos elevados y a quien se encuentra en situación de exclusión social o con ingresos modestos. A los primeros, por imponerla inferior a la disponibilidad económica y, a los segundos, todo lo contrario.

Al margen de los motivos del ingreso, la falta de recursos económicos también deja huella en el paso por la cárcel y la posibilidad de volver a ella. Las expertas en sociología y derecho entrevistadas coinciden en afirmar que el combate contra la reincidencia es poco fructífero porque no se erradican las causas que motivaron las conductas delictivas, como la pobreza, la marginalidad o los problemas de drogodependencia. De hecho, según el citado informe, un 48,3 % de la población interna reincidente que se evaluó presentaba problemas de empleo y un 40,2% problemas económicos.

«La prisión es un círculo muy peligroso», apunta Cristina Garés, psicóloga y miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH). Especializada en criminología y sociología, Garés advierte que si sales y no hay un buen acompañamiento, las posibilidades de volver a delinquir son mucho más altas. Cuando una persona abandona la cárcel, puede solicitar el subsidio para personas liberadas de prisión –de 463,21 euros, actualmente– una cuantía que, para Diego Salvador, psicólogo de Iniciativas Solidarias, una entidad que acompaña a presas y expresas, no es suficiente para poder hacer frente a las necesidades básicas. Por eso, suelen priorizar la búsqueda de trabajo, que puede eternizarse por la misma estigmatización y aislamiento que sufre la población exreclusa: “La sociedad no quiere contratar a un camarero o a un cocinero que ha estado en prisión. Además, los vínculos sociales creados se han cortado. Todo esto todavía les aboca más a la pobreza y es muy sencillo volver a la vida que tenían antes”, advierte.

La historia de Donatello Priami ejemplifica a la perfección cómo la prisión agrava la situación de vulnerabilidad o cómo, incluso, puede conducir a ella. Priami trabajaba como cocinero en un restaurante de Valencia, hasta que fue condenado a nueve meses de cárcel por un delito de injurias. A los tres meses y medio logró la libertad condicional, pero volvió a delinquir, porque, aunque lo intentó, no logró un nuevo puesto de trabajo. «Vendía marihuana para obtener algunos ingresos, me pillaron y me encerraron seis meses más», relata. Hace dos semanas que recuperó la libertad, pero el miedo a enfrentarse de nuevo a la pobreza le persigue.

Defensa precaria

“Dentro, sin una familia que te meta dinero todos los meses, tampoco es nada fácil sobrevivir y, mucho menos, defenderte”. Son palabras de Jaime Trapote quien, con 44 años, ha pasado más de la mitad de su vida encarcelado. A los 15 años pisó un centro penitenciario por primera vez, pero, después de tres días insistiendo en que era menor de edad, le trasladaron de Alcalá-Meco a un centro de menores, del que se escapaba siempre que podía. Nacido en una familia de clase obrera, con 23 años empezó a cumplir la primera condena por varios robos, reincidiendo hasta en catorce ocasiones. Hace menos de un mes, salió de la cácel de Villena, en l’Alt Vinalopóe, recuperando la libertad  después de once años y catorce días encerrado.

Trapote destaca la «pésima» asistencia jurídica gratuita que ha recibido, bien por la «falta de conocimientos y compromiso» de algunas letradas o bien por las reiteradas sustituciones de estas profesionales. A lo largo de la última condena, el ex preso se vio inmerso en toda una odisea para recibir la asistencia legal: “Tuve que esperar meses y meses. Incluso puse una reclamación, que me desestimaron porque decían que ya me habían visitado, pero no era cierto”.

La ley 1/1996, así como los decretos 252/2016 y 17/2017 de la Generalidad de Cataluña y la Valenciana, respectivamente, permiten a las personas en situación de vulnerabilidad solicitar asesoramiento y defensa gratuita. Las abogadas asumen la defensa de la acusada durante todo el procedimiento judicial y, obligatoriamente, deben seguir ofreciendo servicio durante los dos años posteriores a la sentencia. Sin embargo, la abogada de la asociación valenciana Àmbit, Pilar Serrano, denuncia que “muchas veces, los compañeros de oficio entienden que con la sentencia ha terminado su trabajo y la ejecución de la pena se queda coja de asesoramiento” . Comparte la mirada crítica Salvador, quien recuerda que la indefensión jurídica ha marcado el futuro de algunas de las personas que ha acompañado: “Ha habido casos en los que los recursos no han llegado a tiempo o el acusado no conocía a su abogado ni la estrategia jurídica”.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no lo ha sufrido en propia piel, pero sí ha podido testimoniarlo durante su paso por las prisiones de Lledoners (El Bages) y Soto del Real (Madrid), donde ha estado tres años y ocho meses. Cuixart ha conocido a reclusos que no podían ejercer sus derechos penitenciarios por desconocimiento o falta de capacidad para defenderlos: “Si tienes dinero para unos buenos abogados, puedes ir batallando y, al final, un traficante condenado a quince años puede llegar a salir antes que un pequeño vendedor de barrio con recursos limitados y decenas de condenas menores, derivadas de problemas estructurales”, ejemplifica. La eficiencia del servicio de asesoramiento gratuito dentro, por Cuixart, «siempre depende del compromiso de la dirección de la prisión y, en última instancia, del responsable del módulo».

La condena a la soledad

Además del asesoramiento jurídico, la red de apoyo también es un salvavidas en la cárcel y Luis Antonio Machado no la tuvo. Se quedó huérfano cuando tenía sólo 5 años y los reformatorios y la calle se convirtieron en sus lugares de residencia. Cuando cumplió 18 años, sufrió su primera condena en el centro penitenciario de Monterroso, en Lugo. Ha estado entre barrotes en tres ocasiones, la última por un delito de desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad, con una pena de nueve años y medio que sigue cumpliendo en régimen abierto en Valencia, donde vive, en uno de los espacios que habilita a la entidad Casal de la Pau para personas en libertad condicional o que acaban de salir de la cárcel.

Durante el cumplimiento de la última condena, Machado debía trabajar para cubrir algunas de las necesidades básicas dentro del centro. Al poco de entrar, le ofrecieron trabajar como bibliotecario y aceptó el lugar sin dudarlo. Por una jornada de cuarenta horas semanales, cobraba 212 euros al mes, de los que una pequeña parte la destinaba a comprar comida o productos de higiene en el economato penitenciario. “No tener familia fue lo peor –explica Machado–, porque te encuentras solo ante el peligro. Cuando entre en prisión, tengo que defenderme en todos los sentidos: física, económica y moralmente”.

Machado no pudo contar con un contrafuerte familiar, pero tenerlo tampoco es garantía de poder disponer de recursos económicos suficientes. Según un estudio sobre la situación de las personas con problemas de drogas en prisión del año 2008, elaborado por la Red de Atención a las Adicciones en colaboración con el Ministerio de Sanidad español, el perfil familiar predominante se caracteriza por las carencias económicas: el 36,6% de los padres son pensionistas y el 45,8% de las madres son trabajadoras del hogar.

Mari Carmen Molina es una de estas madres con dificultades para apoyar económicamente a su hijo, que desde hace dos años cumple condena en la cárcel de Córdoba, a más de 500 kilómetros de Xilxes (la Plana Baixa), su pueblo natal . Hace dos años que su familia no le ve. El marido de Molina se encuentra en paro y ella perdió su puesto de trabajo en un almacén de naranja después de un accidente. Con el tiempo se recuperó, pero no volvieron a contratarla y tuvo que sobrevivir con un subsidio de 400 euros al mes. «Intentamos visitarlo en dos ocasiones, pero el viaje costaba unos 400 euros, entre transporte, comida, hotel…», lamenta.

Si la pobreza condiciona la entrada y el paso por prisión, la salida no es una excepción. A la hora de obtener permisos, tercer grado o libertad condicional, juega un papel clave el hecho de poder vivir en un espacio adecuado para la reinserción o disponer de una residencia legal. Pero la realidad en España es que el 57,5 ​​% de las personas presas no disponen de vivienda propia o de alquiler, según la Red de Atención a las Adicciones. Las trabas crecen en el caso de la población penitenciaria extranjera que no tiene residencia legal en el Estado y con quien, según el abogado Xavier Muñoz, «las instituciones penitenciarias catalanas son especialmente restrictivas respecto a la concesión de beneficios penitenciarios». En estos casos, entidades como Àmbit o Arrels trabajan para ofrecer una alternativa habitacional en residencias o pisos de acogida.

Acompañar a la gente presa

Las entidades no hacen ni mucho menos el único acompañamiento a la población reclusa. Las asociaciones de familiares, los grupos de apoyo y los colectivos anticarcelarios también atienden a necesidades básicas de las personas presas, pero de forma autogestionada. La Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos (AFAPE) sembró una semilla en este sentido en 1976, cuando nació en el marco de la lucha de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), y ha servido de referente para a la aparición de otros espacios, como la gallega Nais contra la impunidade, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria o Familias de Presos en Cataluña. Gracia Amo, portavoz de la asociación catalana de familiares, considera que tienen un conocimiento más directo de las necesidades a cubrir, en la mayoría de casos asociadas a problemas de pobreza: “Ingresamos peculio periódicamente, entramos ropa, pagamos abogados para conseguir derechos básicos y visitas psiquiátricas… Intentamos sacar dinero de donde sea para hacer frente a las necesidades”.

La tercera pata en el acompañamiento de personas presas es lo que ofrecen desde los grupos de apoyo y colectivos anticarcelarios, como Tokata, La Corda o Fuig. Fernando Alcatraz, miembro del colectivo Tokata de Valencia, recuerda que en los orígenes de los grupos de apoyo, en los años setenta, los barrios se implicaban para intentar excarcelar a los presos. Ahora, en cambio, su labor se centra principalmente en paliar las carencias afectivas, denunciar las vulneraciones de derechos, facilitar que se coordinen dentro para poner en marcha acciones y luchar contra la indefensión jurídica.

‘VAGOS’, MALEANTES Y OTRAS DISIDENCIAS INCÓMODAS PARA EL SISTEMA PENAL

Un repaso histórico muestra cómo la cárcel, desde sus orígenes en el siglo XVII, se ha utilizado para ‘sacar de la circulación’ los sectores abocados a la exclusión social

Desestructuración familiar, dificultades afectivas, rebeldía adolescente, marginación social, pobreza y violencia. Éstos son los patrones comunes que encontró Daniel Pont entre la población penitenciaria la primera vez que ingresó en una cárcel en 1967, poco después de cumplir la mayoría de edad. Haber cometido algunos delitos menores durante la adolescencia le convirtió en una víctima más de la entonces llamada ley de vagos y maleantes, aprobada por las Cortes de la Segunda República en 1933, en lo referente al tratamiento penal de personas sin techo, que practicaban la mendicidad, trabajadoras sexuales, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales por parte del gobierno republicano, y que posteriormente fue ampliada por la dictadura franquista para reprimir también la homosexualidad. Esta legislación, basada en el concepto de higienismo social no sancionaba delitos sino conductas, intentando evitar su comisión futura, por lo que incluía medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos. Pont pasó cuatro años de prisión en prisión por todo el Estado, en los entonces llamados «reformatorios de vagos y maleantes», que en la práctica resultaban ser campos de trabajo forzado para personas sin recursos.

“Con 22 años salí de prisión con un odio social muy fuerte, que me llevó a cometer delitos mayores, sobre todo atracos, y a volver a ingresar en prisión pocos años después”. En esta segunda ocasión, aparte de la condena asociada a un delito de atraco, se le aplicaría también la entonces recientemente aprobada ley de peligrosidad social –que en 1970 había sustituido a la ley de vagos y maleantes–, que le comportaría de nuevo cumplir la condena “a pulso” –sin beneficio penitenciario ni rebaja–, lo que le mantuvo privado de libertad hasta 1979. Precisamente, una de las reivindicaciones de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), que se fundó en la prisión de Carabanchel a finales de 1976 con el objetivo de luchar para que la nueva ley de amnistía para las personas presas políticas de la dictadura que estaba en proceso de negociación incluyera también a los presos sociales –los cuales, finalmente, quedarían excluidos– y en la que Daniel Pont tuvo un rol muy activo, fue acabar con estas jurisdicciones especiales que suponían una doble condena para las personas sin recursos: una por su perfil social de “posible” delincuente, y la otra por los delitos cometidos.

Código Penal con mayor penalidad

“El uso del sistema penal y la reclusión de los pobres para ponerlos a trabajar es muy anterior a la ley de vagos y maleantes. De hecho, la misma genealogía de la cárcel en el siglo XVII, mediante las llamadas casas de corrección, ya lo contemplaba”, recuerda César Lorenzo, doctor en Historia y autor del libro Cárceles en llamas (Virus Editorial, 2013). En España, según explica Lorenzo, el sistema penal sigue desde el principio la misma doctrina “encerrar a la gente marginal por su comportamiento antisocial y a las personas que atentan contra la seguridad o la moral del régimen”, y añade que después se aplican leyes como la de vagos y maleantes y peligrosidad social, “que les vienen muy bien también para criminalizar y perseguir a los obreros de las fábricas, especialmente anarquistas, y cualquier disidencia política del momento”.

Con el fin de la dictadura y el inicio del llamado proceso de Transición democrática se producen algunos cambios y reformas en el Código Penal, como la eliminación de las sanciones a las personas por su orientación sexual y, en 1983, se producía la excarcelación de una parte considerable –5.000 personas– de la población penitenciaria preventiva, que rondaba el 40% del total, mediante la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. A pesar de las reformas, la ley de peligrosidad social seguiría activa hasta el nuevo Código Penal de 1995, considerado por mucha gente el primero de la democracia.

“Paradójicamente, es con este nuevo Código Penal cuando se produce el mayor aumento de población penitenciaria de la historia”, explica Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. En todo el Estado se pasa de 44.000 personas presas en 1995 a 74.000 en 2010. Según describe Rivera, existen varios factores que explican este aumento de la población entre rejas: “Por un lado, el aumento de la penalidad, impulsada por estrategias de alarma social y el populismo punitivo, hacia dos tipos de delitos vinculados a situaciones de pobreza y marginalidad, como son los delitos contra el patrimonio y la salud pública; por otra, la eliminación de la redención de penas por trabajo incluida en el anterior Código Penal y la dificultad para acceder a beneficios penitenciarios, lo que supondría que quien entraba en prisión se quedaba mucho más tiempo y, por último, la nueva penalidad hacia las mujeres y las personas migrantes recién llegadas”. Según Rivera, el perfil de las víctimas del sistema penal ha ido cambiando, pero siempre responde al mismo patrón: personas que estructuralmente tienen menos recursos.

Ser mujer es otro de los factores que penalizan dentro de la población penitenciaria. Isabel Almeda Samaranch, profesora y catedrática de Sociología por la Universidad de Barcelona, ​​conoce bien esta intersección entre migración y pobreza en las mujeres presas: “La prisión afecta sobre todo a mujeres que ya estaban excluidas previamente a su proceso de privación de libertad, principalmente mujeres migradas, sin redes de contención, que han sufrido violencia –física o estructural– o usuarias de drogas en contextos de marginalidad”. Más de un 90% de mujeres que cumplen prisión están condenadas por delitos contra el patrimonio –por robos vinculados al consumo o la supervivencia– o contra la salud pública –por el mercadeo o transporte de sustancias a través de fronteras, normalmente ejerciendo de lo que se conoce como “mulas”. El Estado español tiene una de las mayores tasas de encarcelamiento de mujeres de la Unión Europea (alrededor del 7%), algo que, según Almeda, se explica en la alta feminización de la pobreza, el poco desarrollo de el estado del bienestar, la fuerte criminalización de las migraciones, la progresión de las políticas punitivistas y la falta de alternativas a la prisión y de una sociedad civil organizada en torno a este tema. “La cárcel es la punta del iceberg del patriarcado. Una prisión nunca puede ser feminista, pero es una cuestión feminista, que desde los feminismos debemos abordar”.

Nuevas represiones

La tendencia de crecimiento continuo de la población penitenciaria se detuvo hace una década, cuando las estadísticas de personas privadas de libertad –tanto en los Països Catalans como en el Estado español– comienzan a disminuir, algo que se intenta explicar desde diferentes campos del derecho penal y la sociología. Según Iñaki Rivera, la explicación de este fenómeno es muy clara: la expulsión masiva de personas migradas a sus países de origen y el inicio de lo que llama la “burorrepresión”. “Llega un punto en el que las prisiones comienzan a ser insostenibles por el estado en términos económicos, y, por tanto, estratégicamente, se buscan nuevas fórmulas sancionadoras que implican recaudar fondos para las arcas públicas y gastar lo menos posible”. El mejor ejemplo es la nueva Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana de 2015, en la que se tipifican nuevas infracciones administrativas y se incrementa la cuantía de las sanciones, que de nuevo encuentran a sus principales infractoras en el mismo sector social de siempre: jóvenes, personas que provienen de entornos de marginalidad, disidentes políticas y personas migradas.

«No es casualidad que el sistema penal actúe de nuevo selectivamente contra este sector social» explica Rivera. Este hecho viene facilitado, según el jurista, por «la docilidad de una sociedad cada vez más plastificada e individualista que no da ni construye ninguna resistencia colectiva para erradicar la criminalización de la pobreza y la disidencia». Y avisa que, si no nos implicamos, deberemos prepararnos para tiempos mucho peores: “Veremos cuál será el próximo objetivo del sistema penal”.

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