En abril de 2012, el Ministerio del Interior autorizó la primera entrada de periodistas a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para romper con las críticas de hermetismo, pero que el fotoperiodista Jesús G. Pastor describió como un “safari-tour fotográfico”. “Los extranjeros, aislados en el patio, bien lejos. No sea que a alguno se le ocurra hablar”, contaba tras realizar estas fotografías, que publicamos.
Pese a las promesas del gobierno del Partido Popular de mejorar las condiciones de estos centros, peores que los de una prisión según coinciden las organizaciones de derechos humanos, nada ha cambiado. Durante aquella mañana en la que los inmigrantes observaban con curiosidad a la prensa desfilando por los pasillos mientras permanecían encerrados en el patio, los responsables declararon en una rueda de prensa que “las normas no pueden aplicarse con sentimentalismos”.
Esta semana más de 80 organizaciones han suscrito un manifiesto contra el reglamento que ha presentado el gobierno “redactado desoyendo los reclamos de las organizaciones sociales y de DDHH, consolida el modelo policial de gestión y continúa sin garantizar un horizonte de cierre de estos centros y de respeto de los derechos de las personas internas hasta que esto suceda“.
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Ni CIE ni CECE. ¿Cambiar el nombre para que todo siga igual?
El 6 de enero de 2012, Idrissa Diallo murió en circunstancias no resueltas en el CIE de Zona Franca. Pocos días antes, Samba M. había muerto en el CIE de Aluche en Madrid víctima de una grave infección no tratada, después de haber pedido asistencia médica una decena a veces y de no recibir la atención adecuada. Estas muertes supusieron que la realidad de los CIEs saliera a la luz y llegara a miles de personas que ni siquiera conocían la existencia de los llamados Guantànamos españoles.
A raíz de estas muertes, centenares de organizaciones y personas salimos en todas las ciudades del Estado para exigir su cierre. Con la autoorganización y la movilización ciudadana se rompió el silencio mediático que los rodeaba, llenando las calles, los medios de comunicación y las redes sociales de razones para el cierre de los CIE’s y forzando el gobierno al compromiso de acabar con la opacidad de estos centros.
Hoy, un año después, denunciamos que no sólo no se han aclarado las circunstancias de las muertes de Idrissa D. y Samba M., sino que la situación en los CIE’s sigue siendo opaca y continúa fomentando las vulneraciones de derechos. Por su parte, el gobierno ha incumplido el compromiso de tomar medidas que garanticen los derechos de los internos y, en cambio, acaba de proponer un borrador de Reglamento que, entre otros cambios, pretende simplemente transformar el nombre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE).
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