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Actividad en la calle Vagos y maleantes

Siete compañerxs anticarcelarixs opinan sobre la película «Modelo 77».

Actividad en la calle Radio: Tokata Y Fuga Vagos y maleantes

PUNTUALIZACIONES AL ESCRITO DE FERNANDO ALCATRAZ EN EL «TOKATA»

Soy Daniel Pont, uno de los fundadores de la Coordinadora de Presos en Lucha junto a otros cinco compañeros de la cárcel de Carabanchel en Noviembre de 1976. Dato que no tiene mayor importancia excepto la de situarme desde sus orígenes en el compromiso y participacion en la intensa y muy sufrida experiencia de unos dos años y medio en las luchas de la COPEL.

No quiero extenderme demasiado en la dinámica de funcionamiento asambleario de la COPEL ya desde primeros del año 1977 en Carabanchel y en la labor de agitación y progresiva coordinación con el resto de compañeros presos en todas las cárceles posibles del estado español de la época.

Como punto de inflexion a destacar, en el motin del 18 de Julio de 1977 en la cárcel de Carabanchel, que iniciamos los compañeros aislados en la Rotonda de la Sexta galeria, al segundo día de férrea y corajuda resistencia en los tejados de la cárcel, los compañeros pretendieron designarme como único representante negociador, (junto a dos abogadas y dos abogados que nos apoyaban) ante los mandos del Ministerio del Interior y Justicia presentes en el interior. Enseguida propicié una asamblea para rechazar mi individualización y crear una comisión de cinco compañeros que representase a la COPELl, reafirmándonos en nuestro carácter plural y asambleario.

Desde el momento que las negociaciones fracasaron al decidir mayoritariamente los compañeros del tejado que la inclusión en la Ley de Amnistia era innegociable, esa misma noche, de madrugada, los compañeros de la COPEL de la Rotonda fuimos secuestrados en conduccion especial a la cárcel de Córdoba, en plena huelga de hambre y con fuertes autolesiones la mayoría de nosotros.

En nuestra estancia en la cárcel de Córdoba, siempre funcionamos de forma asamblearia, sin ningún dirigismo, ni vanguardia de nadie, pero eso sí: ya desde entonces tratamos de seguir una táctica eficaz para luchar por conseguir las reivindicaciones colectivas que nos unían, siguiendo la práctica de una doble estrategia: luchar por la Amnistía (luego Indulto) y administrando la tensión en las cárceles abrir espacios y posibilidades de fuga.

El Estado con su dinámica represora de intensificar el miedo para vencernos, ya en el motín de la cárcel de Ocaña del dia 29 de Noviembre de 1977, donde fuimos trasladados, tras descubrirse un túnel por un chivato…, fuga compartida con los miembros de los GRAPO encerrados con nosotros en Cordoba, ya ensayó de forma cruel los pasillos (Via crucis les decíamos nosotros) formados por carceleros y antidisturbios tras acabar el motín, sin ninguna capacidad de ataque o resistencia activa, que nos golpearon con enorme crueldad con las culatas de los fusiles, patadas, puñetazos… obligándonos a desnudarnos en pleno invierno, viendo como un gran número de compañeros chorreábamos abundante sangre: desde entonces conservo una cicatriz en mi cabeza que nunca olvidaré.

En el “Turismo penitenciario” que hice en aquel tiempo, mi siguiente destino fue Carabanchel. Enseguida planificamos la fuga correspondiente (taller de barcos: túnel con luz, música…) de la que fui uno de los responsables en su coordinación. En ese tiempo comencé a observar como progresivamente veía a presos inyectarse heroína, a la vez que resurgían de nuevo las agresiones y violencia sobre los presos mas vulnerables, en gran parte por los ya yonquis, que tanto trabajo nos había costado erradicar.

En ese tiempo participé en una asamblea abarrotada (unos cientos de personas) en Carabanchel y me tocó hablar sobre el peligro que podía suponer la heroína y los problemas individuales y colectivos que podían surgir… ¡y que surgieron! Tras infinidad de motines, autolesiones, huelgas de hambre, etc que sucedieron en muchas carceles, ya en Febrero de 1978 el estado decidio concentrarnos a unos 600 presos en una carcel especial de El Dueso (Cantabria), con los antidisturbios especiales dentro de las galerías, fiscalizando toda actividad, en unas celdas compartidas con varios compañeros, sin water (nos dieron orinales de plástico que muchos tiraban por la ventana), un régimen de disciplina y tensión perfectamente calculado.

El dia 10 de Febrero de 1978 fue rechazada la proposicion de Ley de Indulto en el Senado. La Amnistía ya había sido prohibida expresamente en la Constitucion.

El dia 13 de Marzo fue torturado Agustin Rueda en la cárcel de Carabanchel, junto a otros compañeros acusados de participar en la construcción de un túnel para la fuga. Finalmente Agustín murió el día 14.

El 22 de Marzo un comando de los GRAPO mata a Jesus Haddad director general de prisiones.

El dia 30 de Marzo el Gobierno nombra a su sucesor Carlos García Valdés.

Los dias 3 y 4 de Abril decide visitar la carcel de El Dueso. Los y las abogadxs que nos apoyaban nos recomendaron entrevistarnos con él, destacando su pasado antifranquista y supuestamente “progresista”.

En la asamblea que había entonces se decidió darle un voto de confianza por varias razones tácticas: recuperar la movilidad e iniciativa perdidas, ganar tiempo para coordinarnos de nuevo, facilitando la doble estrategia de lucha (y diálogo, claro) de seguir con las reivindicaciones posibles y la fuga. Seguramente desde la cárcel de Valencia se vio como una renuncia o algo peor, pero si hubiéseis estado en el Dueso y vivido la interminable represión y sufrimiento que tuvimos, unida a la impotencia por combatir la desunión que ya comenzaba con fuerza, lo mismo se valoraría de otra forma.

Continúo mi relato: cuando García Valdes llega a el Dueso, a traves del subdirector de la cárcel, estando en el comedor colectivo, me dice que vaya a entrevistarme con él: de nuevo me dirigí a los compañeros para formar una comisión, creo recordar que diez, entre los cuales estaba yo.

En el encuentro que tuvimos con él, le planteamos la necesidad urgente de relevar a directores y cargos de la Direccion general de Prisiones, conocidos por su caracrter represor y torturador; que apoyase la Ley de Cuantías que se estaba tramitando y toda una serie de mejoras en las condiciones de vida que facilitasen nuestra existencia y movilidad: inicio de la “Cogestion”, inicio de las comunicaciones “Vis a Vis”, desaparición de la censura, despenalizacion de las autolesiones y huelgas de hambre, etc.

En esos dias surge un enfentamiento muy grave en el Dueso: se enfrentan a puñaladas varios presos de los Grupos de Incontrolados en Lucha (GIL), la mayoria ya Yonquis, grupo que habian creado en Carabanchel. Continúan surgiendo abusos entre presos, motines sin ninguna reivindicacion… lo que en el Dueso calificamos de “Desmadre y caos”, que tan bien le venia a la direccion general de prisiones y al estado. Los medios de comunicación comienzan a dejar de publicar noticias en positivo de nuestra lucha…

El dia 26 de Abril, la COPEL de el Dueso, en asamblea emite un comunicado en el que se reflexiona sobre la necesidad de coordinar las acciones de lucha, de superar los enfrentamientos y de evitar el desmadre y el caos. El 8 de Mayo en una jornada de lucha con autolesiones, ingestión de objetos metálicos, etc. a la que se sumaron algunas prisiones, fui trasladado junto a otros compañeros al Hospital de Valdecilla de Santander. Allí, una vez más, intentamos la fuga y, en mi caso, casi estuve a punto de conseguirlo con la ayuda de un compañero de COPEL en libertad, siendo sorprendido “in extremis” cuando iba a deslizarme con una cuerda de alpinismo. Ese mismo día del 8 de mayo el gobierno aprobó la Ley de Cuantías por la que salieron en libertad 588 presos condenados y 270 preventivos en espera de juicio.

El 27 de Mayo conseguimos la fuga de tres compañeros en el Dueso, gracias a una maniobra de diversión de la que fui obligado protagonista.

A primeros de Junio fui trasladado junto a otros compañeros del Dueso a la antigua crácel de Alcalá de Henares para descongestionar el Dueso. El día 9 junto a cuatro compañeros más, intentamos la fuga de esta cárcel a traves de una antigua ermita colindante con la sección abierta de esa cárcel: fuimos tiroteados en pleno recinto por el guardia civil de la garita, siendo herido grave uno de los participantes.

A los dos días fuimos trasladados en régimen de aislamiento a la cárcel de Carabanchel de nuevo. Ya funcionaba la “Cogestión”. Al estar aislado los compañeros que participaban en la Cogestioón (la mayoria de la COPEL), pidieron mi participación. Me sacaron del aislamiento para participar en la reunión con la dirección de la cárcel: el director, psicólogo y el subdirector, sociólgo.

En esa reunión se trataron varios temas con los que estaba de acuerdo.Y luego surgió la propuesta de que teníamos que avisar a los presos que se tenían que ir en conducción especial. Me negué a cumplir semejante delegación represiva. Inmediatamente me devolvieron a celdas de aislamiento y no supe nunca más (ni quise…) del régimen de cogestión del que algunos de mis antiguos compañeros se beneficiaron.

A los pocos dias fui trasladado de nuevo al penal de El Puerto de Santa Maria en régimen de vida mixta (con restricción de movimientos, una hora de patio, intervención de la correspondencia y censura, intervención de comunicaciones, etc.), junto a varios compañeros de la COPEL de Barcelona y alguna otra cárcel.

En estos últimos meses que pasé en el Puerto de Santa María, para asistir al último juicio que me quedaba pendiente en la Audiencia de Madrid, por el que estaba en prisión preventiva 6 años, fui trasladado en dos ocasiones en conducción especial: en un jeep de la Guardia Civil para mí solo, escoltado por otro jeep del mismo cuerpo. Me trasladaron directamente de la cárcel de el Puerto a los calabozos de las Salesas, en la Audiencia provincial de Madrid, para evitar mi contacto con los compañeros de Carabanchel. Como en las dos veces se suspendió el juicio, de nuevo conducción especial de Madrid a Cadiz, con un bocadillo como toda comida.

Finalmente el dia 20 de Abril de 1979, el Garcia Valdes decidió trasladarme a la Central de Observacion de Carabanchel, a la vez que a Miguel Sánchez García, uno de los compañeros más activos de la Modelo de Barcelona, seguramente para intentar con nosotros alguna terapia conductista (condenada al fracaso…) que nos “reformase”.

Al día siguiente 21 de Abril de 1979 salí en libertad de la cárcel de Jaén, donde se hacía tránsito y noche, siendo seguido el jeep de la guardia civil donde iba recluido por el coche de mi abogado y gran amigo, Manuel Hernández Rodero “el Pichuelas”, junto a otrxs tres amigxs más para “rescatarme” y llevarme, alucinado, al Cabo de Gata de Almería, donde comenzaría una nueva etapa de mi vida libre , con algún que otro sobresalto.

Con este relato pretendo zanjar el “eterno” debate que tengo con Fernando Alcatraz respecto a su versión sobre el funcionamiento de la COPEL en el Dueso en los meses de febrero, marzo y abril de 1978.Y especialmente ante sus afirmaciones públicas donde insiste en calificar a la asamblea de miembros muy activos de la COPEL en el Dueso, de la que yo formaba parte, tratandonos de forma despectiva de “dirigentes” y de autoconsideranos “la vanguardia” de la lucha, falsedades sin ningún fundamento ni prueba, pese a “sus investigaciones “ particulares.

Lo hago con pesar, cansado de debatir estas calificaciones en público y privado en varias ocasiones, sobre todo porque como decía al principio, al ser militante muy activo y comprometido con la lucha de COPEL, desde su origen, tuve una mayor perspectiva de su dinámica y estrategia y viví de pleno todo lo narrado.

Para quien lea esto, puede contrastarlo en el libro de Ceéar Lorenzo “ Cárceles en llamas: el movimiento de presos sociales en la transición”, de la editorial Virus que en sus páginas 267 a la 272 hace un relato muy detallado.

¡Salud!

Daniel Pont

Debate sobre objetivos y medios de lucha Actividad en la calle Vagos y maleantes

PROS Y CONTRAS DE “MODELO 77”

Quiero explicar, antes de nada, mi relación con la COPEL. En la segunda mitad de los años 70, estando todavía en la calle, en Valencia, yo participaba en unos grupos autónomos que hicimos, entre otras cosas, algunas acciones violentas, varias de ellas en apoyo de la lucha de los presos, que para nosotros, en aquel momento, era una de las batallas decisivas del proletariado salvaje contra el Estado. En varias ocasiones, coordinándonos entre diferentes grupos de barrio, incendiamos con cócteles molotov seis, ocho, diez bancos a la vez, el mismo día a la misma hora, coincidiendo con algún motín en la cárcel u otro acontecimiento de la lucha anticarcelaria. También hicimos estallar algún artefacto explosivo, en el Tribunal Tutelar de Menores, por ejemplo, y en algún otro juzgado. Nos coordinábamos también con grupos de Madrid y Barcelona que hicieron igualmente cocteladas, pusieron petardos en reformatorios y juzgados, atacaron la cárcel Modelo de Barcelona con granadas de mano, ametrallaron comisarías…

Frecuentábamos un centro social autogestionado, asambleario, que estaba en el barrio de Orriols, donde había un “comité de apoyo a COPEL”. Participábamos en las manifestaciones por la amnistía, gritando, aquello de “amnistía total”, “presos a la calle”, “comunes también” o, incluso, “políticos también”; repartíamos algún panfleto, hacíamos alguna publicación, poníamos una paraeta o distri en el centro con material en apoyo de COPEL; organizábamos alguna charla, algún concierto; colaborábamos en fugas, ayudábamos a fugados y perseguidos…

Cuando caímos presos cuatro compañeros, en enero del 78, nuestro mayor afán era encontrarnos con los presos en lucha, participar en COPEL. Nos metieron de dos en dos en galerías distintas y nos pusimos en huelga de hambre para que nos trasladaran a todos juntos a la cuarta galería, donde estaban los compañeros más combativos. Estuvimos sin comer alrededor de un mes y, finalmente, nos llevaron a la cuarta, donde pudimos unirnos a la lucha colectiva, que era lo único que hacía falta para “ser de COPEL”, porque, en realidad, entonces, nadie “pertenecía” a COPEL, sino que era la COPEL la que pertenecía a los presos en lucha. Eso fue en marzo. En febrero, había habido una conducción represiva de quinientos supuestos miembros de COPEL al penal de El Dueso, porque en enero había arreciado la oleada de motines y autolesiones colectivas que duraba desde julio del 77 y que se había ido intensificando, sobre todo alredeor de octubre, cuando se decretó la última amnistía, verdadera “ley de punto final” que exoneraba a los agentes de la autoridad franquista que hubieran cometido crímenes en el ejercicio de sus funciones, pero a ningún preso social, y, después, alrededor de la propuesta de indulto promovida por Bandrés y Xirinachs, apoyada por un pequeño grupo de senadores y rechazada finalmente el 10 de febrero. El 13 de marzo, los carceleros de Carabanchel torturaron hasta la muerte a nuestro compañero Agustín Rueda, participante en un grupo autónomo en la calle y en la COPEL dentro, igual que nosotros, y el 22, los GRAPO ejecutaron en represalia a Jesús Haddad, director general de prisiones.

En abril, tomó posesión de ese puesto Carlos García Valdés, abogado supuestamente progresista, experto en “penitenciarismo”, profesor y penólogo reformista, ponente del proyecto de nueva ley penitenciaria que se estaba tramitando. Enseguida, hizo una gira por las cárceles para “dialogar” sobre el terreno con carceleros y presos, empezando por El Dueso, donde los compañeros de COPEL allí secuestrados habían salido de aislamiento por orden suya. También vino a Valencia, donde algunos de nosotros participamos en la comisión que fue a hablar con él, como fingidos negociadores, pues se había iniciado oficialmente la etapa de la llamada “cogestión” y nosotros habíamos decidido, como muchos compañeros en todas las cárceles del Estado, simular que participábamos en ella, para despistar a los carceleros, mientras seguíamos intentando fugarnos. Así que, con otros doce compañeros y apoyados por nuestra gente en la calle, habíamos iniciado un túnel en la cuarta galería de La Modelo de Valencia.

Poco después, llegó un “comunicado” de El Dueso, firmado por unos supuestos “dirigentes” de COPEL que decían ser la “vanguardia” de la lucha, “desbordada ─según ellos─ por el desmadre y el caos”. Propugnaban un aplazamiento de la reivindicación del indulto y un “voto de confianza” a García Valdés “a la espera de que cumpla todas las promesas que nos hizo, ya que en principio nos parece un hombre honesto, con buena voluntad de hacer profundos cambios en el sistema penitenciario del Estado”. Mandaron también una “lista de reivindicaciones generales para todas las prisiones” y unas “reglas de convivencia de los estatutos de la COPEL”, y prometían enviar pronto esos “estatutos” dictados por ellos. En otro comunicado posterior, donde se convocaba una huelga de hambre general para el 10 de mayo, se hablaba de dejar para situaciones extremas los medios de lucha violentos, como motines e incendios, y de emplear sólo “medios pacíficos”, como huelgas de hambre y autolesiones. En la cuarta de La Modelo de Valencia, rechazamos el contenido de esos comunicados y juramos que, si nos pillaban el butrón, le prenderíamos fuego a la cárcel. Y eso fue lo que pasó el 10 de junio, que nos subimos al tejado y le prendimos fuego a la cárcel, porque el 2 de junio se habían fugado 45 presos de La Modelo de Barcelona (en 1978 se fugaron 175 presos) y García Valdés, que ya había dictado el 31 de mayo una circular abriendo la mano a los malos tratos, dictó otra el 6 de junio exigiendo a los carceleros que cumplieran intensamente su obligación de hacer cacheos y requisas periódicas. Y cayó nuestro túnel.

En julio, hubo motines en Málaga, donde le pegaron al director, y en Badajoz, que fue incendiada. El 15 de junio de 1978, Carlos García Valdés había cursado a todos los directores de cárceles una orden telegráfica donde se instauraba un régimen especial de “vida mixta” para los presos que continuaran rebelándose o intentando fugarse y ordenaba su traslado a los departamentos celulares de Ocaña, Burgos, El Puerto de Santa María, Cartagena o El Dueso, y el 24 de julio, dictó una circular donde desarrollaba el diseño de ese nuevo régimen especial de castigo, reimplantaba la censura de la correspondencia y limitaba la “cogestión”. A lo largo de lo que quedaba de 1978, alrededor de 1000 presos, al menos uno de cada diez del total, fueron trasladados en conducciones fantasma a esos departamentos celulares y sometidos a un régimen de aislamiento de 23 horas y media al día encerrados en la celda, restricción, intervención y censura de comunicaciones y brutal intimidación, ya que en los celulares estaban los antidisturbios y la violencia contra los presos era el pan de cada día. La ceremonia de bienvenida consistía en hacerte atravesar los corredores del celular en medio de una doble fila de maderos y boqueras que hacían llover sobre ti un chaparrón de patadas, puñetazos y porrazos, bastante más violento de lo que muestra la película, con alguna parada para hacerte desnudar, darte unos cuantos porrazos extra y enseñarte “lo que vale un peine”, gritándote en la cara que no estabas en la provincial de donde venías, sino en el penal que fuera, y todo lo que tenías que hacer y no hacer mientras estuvieras allí, o bien, una vez en la celda, lo que te esperaba si te pillaban sentado en la cama, hablando con los compañeros por la ventana o si les mirabas cuando abrieran la puerta y no te ponías al fondo enseñando las manos abiertas. Por en medio de aquel “pasillo” de antidisturbios y carceleros con sus porras tenías que pasar cada vez que salías de la celda y, si no querías salir, iban a buscarte allí y te daban tu ración.

En junio de 1979, se inauguró la cárcel de Herrera de la Mancha, una de las primeras de una tanda de trece que se construyeron, para empezar, según el diseño “modular” idóneo para aplicar los nuevos régimen y tratamiento instaurados por García Valdés en la nueva ley penitenciaria que aún se estaba discutiendo en las Cortes. Pero la de Herrera era una cárcel especial, destinada a “terroristas” y a presos “especialmente peligrosos”, de estructura y funciones inspiradas en las “cárceles de alta seguridad” americanas y alemanas. Allí fueron a parar una selección de los que estaban en los celulares (la decimatio de la decimatio) que incluía, por ejemplo, a los testigos del asesinato de Agustín Rueda, a quienes se obligó torturándoles a desdecirse. El régimen imperante combinaba las técnicas de control, condicionamiento y tortura blanca más modernas y sofisticadas con los viejos y brutales métodos franquistas que hemos descrito más arriba. Un proceso sistemático de tortura y humillación, de mayor a menor crueldad, en el que ibas pasando, según el nivel de deterioro, sumisión y derrota que fueras alcanzando, por tres módulos diferentes, cada uno un poco menos duro, en una especie de representación concentrada y sádica del sistema gradual preconizado por la reforma de “Don Carlitos de La Mancha”, hasta que conseguías salir de allí, después de mucho tiempo, destrozado física y mentalmente. ¿Reinserción? ¿Era este el “espíritu de la reforma”?

En la película, se dice varias veces que “la COPEL ha muerto”. Habría que ver si eso sucedió o no y, si pasó, reflexionar sobre el cómo, el cuándo y el porqué. Pero de lo que no cabe duda es de que la lucha tuvo que continuar, con COPEL o sin COPEL, prácticamente hasta hoy, porque los motivos para ello han seguido vigentes e incluso han aumentado. Y tampoco cabe duda de que la COPEL fue una buena herramienta de lucha mientras pudo serlo, pero no la lucha misma. Porque, al avalar a García Valdés, dejó de ser nuestra en un momento decisivo, para convertirse, aunque fuera momentáneamente, en un instrumento de la astuta política pacificadora del nuevo director general. Después, con la tremenda represión de los años 78 y 79, ya no se pudo recuperar la iniciativa, porque todos estábamos en los celulares o en Herrera, y las cosas habían cambiado mucho en las cárceles, también bajo la influencia de otros factores, como la aplicación del «principio de bifurcación» en el nuevo sistema gradual de clasificación y distribución de «recompensas» y castigos, la irrupción de la heroína y el desplazamiento de la generación de los copelianos por una nueva, motivada diferentemente, por la toxicomanía, sobre todo.

En cuanto a “Modelo 77”, hay que reconocer que sus guionistas se han currado muy bien lo simbólico, construyendo una especie de mito, narrado siempre desde el punto de vista de los presos y, por lo tanto, anticarcelario, sin dejar de denunciar en todo momento la cárcel como tortura y la tortura en la cárcel. Así, pues, resulta algo así como una parábola antipunitivista, muy bien pergeñada. Gracias, en primer lugar, al magistral tratamiento que hace de lo que se puede considerar el personaje principal de la película, la cárcel Modelo de Barcelona, el monstruo que se ha tragado a todos los demás personajes y que parece metabolizarlos, aunque le produzcan un cólico de vez en cuando con su agitación, magníficamente fotografiada (La Modelo), desde dentro, desde fuera y aún en sus entrañas. Gracias igualmente al buen arte narrativo de sus autores, que logran expresar personajes verdaderamente arquetípicos: como el abogado de oficio; el personal de la cárcel (director trapacero, siniestro jefe de servicios, varios tipos de asquerosos boquerones…); y los presos, cada uno un mundo y todos pertenecientes al mismo inframundo popular, el del proletariado más desposeído, aunque se echa en falta una forma de hablar más verosímil, ya que el argot de la época está casi ausente. Consiguen pintar también situaciones fuertemente emblemáticas, como el ingreso de Manuel, la paliza en período y otras, la autolesión colectiva, el motín, la fuga, la salida, la relación amorosa a través de afectuosas cartas e inmundos locutorios, la amistad entre los dos protagonistas, la discreta solidaridad y salvífico sentido del humor del Negro, etc.

Pero la consideración más racional, reflexiva, crítica, salvo algún impresionante discurso de Pino, brilla por su casi total ausencia, y se diría que los guionistas son acólitos de Fukuyama o de Lyotard y que para ellos la historia ha terminado. Así que no hay pasado, ni presente, ni futuro, sino que parece que todo sucede en una situación distópica, como en “El cuento de la criada”. Así que, a mi parecer, el peor defecto de la película es la deshistorización que efectúa del relato de los acontecimientos relacionados con COPEL. Al seleccionar los sucesos más espectaculares, más cinematográficos, y amalgamarlos en la ficción narrativa, rompe la cronología viva de la lucha de los presos, que nunca perdió su concordancia conflictiva con el contexto general, cortando, por omisión o por distorsón, su conexión con los demás acontecimientos decisivos del período de la Transacción “democrática”, con lo cual despolitiza también el relato de diversas maneras.

Por ejemplo, el tema de la amnistía y el indulto lo distorsiona, confundiendo una cosa con otra, olvidando la profunda vinculación de la lucha de los presos sociales con la lucha por la amnistía total en la calle y borrando su relación, no con los presos políticos “demócratas”, sino con los llamados “terroristas”: grapos, etarras, autónomos y anarquistas, relación que, de hecho, fue muy intensa y significativa, y de la que forma parte, por ejemplo, la historia del asesisnato de Agustín Rueda.

Suprime toda referencia al resto de las reivindicciones de los presos en lucha (derogación de la Ley de Peligrosidad Social, depuración de carceleros fascistas, reforma del código penal, etc.) y a la costumbre de la elaboración dialogada de tablas reivindicativas que constituyen verdaderos y exhaustivos análisis de la situación penal y penitenciaria y una crítica política del poder punitivo del Estado sumamente radical, relevante y oportuna, sobre todo en aquel momento histórico.

Elimina también la conexión con las luchas obreras y vecinales, con el movimiento asambleario, cuya memoria ha sido más reprimida aún que la de la lucha de los presos. Y por el mismo agujero hacia la nada se va la peculiaridad organizativa de la COPEL y de todo el movimiento anticarcelario del momento: una forma distinta de autoconstituirse un sujeto plural, una comunidad de lucha basada en el respeto por la autonomía de los individuos y de los pequeños grupos, en la coordinación horizontal entre ellos, en la acción directa, el apoyo mutuo, la solidaridad y la autoorganización colectiva. Nada parecido a un sindicato ni a un movimiento de masas dirigido por una vanguardia, por unos líderes.

Desaparece asímismo, no el apoyo, sino la participación en un mismo movimiento de una gran cantidad de abogados sinceramente radicales; de muchos individuos y grupos libertarios y autónomos; de los comités de apoyo a COPEL, surgidos en los barrios obreros; y, sobre todo, de AFAPE (la Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Ex presos), en acción antes de que existiera la COPEL y fundamental en su surgimiento, así como de otras agrupaciones de familiares y amigos.

De esta manera, la historia de la COPEL queda casi totalmente descontextualizada histórica y políticamente y la relación de los hechos con el franquismo y su democratización se vuelve sumamente vaga, meramente simbólica. Y así es como pierde también la conexión con las cárceles actuales y con la lucha contra ellas. Porque, en la multitud de luchas que ha habido de entonces a hoy por vulneraciones similares y a veces peores de lo debido a un ser humano, se ha utilizado con frecuencia, por ejemplo, el recurso de las tablas reivindicactivas analíticas y, al mismo tiempo, emblemáticas de la crueldad del sistema carcelario; o las acciones expresivas, simbólicas, que contenían simultáneamente una propuesta táctica y un planteamiento estratégico, como las subidas a los tejados, las autolesiones o el fuego. En las luchas más recientes, esa referencia implícita a la COPEL ha estado a menudo presente y hasta se ha hecho explícita algunas veces. Y en las luchas de los familiares y amigos de quienes ha habido en los últimos años varios intentos de autoorganización, así como en su conexión viva con lo que sucede dentro, han estado presentes AFAPE y aquella comunidad de lucha en la que participaban, no sólo los presos y sus familiares y allegados, sino también otros colectivos, como tiende a suceder ahora, a pesar de las dificultades.

Además, no olvidemos que la política penitenciaria del Estado español y la mayor parte de sus medidas se han centrado en hacer lo necesario para impedir que se vuelva a formar una comunidad de lucha como aquella, desarrollándose a través de la represión de todos los intentos de hacerlo. Y que la Ley Orgánica General Penitenciaria de Carlos García Valdés, que defendió abiertamente la tortura y a los torturadores cuando se supo lo que estaba sucediendo en la cárcel de castigo y tortura de Herrera de la Mancha, mientras se estaba terminando de aprobar aquélla en las Cortes, todavía está en vigor, cuando fue y sigue siendo un instrumento de deslegitimación de la lucha social de los presos y de legitimación de su represión, y de legalización encubierta de la tortura, por cuyo empleo optó por entonces la mal llamada “democracia” española y continúa haciéndolo. Y siendo su hipócita concepto regenaracionistta de la reinserción de los “delincuentes” presos, en la miserable práctica de la administración carcelera, un proceso de degradación, debilitamiento subjetivo y muerte, demasiado a menudo, de sus víctimas.

Por último, hay que reconocerle a la película, a pesar de lo dicho, su toma de partido en el presente cuando, en la escena de la paliza que le da Manuel al repugnante boqueras abusón, perseguidor y torturador, alude quizás al cinismo de las organizaciones corporativas de los guardias que, con apoyo de los grandes medios de incomunicación, de la clase política y hasta del gobierno de izquierdas, se presentan como víctimas y piden que se les reconozca, aplauda y recompense por la funesta, cruel y antihumana función que realmente cumplen y por su sucia manera de hacerlo.

Desde luego que no pretendemos que una película pueda sustituir la reflexión histórica o la acción política y social, ni tampoco que tenga que hacerlo, pero, siendo nuestro principal interés político (o mejor dicho, antipolítico) la abolición del régimen de dominación y explotación imperante, Estado y Capital y, por tanto, de la cárcel, del sistema penal, del poder punitivo y la cultura correspondiente, ¿cómo no íbamos a juzgar esta película, que trata de un hecho tan político en ese mismo sentido como el intento autoorganizado de contarrestar y abolir siquiera momentáneamente ese poder de castigo, represión y condicionamiento, para liberar a quienes los estaban sufriendo, con esos mismos criterios históricos y políticos?

Es cierto que la mentira más eficaz es la que más se parece a la verdad, que “en un mundo realmente invertido lo verdadero es un momento de lo falso”, que estamos hablando de un arma de doble filo o, más aún, con filo en el mango, y que tratándose de un arma mental podría llegar a a causar algún tipo de lobotomía. Pero quizá podamos aprovechar de algún modo que la industria del cine española haya decidido poner a la COPEL, las cárceles y la justa lucha contra ellas en la agenda espectacular, aceptar el desafío para intentar hacer oír nuestras matizaciones y procurar que se vea que las macrocárceles actuales y toda la maquinaria social de la que son la pieza nuclear están perpetuando la tortura y los tratos crueles y degradantes, con actos de violencia cotidianos contra la gente presa; con un régimen de castigo especialmente destructivo; traslados arbitrarios y deasarraigantes; abandono médico, retención hasta la máxima proximidad de la muerte de enfermos incurables, encarcelamiento de enfermos mentales, administración abusiva de fármacos; manipulación arbitraria y restrictiva de comunicaciones, permisos de salida y libertades condicionales; dos tipos de cadena perpetua, la legal y la encubierta; indefensión jurídica de la gente presa y de sus familiares; rapaz explotación laboral; discriminación por género, raza, procedencia territorial y condición económica; privación cultural y educativa; supresión de las libertades de información, expresión y asociación; mortalidad excesiva por “suicidio”, sobredosis y enfermedad grave.

Y, compañerxs, la historia no ha terminado, todavía es posible y necesario que nos hagamos cargo de la catástrofe capitalista y de sus efectos destructivos, para ponerles fin, no para administrarlos. Y eso es imposible si no aprendemos a autoconstituirnos de infinitas maneras en sujeto colectivo, político, social e histórico. O, más bien, en una pluralidad de subjetividades, con diferente alcance cuantitativo y cualitativo y diferentes perspectivas, capaces de coordinarse horizontal y creativamente en cada tarea necesaria o deseable y desaparecer cuando ya no sean útiles. De eso fueron buenos ejemplos la COPEL, los grupos autónomos o el movimiento asambleario. ¿Quién dice que ya no podemos hacerlo? De hecho, algunos grupos pequeños o mayores de presos, familiares, amigos o militantes anticarcelarios lo han estado intentando una y otra vez hasta ahora. Y, por ejemplo, mientras se estrenaba la película, una plataforma que agrupa a las familias de catorce personas fallecidas recientemente en la cárcel convocó con éxito una concentración ante la Secretaría General carcelera, a la que los sindicatos de boqueras han respodido querellándose por calumnias e injurias contra una de las familias, que ha perdido hace muy poco a uno de sus miembros, en poder de la administración carcelera, y se ha movilizado sin cesar durante un mes para denunciarlo. Es con esta gente con la que tenemos que encontrarnos para aprender a ejercer nuestra libertad comprendiendo directamente nuestras necesidades. ¡Unámonos y cerremos filas los enemigos del poder punitivo, para defendernos de la inversión de la verdad sobre lo que sucede en las cárceles que están imponiendo sus beneficiarios, mientras continúan degradándonos, torturándonos, matándos y lucrándose con ello!

Fernando Alcatraz

Actividad en la calle Vagos y maleantes


Entrevistamos a cinco compañeros que participaron en la COPEL para preguntarles su opinión sobre la película «Modelo 77».

Vagos y maleantes Radio: Tokata Y Fuga

MODELO-77

Mi impresión fue de ambigüedad muy festiva.

En la reflexión Modelo 77 tiene datos de mucho interés y otros contrarios. Empezaremos por estos últimos.

Se comprende que el protagonista Manuel es un falso culpable, Pero solo hay uno. Cuando otros protagonistas manifiestan que “estamos presos por robar”, el guión toma un camino perverso, justificando los encarcelamientos por seguridad. Por ello el parlamento de la época negó la amnistía a los presos sociales, porque eran delincuentes comunes que “cometían delitos en la Dictadura y en el Estado de derecho”. Observamos que el poder legislativo homologó la Dictadura con la Democracia. Por lo tanto, la Dictadura no fue universal, solo afectó reparando a quienes tenían archivos, y no fue tiranía pcontra las persoanas más desamaparadas, las que carecían de archivos. El nuevo régimen borbónico eliminó a las víctimas injustificadamente, aplicando la presunción de culpabilidad de futuro a quienes la Dictadura etiquetó de preso común o delincuente: el más denigrante de los vestigios. Pero no estaba acreditado el delito por venir porque las víctimas del franquismo no habían salido de la cárcel y por ello no pudieron cometer delitos en la Democracia que desconocían. Esta parte del guión de “somos ladrones” es muy desafortunada. Ahora no es posible corregirlo, pero la información sí es de utilidad y por ello la facilitamos.

Hay una parte del guión que razona que los presos lo son por un sistema de leyes y tribunales injustos, que no logra velar el “estamos en la cárcel por robar” ante la inexistencia de falsos culpables numéricos. La producción de “Modleo 77” carecía de más información sobre la procedencia inicial de los presos. Procedían de las salas de tortura policiales y de los jueces franquistas que promocionaban, con toda la fuerza represiva del Estado, la falsa seguridad, para la promoción del régimen dictatorial. Para mejor ilustración, lo vemos en el texto aparte titulado “DENUNCIA”.

Hay suficiente documentación que acredita la falsificación industrial de positivos y la persecución de descendientes de republicamos porque eran la oposición política de futuro. Y empresarios que colaboraban con falsas denuncias. La “democracia” abrió nuevas cunetas para desaparecer a miles de víctimas.

La parte POSITIVA es la apertura al público actual de unos sucesos protagonizados por las víctimas de la dictadura desde el interior de las cárceles franquistas. Las imágenes de la COPEL, desde los motines incruentos y publicitarios desde los tejados de todas las cárceles españolas con identidad visibilizaron ante el mundo las víctimas. Una vez que el Estado controló a la COPEL por la entrada masiva de presos borbónicos toxicómanos que no luchaban, por medio de los historiadores y publicistas del nuevo régimen invisibilizó unas luchas espectaculares en el horizonte de los derechos humanos y las libertades públicas exigidas por los presos franquistas. En la película se aprecia a la organización humanitaria COPEL, pero no destaca su actividad política referente a la proposición de las diversas reformas políticas al mismo nivel de la Europa comunitaria. La parte política breve que asoma en la película es el hándicap para abir aún más esos sucesos históricos, valorando muy positivamente el esfuerzo de los creadores de “Modelo 77”.

La película está parcheada pr sucesos ocurridos en otros espacios carcelarios (ejemplo: doble fila de atormentadores de presos). Es muy meritorio concentrar sucesos veraces de la época en “Modelo 77” para que podamos comprender y valorar con plenitud de pedagogía histórica la unidad de la COPEL en el activismo social y democrático.

Esa insistencia gritando la palabra COPEL, reiterada en boca de los presos, es genial para fijarla en la memoria del público, ante el ocultamiento de la COPEL durante 43 años (no incluimos la información con menos trascendencia). La organización de presos COPEL peleó por el cambio, y su cambio, desde el lugar más difícil para luchar por las libertades públicas. La COPEL se ha integrado en la memoria histórica moderna y es de agradecer por las personas que lo vivieron desde intramuros y desde el exterior. Y para que las generaciones posteriores tengan el derecho de conocer los esfuerzos con sufrimientos por la convivencia de esas víctimas en la década de los años setenta del pasado siglo.

DENUNCIA

Es imposible saber las fechas de las detenciones durante el Franquismo. No existía registro de alta en los calabozos debido a la ausencia de controles independientes. Tanto la Policía política como la criminal mantenían a las personas presas en locales de tortura opacos, sin ingresarles en los departamentos de Policía Nacional que sí disponían de libro de ingresos con filiación. Esta arbitrariedad no era una excepción, más bien la organización general premeditada en las comisarías de Policía, cuarteles de la Guardia Civil y militares para la práctica de interrogatorios secetos y sin garantías. Es la misma práctica utilizada por la Inquisición que por medio de la brutalidad obtenía confesiones verdaderas o falsas. Por estar falsificada la voluntariedad de la víctima esa confesión forzada realmente pertenece a la policicía franquista o al inquisidor . Por no ser verdadera la voluntad de la víctima en una confesión contra sí misma cuando está sola, aislada e indefensa en locales coercitivos, sí podemos aseverar sin eror que la mano que mueve la rúbrica del subyugado pertenece a los representantes de l terrorismo de Estado. Quien no firmaba moría traumáticamente en el secuestro clandestino o su firma y confersión eran falsificadas.

Esta denuncia también representa a miles de familias y víctimas del franquismo que ocultó la infame Transición, víctimas que no pudieron integrarse en el nuevo Régimen porque fueron excluidas de las leyes de Amnistía y del nuevo orden constitucional surgido de la Transisición.

Las pruebas impropias obtenidas en secreto, sin declaración de derechos, sin conocimiento familiar del secuestro, sin Habeas Corpus, sin médico forense y sin firma de abogado, las utilizaban los jueces franquistas para condenar a gente vulnerable analfabeta y descendientes empobrecidos del republicanismo. Al primar la eficacia adquirida, que no la verdad, la Dictadura lograba reclutar industrialmente a falsos culpables para la autopromoción de su falsa seguridad.

Agustín Moreno Carmona

Vagos y maleantes

Me presento: Soy Daniel Pont, superviviente de la Coordinadora de presos en lucha (COPEL)  y uno de sus fundadores en  Noviembre de 1976 en la desaparecida ignominiosamente cárcel de Carabanchel de Madrid.

Tras asistir a la inauguración del Festival de cine de Donostia con la presentación fuera de concurso de la película, mi valoración personal es que el director y todo el equipo han realizado una película-documento histórico llena de rigor, honesta, con excelente interpretación de los actores. Película necesaria para romper el muro de silencio global que el relato único resultante de una más que discutible situación política, nos impuso, sobre la legitimidad de la intensa lucha que mantuvimos los presos sociales (no comunes.. o ¿hay algunos presos especiales?) por unas reivindicaciones que algunos medios de comunicación actuales ningunean o manipulan.

La COPEL llevó a cabo una intensa lucha de unos 2 años y medio, al principio pacífica y después violenta contra nosotros mismos y la miserable cárcel que nos asfixiaba. Nunca contra los funcionarios  de prisiones, pese a que ellos  sí que dieron muestras violentas con la muerte por torturas de Agustín Rueda Sierra (Carabanchel 1978) y la práctica sistemática de malos tratos a compañeros de la COPEL en la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha (1979). Primera acción popular para la exigencia de justícia.

En éstos días la crítica de los medios sobre Modelo 77 en general ha sido elogiosa y/o respetuosa, aunque en muchos casos minimizando el contenido de la reivindicaciones de los presos: La COPEL exigía la inclusión en la ley de amnistia por causas legítimas políticas, sociales y jurídicas por haber sufrido las consecuéncias de una cruel dictadura franquista a través de la dureza de sus cárceles y leyes. Pero también formaban parte de sus reivindicaciones: la desaparición de leyes especiales (ley de peligrosidad social, justícia militar etc.); la reforma profunda del Código Penal; la depuración de jueces, funcionarios de prisiones y policías franquistas, etc.

La COPEL fué una coordinadora cuya función, al principio, fué concienciar y difundir entre los presos las anteriores reivindicaciones colectivas. Siempre trató de funcionar de forma horizontal y asamblearia, nunca de forma piramidal o jerárquica. Por lo tanto, no fue ningún sindicato ni cooperativa como se afirma en algunos medios, posiblemente por su incapacidad de entender que hay otras formas de organización social no jerárquicas ni sumisas.

Evidentemente nunca hubo números uno, ni lugartenientes, como algunos ex presos y/o medios han difundido, seguramente con intenciones sensacionalistas para vender “el producto”.

En internet existen dos referéncias fundamentales para entender lo que fue la COPEL: La tesis Cum Laude “Cárceles en llamas: el movimiento de presos sociales en la transición” editada y publicada por la editorial Virus de Barcelona como resultado de seis años de investigación del historiador César Lorenzo Rubio. Y el documental “COPEL: una história de rebeldia y dignidad” presentado en Octubre de 2017 y realizado por ex presos de la COPEL, comités de apoyo e individualidades solidarias. Está disponible de visión libre en internet.

Dicho todo, resumo: Como se puede comprobar existe documentación de libre acceso para informarse sobre la historia de la COPEL. Lo que demuestra que, en este caso, lo publicado por algunos medios con información parcial, errónea o decididamente sesgada revela el escaso celo periodístico de sus autores.

Afortunadamente el equipo realizador de Modelo 77 ha tenido la valentía de narrar honestamente la história de la COPEL, en aquellos años turbulentos, con aceptación pública más que notable.

P.D La situación de las cárceles entonces, no tiene mucho que envidiar a la de la actualidad donde el goteo permanente de muertes en prisión, el cruel aislamiento prolongado y la medicalización excesiva de los presos, configura una situación alarmante, donde de nuevo la sociedad mira para otro lado.

 Daniel Pont

3 de Octubre 2022

Vagos y maleantes Actividad en la calle

En el 70º Festival de Cine de Donostia-Zinemaldia, ha causado sensación la obra que la inauguró: Modelo 77, dirigida por Alberto Rodríguez, una película sobre la creación de la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), descrita dentro de ese panorama general de dolor y rabia, motines y fugas masivas –no siempre exitosas– que rodearon la llamada ‘transición’. El corolario es llamativo: cuando, en 1977, el gobierno español se vio obligado a conceder una amnistía, ésta benefició a los presos políticos –y, de paso, firmó un infame punto final para los verdugos franquistas–, pero no se acordó de los, entonces, 8.000 presos sociales –mal llamados comunes. De aquella discriminación, tan cruel como arbitraria, surgieron las protestas más justas y más duras que han conocido las cárceles españolas contemporáneas. Y la COPEL fue su adalid. Véase el documental dirigido y producido en 2017 por algunos de sus antiguos portavoces, COPEL: una historia de rebeldía y dignidad.Los presos sociales

De las noticias, críticas y gacetillas que ha propiciado Modelo 77, se suele deducir que uno de sus méritos es que muestra la cara oculta de la sacrosanta transición. Así es pero no vamos a añadir nada a una conclusión avalada por los hechos –y censurada por los biempensantes y por los equidistantes. Nos centraremos en los presos sociales entendiéndolos como resumen, exponente y símbolo de la cultura de los desheredados.

Lo que primero queremos subrayar es que, para la sociedad hegemónica, tanto esa cultura ‘de la pobreza’ –que no es una cultura pobre, cf. infra–, como esos cautivos, no son entidades fáciles de entender puesto que los presos sociales no votan, no consumen y no van a misa… en definitiva, no les interesan. Lo cual es una simpleza pero es una perogrullada necesaria para frenar a ese imaginario colectivo que se ha despeñado por el abismo de la facilidad, de la buena conciencia y hasta del buenismo. Usando sólo el sentido común, podríamos preguntarnos: además de intentar explotarlos, ¿qué saben los que comen tres veces al día de los que no siempre comen? Nada, excepto si, en una rarísima crisis de moralidad, se refugian en el humanitarismo. Peor aún, este desapego (eufemismo) se inscribe en una historia social que arranca a finales del siglo XIX, cuando se popularizó en los ambientes marxistas –no en los anarquistas–, el fatídico término de lumpen proletariat –luego, lumpen a secas. Se pensaba que “si los lumpen suelen ser contrarrevolucionarios, no merecen ser reivindicados”. Y es un dato cierto, aunque sólo a veces. Los lumpen son así (repetimos, a veces) seguramente porque no creen en nada que surja de la sociedad dominante. Así sea a su favor.

Para matizar este prejuicio que dura más de un siglo, aportaremos dos datos opuestos:

a) por descontado que la revolución sandinista triunfó gracias a una fuerza organizada –el luego llamado FSLN– pero, como escribe alguien que la defendió activamente desde sus difíciles orígenes (vid O. Núñez, La revolución rojinegra, Managua, 2009), también triunfó gracias a la espontaneidad de los “vagos” (= marginales, delincuentes de poca monta)

b) en una larga carta anónima de los años 2000’s, un preso español demuestra ser el colmo de lo ‘políticamente incorrecto’. Confiesa su amor a su novia pero, ante la duda sobre su fidelidad sexual, añade que, en caso de enterarse, “sería capaz de matarte, ¿recuerdas aquella vez en el apartamento del mariquita cuando cogí la pistola y solté dos tiros en la cama porque te fuiste con un tío a fumar?”

Ni antes ni ahora, nunca fue fácil la entente cordiale entre políticos y sociales. A este respecto, por mor de neutralidad, citamos a un expreso político marxista-leninista (L. Puicercús. 2021. ¡¡No nos jodas, camarada!!; Queimada, Madrid) que –exceptuando a los anarquistas– es de los pocos memoriosos que menciona a los “comunes” aunque sea rara y vagamente y, desde luego, sin citar sus voces en jerga. Espigando en las anécdotas aportadas por varios otros expresos políticos,  encontramos:

En octubre 1972, “en la Tercera Galería [destinada entonces a políticos y a sociales de ínfima peligrosidad], a los presos comunes les cerraban la celda por la mañana y tenían que estar todo el día tirados en el patio, con frío, calor o lluvia, dando vueltas y vueltas”; 1973, “En Carabanchel y en otras prisiones el vino funciona como moneda de cambio empleada por los presos políticos en sus pequeñas transacciones con los presos comunes”; 1973, “En aquellos años no existían las comunicaciones “vis a vis” como en la actualidad… cada tres o cuatro meses se les concedía a algunos presos, comunes generalmente y que habían observado buena conducta, una “comunicación especial”, que consistía en recibir la visita en el locutorio donde se comunicaba con los abogados.”; 1973, “Ver cine era casi un lujo en la prisión de Carabanchel (un evento único en esta prisión) Lo más curioso del caso es que era el único momento de nuestra vida carcelaria donde estábamos juntos políticos y comunes.” (nuestras negrillas); 1973, “En las películas sobre cárceles y presos comunes siempre salen a colación los cuchillos, “pinchos” u otros utensilios… El instrumento más clásico es la clásica cuchara que ha sido “trabajada” contra una pared para conseguir convertirla en un arma de defensa o ataque. Otras armas se han confeccionado con trozos de madera, cristal, cañerías o cualquier material similar. Sin embargo, mucho menos conocido el “corte de filtro”, el más asequible, rápido de confeccionar y con resultados, aunque menos espectaculares que un cuchillo normal, no por ello menos “sangriento”. Este “corte” era utilizado por los presos comunes para autolesionarse en situaciones extremas, para presionar que los llevasen al hospital y, en último caso, como arma para agredir a otros reclusos.”; 1973, “Para acceder a las celdas de castigo había que atravesar la Quinta galería. Me animó oír cómo las puertas de las celdas de los presos comunes eran golpeadas por sus ocupantes en señal de solidaridad y apoyo a los que estábamos siendo conducidos a “celdas bajas”.

En cuanto a otras prisiones, un acontecimiento excepcional:Tres presos políticos y dos comunes internados en la prisión provincial de Basauri, en Bilbao, se fugaron el 10 de diciembre de 1976”. Jaén, febrero de 1974: “Aquel día tuvo lugar un cacheo por sorpresa, ya que en otras ocasiones éramos informador por los presos comunes del “Centro” administrativo.”; Jaén, 1974, “Otra de las tareas del censor consistía en controlar los exámenes que periódicamente pasaban algunos reclusos que estaban estudiando alguna carrera desde la prisión… contaba con la colaboración de algunos presos comunes de confianza de los funcionarios para controlar el normal desarrollo de las pruebas.” (nunca lo vimos así); Jaén, verano de 1974; “El penal de Jaén era de una construcción muy antigua y todo el alcantarillado estaba repleto de ratas… una de esas ratas arañaron a uno de los compañeros mientras dormía por la noche en su celda. Al día siguiente… la dirección de la cárcel encargó a una veintena de presos comunes que matasen el mayor número de ratas posible… Para aquella acción les facilitaron palas y escobas. Verlo para creerlo. Cientos de ratas aparecieron por los huecos de los retretes y fueron aplastadas, pisoteadas, muertas y descuartizadas por las palas de los presos.” (lamentamos que nuestra versión sea otra)

Resumen: sobre un total de 35.000 palabras, sólo se menciona a los ‘comunes’ (nunca usa presos sociales) en estos comentarios de ocasión. En efecto, como subrayábamos en negrillas, el cine en Carabanchel era “el único momento de nuestra vida carcelaria donde estábamos juntos políticos y comunes”.

 Que sepamos, sobre la COPEL existen a la fecha dos trabajos académicos de muy distinta enjundia:  César Lorenzo Rubio. 2005. La revolta dels comuns. Una aproximació al moviment per la llibertat del presos socials durant la transició. Universidad de Barcelona. Edición en castellano: Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la transición. 2013. Virus ed., 440 pp. ISBN 978-84-92559-47-3. Y, Pablo Bravo González. Junio 2017. La coordinadora de Presos en Lucha –COPEL- como fenómeno sociohistórico (1976-1979) Una lectura antropológica a través de relatos de vida. TFM, Universidad de Barcelona. Además de la obvia diferencia entre una tesis doctoral y un Trabajo Fin de Master (TFM), desde el punto de vista bibliográfico, en su copiosa bibliografía, C. Lorenzo no cita a Bourdieu mientras que P. Bravo lo cita quizá demasiado. El primero entrevista a media docena de protagonistas e incluye transcripciones de otras entrevistas. El segundo, descansa más en los materiales ya publicados. Y, detalle significativo: ambos autores presentaron sus respectivos trabajos dentro del Departamento de Antropología, quizá en una suerte de continuación implícita de una de las tendencias antropológicas que hicieron furor en la segunda mitad del siglo XX; a saber, lo que Oscar Lewis definió como la “cultura de la pobreza” (término acuñado en 1959)La jerga

Durante el tardofranquismo –y es probable que hoy-, buena parte del desencuentro entre presos políticos y presos sociales estribó en que los primeros desconocían el idioma de los segundos. Ese idioma al que, por pura indolencia, llamaremos jerga refleja la cultura de los delincuentes pobres –amén de los gitanos y otros pueblos minoritarios. Como marginales los ha habido siempre, la jerga tiene siglos de edad -durante el Siglo de Oro, se llamó germanía. Evoluciona constantemente de manera que, hoy, difícilmente la entenderían los manguis actuales. Sin embargo, Arturo Pérez-Reverte dijo descubrir sus entretelas en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua; lástima que sus informantes fueran deleznables y su invención, excesiva –la definió como el golfaray, inverosímil término pues golfo en el sentido de travieso maleante no se usa en las cárceles.

Un idioma que hunde sus raíces en siglos atrás y que ahora se nutre a diario de actualizaciones, no es fácil de dominar –dada la multitud de colombianos presos en España, los actuales glosarios de jerga incorporan colombianismos de uso corriente. Por ello, a quien quiera iniciarse, le sugeriríamos que comience con una transición, una antológica pieza corta redactada en lengua madrileña-cheli-quinqui-marginal salpicada con unas pocas voces de la jerga, indescifrables para los profanos, cf. Ramoncín, “A la hija del tendero”, en El País Semanal, nº 248, 10.enero.1982.

Sin embargo, el tópico de la jerga es muy popular. Durante los años de la Transacción –perdón, transición-, varios conocidísimos (entonces) periodistas publicaron varios diccionarios; por desgracia, carentes en general del menor cuidado histórico –muchos ni siquiera mencionaban la germanía que es un filón desaprovechado- o esmero filológico. Desde aquellas lejanas fechas, hay cientos de folletos y pasquines que se creen en la obligación de incluir como apéndice un glosario –llamarlo ‘diccionario’ o ‘vocabulario’ sería excesivo-, con unas pocas docenas de voces delincuenciales sin añadir etimologías ni precisar la fecha de su registro ni la caducidad de su uso –recordemos que la jerga es volátil. Ni, mucho peor, sin especificar el colosal aporte de la lengua romaní –de los rom, gitanos. Para frenar en escasa medida esa avalancha de “jerguistas”, en 1977 regalamos a unos amigos un vocabulario de  unas 170 voces

(ver A. Pérez. 1977. “Pequeño diccionario de jerga, caliente o germanía (argot carcelario)”, pp. 83-92; en Los presos. C. Núñez y J. González. Dopesa, Barcelona) que habíamos recopilado ca. 1970 en la Tercera Galería de Carabanchel durante nuestra primera campaña. Partes de ese minúsculo aporte, las hemos visto reproducidas varias veces. Por ello, advertimos hoy que ya tiene medio siglo y que no está actualizado por lo que su utilidad es más histórica que práctica –salvo en las voces rom que aguantan el temporal pero que, para estudiarlas, es mejor acudir a algún buen diccionario de romaní.

Antonio Pérez, 18 septiembre 2022

Vagos y maleantes

Una visión parcial e interesada que forma parte del blanqueamiento del periodo mal llamado Transición. Una perspectiva falsamente «objetiva» de la lucha por la amnistía de los presos sociales, donde se finge mantener la equidistancia dando, de hecho, mucho mayor peso a la versión oficial. Además de a César Lorenzo, autor de «Cárceles en llamas; el movimiento de presos sociales en la Transición», a la hermana de Agustín Rueda y a varios compañeros que participaron en su día en la COPEL, de alguno de los cuales se ha reproducido sin su permiso parte de lo dicho en el documental «COPEL, una historia de rebeldía y dignidad», da voz a los carceleros, a un mando de la policía antidisturbios, a un ministro del Interior y a dos directores generales de prisiones, uno de ellos Carlos García Valdés quien, después de engañar a la COPEL con su proyecto reformista, fue el responsable de la brutal represión contra cientos de presos en lucha a partir de 1978, de las torturas de Herrera de la Mancha y de la falaz, manipuladora y arteramente represiva ley orgánica general penitenciaria de 1979, todavía en vigor, donde se legalizan de hecho la tortura impune, el régimen especial de máxima crueldad y la degradación disfrazada de «tratamiento». También habla mucho un jurista de instituciones penitenciarias, premiado por la secretaría general carcelera por un estudio apologético de su ley orgánica, que empezó como carcelero, ejerciendo esa miserable profesión durante muchos años, y publicó el año pasado un libro llamado «Concordia en las Cortes y violencia en las cárceles: la Transición penitenciaria española» que habrá que leer para ver como tergiversa la historia de la lucha de los presos sociales contándola desde el punto de vista de los carceleros y apoyándose en el acceso a la documentación oficial y oficiosa que la SGIP no deja ver a ningún investigador independiente. Lo mismo que los periodistas serviles que han realizado este programa pueden echar mano del enorme depósito de materiales de la radio-televisión pública que a quien no sea funcionario de la casa le costaría un ojo de la cara poder utilizar. Desde luego, una visión de quienes formaron parte de la lucha la tienes en el documental «Copel  una historia de rebeldía y dignidad». Dejamos en el reproductor el contenido del programa «Documentos RNE», sobre COPEL, emitido el 18 de marzo de 2022. También reproducimos su presentación y dejamos el enlace al programa. Y en los dos del final del todo puedes encontrar algo de información sobre la COPEL vista desde abajo.

https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/copel-transicion-presos-comunes-18-03-22/6452261/

Durante la dictadura franquista, los presos, tanto políticos como comunes, sufrían las consecuencias de una legislación anticuada y represiva. La Transición tuvo que abordar el cambio hacia un sistema penitenciario que se ajustara a la Constitución, en el que la reinserción social de los reclusos primara sobre el castigo, y en el que se superaran las graves deficiencias de las prisiones.

En ese tiempo, los presos comunes agrupados en la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL, iniciaron su movimiento particular. Su gran reivindicación fue lograr una amnistía similar a la que se estaba concediendo a los presos políticos. Junto a ella figuraban otras reivindicaciones como la depuración de jueces y funcionarios de prisiones o la mejora de las condiciones de vida.

El punto de inflexión se produjo en la conocida como la batalla de Carabanchel: un motín el 18 de julio de 1977 y en el que cientos de presos permanecieron cuatro días en el tejado de la prisión. Desde entonces, motines, incendios, huelgas de hambre y autolesiones, fueron noticia casi a diario.

La tensión llegó al límite el 14 de marzo de 1978, cuando el militante de la COPEL Agustín Rueda murió a consecuencia de la paliza propinada por algunos funcionarios en Carabanchel. El día 22, los GRAPO asesinaron al director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, con el que se había iniciado un cambio de rumbo para pacificar las cárceles.

Su sucesor, Carlos García Valdés, llevó a la práctica esas líneas de actuación. Atendió algunas de las reivindicaciones de los presos: permisos de salida, visitas vis a vis, traslado de presos al régimen de segundo o tercer grado cuando era posible, etc. Aunque hubo algún episodio espectacular, como la fuga de 45 presos de la cárcel Modelo de Barcelona, el 2 de junio de 1978, las cárceles se fueron pacificando. Además, el apoyo social a la COPEL se esfumó en un país cada vez más preocupado por la inseguridad ciudadana y el orden público.

En septiembre de 1979, el rey sancionó la Ley General Penitenciaria, la primera ley orgánica de la democracia, prueba de la importancia que las cárceles habían adquirido en los últimos dos años. La transición penitenciaria en España se consolidó y, aunque seguiría habiendo algunos motines y huelgas de hambre, la situación en las cárceles sería ya distinta.

Más información sobre la COPEL en Tokata

https://expresxsocialescopel.wordpress.com/

 

Vagos y maleantes

Traducimos al castellano dos artículos publicados en catalán en el número 539 de La Directa, firmados el primero por Ester Fayos, Gemma García y Vicent Almela y el segundo por éste último, donde se tratan algunos aspectos de la evidencia resumida en el dicho popular que hemos puesto en el título y se puede encontrar escrito en las paredes de cualquier prisión del territorio dominado por el Estado español. El cartel de arriba es la convocatoria de sendas mesas redondas sobre este tema convocadas en Castellón para el próximo viernes, 11 de febrero, y en Barcelona para el jueves de la semana que viene, 24 de febrero.

VIDAS MARCADAS POR LA POBREZA Y LA CÁRCEL

La comisión de delitos condicionados por el entorno socioeconómico o la imposibilidad de hacer frente al pago de penas de multa aboca a muchas personas a los centros penitenciarios y a un escenario de indefensión antes, durante y después de cumplir la condena

Una muda de ropa, utensilios de higiene personal y documentación. Esto es todo lo que lleva en una mochila Marouan Daif desde que vive en la calle. El peso más pesado que arrastra es el paso por la cárcel. Ha ingresado en los centros del complejo de Brians (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat) en tres ocasiones: veinte días, un mes y dos semanas –respectivamente– por no haber pagado multas derivadas de delitos leves en los últimos cuatro años. De alguna de estas condenas no se enteró hasta que la policía le detuvo para decirle que estaba en busca y captura. De otras supo cuando los plazos para pagar o sustituir el ingreso por trabajos en beneficio de la comunidad ya habían expirado. Pronto podría estar de nuevo entre rejas si no hace frente al pago fraccionado de una nueva pena de multa que ha establecido un juez. En origen, carga una vida familiar complicada, un proceso migratorio y un estado de salud delicado que le han llevado donde está: “La calle me está pasando mucha factura, nunca había entrado en prisión”.

En el caso de Daif, las entradas en prisión son consecuencia de peleas en la calle, pero también hay muchas personas en situación de calle o con graves dificultades económicas, sociales y de salud que acaban privadas de libertad por hurtos, robos o tráfico de drogas. La pobreza hace más probable el paso por prisión y así lo apuntan las estadísticas del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del gobierno español, que recogen porcentajes relevantes de encarcelamientos por hechos delictivos muy relacionados con la carencia de recursos o con situaciones de marginalidad. Asimismo, también transparentan la discriminación por origen, incluso antes de la condena: las personas “extranjeras” –aquellas que no tienen regularizada su situación administrativa, las que tienen NIE, pero no nacionalidad, y las que son ciudadanas de otros estados de la UE– ingresan más del doble de veces en prisión preventiva que el resto, puesto que, para dictarla, la ley de enjuiciamiento criminal tiene en cuenta el arraigo “laboral” y “familiar”.

Los datos más recientes disponibles de Cataluña (31 de diciembre de 2020), Comunidad Valenciana e Islas (14 de enero de 2022) revelan que más de un tercio de las personas presas cumplían condena por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico ( el 40% en Cataluña, el 35,8% en País Valenciano y el 38,9% en Islas) y casi una quinta parte, por delitos contra la salud pública, en gran parte relacionados con el tráfico de drogas (17% en Cataluña , 16% en País Valencia y 18% en Islas). Si lo desgranamos con las estadísticas del mismo año incluidas en el informe SPACE del Consejo de Europa, aflora que, en el Estado español, el 36% de los delitos son robos y hurtos, y el 17% son contra la salud pública. La experiencia del abogado Xavier Muñoz, quien cada quince días se desplaza a la cárcel de Wad-Ras (Barcelona) para brindar asesoramiento gratuito, lo avala: “Hay muchas personas encarceladas por okupaciones, hurtos, venta de droga o por pinchar la luz. En definitiva, por delitos derivados de situaciones de pobreza”.

Las cifras contrastan con que en Cataluña en el 2020 sólo 36 personas fueron privadas de libertad por delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social, como el fraude fiscal; y únicamente once por delitos contra la administración pública, como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos. Las personas ricas o famosas inmersas en procedimientos judiciales por fraude fiscal o corrupción a menudo consiguen librarse de la cárcel recurriendo a lo que en términos jurídicos se llama «conformidad previa a juicio», consistente en pactar con la Fiscalía una condena más baja para eludir la prisión ya cambio declarar su culpabilidad y asumir la responsabilidad civil devolviendo las cantidades apropiadas ilícitamente más una multa económica. Mientras Marouan Daif ha pasado más de dos meses en prisión por no pagar penas de multa, el abogado Emilio Cuatrecasas evitó pisarla en el 2014, a pesar de haber confesado un fraude de 4,1 millones de euros a Hacienda a través de un entramado societario.

Entre rejas por no poder pagar

Una de las realidades que mejor refleja el estrecho nexo entre carencia de recursos económicos y encarcelamiento es la aplicación de las penas de multa, una pena pecuniaria que consiste en la imposición del abono de una cantidad de dinero a raíz de la comisión determinados delitos. Si no se satisface el pago, se activa la responsabilidad personal subsidiaria (RPS) que, en términos generales, significa un día de prisión por cada dos días de cuota pendiente. Desde Metzineres, una entidad que acompaña a mujeres y personas no binarias que viven múltiples situaciones de violencia, la abogada Marta Valldaura alerta de que entrar en prisión en estas circunstancias comporta que se rompan procesos: “Hay mujeres que habían logrado acceder a un albergue y pierden la plaza o personas con problemas de salud mental que ven truncada su medicación o las visitas con profesionales”.

Susana Moreno entró por primera vez en el penal de Wad-Ras con 18 años, ahora tiene 53. La vida en la calle la llevó a consumir drogas y las drogas a vivir en la calle. Es difícil averiguar por qué orden. “Robaba para cubrir las necesidades de consumo, para encontrarme bien. Sólo lo entiende quien lo ha pasado”, reconoce. Los pequeños hurtos se convirtieron en penas de multa y los impagos en prisión. Ha entrado cuatro veces a lo largo de su vida: en total, más de siete años entre rejas. El sufrimiento ha moldeado las facciones de su cara, pero las ganas de salir adelante se leen en el destello de sus ojos: “Había cosas que no me gustaban de la sociedad, me removieron mucho y terminé cayendo en heroína. Fueron años muy duros, perdí a mucha gente que amaba, pero la última vez en prisión me dije que sería la última”. Ha tejido un vínculo estrecho con Metzineres y ahora vive en una habitación en el barrio barcelonés del Raval, el único que puede permitirse con una pensión de 400 euros, de la que aún pierde más de cien al mes, intuye que por alguna pena de multa pendiente.

También por hurtos inferiores a 400 euros, Laura Iñigo lleva seis meses privada de libertad en Barcelona. Con tan sólo 18 años, Eduardo Prado cumple pena de cárcel en Picassent (l’Horta Sud) porque no pudo pagar una multa de cien euros por lesiones. Diana Rueda, aunque actualmente se encuentra en tercer grado por robo en un domicilio, pisó por primera vez un centro con la mayoría de edad cumplida debido a no pagar una pena de multa por robar una moto. Son sólo algunas historias, con nombres ficticios, que se esconden detrás de las cifras de ingresos por cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria. Representan una parte relevante del total y han experimentado una tendencia al alza en los últimos años.

Condenadas sin saberlo

Según datos facilitados por el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña a la Directa, en los últimos dos años, entre un 12% y un 13% de la población reclusa lo está por penas de multa, 1.018 en 2020 y 947 en 2021; y, desde 2017, los números absolutos no han parado de crecer. El abogado Xavier Muñoz está convencido de que la crisis económica derivada del COVID-19, así como las restricciones en la movilidad, la incomunicación con los juzgados y la consiguiente desconexión de los procedimientos, han incrementado este tipo de ingresos.

De acuerdo con el último informe sobre reincidencia penitenciaria en Cataluña, de 2014, elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, dos terceras partes de las personas presas por impago de multa son “extranjeras” y han cometido un delito contra la propiedad , casi la mitad tiene antecedentes, y la mayoría tienen como máximo estudios primarios y carecen de domicilio fijo o residen fuera de Cataluña.

Precisamente, el no estar localizable y que no sea obligatorio contar con abogada ante un delito leve hace que muchas condenadas no sepan ni que lo están. De este modo, se les acumulan causas y un día la policía las identifica por la calle y quedan detenidas, como le ocurrió a Marouan Daif. «Se hace un juicio y se dicta una sentencia sin ellas, que no pueden recurrir», lamenta Marta Valldaura. El desconocimiento es el primer eslabón de indefensión que también señala Bea Fernández, responsable del servicio jurídico de la Fundación Arrels: “Puede que las personas sin hogar hayan sido ilocalizables durante muchos años y se les generen asuntos judiciales que no controlan”. Además, si la afectada no lo solicita antes de que se dicte sentencia, pierde la posibilidad de optar a la sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad.

Si logran empadronarse en el centro de alguna entidad o en un domicilio fijo, es cuando comienzan a emerger las citaciones o notificaciones judiciales. En plural, porque el último informe sobre reincidencia penitenciaria en Cataluña subraya que un 53,4% de las penadas con penas de multa reincide; lo que, según las responsables del estudio, evidencia «la poca eficacia de esta medida».

La desproporcionalidad

El Código Penal contempla un sistema de proporcionalidad para penas de multa en función de la “situación económica del preso, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares”, una idea que se refuerza desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: «El juez hace una consulta oficial a la administración correspondiente». Ahora bien, de la teoría a la práctica, según Muñoz, existe un largo trayecto. Este letrado lamenta que normalmente no se indaga y acaba siendo una pena desproporcionada para una persona empobrecida.

El informe “La prisión por impago de multa en Cataluña”, publicado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada en 2016 va más allá y denuncia que “las carencias procesales, organizativas y materiales dificultan la adecuada indagación de la auténtica capacidad económica en los dos grupos de casos más extremos”, en referencia a quien dispone de recursos elevados y a quien se encuentra en situación de exclusión social o con ingresos modestos. A los primeros, por imponerla inferior a la disponibilidad económica y, a los segundos, todo lo contrario.

Al margen de los motivos del ingreso, la falta de recursos económicos también deja huella en el paso por la cárcel y la posibilidad de volver a ella. Las expertas en sociología y derecho entrevistadas coinciden en afirmar que el combate contra la reincidencia es poco fructífero porque no se erradican las causas que motivaron las conductas delictivas, como la pobreza, la marginalidad o los problemas de drogodependencia. De hecho, según el citado informe, un 48,3 % de la población interna reincidente que se evaluó presentaba problemas de empleo y un 40,2% problemas económicos.

«La prisión es un círculo muy peligroso», apunta Cristina Garés, psicóloga y miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH). Especializada en criminología y sociología, Garés advierte que si sales y no hay un buen acompañamiento, las posibilidades de volver a delinquir son mucho más altas. Cuando una persona abandona la cárcel, puede solicitar el subsidio para personas liberadas de prisión –de 463,21 euros, actualmente– una cuantía que, para Diego Salvador, psicólogo de Iniciativas Solidarias, una entidad que acompaña a presas y expresas, no es suficiente para poder hacer frente a las necesidades básicas. Por eso, suelen priorizar la búsqueda de trabajo, que puede eternizarse por la misma estigmatización y aislamiento que sufre la población exreclusa: “La sociedad no quiere contratar a un camarero o a un cocinero que ha estado en prisión. Además, los vínculos sociales creados se han cortado. Todo esto todavía les aboca más a la pobreza y es muy sencillo volver a la vida que tenían antes”, advierte.

La historia de Donatello Priami ejemplifica a la perfección cómo la prisión agrava la situación de vulnerabilidad o cómo, incluso, puede conducir a ella. Priami trabajaba como cocinero en un restaurante de Valencia, hasta que fue condenado a nueve meses de cárcel por un delito de injurias. A los tres meses y medio logró la libertad condicional, pero volvió a delinquir, porque, aunque lo intentó, no logró un nuevo puesto de trabajo. «Vendía marihuana para obtener algunos ingresos, me pillaron y me encerraron seis meses más», relata. Hace dos semanas que recuperó la libertad, pero el miedo a enfrentarse de nuevo a la pobreza le persigue.

Defensa precaria

“Dentro, sin una familia que te meta dinero todos los meses, tampoco es nada fácil sobrevivir y, mucho menos, defenderte”. Son palabras de Jaime Trapote quien, con 44 años, ha pasado más de la mitad de su vida encarcelado. A los 15 años pisó un centro penitenciario por primera vez, pero, después de tres días insistiendo en que era menor de edad, le trasladaron de Alcalá-Meco a un centro de menores, del que se escapaba siempre que podía. Nacido en una familia de clase obrera, con 23 años empezó a cumplir la primera condena por varios robos, reincidiendo hasta en catorce ocasiones. Hace menos de un mes, salió de la cácel de Villena, en l’Alt Vinalopóe, recuperando la libertad  después de once años y catorce días encerrado.

Trapote destaca la «pésima» asistencia jurídica gratuita que ha recibido, bien por la «falta de conocimientos y compromiso» de algunas letradas o bien por las reiteradas sustituciones de estas profesionales. A lo largo de la última condena, el ex preso se vio inmerso en toda una odisea para recibir la asistencia legal: “Tuve que esperar meses y meses. Incluso puse una reclamación, que me desestimaron porque decían que ya me habían visitado, pero no era cierto”.

La ley 1/1996, así como los decretos 252/2016 y 17/2017 de la Generalidad de Cataluña y la Valenciana, respectivamente, permiten a las personas en situación de vulnerabilidad solicitar asesoramiento y defensa gratuita. Las abogadas asumen la defensa de la acusada durante todo el procedimiento judicial y, obligatoriamente, deben seguir ofreciendo servicio durante los dos años posteriores a la sentencia. Sin embargo, la abogada de la asociación valenciana Àmbit, Pilar Serrano, denuncia que “muchas veces, los compañeros de oficio entienden que con la sentencia ha terminado su trabajo y la ejecución de la pena se queda coja de asesoramiento” . Comparte la mirada crítica Salvador, quien recuerda que la indefensión jurídica ha marcado el futuro de algunas de las personas que ha acompañado: “Ha habido casos en los que los recursos no han llegado a tiempo o el acusado no conocía a su abogado ni la estrategia jurídica”.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no lo ha sufrido en propia piel, pero sí ha podido testimoniarlo durante su paso por las prisiones de Lledoners (El Bages) y Soto del Real (Madrid), donde ha estado tres años y ocho meses. Cuixart ha conocido a reclusos que no podían ejercer sus derechos penitenciarios por desconocimiento o falta de capacidad para defenderlos: “Si tienes dinero para unos buenos abogados, puedes ir batallando y, al final, un traficante condenado a quince años puede llegar a salir antes que un pequeño vendedor de barrio con recursos limitados y decenas de condenas menores, derivadas de problemas estructurales”, ejemplifica. La eficiencia del servicio de asesoramiento gratuito dentro, por Cuixart, «siempre depende del compromiso de la dirección de la prisión y, en última instancia, del responsable del módulo».

La condena a la soledad

Además del asesoramiento jurídico, la red de apoyo también es un salvavidas en la cárcel y Luis Antonio Machado no la tuvo. Se quedó huérfano cuando tenía sólo 5 años y los reformatorios y la calle se convirtieron en sus lugares de residencia. Cuando cumplió 18 años, sufrió su primera condena en el centro penitenciario de Monterroso, en Lugo. Ha estado entre barrotes en tres ocasiones, la última por un delito de desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad, con una pena de nueve años y medio que sigue cumpliendo en régimen abierto en Valencia, donde vive, en uno de los espacios que habilita a la entidad Casal de la Pau para personas en libertad condicional o que acaban de salir de la cárcel.

Durante el cumplimiento de la última condena, Machado debía trabajar para cubrir algunas de las necesidades básicas dentro del centro. Al poco de entrar, le ofrecieron trabajar como bibliotecario y aceptó el lugar sin dudarlo. Por una jornada de cuarenta horas semanales, cobraba 212 euros al mes, de los que una pequeña parte la destinaba a comprar comida o productos de higiene en el economato penitenciario. “No tener familia fue lo peor –explica Machado–, porque te encuentras solo ante el peligro. Cuando entre en prisión, tengo que defenderme en todos los sentidos: física, económica y moralmente”.

Machado no pudo contar con un contrafuerte familiar, pero tenerlo tampoco es garantía de poder disponer de recursos económicos suficientes. Según un estudio sobre la situación de las personas con problemas de drogas en prisión del año 2008, elaborado por la Red de Atención a las Adicciones en colaboración con el Ministerio de Sanidad español, el perfil familiar predominante se caracteriza por las carencias económicas: el 36,6% de los padres son pensionistas y el 45,8% de las madres son trabajadoras del hogar.

Mari Carmen Molina es una de estas madres con dificultades para apoyar económicamente a su hijo, que desde hace dos años cumple condena en la cárcel de Córdoba, a más de 500 kilómetros de Xilxes (la Plana Baixa), su pueblo natal . Hace dos años que su familia no le ve. El marido de Molina se encuentra en paro y ella perdió su puesto de trabajo en un almacén de naranja después de un accidente. Con el tiempo se recuperó, pero no volvieron a contratarla y tuvo que sobrevivir con un subsidio de 400 euros al mes. «Intentamos visitarlo en dos ocasiones, pero el viaje costaba unos 400 euros, entre transporte, comida, hotel…», lamenta.

Si la pobreza condiciona la entrada y el paso por prisión, la salida no es una excepción. A la hora de obtener permisos, tercer grado o libertad condicional, juega un papel clave el hecho de poder vivir en un espacio adecuado para la reinserción o disponer de una residencia legal. Pero la realidad en España es que el 57,5 ​​% de las personas presas no disponen de vivienda propia o de alquiler, según la Red de Atención a las Adicciones. Las trabas crecen en el caso de la población penitenciaria extranjera que no tiene residencia legal en el Estado y con quien, según el abogado Xavier Muñoz, «las instituciones penitenciarias catalanas son especialmente restrictivas respecto a la concesión de beneficios penitenciarios». En estos casos, entidades como Àmbit o Arrels trabajan para ofrecer una alternativa habitacional en residencias o pisos de acogida.

Acompañar a la gente presa

Las entidades no hacen ni mucho menos el único acompañamiento a la población reclusa. Las asociaciones de familiares, los grupos de apoyo y los colectivos anticarcelarios también atienden a necesidades básicas de las personas presas, pero de forma autogestionada. La Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos (AFAPE) sembró una semilla en este sentido en 1976, cuando nació en el marco de la lucha de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), y ha servido de referente para a la aparición de otros espacios, como la gallega Nais contra la impunidade, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria o Familias de Presos en Cataluña. Gracia Amo, portavoz de la asociación catalana de familiares, considera que tienen un conocimiento más directo de las necesidades a cubrir, en la mayoría de casos asociadas a problemas de pobreza: “Ingresamos peculio periódicamente, entramos ropa, pagamos abogados para conseguir derechos básicos y visitas psiquiátricas… Intentamos sacar dinero de donde sea para hacer frente a las necesidades”.

La tercera pata en el acompañamiento de personas presas es lo que ofrecen desde los grupos de apoyo y colectivos anticarcelarios, como Tokata, La Corda o Fuig. Fernando Alcatraz, miembro del colectivo Tokata de Valencia, recuerda que en los orígenes de los grupos de apoyo, en los años setenta, los barrios se implicaban para intentar excarcelar a los presos. Ahora, en cambio, su labor se centra principalmente en paliar las carencias afectivas, denunciar las vulneraciones de derechos, facilitar que se coordinen dentro para poner en marcha acciones y luchar contra la indefensión jurídica.

‘VAGOS’, MALEANTES Y OTRAS DISIDENCIAS INCÓMODAS PARA EL SISTEMA PENAL

Un repaso histórico muestra cómo la cárcel, desde sus orígenes en el siglo XVII, se ha utilizado para ‘sacar de la circulación’ los sectores abocados a la exclusión social

Desestructuración familiar, dificultades afectivas, rebeldía adolescente, marginación social, pobreza y violencia. Éstos son los patrones comunes que encontró Daniel Pont entre la población penitenciaria la primera vez que ingresó en una cárcel en 1967, poco después de cumplir la mayoría de edad. Haber cometido algunos delitos menores durante la adolescencia le convirtió en una víctima más de la entonces llamada ley de vagos y maleantes, aprobada por las Cortes de la Segunda República en 1933, en lo referente al tratamiento penal de personas sin techo, que practicaban la mendicidad, trabajadoras sexuales, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales por parte del gobierno republicano, y que posteriormente fue ampliada por la dictadura franquista para reprimir también la homosexualidad. Esta legislación, basada en el concepto de higienismo social no sancionaba delitos sino conductas, intentando evitar su comisión futura, por lo que incluía medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos. Pont pasó cuatro años de prisión en prisión por todo el Estado, en los entonces llamados «reformatorios de vagos y maleantes», que en la práctica resultaban ser campos de trabajo forzado para personas sin recursos.

“Con 22 años salí de prisión con un odio social muy fuerte, que me llevó a cometer delitos mayores, sobre todo atracos, y a volver a ingresar en prisión pocos años después”. En esta segunda ocasión, aparte de la condena asociada a un delito de atraco, se le aplicaría también la entonces recientemente aprobada ley de peligrosidad social –que en 1970 había sustituido a la ley de vagos y maleantes–, que le comportaría de nuevo cumplir la condena “a pulso” –sin beneficio penitenciario ni rebaja–, lo que le mantuvo privado de libertad hasta 1979. Precisamente, una de las reivindicaciones de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), que se fundó en la prisión de Carabanchel a finales de 1976 con el objetivo de luchar para que la nueva ley de amnistía para las personas presas políticas de la dictadura que estaba en proceso de negociación incluyera también a los presos sociales –los cuales, finalmente, quedarían excluidos– y en la que Daniel Pont tuvo un rol muy activo, fue acabar con estas jurisdicciones especiales que suponían una doble condena para las personas sin recursos: una por su perfil social de “posible” delincuente, y la otra por los delitos cometidos.

Código Penal con mayor penalidad

“El uso del sistema penal y la reclusión de los pobres para ponerlos a trabajar es muy anterior a la ley de vagos y maleantes. De hecho, la misma genealogía de la cárcel en el siglo XVII, mediante las llamadas casas de corrección, ya lo contemplaba”, recuerda César Lorenzo, doctor en Historia y autor del libro Cárceles en llamas (Virus Editorial, 2013). En España, según explica Lorenzo, el sistema penal sigue desde el principio la misma doctrina “encerrar a la gente marginal por su comportamiento antisocial y a las personas que atentan contra la seguridad o la moral del régimen”, y añade que después se aplican leyes como la de vagos y maleantes y peligrosidad social, “que les vienen muy bien también para criminalizar y perseguir a los obreros de las fábricas, especialmente anarquistas, y cualquier disidencia política del momento”.

Con el fin de la dictadura y el inicio del llamado proceso de Transición democrática se producen algunos cambios y reformas en el Código Penal, como la eliminación de las sanciones a las personas por su orientación sexual y, en 1983, se producía la excarcelación de una parte considerable –5.000 personas– de la población penitenciaria preventiva, que rondaba el 40% del total, mediante la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. A pesar de las reformas, la ley de peligrosidad social seguiría activa hasta el nuevo Código Penal de 1995, considerado por mucha gente el primero de la democracia.

“Paradójicamente, es con este nuevo Código Penal cuando se produce el mayor aumento de población penitenciaria de la historia”, explica Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. En todo el Estado se pasa de 44.000 personas presas en 1995 a 74.000 en 2010. Según describe Rivera, existen varios factores que explican este aumento de la población entre rejas: “Por un lado, el aumento de la penalidad, impulsada por estrategias de alarma social y el populismo punitivo, hacia dos tipos de delitos vinculados a situaciones de pobreza y marginalidad, como son los delitos contra el patrimonio y la salud pública; por otra, la eliminación de la redención de penas por trabajo incluida en el anterior Código Penal y la dificultad para acceder a beneficios penitenciarios, lo que supondría que quien entraba en prisión se quedaba mucho más tiempo y, por último, la nueva penalidad hacia las mujeres y las personas migrantes recién llegadas”. Según Rivera, el perfil de las víctimas del sistema penal ha ido cambiando, pero siempre responde al mismo patrón: personas que estructuralmente tienen menos recursos.

Ser mujer es otro de los factores que penalizan dentro de la población penitenciaria. Isabel Almeda Samaranch, profesora y catedrática de Sociología por la Universidad de Barcelona, ​​conoce bien esta intersección entre migración y pobreza en las mujeres presas: “La prisión afecta sobre todo a mujeres que ya estaban excluidas previamente a su proceso de privación de libertad, principalmente mujeres migradas, sin redes de contención, que han sufrido violencia –física o estructural– o usuarias de drogas en contextos de marginalidad”. Más de un 90% de mujeres que cumplen prisión están condenadas por delitos contra el patrimonio –por robos vinculados al consumo o la supervivencia– o contra la salud pública –por el mercadeo o transporte de sustancias a través de fronteras, normalmente ejerciendo de lo que se conoce como “mulas”. El Estado español tiene una de las mayores tasas de encarcelamiento de mujeres de la Unión Europea (alrededor del 7%), algo que, según Almeda, se explica en la alta feminización de la pobreza, el poco desarrollo de el estado del bienestar, la fuerte criminalización de las migraciones, la progresión de las políticas punitivistas y la falta de alternativas a la prisión y de una sociedad civil organizada en torno a este tema. “La cárcel es la punta del iceberg del patriarcado. Una prisión nunca puede ser feminista, pero es una cuestión feminista, que desde los feminismos debemos abordar”.

Nuevas represiones

La tendencia de crecimiento continuo de la población penitenciaria se detuvo hace una década, cuando las estadísticas de personas privadas de libertad –tanto en los Països Catalans como en el Estado español– comienzan a disminuir, algo que se intenta explicar desde diferentes campos del derecho penal y la sociología. Según Iñaki Rivera, la explicación de este fenómeno es muy clara: la expulsión masiva de personas migradas a sus países de origen y el inicio de lo que llama la “burorrepresión”. “Llega un punto en el que las prisiones comienzan a ser insostenibles por el estado en términos económicos, y, por tanto, estratégicamente, se buscan nuevas fórmulas sancionadoras que implican recaudar fondos para las arcas públicas y gastar lo menos posible”. El mejor ejemplo es la nueva Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana de 2015, en la que se tipifican nuevas infracciones administrativas y se incrementa la cuantía de las sanciones, que de nuevo encuentran a sus principales infractoras en el mismo sector social de siempre: jóvenes, personas que provienen de entornos de marginalidad, disidentes políticas y personas migradas.

«No es casualidad que el sistema penal actúe de nuevo selectivamente contra este sector social» explica Rivera. Este hecho viene facilitado, según el jurista, por «la docilidad de una sociedad cada vez más plastificada e individualista que no da ni construye ninguna resistencia colectiva para erradicar la criminalización de la pobreza y la disidencia». Y avisa que, si no nos implicamos, deberemos prepararnos para tiempos mucho peores: “Veremos cuál será el próximo objetivo del sistema penal”.

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