POR QUÉ MUERE NUESTRA GENTE EN LAS CÁRCELES
Porque allí son habituales las torturas y malos tratos. Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a sus víctimas. Se traslada arbitrariamente a la gente, desarraigándola de su entorno social y familiar. Se obstaculizan las comunicaciones con la calle, imponiendo despóticamente su intervención o su privación como castigo. El acceso a la cultura casi no existe. Se censuran las publicaciones «por motivos de seguridad». No existe libertad de expresión ni de asociación. La explotación laboral es enorme. Las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres.
La situación sanitaria es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unas prestaciones médicas, sanitarias y farmaceúticas iguales a las de cualquier ciudadano. Se abandona a los enfermos sin proporcionarles la medicación y los tratamientos que podrían salvarles. Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberados los enfermos muy graves y con padecimientos incurables más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo. Los enfermos psiquiátricos constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide, yendo a parar muchos de ellos, por el contrario, al régimen de castigo, de donde han salido muertos unos cuantos. En las cárceles no existe psiquiatría ni psicoterapia que valga. Y no es que pensemos que la actividad corriente de los «profesionales de la salud mental» sea ninguna panacea, pero siempre será mejor que el aislamiento, las porras de goma, el gas pimienta o las sujecciones mecánicas.
No es extraño que más de la mitad de los puestos de trabajo médico-sanitario permanezcan vacantes: ¿quién va a querer trabajar en condiciones tan indignas? De los que tienen estómago suficiente, muchos médicos suelen hacerse cómplices de las frecuentes torturas al hacer la vista gorda ante las lesiones resul-tantes. El tráfico de drogas ilegales está con-sentido, pero, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin apenas control médico, para que no molesten. Se suministra metadona sin necesidad y con tal negligencia que ha habido muchas muertes por sobredosis, administradas por los mismos servicios médicos carcelarios. La mortalidad –muchas veces por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita»– es en las cárceles mucho más elevada que en la calle y abundan los fallecimientos en extrañas y dudosas circunstancias, nunca aclaradas, ya que no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se ofrece a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las autoridades carcelarias y judiciales que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la «tutela judicial efectiva» de los derechos de las personas presas, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.
Somos familiares y gente solidaria con las personas presas. Algunas hemos sufrido la muerte de nuestros hijos, hermanos o compañeros, supuestamente confiados al “cuidado” de las instituciones estatales. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar, denunciar y, a ser posible, detener esa situación degradante. Nos dirigimos a toda persona o grupo que pueda sentir alguna solidaridad o afinidad con nosotras para pediros vuestro apoyo. Queremos hacer una campaña de “micromecenazgo” (crowfunding) para hacer frente a nuestros gastos pendientes y poder mirar hacia el futuro con un poco más de tranquilidad. Os agradeceríamos cualquier tipo de colaboración, económica, de difusión, o del tipo que se os ocurra. Esto es un primer contacto. Habrá más, y os avisaremos cuando iniciemos la campaña.
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