Categoría: <span>Actividad en la calle</span>

El cinismo y la hipocresía del Estado español, de quienes lo manipulan en su propio interés y de quienes lo gestionan a su servicio, sean de izquierdas o de derechas, pretendiendo que la administración y explotación de las catástrofes humanas y sociales que ellos mismos provocan pueden contribuir a su solución en lugar de constituir la parte principal del problema, se ponen de manifiesto una vez más en la gestión de la problemática de la enfermedad mental en prisión, donde se machaca cotidianamente a los débiles para consuelo de los sumisos y cobardes, mientras los responsables hacen planteamientos utópicos que no son suficientes para esconder que son ellos quienes mantienen a gente enferma en un régimen de vida destructivo, porque el capital parasitario al que sirven medra a costa de su sufrimiento y porque el humanismo de la mercancía continúa poniendo su filantropía muy por debajo de su codicia. Traducimos un artículo publicado en catalán por Ester Fayos en la página web de La Directa el pasado 27 de mayo, donde se ofrece una concreta perspectiva de todo eso, aportando documentación y algunos testimonios más o menos comprometidos, que pueden ayudar a situarse críticamente frente a ese sector de la máquina punitiva.

El Ministerio del Interior español pretende aprovechar las instalaciones de la fallida cárcel de Siete Aguas (la Hoya de Buñol) para construir un complejo donde encerrar a 500 personas privadas de libetad y con problemas de salud mental. Colectivos anticarcelarios y del ámbito de la salud mental del País Valenciano se oponen a este modelo penitenciario y defienden una atención en recursos comunitarios y de proximidad

A mediados del mes de febrero, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, de quien depende la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, publicaba el anuncio de licitación donde se fijaba un presupuesto de 730.000 euros para la redacción del proyecto, adjudicada a la sociedad de arquitectos Sánchez Horneros, que obtuvo la máxima puntuación. Es sólo una pequeña parte de la financiación total, que, según la documentación correspondiente publicada por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), se eleva hasta los ochenta millones de euros, que se destinarán a terminar de levantar y acondicionar las instalaciones de la cárcel a medio construir, proyecto impulsado por el gobierno de Zapatero para albergar a 1.194 internos y aliviar la «sobresaturación» del centro penitenciario de Picassent (Valencia Sur).

El hospital psiquiátrico penitenciario tendrá una capacidad para 500 personas privadas de libertad y diagnosticadas con trastornos mentales, que podrán ser trasladadas desde sus territorios de origen para cumplir condena en la Hoya de Buñol, a pesar de que el artículo 12.1 de la ley penitenciaria dicta que se debe «procurar […] evitar el desarraigo social». Desde SIEPSE aseguran que se han seguido criterios sanitarios y se han estudiado «las características y perfiles de las personas enfermas» a la hora de determinar la estructura y las unidades de alojamiento más «adecuadas» para su bienestar y recuperación mental y social. «Sobre el papel, tal vez sí, pero en la práctica priman los criterios restrictivos», denuncia Javier Vilalta, director de Àmbit ‒entidad que trabaja para la reinserción social de las personas Preses‒ y miembro de la plataforma Stop Centro Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas. Muestra de ello es la propia concepción de un centro de grandes dimensiones ‒70.000 metros cuadrados‒ y aislado del resto de la población; o una división modular que atiende a medidas punitivas y clasifica a las personas presas en «agudos, agresivos, descompensados, estabilizados o rehabilitados», tal como se lee en la documentación oficial del proyecto.

Sin atención médica y sobremedicalizadas

El año 2019 murieron 194 personas en las cárceles del Estado español, muchas de ellas a causa de enfermedades graves. La segunda causa de muerte es la sobredosis por consumo de drogas legales –ansiolíticos o metadona, por ejemplo‒ proporcionadas por la propia administración carcelera sin control terapéutico adecuado; mientras que la tercera causa es el suicidio, muchas veces de personas con problemas de salud mental que no se han diagnosticado o notificado previamente al equipo médico –según datos del estudio PRECA, el informe más amplio sobre la prevalencia de trastornos mentales en centros penitenciarios, ocho de cada diez personas presas han sufrido algún tipo de trastorno mental, siendo el trastorno por el uso de sustancias lo más frecuente (76,2%), seguido del trastorno por ansiedad (45,3%) , el afectivo (41%) y el psicótico (10,7). Esta falta de información y seguimiento médico implica que a estas personas, sin tener en cuenta su estado mental, se las pueda encerrar en primer grado, sometidas a castigos penitenciarios o que ni siquiera se las destine a los centros psiquiátricos para cumplir las medidas de seguridad, tal como dicta una sentencia del Tribunal Constitucional, del año 2018.

«La atención médica en las cárceles es una catástrofe», critican desde el grupo de apoyo a personas presas Tokata. En fecha de marzo de 2020, en las cárceles del Estado español había 285 médicos y 6 psiquiatras para 55.180 personas presas, según datos del Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por EH Bildu. Con esas cifras «no se cubre ni un pequeño porcentaje de las necesidades de las personas con problemas de salud mental, que en el mejor de los casos reciben una visita al mes», añaden las miembros de Tokata, quienes además denuncian la falta de especialización médica: «los médicos carceleros recetan tratamientos psiquiátricos sin tener conocimientos adecuados. Tienen a la gente aturdida y están fomentando el consumo y tráfico de drogas supuestamente legales».

La falta de recursos y de personal se extiende a la atención psiquiátrica en los hospitales penitenciarios, donde las personas internas se definen como «inimputables», es decir, que no pueden comprender la ilicitud de la infracción penal cometida. Por ello, en teoría, estas instituciones tienen un fin terapéutico y no sancionador, pero la realidad es otra bien distinta. En la actualidad, existen dos: uno en Sevilla –con 158 plazas– y otro en Fontcalent –371–, núcleo de población de Alicante, que sirven de referente en la lucha contra el centro Siete Aguas. «No están dirigidos a la recuperación de las personas. Allí están encerradas y sobremedicalizadas hasta que termina la medida de seguridad «, expone Vilalta. En la misma línea se expresa Lorena Navarro, trabajadora social en el centro de acogida del Casal de la Pau, que hace acompañamiento a los presos de Picassent y forma parte de la Coordinadora de Organizaciones del Entorno Penitenciario de la Comunidad Valenciana (COEPA-CV): «Se está creando un gueto de personas con problemas de salud mental, aisladas y sin ninguna clase de atención social y sanitaria».

Esto mismo demostraron, en el año 2018, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP) y el defensor del pueblo. Por medio de una visita sin previo aviso, pudieron constatar que el centro de Sevilla no disponía de un número suficiente de psiquiatras «para garantizar una atención psiquiátrica de calidad» ni tampoco de un psicólogo titular. En el informe correspondiente también se denuncia el estado de suciedad de las instalaciones y unos protocolos de contención que se aplican «por períodos de tiempo muy prolongados», aunque, según el defensor del pueblo, las sujeciones mecánicas se deben aplicar con carácter excepcional y por el «tiempo mínimo imprescindible» cuando «no exista otro medio menos gravoso».

En el caso de Fontcalent, a principios de 2020, el hospital sólo contaba con una psiquiatra para unas 300 personas internas, y en noviembre de 2020, la Asociación de Trabajadores Penitenciarios denunciaba que no había ningún profesional. «Alegan que el de Fontcalent está obsoleto para impulsar otro, pero el problema no es ese, sino la falta de profesionales», puntualiza Vilalta, quien también pone los centros Castellón I y Castellón II como ejemplo de las carencias: » Este año hace tres años que no les visita ningún psiquiatra «; aunque, según un análisis de la catedrática de derecho penal Esther Hava García, publicado en el año 2020, el 81,4% de los internos de estas cárceles objeto del estudio presentaron una patología dual –trastorno por uso de sustancias y trastorno mental.

Sergio Pellijero, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, pasó por el hospital de Fontcalent y por las cárceles de Picassent, Soria, y por último, de Albocàsser entre los años 2007 y 2014. En ninguna de ellas recibió una atención médica y psiquiátrica adecuada ni un acompañamiento personal para su reinserción social. «Te tienen cerrado y, durante unas horas, te sueltan a un patio con otros 200 presos. Esta es la rehabilitación y reinserción de la que hablan», describe. De su paso por el centro psiquiátrico de Alicante recuerda las condiciones «infrahumanas» y el exceso de medicalización: «Te destrozan la vida, pero a las farmacéuticas les da igual, porque ese tratamiento les reporta 5.000 euros al mes». Si mira atrás, destaca uno de los episodios que más le hace cuestionar el sistema penitenciario actual, cuando en una consulta con su psiquiatra entró un comercial para ofrecerles medicamentos: «Si voy a un tribunal, esto no lo creerán, porque soy yo quien está incapacitado».

A la falta de recursos se añade una sanidad penitenciaria en manos del Ministerio de Interior español. En 2003, en un clima de movilizaciones para conseguir un sistema de salud igualitario para todos, el Congreso español aprobó la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que obligaba al gobierno, entre otras medidas, a transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas. Dieciocho años después de la aprobación de la ley, sólo Cataluña y el País Vasco tienen transferida la sanidad penitenciaria. Esta vulneración de la ley, según denuncian desde los colectivos anticarcelarios, conlleva el abandono médico y la descoordinación de las diferentes administraciones, así como un aumento de la atención basada en prestaciones farmacéuticas.

Centros que vulneran los tratados

Este modelo de centros psiquiátricos supone una vulneración de los tratados y convenciones internacionales sobre salud mental y prisiones, que desde hace varios años se orientan hacia una atención de las personas con problemas de salud mental judicializadas en recursos comunitarios y dependientes de las administraciones autonómicas. La misma secretaría general de Instituciones Penitenciarias, en el llamado Programa Puente: Salud mental en penas y medidas alternativas, manifiesta que las cárceles no son un espacio adecuado para la reinserción social y personal de las personas inimputables y apuesta por «facilitar la integración con los dispositivos sociales y sanitarios comunitarios «.

En la misma línea se posicionan organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el plan de acción sobre salud mental, el Sistema Nacional de Salud (SNS) o la propia Consellería de Sanidad, en manos de Ana Barceló (PSPV). En el documento Estrategia autonómica de salud mental 2016-2020 aboga por la creación de una red de servicios de salud mental «en la que las diferentes unidades ofrezcan una amplia gama de prestaciones, se coordinen entre sí, garanticen la continuidad de los cuidados y realicen actividades conjuntas, incluyendo la promoción y protección de la salud mental, el tratamiento y rehabilitación». Asimismo, en una reunión con la delegada del Gobierno en Valencia, Gloria Calero, la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, con competencias en salud mental, Mónica Oltra (Compromís), expresó su negativa al proyecto de Siete Aguas y defendió una atención especializada, comunitaria y de proximidad, con centros pequeños y deslocalizados. Incluso, en el estudio Derecho y salud mental: logros alcanzados y retos pendientes, de Luis Fernando Barrios Flores, doctor en Derecho que trabajó en el hospital de Fontcalent, se afirma que hay que superar el modelo de grandes instalaciones y seguir el ejemplo del modelo francés o italiano, «con espacios de un máximo de 20 camas, dotados de personal especializado y con un esquema organizativo claramente asistencial».

Desde la Plataforma Stop Centro Psiquiátrico Penitenciario de Sieteaguas, que ha recibido el apoyo de más de 200 organizaciones y entidades del ámbito penitenciario y la salud mental, celebran las declaraciones de la consejera, pero las consideran insuficientes. Por ello, informan que, a lo largo de las próximas semanas, emitirán varios informes sobre la falta de recursos y las consecuencias negativas que este modelo implica para las personas con problemas de salud mental judicializadas, y advierten que acudirán al Defensor del Pueblo y a las instituciones europeas y organismos internacionales que revisen el caso de Siete Aguas.

Ante este panorama de vulneraciones de planes y normativas y carencias, la plataforma se pregunta el porqué de que no se inviertan los ochenta millones de euros en mejorar las condiciones y la atención médica penitenciaria actual. La respuesta: «El centro de Siete Aguas responde a un interés económico. Es la política del ladrillo frente a la del ser humano», remacha con rotundidad Vilalta. La misma opinión comparte Pellijero, quien se muestra mucho más contundente y advierte que dentro de algunos años «Florentino Pérez o algún fondo de inversión pegarán el pelotazo con esta construcción».

Alternativas en comunidad

Las personas con problemas de salud mental que delinquen, de manera previa a su entrada en prisión, ya conviven en núcleos de exclusión social. Los elevados índices de desempleo ‒según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2019, sólo un 34% de esta población era activa; 47,3 puntos menos que el resto–, la estigmatización y el aislamiento, las frecuentes violaciones de los derechos económicos, sociales o reproductivos, la carencia de vivienda o las restricciones impuestas en el ámbito laboral, educativo o de la vida pública son algunas de las desigualdades a las que se enfrentan en su día a día. A estas, una vez han cumplido la medida de seguridad, se suma «el estigma de haber estado preso», explica Navarro, para quien el sistema penitenciario no hace más que agudizar la situación de mala salud y exclusión en que se seguirán encontrando cuando abandonen la prisión.

Muchas expertas y los organismos internacionales ya han superado la visión restrictiva y punitiva que representaban los manicomios, los cuales empezaron a abolirse con la ley de sanidad del año 1986; y están de acuerdo con el hecho de que el aislamiento penitenciario no es el más adecuado para tratar a las personas inimputables. Su transformación implica trabajar en y desde los recursos comunitarios: «Deberían poder ser trasladadas a viviendas propias donde acompañarles y hacerles un seguimiento», propone Navarro.

El programa Nuevos Rumbos, presentado a la Consejería de Igualdad por la plataforma Activistas en Acción ‒formada por cuatro colectivos que trabajan con personas psiquiatrizadas y de la que Pellijero forma parte– concreta este tipo de alternativa con la propuesta de un bloque «de viviendas con apoyo». Se trata de diferentes unidades de convivencia donde las personas con problemas de salud mental podrán desarrollar su vida por medio de dinámicas de colectivización de los recursos y actividades. «Deberán tener capacidad propia para el autogobierno y contarán con el apoyo de trabajadoras para desarrollarla», matizan. De este modo, y bajo los principios de la horizontalidad, la igualdad, el apoyo mutuo y el desarrollo integral, buscan dotarles de una solución habitacional y de herramientas «para su regreso a la vida en sociedad», así como trabajar en su inserción laboral digna y adaptada a sus conocimientos. Ahora, les falta el apoyo institucional, y también de la sociedad: «Todo el mundo debe movilizarse para poder cambiar la vida de miles de personas que se encuentran indefensas», concluyen desde el colectivo Tokata.

Actividad en la calle Salud mental

Actividad en la calle

Esta campaña ya lleva veintitantos días en marcha y va para largo, como dicen sus promotores en su valoración de los primeros quince días, la cual se puede leer en los carteles pequeños de ahí arriba que se pueden agrandar para ello picando encima. El cartel grande es de la póxima concentración, convocada en Tarragona para el sábado próximo. El viernes, 11 de junio, hay convocada otra en Cádiz.

Más información sobre la campaña: https://cntmadrid.org/pombolibertad/

Actividad en la calle Cárceles para niños

Lxs compis del grupo de Tarragona, La Corda, han publicado recientemente una actualización de la situación de David Rojas Fernández, preso en lucha en la cárcel de Zuera. Parece ser que el compañero sigue teniendo problemas con la correspondencia, al igual que Ricardo Diaz Moreno, incorporado recientemente a la propuesta de lucha colectiva, que no recibió ninguna de las cartas que se le mandaron cuando se encontraba, precisamente, en esta prisión. Como se dice en la publicación, no es la primera ni la seguna vez que personas presas en Zuera dejan de recibir correspondencia sin aparente motivo, o no les llega parte de les cosas enviadas, sin que desde el centro se de nunca ninguna clase de explicación más que decir que allí «se entregan todas las cartas». David ha salido de cunda dirección Villena (Alicante) por un juicio que tiene pendiente, aunque está previsto que en unas semanas regresa a la prisión de Zuera. El cartel de arriba corresponde a un taller de carteo a presxs que realizó la CNT-AIT Granada el pasado 11 de mayo.

El compañero sigue en primer grado, aunque por reformas en los módulos de aislamiento, los compas que se encuentran chapados han sido movidos en un módulo de segundo grado, aunque obviamente separados del resto. Eso significa que siguen en las mismas condiciones que antes -sin actividades, con 4cuatro horas de patio y con contacto con un grupo reducido de presos-, el único cambio es que ahora tienen acceso a un patio de mayores dimensiones.

David sale mañana a primera hora dirección Madrid, y de allí hacia Villena (Alicante). El motivo es que el día 1 de junio tiene un juicio en Valencia. El último juicio que tiene pendiente. Después de esto será devuelto a Zuera. Desde la junta de tratamiento y por parte de la trabajadora social, educadora y demás, le dijeron que se lo llevarían de cunda, y así se lo comunicó a su familia. Cuando ya estaba mentalizado con esto, hace unos días le dijeron que al final se lo llevaban, sin darle una explicación congruente.

Nos comenta que, de nuevo, está teniendo problemas con el correo. Que lleva semanas sin apenas recibir correspondencia, y que compañeros de Valencia le dijeron que les fueron devueltas varias cartas suyas, y en el sobre marcaba que “no constaba” en la prisión, cosa que es falsa. David nos comenta que publiquemos este hecho, y que si alguien le está escribiendo -de dentro o de fuera- y no recibe contestación no es porqué él no esté respondiendo, sino porqué no le está llegando nada. Este tema empieza a preocuparle y le hace sentir mas aislado. No es la primera vez que este compañero, y otras personas que han estado en la prisión de Zuera, han tenido problemas con la recepción del correo. Se ha comprobado de primera mano en anteriores ocasiones que muchas cartas no son entregadas, aunque la prisión siempre hecha balones fuera, se pone a la defensiva y acaba culpando a Correos. David también nos confirma que Ricardo Díaz Moreno, participante reciente de la propuesta de lucha colectiva, no llegó a recibir -antes de que se lo llevaran de cunda- ninguna de las cartas que se le mandaron. En relación a Ricardo, nos llegó devuelta una carta donde ponía en el sobre, por parte de lxs carcelerxs, que se lo habían llevado de cunda, pero el destino era confuso, ya que ponía “Villanubla-Asturias”, cuando Villanubla se encuentra en Valladolid. No sabemos pues si está en Villanubla (Valladolid) o en Asturias (Villabona).

Publicamos aquí unas lineas de David. Y os animamos a escribirle, aunque no va a regresar a Zuera hasta dentro de unas semanas.

Aislamiento de Zuera, mayo, 2021

(…) De 3 o 4 cartas semanales no estoy recibiendo ninguna, de ningún colectivo ni de ningún compa con los que me escribía. Ya estoy cansado de este juego de las cartas. Lo mismo que las videollamadas, que me las dan cuando quieren y no cuando me toca. No estoy haciendo todas las que me corresponden. Es que al final la voy a liar. A lo mejor es lo que están esperando, pero es que a uno se le acaba la paciencia.

(…) Con el tema de la cunda lo mismo. Semanas que me están diciendo que me voy de cunda seguro, incluso me dicen los sitios donde probablemente voy a terminar. Os lo digo a vosotrxs, a todo el mundo, a mi familia, me despido de la gente y me mentalizo. Nos lo dijeron a varios, uno de ellos Ricardo, que como sabéis ya se lo llevaron. Y así semanas, esperando una cunda, pensando donde les va a dar la gana de llevarme. Se llevaron a todos a quienes les dijeron que se iban de conducción. Menos a mí. Y ahora me dicen que no, que “al final” me quedo aquí.

(…) Yo no voy a dejar de quejarme y denunciar estas cosas. La incertidumbre en la que nos hacen vivir, los juegos que se traen para joder al personal.

(…) Por favor, no dejes de escribirme, no dejéis de escribirme. Ya os iré diciendo qué recibo y qué no. Un abrazo para ti y lxs demás. Gracias por estar ahí.

David

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

!No Olvideis A Lxs Presxs En Lucha! (Lista Actualizada, 18-V-2021)

 

Actividad en la calle Presxs en lucha Régimen de Máxima Crueldad

En el blog del grupo anticarcelario de Tarragona, La Corda, publican una breve carta de Juan Ruiz López, compañero con el que se tiene contacto desde hace bastantes años. Recordamos que Juan tiene varios problemas de salud mental, y está constantemente sometido a traslados con los que le van paseando por las distintas prisiones catalanas sin ninguna clase de criterio o propósito razonable. Actualmente se encuentra en Brians II. Juan comenta que está en segundo grado, aunque por lo que parece no se encuentra muy animado y además está teniendo problemas con una carcelera del módulo. En 2017 tuvo un incidente en Mas d’Enric (Tarragona) y le acusaron de agresión a unxs carcelerxs. Ahora parece que ha tenido el juicio definitivo y le han metido 9 meses más de condena. La fotografia de arriba corresponde a la performance que realizaron lxs compis de La Corda en Tarragona, el día 30 de abril, como acto previo al 1 de mayo, donde se denunciaban las condiciones laborales de las personas presas, qué supone el curro en prisión y qué es el CIRE, en Catalunya. Además se aportaban testimonios de varixs compañerxs presxs en cárceles catalanas.

Prisión de Brians II, 27 de abril de 2021

Hola X, ¿qué tal estás?

Yo no me encuentro muy bien y esto es una mierda, no le encuentro sentido a nada. Siento que todo lo que he hecho fuera y dentro de prisión es una puta mierda. La verdad hecho de menos muchas cosas y personas, y tu eres una de ellas. Hace tiempo que no nos vemos. Me siento solo. Pienso que para qué seguir luchando y seguir viviendo. Me siento solo, sin cariño ni perspectivas de nada. Casi no recibo cartas. No me puedo desahogar con nadie. Si no fuera por las fotos y por las llamadas con mi familia… Se me pasan cosas muy malas por la cabeza.

Fui al juicio por lo del 2017 en Mas d’Enric, que me acusaron de pegar a un funcionario. Una mierda todo en global y no doy bola. Hablan de intento de motín ¿pero qué motín? Pero si fueron ellos los que me pegaron a mi y me rompieron todo. Mi padre y mi hermana vieron los moratones. Me tocó un abogado de oficio que conocí el mismo día del juicio. No pude llevar yo ningún documento y no aportaron nada de las cámaras, ni llamaron a los testigos ni nada. Me han metido 9 meses mas de condena. Yo ya no puedo más, me siento vacío. Tengo ganas de que mañana no me levante. No tengo fuerzas de nada.

Aquí en el módulo hay una carcelera, Pepi, que continuamente se está metiendo conmigo. Se ríe de mi, me grita y me habla mal. Parece que está esperando a que se me vaya la olla, porque no sé hasta cuándo voy a aguantar.

Esta semana me tienen que llevar al hospital de Terrassa para hacerme una infiltración en una hernia discal. Ya te contaré. Escríbeme por favor.

Un abrazo y recuerdos a M.

 

Aquí su dirección por si alguien quiere mandarle unas letras:

Juan Ruiz López

Centro Penitenciario Brians II

Carretera de Martorell a Capellades, KM.23

08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

Actividad en la calle Cárcel=Tortura Salud mental

Actividad en la calle

Como dicen en la página de El Lokal, donde hemos encontrado el cartel de arriba, el 4 de mayo la audiencia provincial emitió un auto denegando la libertad de los seis detenidxs que quedan en prisión preventiva desde el 27F. Estxs compañerxs llevan ya 67 días privadxs de libertad, a pesar de la inconsistencia de las pruebas y la desproporción de las acusaciones. La asamblea de apoyo que se reúne todos los viernes en el Ágora, Raval, a las 18:30. Lxs compñerxs de Barcelona se reafirman en su solidaridad con lxs detnidxs y continúan exigiendo su libertad. A raíz de las detenciones y encarcelamiento de lxs compañerxs, el colectivo anticarcelario Fuig inició una reflexión sobre los hechos, de la que han surgido unos interesantes textos que lxs compis han publicado en un folleto cuyo índice podéis ver a continuación y que podéis leer o descargar siguiendo el enlace que viene al final del todo.

DOS SEGUNDOS DE FUEGO, 20 AÑOS DE CARCEL

ÍNDICE

I. POPULISMO PUNITIVO: UNA ARMA DEL PODER PARA JUSTIFICAR LA CÁRCEL

II. ¿QUIÉN DECIDE QUÉ ES VIOLENCIA Y QUÉ NO?

III. EL CASTIGO COMO ESPECTÁCULO PUNITIVO Y EJEMPLO SOCIAL

IV. VUELVE EL «TERRORISMO ANARQUISTA»

V. EL «NO-ARRAIGO» COMO LEGITIMADOR DE LA PENA.

VI. UNA LARGA LISTA DE PERSONAS REPRESALIADAS.

Leer o descargar Dos segundos de fuego, Veinte años de cárcel

Actividad en la calle Sociedad-cárcel

En el blog del grupo anticarcelario de Tarragona, La Corda publican otra carta de un compañero ccomunicando que quiere participar de la comunidad de lucha por las 14 reivindicacione. Se trata de Ricardo Díaz Moreno, preso en Zuera (Zaragoza).  Ricardo comenta su situación desde que llegó a Zuera, el porqué del traslado y los motivos por los que está en el talego, además de expresar su interés en participar de Presxs en Lucha y estar en contacto con los colectivos de la calle. Ya se le ha añadido al listado, el enlace al cual podéis encontrar abajo del todo. La fotografia de arriba nos llega desde Madrid y es del 1 de mayo, donde lxs compis aprovecharon para recordar a lxs presxs en lucha activa que se encuentran repartidos por las cárceles del Estado.

  Zuera, 12 de marzo de 2021

¡Hola compas!

Yo Ricardo Díaz Moreno con NIS: xxxxxxxxxx vengo a decir que estoy preso en el C.P de Zuera, que habiendo venido del C.P Albocasser por haberme metido en un altercado por separar en una pelea que dos internos estaban reventando a un chaval y estando trabajando en el Ofis me han metido primer grado por la cara y habiendo tres carceleros dando por mi la cara, me han metido el Art. 75.1 por la cara y ahora estando en el modulo 6 me cambiaron sin motivo alguno, engañándome como que salia para el modulo 6, me cogen y me esposan a la fuerza y me traen a rastras desde la galería C a la D que es una galería de castigo y una vez estando allí, me cogen y me quitan la ropa, las zapatillas y me dejan puesta una camiseta de verano, en calzoncillos y descalzo con un colchón lleno de mierda y después de pasar todo el dia en estas condiciones en pleno invierno, me vienen a la hora de la cena con mis pertenencias y en dicha celda que me encontraba, carecía de cable de antena para poder ver la TV y con las mismas me toca aguantar después una gran discusión con los carceleros, teniendo que chinarme con el cristal de la ventana y precisando de 18 grapas para cerrarme los cortes y ahí es cuando viene el Jefe de Servicios y me sacan a curas, me curan y el Jefe de Servicios, Don Francisco Cadena al Jefe de modulo, Don Manuel del modulo 16 de aislamiento y preguntándole si tu me tienes manía, me contesta que no me va a decir que no. Los hechos ocurrieron desde las 09:00h de la mañana a las 21:00h de la noche del pasado dia 27-01-2021 y los hechos de Albocasser fueron el 09-10-2020 a las 17:00h de la tarde, a dia de hoy que me han aplicado el Art.75.1. Después me dieron la conducción en primer grado para el C.P de Zuera y por los hechos de aquí, me han metido 6 sanciones, 3 de 30 días de privación de paseos cada una y 3 sanciones de 14 días de aislamiento cada una y también me rompieron la radio CD.

Yo me quiero unir al colectivo de presxs en lucha y doy mi consentimiento para que sea publicado todo esto, me encuentro con el compa X en la misma galería y estamos lxs cuatro compas que salimos juntxs al patio y un compa que esta en primera fase también esta aquí por el mismo guardia, llamado Jefe de modulo, Don Manuel y ese funcionario es el que mas abusos hace de poder a sus anchas cuando se bebe la botellita de vino el y sus compañeros.

Quiero que todo lo expresado se publique en las redes sociales y por todos los sitios posibles. Yo estoy en prisión por robos con fuerza y atracos, soy Antisistema total y mi compa X es el que me ha explicado de vuestra existencia y quiero estar en el colectivo de presxs en lucha y me escribáis para estar en contacto con vosotrxs y con todos los colectivos.

¡Me despido con un abrazo fraternal y un saludo a todxs!”

Ricardo

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

!No Olvideis A Lxs Presxs En Lucha! (Lista Actualizada, 05-04-2021)

Actividad en la calle Presxs en lucha

Agustín Moreno, ex-preso social COPEL sigue su lucha reivindicando por medio de huelgas de hambre y sed, autolesiones y otras acciones, en las calles de Don Benito (Badajoz), a sus 74 años, una jubilación digna, que le correspondería si, cumpliendo la ley, se le reconocieran las cotizaciones a la seguridad social por los años pasados en las cárceles bajo las leyes represivas franquistas tal como reconoció el relator especial de la ONU en 2014, así como una indemnización justa por las injusticias padecidas a manos del Estado español. Compartimos el texto que ha acompañado a la acción del 1 de Mayo en las calles de Mérida en la que Agustín se ha autolesionado cortándose las venas estando encadenado por el cuello. (El vídeo que ilustra esta entrada es de una acción similar hace unas semanas en los juzgados de Don Benito)

Es imposible saber las fechas de las detenciones durante el Franquismo. No existia registro de alta de los apresados en calabozos debido a la ausencia de controles independientes. Tanto la Policía política como la criminal mantenían a las personas presas en locales de tortura opacos, sin ingresarlos en los los departamentos de Policía Nacional que sí disponían de libro de ingresos con filiación. Esta arbitrariedad no era una excepción, más bien la organización general premeditada en las comisarias de Policía, cuartes del Guardia Civil y militares para la práctica de interrogatorios secretos y sin garantías. Es la misma práctica utilizada por la inquisición que por medio de la brutalidad, obtenían confesiones verdaderas o falsas. Por estar falsificada la voluntariedad de la víctima, esa confesión forzada realmente pertenece a la policía franquista o al inquisidor. Por no ser verdadera la voluntad de la víctima en una autoconfesión contra si misma cuando está sola, aislada e indefensa en locales coercitivos, si podemos aseverar sin error que la mano que mueve la rúbrica del subyugado pertenece a los representantes del terrorismo de Estado. Quien no firmaba moría traumáticamente en el secuestro clandestino o su firma y confesión eran falsificadas.

Esta denuncia también representa a miles de familias victimas del franquismo que ocultó la infame Transición, victimas que no pudieron integrarse a en el nuevo Régimen porque fueron excluidas de las leyes de Amnistía y el nuevo orden constitucional surgido de la Transición.

Las pruebas impropias obtenidas en secreto, sin declaración de derechos, sin conocimiento familiar del secuestro, sin Habeas Corpus, sin médico forense y sin firma de abogado, las utilizaban los jueces franquistas para condenar a gente vulnerable, analfabeta y descendientes empobrecidos del republicanismo. Al primar la eficacia adulterada, que no la verdad, la Dictadura lograba reclutar industrialmente a falsos culpables para la autopromoción de su falsa seguridad.

Se está denunciando el sustento camorrista que ocultó la mayoría de crímenes del Franquismo invisibilizados por una falsa reconcialiación nacional. La Transición no pasó de la Ley a la Ley, sino del crimen al crimen. Estas injusticias siguen presentes, impidiendo mi jubilación plena por las cotizaciones robadas mediante los encarcelamientos franquistas.

¡NO ES MÁS QUE PUBLICIDAD SACAR AL CAUDILLO DEL VALLE Y DEJAR VIVOS SUS CRÍMENES!

Actividad en la calle Vagos y maleantes

En las calles de Tarragona sí que se señalará este 1 de mayo hacia las cárceles, a su existencia opresiva y a la explotación laboral que sufren las personas presas como un aspecto más del robo de la vida y de la dignidad que ellas sufren a manos de la maquinaria de dominación y explotación capitalista. Así lo explican lxs compis del grupo anticarcelario del Camp de Tarragona La Corda en una convocatoria compartida con la CNT-AIT de allí.

El próximo sábado 1 de mayo es el día de la clase trabajadora, el día de lxs explotadxs por este sistema atroz que nos condena a la miseria, que nos echa de casa, que nos esclaviza por miseros sueldos, que controla nuestro tiempo, que nos da contratos basura, que nos hace vivir permanentemente en la inestabilidad y en la cuerda floja. Este atentado contra la vida y la dignidad se hace mucho mas visible y crudo dentro de las cárceles. Las prisiones son un negocio, y lxs presxs mano de obra ultra precaria y explotada.

Es por eso que el próximo viernes 30 de abril estaremos en la Plaça del Rei de Tarragona, participando de este acto junto con lxs compañeros de CNT-AIT. Intentando visibilizar mediante una performance, octavillas y participando del micro abierto, lo que supone el trabajo en el talego.

El trabajo como chantaje: Las personas presas, la mayoría procedentes de entornos pobres y con familias que hacen grandes esfuerzos económicos, a menudo deciden intentar trabajar en prisión para poder sobrevivir. Pero no solo es para ganar dinero, sino que se ven presionadas a hacerlo debido al chantaje de los Equipos de Tratamiento. Trabajar se marca como condición prioritaria para poder acceder a un tercer grado o a permisos de salida, entre otras cosas.

Qué es el CIRE: El monopolio del trabajo en las prisiones catalanas está en manos del CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción). El CIRE es un organismo que depende del Departamento de Justicia de la Generalitat, el paraguas que engloba toda una lista de empresas que hacen negocio a través de lxs presxs. La opacidad hace que sea casi imposible, tanto para lxs de dentro como para lxs de fuera, saber qué empresas son. En Catalunya, casi la mitad de la población penitenciaria (unas 4000 personas) trabajan. La mayoría dentro de las mismas cárceles haciendo tareas internas: lavandería, cocina, limpieza, economato… o en talleres productivos dentro de los muros o, algunas veces, en naves externas.

Las condiciones laborales:

  • El salario de las personas presas no llega ni a un tercio del salario mínimo interprofesional. El salario medio es de 2 euros la hora. Por media jornada unos 170 euros al mes. Para una jornada completa unos 280 euros al mes.
  • Las personas presas no firman ningún contrato y a menudo ni siquiera saben para qué empresa trabajan. En la nómina no aparecen las horas trabajadas.
  • Tampoco están sujetxs a ningún convenio ni tienen posibilidad de sindicalizarse.
  • Las bajas por enfermedad o accidente laboral son prácticamente inexistentes. Si alguien ni puede trabajar, no cobra.
  • La cotización a la Seguridad Social es ridícula, la mayoría de despidos son improcedentes, y las medidas de seguridad insuficientes.
  • Las personas extranjeras en situación irregular no pueden trabajar en la calle, pero si en la cárcel. Cuando salen el libertad no tienen derecho ni al paro ni al subsidio por excarcelación. Continúan en situación irregular, por lo que a menudo son expulsadxs del país.

Las empresas del CIRE: En el año 2019, 108 empresas privadas contrataron mano de obra, servicios o productos del CIRE. Generando un volumen de facturación de 15 millones de euros. Es muy difícil saber de qué empresas se trata, ya que no se facilitan datos. Algunxs presxs han podido saber que están trabajado para empresas como El Caganer –que elabora figuras tradicionales del belén- en la prisión de Puig de les Basses (Girona). O para Hygeco – filial de Mémora, que se encarga de confeccionar sacos mortuorios- en la prisión de Mas d’Enric (Tarragona).

CCOO y UGT, cómplices de la explotación: La voz de los sindicatos y su apoyo hacia las personas presas que curran en las cárceles es prácticamente inexistente. Tampoco se ve la denuncia de sus condiciones laborales. Es mas, dentro del órgano consultivo del CIRE hay representantes de CCOO y UGT.

 Alguna escória del CIRE:

Ester Capella, presidenta del CIRE. Gana mas de 115.000 euros al año.

Amand Calderó, vicepresidente del CIRE. Gana mas de 91.000 euros al año.

Juan José Torres López, director del CIRE. Gana mas de 87.000 euros al año.

Actividad en la calle Explotación en prisión