¿A Quién Defiende La «Defensora»? Informe Del Mecanismo Nacional De Prevención De La Tortura

La institución del Defensor del Pueblo tiene encomendada, en su calidad de “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (MNP), la supervisión de los centros de privación de libertad; supuestamente, con el fin de que en todos ellos se respeten los Derechos Humanos. Sin embargo, la tendencia que parece imponerse al encomendar esta función a una institución gubernamental como la «Defensoría del Pueblo» –que, además, ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria que empatiza más con los potenciales torturadores, es decir, con los agentes de las «fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», que con las personas presas o detenidas, con quienes, por razones de supervivencia, no tiene más remedio que «delinquir», o con quienes salen a la calle a reivindicar algún derecho o a protestar por algún agravio, es decir, con sus potenciales víctimas– esa tendencia, cabe sospechar, es la de que su verdadera función sea más bien el lavado de cara gubernamental y aseguramiento de la impunidad en el ejercicio de la tortura por el que ha optado desde que guardamos memoria el Estado español.

Esas sospechas van quedando más y más confirmadas, informe anual tras informe anual; aunque a lo largo del año 2013 se hayan visitado 60 centros; aunque las visitas hayan sido «intensas»; aunque «en muchas ocasiones, los técnicos del Defensor del Pueblo» hayan sido acompañados por «especialistas en medicina legal, psiquiatría o psicología»; aunque la institución haya podido contar «vivamente agradecida» con la ayuda de un «Consejo Asesor, constituido por juristas especialistas en campos como el derecho Internacional, Penitenciario, o Filosofía del Derecho, así como especialistas en psicología o medicina»; aunque quiera también «destacar la siempre buena acogida recibida, por parte del personal de los centros, a las visitas realizadas» y que éstas «en su inmensa mayoría se hacen sin aviso previo»; aunque haya «supervisado, por primera vez, un vuelo de repatriación de extranjeros desde la recepción de los ciudadanos extranjeros en el aeropuerto hasta el destino final», y aunque haya tomado nota de un cierto número de pequeñas irregularidades y «recomendado» a las administraciones una serie de medidas de control de los espacios de encierro, como la instalación de cámaras de video y otras formalidades; aunque haya publicado un  «estudio sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad», tan poco vinculante como el Protocolo de Estambul, del que se hace eco en lo que se refiere a los requisitos que deben cumplir ese tipo de documentos.

A pesar de todo eso, nos tememos que las gestiones de la «defensoría» no sean más que otros tantos «rituales de impunidad», que no sirvan más que para cubrir las apariencias, haciendo bueno el dicho popular: «hecha la le ley, hecha la trampa». Porque, después de todo ese despliegue, muy apropiado para ser contado por unos «medios de comunicación» que no parecen desear otra cosa que justificar la «mano dura» y ocultar sus excesos, la defensora del pueblo, Soledad Becerril –la misma que defiende la «doctrina Parot» discutiendo alegremente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la declara contraria a los mismos, y asumiendo las posiciones de los partidarios de una «guerra sin cuartel contra el terrorismo», que supeditan los derechos de los presos y, por consiguiente, los de todos los súbditos del Estado, a su sed de venganza– puede decir, después de estudiarse todos esos informes de sus cualificados y bien asesorados subordinados, que «en las cárceles españolas se respetan los derechos humanos».

¿Y cómo es que a todos los demás nos parece otra cosa? Empezando por todos las personas presas de las que tenemos noticias –por ejemplo, todas las que han participado en la campaña Cárcel=Tortura de cuyas denuncias nuestra «defensora» ha hecho caso omiso con malas excusas–, las cuales opinan exactamente lo contrario, que en las cárceles españolas no se respeta en absoluto la dignidad humana en ninguno de sus aspectos. Continuando por todas las asociaciones cuya finalidad es la defensa de esos derechos humanos que se agrupan en la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en cuyo informe del año 2013, dejando claro que no constituyen más que la «punta del iceberg» de lo que realmente sucede en las calles y lugares de encierro, se mencionan 252 situaciones de agresiones, malos tratos y torturas por parte de las «fuerzas del orden», con 527 personas afectadas; situaciones de las cuales, por poner algunos ejemplos, 74 se han producido en las cárceles, con 81 personas agredidas, mientras que 60, con 114 víctimas, las han padecido personas migrantes. Y terminando, para no alargarnos demasiado, por instituciones como el Relator Especial de la ONU, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el Comité de Derechos Humanos o el Comité Contra al Tortura y otros «mecanismos internacionales», cuyas actividad en defensa de nuestros derechos no es que nos merezca un gran respeto, pero tampoco están de acuerdo con la señora «defensora», sino que piensan que el Estado español, no sólo no combate la tortura, sino que la favorece.

Así, se comprende bien la opinión expresada hace aproximadamente un año, cuando aún se estaba elaborando este último informe de nuestro «Mecanismo Nacional de Prevención» –prevención, ¿de qué?–, en el blog de la ONG Rights International Spain de que «la tortura sigue siendo tabú en España».

Accede al informe completo en: InformeAnual_MNP_2013

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