A propósito del libro de César Lorenzo Rubio «Cárceles en llamas»
A pesar de la extensa producción bibliográfica, memorialística y documental que han suscitado los años de tránsito del franquismo a la democracia parlamentaria, muy probablemente se trate de una de las épocas de nuestra historia reciente respecto a la que existen más divergencias entre la percepción socialmente más extendida y el desarrollo efectivo de los hechos. Ello es así, entre otros motivos, por el esfuerzo realizado por muchos de los protagonistas de los acontecimientos por presentarse como los propiciadores de la superación definitiva de la dictadura, si bien en realidad el papel que jugaron quienes tomaron las riendas del país tras la muerte de Franco fue exactamente el contrario: el de resistirse a prescindir por completo del legado del dictador. No fue hasta que constataron —por la fuerza de las movilizaciones en las calles y los centros de trabajo, y a costa de decenas de muertos— la imposibilidad de mantener algunas de las características institucionales de la llamada «democracia orgánica» franquista, cuando renunciaron a ellas, aunque sí consiguieron, gracias a la capacidad que tuvieron por mantener en todo momento las riendas del proceso de cambio político, limitar su alcance en algunos aspectos.
El hecho de que la imagen generalizada sobre el período se haya forjado en muy buena media a partir del relato de quienes desempeñaron entonces responsabilidades gubernamentales, o bien a partir del que elaboraron sus propagandistas —académicos incluidos—, ha contribuido también a que varios aspectos cayeran en el olvido. Uno de estos vacíos, seguramente de los más dolorosos, es el que intenta cubrir —de manera harto rigurosa— el libro de César Lorenzo Rubio Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la Transición (Barcelona, Virus, 2013). Basándose principalmente en el fondo archivístico de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) conservado en La Ciutat Invisible, en documentación judicial y penitenciaria, así como en entrevistas a algunos de los protagonistas de los sucesos, el volumen traza la historia de las protestas protagonizadas aquellos años por los otros presos (aunque, en realidad, eran la gran mayoría, casi el 90 %): los condenados por delitos comunes. Y lo hace sin quedarse sólo en la espectacularidad de algunos de los episodios narrados (motines, autolesiones, huelgas de hambre, torturas, fugas), sino yendo mucho más allá, para hablarnos de la articulación de un movimiento social con una identidad propia: la de presos sociales —no únicamente comunes— que se consideraban víctimas de la dictadura y de una sociedad que los privaba de recursos y oportunidades.
Como en tantas otras personas, la muerte de Franco suscitó en muchos de esos reclusos importantes expectativas de cambio. El indulto general concedido con motivo de la coronación de Juan Carlos, que abrió las puertas de las cárceles, antes de llegar a fin de año, a un tercio de las algo más de 15.000 personas que poblaban los centros penitenciarios del país a principios de noviembre de 1975, hizo que muchos pensaran en la libertad como un horizonte al alcance de la mano. De hecho, habían sido juzgados y condenados bajo un régimen dictatorial con nula observancia de los principios del Estado de derecho. Además, una parte significativa de ellos (alrededor de 800, de los que ninguno se benefició del indulto del mes de noviembre) lo habían sido en aplicación de la legislación sobre peligrosidad y rehabilitación social (heredera de la republicana ley de vagos y maleantes), que, como recuerda en el prólogo del libro Daniel Pont —uno de los afectados, para más inri condenado ilegalmente, cuando todavía era menor de edad—, penaba conductas —supuestos de «estado peligroso», según el redactado de la norma—, y no delitos. Pese a las expectativas de excarcelación, si la amnistía para los presos políticos se convirtió en aquel contexto en una de las principales banderas alrededor de las que gravitarían las movilizaciones antifranquistas, los sociales quedaron la mayor de las veces en el olvido. Su exclusión del decreto de amnistía —en realidad, híbrido entre el indulto y la amnistía— promulgado en julio de 1976 por el nuevo gobierno de Adolfo Suárez haría prender la mecha de la protesta en las prisiones. Aunque no puede decirse que hasta entonces la situación en ellas fuera precisamente una balsa de aceite.
Es ahí donde empieza el relato del autor: esbozando el panorama de la cárcel franquista para ponernos en situación. Pese a que la bibliografía sobre la realidad carcelaria bajo la dictadura había tendido a situar el primer motín por parte de presos de derecho común en Tarragona en 1972, Lorenzo hace notar que por lo menos ya en 1967 hubo una revuelta en la Modelo de Barcelona —con el resultado de un muerto— para señalar que la existencia de conflictos en las prisiones no fue en absoluto anecdótica a lo largo del franquismo. Las protestas fueron en aumento especialmente en los últimos años de vida del dictador, hasta llegar al espectacular motín del 20 de octubre de 1975 en la misma Modelo, desencadenado tras la muerte de Rafael Sánchez Milla, el Habichuela. Pero no sería hasta varios meses después cuando se abriría propiamente el ciclo de conflictividad que llegaría hasta el final de la década. Así, con el trasfondo del malestar acumulado por las duras condiciones de reclusión y fruto de las esperanzas de libertad truncadas por el ya referido decreto de julio de 1976, la rabia estalló en forma de motín en Carabanchel, el día 31 de aquel mes. Tras ese primer fogonazo, se extendió un amplio movimiento de protesta uno de cuyos iconos fue la imagen, repetida en varias ocasiones, de presos subidos al tejado de los módulos penitenciarios. Unos primeros intentos de coordinación en el mes de octubre dieron lugar a la creación, entre finales de 1976 y los primeros días de 1977, de la COPEL, «organización desorganizada» —como la caracteriza el autor del libro— que impulsaría y sistematizaría las reivindicaciones de los reclusos hasta la desaparición definitiva de las siglas, a principios de 1979.
Paradójicamente, el intento gubernamental de cortar de raíz las protestas mediante el traslado de presos no hizo otra cosa que contribuir a la extensión de las proclamas de la COPEL por toda la geografía carcelaria. Durante esa primera etapa, las aspiraciones de los reclusos se concentraron en conseguir su inclusión en una futura amnistía, percibida como ocasión única —tal vez la última— para obtener la libertad. Es por ello por lo que, al quedar excluidos de la definitiva ley de amnistía, aprobada en octubre de 1977 por las Cortes surgidas de las elecciones de junio de aquel año, la rabia prendió de nuevo entre los internos que no se habían beneficiado ni del indulto de noviembre de 1975 ni de las nuevas medidas de gracia dictadas en marzo de 1977. Así lo puso de relieve el violento motín de la Modelo del 29 de octubre, caracterizado por la furia y la destrucción. Las esperanzas de una salida generalizada de las cárceles se desvanecieron definitivamente tras la aprobación, en mayo de 1978, de la llamada ley de cuantías, que, si bien supuso que a finales de septiembre prácticamente 600 presos hubieran quedado en libertad, cerró las puertas definitivamente a los demás.
Es asimismo alrededor de 1978 cuando se abre una segunda etapa en la conflictividad carcelaria. La reflexión colectiva realizada por algunos de los internos que más se habían destacado en la organización de las protestas, ahora reunidos en el penal de El Dueso (donde habían sido aislados), los llevó a concluir que ya no se daban las condiciones para continuar la lucha por el indulto o la amnistía, aunque sí por otras tantas reivindicaciones relacionadas sobre todo con la mejora de las condiciones de reclusión. Significativamente, en un comunicado de esa época firmado por la COPEL y fechado en abril de 1978, se afirmaba: «Es imprescindible comprender y hacer comprender que la destrucción o el incendio, por el placer de destruir o quemar no nos llevan a la consecución de nuestros objetivos y sí a un aumento de la represión y empeoramiento de las condiciones de vida, que anquilosaría nuestra necesaria movilidad para la consolidación definitiva de COPEL.» Precisamente el aislamiento en El Dueso de los principales sostenedores de las acciones de la Coordinadora favoreció su atomización, mientras, paralelamente, surgía en algunas cárceles una conflictividad menos concienciada, caracterizada por una mayor violencia. Fue éste el carácter, por citar el ejemplo seguramente más representativo, del motín del 2 de febrero de 1979 en la Modelo, auténtica explosión de cólera que resumen a la perfección algunas de las frases que pudieron oírse entonces: «Ya está compañeros, vamos a por ellos, a no dejar uno vivo», o «Subid, cabrones, que ahora os vamos a matar». Nada volvería a ser igual: ya desde 1978, y a lo largo de los años siguientes, la realidad carcelaria se caracterizó por el fin de la unidad de acción del movimiento reivindicativo, el debilitamiento del apoyo fuera de los muros de los centros penitenciarios, el aumento de las peleas y agresiones individuales, la irrupción del consumo masivo de droga y, como consecuencia de esto último, la proliferación de bandas, fenómeno que a su vez acabó con cualquier vestigio de solidaridad entre los internos.
El arranque de esa segunda etapa coincidió con la llegada al frente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de Carlos García Valdés. Su perfil aparentemente dialogante contrastaba con la dureza de su antecesor, Jesús Haddad, a quien un comando de los GRAPO había acribillado mortalmente en marzo de 1978, en respuesta a la muerte de Agustín Rueda a manos de funcionarios de Carabanchel unos días antes. Sin embargo, el nuevo máximo responsable de prisiones no tardaría en abandonar cualquier veleidad aperturista para imponer, desde el verano de 1978, una línea claramente restrictiva. Entre otras medidas, García Valdés combinó el aislamiento en ciertos departamentos celulares de los presos más combativos con una inteligente política de concesión selectiva de beneficios, lo que contribuyó a dar la estocada definitiva a la COPEL. Con todo, el director general terminaría siendo víctima de su propia actuación. Tras el escándalo desatado por las torturas cometidas en la nueva cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, auténtico túnel de los horrores, y el posterior intento de ocultación de las pruebas, García Valdés presentaría precipitadamente la dimisión en octubre de 1979. Le reemplazaría Enrique Galavís, un ingeniero sin conocimiento previo del mundo penitenciario y cuyo nombramiento parecía obedecer únicamente a la voluntad de convertir las cárceles en búnkeres arquitectónicamente invulnerables ante los cada vez más reiterados intentos de fuga, que constituían una salida individual ante la disgregación del movimiento. Seguramente el más espectacular de ellos fue el que permitió a 45 presos escapar de la Modelo de Barcelona en junio de 1978, episodio que levantó una notable polvareda a raíz de las sospechas de complicidad o, por lo menos, pasividad de los funcionarios más duros como medida de protesta contra el rumbo aperturista que pareció imprimir inicialmente García Valdés.
Aunque, en términos generales, los grandes objetivos del movimiento de presos sociales de los años setenta quedaron en el camino, lo cierto es que su relativamente corta trayectoria de lucha dejó muestras de solidaridad dignas de aprecio. Uno de los méritos del libro de Lorenzo es justamente haber sabido ir más allá de las exteriorizaciones más visibles de protesta y haber buceado en esos aspectos. Por ejemplo, en las experiencias de vida en comunidad en algunas galerías de presos de delito común, o en las relaciones entre éstos y los políticos, más bien excepcionales y habitualmente lastradas por la mirada de complacencia de los segundos hacia los primeros, pero en ocasiones muy fructíferas. Asimismo, el libro da buena cuenta de la constelación de colectivos y campañas que, desde el otro lado de los muros, contribuyeron no sólo a difundir las denuncias y reivindicaciones de los que estaban dentro, sino también a la extensión de las ideas «antiautoritarias» y a la reflexión de fondo sobre la cuestión carcelaria, ya fuera desde una óptica abolicionista, ya desde la criminología crítica.
Lejos de desaparecer, tanto los problemas asociados a las prisiones de los últimos años del franquismo y los primeros de la democracia parlamentaria como la conflictividad que en ellas arraigó se prolongaron durante las décadas siguientes, a las que Lorenzo dedica la parte final del volumen. Pese a la superación de ciertas prácticas punitivas de origen franquista que supuso la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de septiembre de 1979, luego desarrollada por el Reglamento Penitenciario de mayo de 1981, lo cierto es que en absoluto puede hablarse de una evolución hacia un presidio garante de la reinserción social, como propugna el artículo 25.2 de la Constitución. Por un lado, por la distancia existente entre la cárcel legal y la cárcel real, dicotomía que queda muy bien delineada a lo largo de todo el libro; y por el otro, por la tendencia —experimentada en varios países— hacia un endurecimiento selectivo de las condiciones de reclusión y hacia la extensión del derecho penal a nuevos ámbitos. De entre las nuevas formas que tomó el sistema penal, probablemente una de las más perversas fue la profundización y perfeccionamiento del régimen de aislamiento, auténtica «cárcel dentro de la cárcel», regulado mediante circulares internas a salvo de cualquier fiscalización y que desde 1991 se desarrollaría bajo la denominación de Ficheros Internos de Especial Seguimiento (FIES). Fue precisamente de la lucha contra estas condiciones de reclusión a las que se vieron sometidos los internos más contestatarios de la que salió, a principios de los noventa, la Asociación de Presos en Régimen Especial (APRE). Se trataba de la primera expresión organizativa de carácter reivindicativo formada por presos sociales desde la desaparición de la COPEL.
Después de la ola de motines de 1989-1991, estertor de las protestas de los ochenta, la práctica ausencia de incidentes remarcables durante los años centrales de la década de los noventa pudo hacer pensar en una remisión definitiva de la conflictividad carcelaria. Pero la situación de calma en las prisiones no era más que un espejismo: el rebrote de la contestación registrado ya desde finales de siglo tuvo uno de sus epicentros en Quatre Camins, donde, tras un primer conato de protesta en 1999, se produjeron sendos motines en 2002 y 2004. El hecho de que en el origen de ambos se encontrara, entre otros factores, la exigencia del fin de malos tratos y torturas por parte de los funcionarios nos dice bastante sobre la limitación de los cambios introducidos en el universo penitenciario desde los años setenta. Como era de esperar, las brutales palizas que sufrieron los internos implicados en el motín de 2004 durante el posterior traslado a otros centros penitenciarios quedaron prácticamente impunes, como había sido la norma en ocasiones anteriores. Ahí están para corroborarlo casos como los de Agustín Rueda o Herrera de la Mancha, que se saldaron sin apenas consecuencias para los responsables.
En conjunto, el balance de la cuestión carcelaria tras casi cuatro décadas de democracia parlamentaria resulta harto intranquilizador; ni tan siquiera desde una perspectiva meramente garantista, de respeto a los principios jurídicos que deberían regir en un Estado de derecho, la valoración puede ser mínimamente satisfactoria. A menudo se llama la atención sobre la continuidad respecto al franquismo de personas y prácticas en el cuerpo de funcionarios de prisiones, como aconteció también en las fuerzas policiales o la judicatura. Pero nos equivocaríamos si achacásemos todos los males del presente a la ausencia de depuraciones tras el fin de la dictadura. No pesa sobre nosotros ninguna condena eterna derivada de las herencias del franquismo ni somos tampoco, fruto de ese lastre, ninguna excepción monstruosa en un contexto internacional de respeto a los derechos fundamentales. Tristemente, las perversiones del actual sistema penal español se enmarcan en una tendencia generalizada en el mundo occidental hacia la limitación de libertades que hunde sus raíces en los años setenta, y que tiene en nuestros días una de sus expresiones más crueles en los mecanismos de represión contra las personas migrantes. Ante una sociedad acostumbrada a mirar para otro lado y una izquierda que, por lo general, no tiene la realidad penitenciaria entre sus principales preocupaciones, es responsabilidad nuestra denunciar e intentar revertir la situación.
Pau Casanellas, historiador
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