Madrid, Del 23 Al 30 De Diciembre, Semana De Lucha Contra Las Fronteras Y Las Guerras Del Capital
Categoría: <span>Cárceles racistas</span>
Más información: Jornadas anticarcelarias Madrid, 2022-2023
NI VIEJAS NI NUEVAS. FUEGO A LAS CÁRCELES
Hay pocos lugares donde la opresión y la injusticia se viven tan fuertemente como en la cárcel. No es casualidad quien en esta vida acaba presx, básicamente son lxs pobres y lxs rebeldes; lxs que buscan vida fuera de las reglas de la ley, lxs que no quieren someterse a la convivencia impuesta por el Estado… o que simplemente no han tenido muchas oportunidades en la vida. Obviamente no hay igualdad ni mucha salida ante las distintas realidades que se viven. Acaban presxs aquellxs que no tienen dinero ni privilegios y que viven el racismo y la estigmatización continuamente; a la vez que violencia policial y patriarcal. Quien acaba presx ya sabe que aquí no es más que un simple número, escoria de una sociedad que pretende dar segundas o terceras oportunidades, pero que en verdad acaba marginalizando a lxs llamadxs delincuentes para siempre.
Hay familias y generaciones que pasan año tras año visitando a lxs suyxs aquí, que no conocen otra vida ni otra vista que la de los muros y barrotes, la de las cámaras de vigilancia, de policías y carceleros, los cuales te dicen por donde puedes ir y lo que está permitido o no. Y suelen ser las mujeres, siendo presas o familiares, quienes asumen el deber del cuidado familiar, de los hijos, de seguir sacando la familia para adelante, mantenerla económicamente… de esta manera vemos la cárcel como el castigo máximo y el sometimiento a todo tipo de explotación y violencia total.
El discurso de la sociedad de lxs ricos y burguesxs, de los privilegidxs o inconscientes siempre es el mismo: las cárceles sirven para protegerles ante lxs malxs criminales. Pero la verdad es que sirven para mantener sus privilegios obtenidos a lo largo de la historia. Quieren que se defienda su propiedad privada, sus bienes y su poder, y que se castigue a quienes se atreven a desafiarlo. Quieren hacernos creer que se reeduca y reinserta a la persona presa tras años de encierro, pero la cárcel no soluciona nada, simplemente agrava el problema después de tanta miseria e injusticias.
Luego está el tema de la miserable salud entre muros, de las pocas posibilidades médicas, de la dependencia a las drogas y todo tipo de formas de evadir esta miseria, de la necesidad ruinosa de hacer negocio con la miseria de otrxs, de beneficiarse ya sin código alguno con la pobreza de otrx compañerx. Y por supuesto el negocio máximo: la explotación laboral de la cárcel. El Estado, con empresas y fundaciones estatales, se lucra de toda esta miseria. Como el CIRE que controla los economatos, los productos en prisión y los trabajos productivos, de los que se beneficia. Así funciona el capitalismo y por esta razón esta sociedad necesita las cárceles.
Pero no compramos su discurso mentiroso. Nosotrxs no queremos ni necesitamos las cárceles, ni su sistema de control y castigo. Queremos vivir en un mundo que no se base en la opresión y la explotación de unxs para que otrxs triunfen. Queremos un mundo donde los problemas se resuelvan de otra forma y el trabajo sea otro. Tenemos que acabar con toda la manipulación y el discurso que sustenta la necesidad de la cárcel, juntamente con la represión y la violencia por parte del Estado, la policía, los juzgados, carceleros y quienes necesitan y se benefician de su existencia.
NO HAY PAZ NI TREGUA CON QUIENES CADA DÍA NOS ROBAN NUESTRA VIDA Y NUESTRA LIBERTAD.
ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES, AQUÍ Y EN CUALQUIER LUGAR.
PORQUE QUEREMOS ABRAZAR A NUESTRXS COMPAÑERXS.
ABAJO LOS CIES, FRONTERAS, CENTROS DE MENORES, PSIQUIÁTRICOS…
ABAJO TODO TIPO DE OPRESIÓN Y AUTORIDAD.
POR LA LIBERTAD, POR LA ANARQUÍA.
Hemos recibido por correo electrónico la siguiente convocatoria recordándonos que la violencia del régimen totalitario de dominación y explotación imperante nos afecta a todxs lxs que nos situamos abajo, dispuestxs a luchar por la libertad y la dignidad humanas en lugar de optar a un puesto más o menos bien remunerado en la administración del desarrollo capitalista y de la miseria que produce y explota. Las fronteras estatales equivalen en la escala de la sociedad-cárcel a los muros de las prisiones. La autodefensa solidaria frente a la violencia punitiva y el tráfico ganadero de seres humanos es tan necesaria en este campo como en cualquier otra sección del sistema vampirista mundial.
La situación en Ceuta es el resultado de las tensiones entre los estados español y marroquí, mostrando la auténtica cara del capitalismo y los estados como traficantes de nuestras vidas. El sistema no tiene escrúpulo alguno en edificar alambradas y checkpoints, levantar muros y cárceles para personas migrantes como los CIES, campos de refugiados regidos por dura bota militar, y todo ello rodeado de la más alta tecnología, custodiada por cuerpos policiales y, cuando se tercie, militares. Nada como la democracia para gestionar el racismo y la xenofobia. Todo ello para regular el flujo de capital humano, es decir, la población forzada a desplazarse en las rutas migratorias mundiales, fruto de las guerras, la represión y la miseria de las que los estados y el capitalismo son directamente responsables. Sin olvidar la imperante necesidad de la clase empresaria de obtener una mano de obra barata a la que explotar.
Este caldo de cultivo, de tensión imperialista entre los estados, es ideal para el nacionalismo, y en consecuencia, para la extrema derecha. Estas fuerzas intentan inculcar el odio entre las personas pobres y explotadas contra sus hermanos y hermanas de otras regiones para que no identifiquemos a nuestro auténtico enemigo, que no es otro que el sistema. Por su parte, el gobierno progresista hará lo de siempre, proteger los intereses del capital y mercadear con las vidas de las personas migrantes.
Hacemos un llamamiento a salir a la calle, en solidaridad con las personas migrantes, y sobre todo, con sus luchas. Porque hemos visto como se rebelaban en motines en los CIES. Porque hemos visto como se rebelaban en los campos donde les tienen encerradxs en Canarias, y resistían a la represión policial con la vergonzosa complicidad de Cruz Roja. Porque hemos visto como las trabajadoras temporeras, muchas migrantes, se enfrentaban a sus patrones y a las condiciones de explotación en plena pandemia. Porque hemos visto como los chavales, deshumanizados y tildados de MENAS, se defendían con uñas dientes frente a ataques fascistas. Porque hemos visto como se generan redes de apoyo mutuo y solidaridad frente al acoso policial en las redadas racistas.
Porque nos une el odio a la policía y sus constantes abusos contra todxs nosotrxs, que se dan tanto aquí como en la frontera de Ceuta.
Hacemos un llamamiento para salir a la calle contra las guerras y la tensión imperialista entre los estados y su macabro juego geopolítico,
Hacemos un llamamiento a salir a la calle contra el repunte militar de la frontera en Ceuta y el estrecho.
Un llamamiento a salir a la calle contra las fronteras y el capitalismo que las necesita.
¡Solidaridad y lucha!
¡Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases!
Algunas solidarias internacionalistas
Nos hacemos eco de un artículo publicado en El Salto por las autoras del libro prohibido, trabajo este donde, a partir de una especie de genealogía del racismo de estado español, se analiza con bastante radicalidad y concrección cómo el régimen de dominación y explotación construye el fantasma de sus potenciales enemigos alimentándolo con la vida de los chivos expiatorios que elige según sus intereses del momento, en diferentes ámbitos, como el de la escuela o el sistema punitivo. En este último campo, sus autoras eligen valientemente el caso de Mohamed Achraf, en el que resulta más que evidente la manipulación racista y criminalizadora de la realidad y la constitución, sostenimiento y desarrollo de la falsificación totalitaria que la sustituye violentamente, igual que masacra los días de Mohamed ofreciendo en holocausto su vida ante el ídolo capitalista. La audiencia nazional confirma ampliamente las conclusiones del libro, al prohibir que lo pueda leer el compañero, con la excusa de que contiene ciertas informaciones que, supuestamente, pueden atentar contra la seguridad de las cárceles y, en realidad, son públicas y de libre acceso para cualquier ciudadano. Así, el tribual de excepción amplía la demostración de cómo el Estado español articula su consustancial racismo creando una categoría de no-personas, presas en este caso, privadas de derechos por su supuesta condición de enemigos, es decir, una situación sin Derecho, al estilo de la prisión de Guantánamo.
LA AUDIENCIA NACIONAL Y LOS DERECHOS DE LOS PRESOS MUSULMANES EN LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS
Hace poco más de un año publicábamos el libro La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista (Cambalache, 2019) con la intención de denunciar el racismo de Estado que se reproduce a través de las políticas de “prevención del extremismo violento”.e
En el libro se presenta el caso de Mohamed Achraf como una muestra paradigmática de la maquinaria que el Estado pone a disposición del racismo institucionalizado. Tras la publicación del libro, le enviamos un ejemplar a Mohamed a la prisión de A Lama (Pontevedra) para que pudiera conocer cómo habíamos relatado su caso. Sin embargo, Instituciones penitenciarias se negó a entregárselo y, hace unas semanas, la Audiencia Nacional ratificó la decisión de retener el libro “por motivos de seguridad”.
El auto justifica la prohibición alegando “que en las páginas 113 a 115 se reproducen los indicadores que se pueden encontrar en el Instrumento de evaluación de riesgo de radicalismo violento”. Según la Audiencia Nacional, y a pesar de que el “Protocolo Marco de prevención de la radicalización en cárceles” es público, no lo es el “Instrumento de trabajo”. Sin embargo, nosotras encontramos dicho documento en la página del Senado. De hecho, a día de hoy sigue disponible, de libre acceso, en internet.
El auto judicial también dice que el conocimiento de dichos indicadores por parte de Mohamed supondría la posibilidad de que el “propio interno adaptase artificialmente su conducta a los diferentes parámetros generales de estudio y seguimiento, evadiendo las actividades de observación, intervención y/o tratamiento penitenciario en su caso”. Al tener acceso a dichos indicadores, personas que Instituciones Penitenciarias considera en posible proceso de radicalización, podrían “burlar o distorsionar la valoración por los profesionales sobre el grado de radicalización y de la evolución penitenciaria del interno, así como perjudicar la eficacia del tratamiento penitenciario”.
Sin embargo, en nuestro libro argumentamos que, tal y como el propio Mohamed ha denunciado, esos mecanismos de detección no son más que una manera de sofisticar el racismo islamófobo del funcionariado de cárceles, legitimado y amparado por toda la maquinaria política, judicial y mediática de criminalización de las personas musulmanas, y muy especialmente de los hombres musulmanes.
Mohamed no necesita leer la lista de indicadores para saber qué actitudes suyas se consideran “signos de radicalización”. Entre otras razones, porque se encuentra encarcelado bajo la ley antiterrorista. Por tanto, desde el primer día que entró en prisión fue considerado “radical” por parte de Instituciones Penitenciarias, la Audiencia Nacional, la policía y todos los agentes del orden de este país. Mohamed fue condenado a catorce años de prisión en base a pruebas que él afirma fueron manufacturadas y declaraciones de testigos protegidos (que finalmente confesaron haber sido manipulados por la policía) en el marco de un montaje que se llamó “Operación Nova”.
A finales del año 2018, una vez cumplida su condena, y sin haber llegado a pisar la calle, fue retenido en la cárcel acusado otra vez del delito de “captación”. Desde entonces, sigue encerrado en prisión preventiva. Se encuentra en régimen de aislamiento desde que entró en la cárcel en el año 2004 y toda su comunicación, tanto escrita como oral, está sujeta a vigilancia. Es decir, Mohamed está solo en la celda, sale al patio cuatro horas al día, con dos personas como máximo, y no puede comunicarse con nadie sin que Instituciones Penitenciarias lea o escuche lo que se diga en esas comunicaciones. Esto es así en su vida desde hace dieciséis años. Y, sin embargo, ahora lo acusan de ser una especie de “gran adoctrinador” dentro de las cárceles del Estado. Pero, ¿cómo ha podido realizar sus supuestas funciones de captación mientras sufría esta extrema vigilancia? Y, en tal caso, ¿por qué, si se dedicaba a “captar adeptos”, le han trasladado hasta en doce ocasiones, de cárcel en cárcel, por decisión de la Secretaría General de Prisiones?Nada se sostiene y, sin embargo, este sistema lo mantiene encerrado.
El mismo Mohamed ha explicado en varias ocasiones en la plataforma digital de Tokata los castigos que le han infligido en la cárcel. En su texto Un alegato desde la cárcel contra el Protocolo Antiyihadista en prisiones expresa, con mucha más claridad y contundencia que nuestro libro, la crueldad del régimen carcelario hacia los presos musulmanes en general y, en particular, hacia los calificados como radicales y sometidos a los Ficheros Internos de Especial Seguimiento (FIES).
“El programa falso de antiradicalismo pretende criminalizar a los presos comunes musulmanes que practican su culto a ratos y se les considera radicales.”
“El falso programa busca colgar medallas, galones y méritos engañándose a sí mismo y engañando a la sociedad porque las personas que mete en dicho programa ni son radicales ni nada y los que se apuntan es por salir de una situación penitenciaria peor (aislamiento, FIES, represalias…) a otra menos mala. Igual que los islamistas condenados por terrorismo que han firmado una conformidad, que no lo hacen porque sean culpables sino para evitar una condena mayor, porque de todas maneras les condenarán porque son musulmanes practicantes”.
Los indicadores que la Audiencia Nacional quiere ocultar no son más que la sistematización de una serie de construcciones islamófobas que circulan en el imaginario social dominante. Estas ideas sobre el islam y las personas musulmanas constituyen y activan el racismo institucional a través de, por ejemplo, el hacer del funcionariado (profesorado, técnicos y burócratas, policías, jueces y la clase política). Las coordenadas que se establecen mediante estos indicadores conceden luz verde a la ejecución de medidas policiales, judiciales y penales que se disfrazan de cientificismo y verdad.
“La seguridad” se ha convertido cada vez más en un subterfugio para defender políticas y medidas descaradamente autoritarias y en un mecanismo de justificación de la violencia del Estado, cuyas víctimas racializadas quedan siempre en la penumbra. “Por motivos de seguridad…”, repiten una y otra vez. Pero, ¿de qué seguridad estamos hablando? ¿A quién protege y a quién no?
En el libro sostenemos —a través de una serie de argumentos que no nos es posible desarrollar en un artículo breve como este— que la razón de la existencia de los protocolos de prevención no se encuentra en la voluntad del Estado de “prevenir”, ni en la de hacer frente a “la radicalización” y a “la amenaza terrorista”; por el contrario, se trata de “dar sentido” a una política interior que se viene sirviendo de la retórica de la migración, el islam y el terrorismo para conseguir rédito político, desviando la atención de los problemas socioeconómicos latentes; entre otros, el acceso a la vivienda, el trabajo, la salud o la educación. Mientras la extrema derecha lo hace de forma descarada y abiertamente racista, el resto de facciones políticas se caracterizan por su silencio o su ambigüedad en relación con las cuestiones que atañen al racismo en general y, en particular, a la política antiterrorista como una de las formas en que dicho racismo se institucionaliza.
En La radicalización del racismo tratamos de explicar que este despliegue de medidas es posible y “adquiere sentido” en tanto que se alimenta de —y reproduce— la deshumanización histórica, sistemática e institucionalizada de las personas musulmanas. Es decir, es el racismo el que facilita la justificación y el consenso social necesario para la naturalización del despliegue de violencias estatales en clave racial.
Para concluir este texto, queremos destacar que Mohamed realiza una labor incansable desde prisión, presentando recursos ante todos los agravios a los que ha sido sometido en las diferentes cárceles durante estos largos años de privación de libertad. Así lo ha hecho también en este caso: ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional alegando que su derecho a la información está siendo gravemente vulnerado y, que, por tanto, reivindica su derecho a que el libro le sea entregado.
Ainhoa Nadia DouhaibiSalma Amazian
Nos ponemos al día sobre la huelga de hambre rotativa por la salud y la vida de las personas presas, en su sexto turno de diez días. Hablamos con Victoria, que nos informa, con extensión y lucidez, sobre la actualidad de la política de control de la migración con el consiguiente racismo institucional y sobre algunos detalles de la resistencia frente a ello.
Hablamos con una compi de Madrid de cómo se acuerdan allí de que vivimos en una sociedad-cárcel, de algunas convocatorias anticarcelarias y de ciertos planes para ampliar perspectivas en ese ámbito. Ponemos «Desvanecer», un anticipo de «Frío», disco del grupo Gaura Devi que está a punto de salir. Comentamos la reactivación de la maquinaria de control racista de la migración y algunos actos de protesta contra ella. Hablamos de la actualidad de la huelga de hambre rotativa por la salud y la vida de lxs presxs, en su quinto turno, a cargo de David.
Adrián, como portavoz de CIE no, nos habla del informe “CIE de Zapadores: Sin derecho a tener derechos” y de algunos otros detalles del sistema de cárceles racistas. Abderrahim lo hace de presos palestinos en manos de Israel y de los del Estado marroquí. Una compañera de Madrid de la convocatoria de una marcha a la cárcel de Navalcarnero para el domingo, 28 de junio y hablamos también de la huelga de hambre de Toni Chavero contra la privación de derechos por el estado de excepción y de la convocatoria por el grupo de presxs en lucha de una huelga de hambre rotativa para septiembre.
El Estado español es responsable de la muerte violenta de Marouane en Zapadores el pasado 15 de julio de 2019. El informe “CIE de Zapadores: Sin derecho a tener derechos” documenta las condiciones en que se produjo esta muerte y el resto de violaciones a los derechos humanos que se cometen en esta cárcel racista. Medio centenar de internos denunció trato intimidatorio, degradante o racista; se encerró a 12 víctimas de trata, 11 menores y a 2 enfermos de VIH. A continuación nos hacemos eco de la nota de prensa en la que se denunció estas situaciones y en la que se presenta el informe.
“Existe un hecho incuestionable: el Estado español es responsable de la muerte violenta de Marouane en el CIE de Zapadores”, ha asegurado Adrián Vives, portavoz de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y el fin de las deportaciones CIE No, durante la presentación del informe CIE de Zapadores: Sin derecho a tener derechos. Su afirmación se vio refrendada por el testimonio de Thimbo Samb, que sufrió en carne pròpia el encierro en una de estas cárceles racistas donde se recluye a personas que no han cometido ningún delito, en condiciones inhumanas y sometidas en muchos casos a abusos y malos tratos. Su crimen: la falta administrativa -equivalente al impago de una multa- de carecer de permiso de residencia. La muerte de Marouane Abouobaida es el hecho más grave que ha sucedido en el CIE en los últimos años, pero no el único. En este informe tratamos de visibilizar lo que se intenta ocultar, como las denuncias de violencia policial, el internamiento de víctimas de trata y de menores o los intentos de deportación de personas gravemente enfermas. No se cuenta todo lo que pasa porque la opacidad es intrínseca a los CIE, pero sí que podemos deducir que lo que ocurre en su interior y la falta de interés de las instituciones en evitarlo se debe a que quienes lo sufren son tratados como seres sin derecho a tener derechos.
Marouane tenia 23 años y llegó a España en una patera cargada de sueños, truncados trágicamente al ingresar en Zapadores. Este CIE, como el resto de instalaciones de este tipo existentes en el mundo, es escenario de múltiples y diversas vulneraciones a los derechos humanos generadoras de una permanente angustia en las personas encerradas, que no sólo se sienten terriblemente frustradas al acabar entre rejas en su intento de encontrar unas condiciones de vida dignas sino que además son objeto de todo tipo de arbitrariedades. Este estado emocional puede llevarles a situaciones extremas. El 15 de julio de 2019, Marouane murió de forma violenta en Zapadores sin que hasta el momento se hayan esclarecido las circunstancias que rodearon la versión oficial del suicidio. El jovent marroquí acababa de sufrir una brutal paliza y, estando convaleciente, lo metieron solo en una celda de aislamiento para “protegerlo de sus agresores”, según la policía. Una hora antes de quitarse la vida denunció los dolores que sufría, pero nadie hizo caso.
Diez días después de su fallecimiento, el juez de vigilancia de Zapadores ordenó a la policía la aplicación de 16 medidas referidas a la prevención de los intentos de suicidio y a los criterios para someter a aislamiento. Para Marouane ya era tarde porque ninguna de esas medidas se adoptó en su caso; tampoco tenemos constancia de que se estén aplicando actualmente. Marouane fue uno más de los sin derecho a tener derechos. La Campaña espera que las evidencias de las grabaciones de las cámaras del CIE y los testimonios de sus compañeros de internamiento sirvan para establecer judicialmente las responsabilidades sobre lo sucedido. Desde que se abrieron los CIE en España, al menos diez personas han fallecido entre sus muros o en el traslado forzoso al que las sometieron. En el CIE de València ha habido tres muertes y hay confusión sobre una posible cuarta víctima, por lo que la Campaña ha pedido al Defensor del Pueblo que lo investigue.
CIE de Zapadores: Sin derecho a tener derechos recoge las conclusiones del casi medio millar de visitas que hemos realizado a las persones internas en los dos últimos años. La mitad de quienes son encerrados en Zapadores tienen menos de 30 años, proceden del Magreb y África subsahariana. Durante el promedio de 30 días que permanecen recluidos en el CIE no sólo sufren el deterioro de sus instalaciones (constantes averías en el sistema de refrigeración, agua helada o ardiendo, goteras, malos olores y suciedad en los baños…) y las deficiencias de sus servicios (inadecuada asistencia sanitaria, comida escasa y de poca calidad, falta de información sobre su derecho a abogado de oficio y a pedir protección internacional), sino que muchos cuentan haber padecido malos tratos por parte de la policía. En 2019, la Campaña recibió denuncias de 50 internos por trato intimidatorio, degradante o racista. La mayoría no son hechas públicas porque las víctimas temen las represalias (castigos, deportación inmediata), pero en este informe se da cuenta de un par de casos denunciados ante la justicia: uno se archivó porque -según la policía- el denunciante se retractó y el otro fue deportado sin esclarecer lo sucedido.
Pero además en algunas de estas personas concurren otros factores de vulnerabilidad que hacen que su reclusión no sólo sea injusta e inmoral sino también ilegal. La Campaña ha identificado en el CIE a 12 mujeres posibles víctimas de trata, algunas menores de edad y en algún caso encerradas al mismo tiempo y en el mismo espacio que sus proxenetas. Varias de ellas fueron liberadas y desaparecieron sin que se tenga constancia de que ninguna autoridad haya dado seguimiento a su situación. En los pasados dos años también hemos atendido a 11 menores de edad; la mayoría fueron liberados tras múltiples gestiones, pero nunca debieron ser encerrados. A a pesar de toda la normativa internacional y nacional que prohíbe tajantemente esta práctica, cada vez es más habitual el internamiento de menores sin haber hecho ningún tipo de prueba médica aunque sus rasgos denoten su minoría de edad. Además, identificamos dos enfermos de VIH cuyas vidas corrían peligro si eran deportados porque no podrían seguir el tratamiento en sus países de origen. Uno fue liberado, pero recientemente le han abierto un nuevo expediente de expulsión; el otro no fue expulsado en el último momento porque se resistió a subir al avión.
Thimbo Samb: “Las verdaderas mafias son quienes explotan nuestros recursos”
A su cuarto intento de llegar a Europa, lo consiguió, pero no recibió la acogida que esperaba: fue recluido en el CIE de Tenerife, donde sufrió las malas condiciones de habitabilidad de estos centros y la frustación de verse encerrado por el hecho de tratar de encontrar una vida mejor lejos de su país, Senegal. Pese a las dificultades técnicas, Thimbo Samb, logró explicar las circunstancias inhumanas del viaje que se ven obligadas a emprender miles de personas para huir de la miseria, de la guerra, de la persecución… Para Thimbo, las verdaderas mafias no son quienes organizan la travesía sino “quienes explotan nuestros recursos” y les fuerzan a dejar atrás a sus familias y amistades para jugarse la vida. Para conocer más detalles de su relato, se puede contactar directamente con Thimbo.